COMPROBACION INSCRIPCIÓN CENSO ELECTORAL Y RECLAMACIONES

A partir de hoy día 4 y hasta el día 11, podéis consultar en el Ayuntamiento si figuráis inscritos en el censo electoral y hacer la reclamaciones pertinentes de no figurar. Igualmente los ciudadanos extranjeros con derecho a votar que no manifestaron en su momento su intención de votar en Relleu lo pueden hacer ahora mediante reclamación que se debe de presentar en el Ayuntamiento (la página está también en inglés).

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LA DESVERGUENZA DEL SR. CAMPS NO TIENE LIMITES

En la Foto 1: Un señor firma un manifiesto del PP contra la corrupción.
En la Foto 2: Un mapa que muestra los casos de corrupción del PP en toda España. En ese mapa se ve cómo la Comunidad Valenciana es la que más casos acumula.

Parece mentira, pero el señor de la Foto 1 es el mismo que preside la Generalitat Valenciana y el partido que protagoniza los casos de corrupción de la Foto 2.

Sí, sólo Camps puede llegar a avergonzarnos tanto a todos los valencianos y las valencianas. Por cierto, es la segunda vez que el PP firma un texto contra la corrupción.Ya presentó otro papel igual en 2009. Si el primero no lo cumplió, ¿por qué lo va a hacer ahora?

Este fin de semana, él solito ha demostrado que la firma y la palabra de nuestro President tienen muy poco valor, como bien saben los proveedores de la Generalitat Valenciana, a los que debe 45.000 millones de euros. ¡Incluso a los que le pusieron los urinarios durante la visita del Papa en 2006 les debe aún 2 millones de euros!

Por cierto, el mapa de la imagen es de la iniciativa PPLeaks, que denuncia los casos de corrupción del PP en toda España. ¡Echadle un vistazo!

EL ALCALDE DE RELLEU LEGALIZA SU CHALÉ CONSTRUIDO COMO CASA DE APEROS

El regidor del PP adjudicó el PGOU a una firma del arquitecto municipal

El alcalde de Relleu, Santiago Cantó, del PP, ha dado apariencia de legalidad al chalé ilegal en el que vive, levantado con una licencia para casa de aperos, una casa llamada La Vinya construida sobre una propiedad de suelo rústico que no alcanza la superficie mínima legal de 10.000 metros cuadrados.

El alcalde de Relleu, Santiago Cantó, del PP, ha dado apariencia de legalidad al chalé ilegal en el que vive, levantado con una licencia para casa de aperos, una casa llamada La Vinya construida sobre una propiedad de suelo rústico que no alcanza la superficie mínima legal de 10.000 metros cuadrados. El chalé del alcalde se construyó sobre una parcela de 8.918 metros de almendros, olivos y agrios si se consulta el catastro o de 2.402 metros de regadío según el Registro de la Propiedad. En todo, caso, de forma ilegal. Y la vivienda ni siquiera aparece en la ficha registral de la parcela, es decir, no existe.

La Junta de Gobierno Local de Relleu, formada por el mismo Cantó y los concejales Elisa Lloréns y José Luis Sellés, aprobó el 4 de junio de 2010 concederle una "licencia de obra para la legalización de caseta de aperos como vivienda". La solicitud fue presentada el 19 de mayo, solo dos semanas después de que EL PAÍS publicara que el concejal de Urbanismo, Antonio García Doménech, vivía en un chalé con piscina que también se construyó con licencia para casa aperos.
La licencia se concedió con la abstención del alcalde, como es preceptivo por resultar directamente afectado, con un informe favorable del técnico municipal y la aportación de un justificante de pago de impuesto y tasas de licencia de obras, el estado actual de la edificación visado y un presupuesto de ejecución material de 26.819,88 euros.

Según el acta de la sesión de la junta de gobierno, "señala el peticionario que según reciente medición, la parcela 36 cumple con la superficie mínima exigible de 10.000 metros cuadrados. Además, dicha parcela se corresponde con dos fincas registrales las cuales están vinculadas a la construcción y van a actualizarse en cuanto a superficies reales".
Con esta simple declaración de intenciones y una medición del terreno que no se aportó a la documentación, el alcalde consiguió la licencia de obras para intentar legalizar una vivienda ilegalizable.

La particular forma de entender el urbanismo del alcalde de Relleu le llevó a adjudicar un contrato para la "elaboración de la información para el planeamiento y la definición del modelo territorial del PGOU de Relleu" a una empresa del mismo arquitecto municipal, Juan Carlos Oliva Bielsa.
El contrato se le adjudicó a Oliva Arquitectos, SL -de la que es administrador único- y CDM, CB, por 29.896 euros tras un procedimiento negociado sin publicidad al que fueron invitadas otras dos empresas.

El alcalde justificó la adjudicación de esos trabajos en que "lo que hay que tener en cuenta es que cualquier arquitecto con su equipo que viene de fuera a redactarlo no conoce la problemática. Por ello si se contratara a otros, se generarían más problemas".

20.000 NUEVOS VECINOS

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Relleu, un pequeño municipio del interior de la comarca de La Marina Baixa, lo aprobó finalmente el Ayuntamiento en el año 2006. No obstante, cuatro años después el documento sigue varado en la comisión territorial de Urbanismo de Alicante.

Empresas del sector inmobiliario compraron miles de metros cuadrados de suelo antes de ser aprobado el nuevo planeamiento urbanístico y ya han firmado numerosos convenios con el Consistorio para que en la redacción del plan esos terrenos se incluyeran como suelo urbanizable.
El nuevo planeamiento urbano de Relleu contempla la reclasificación de tres millones de metros cuadrados de suelo hasta ahora no urbanizable en cinco sectores. Cuatro de estos nuevos programas urbanísticos están alejados del casco urbano de la localidad, y en total suman casi 600.000 metros de techo residencial y hotelero. Ello supondrá un nuevo parque de viviendas capaz de albergar a casi 20.000 nuevos habitantes. El censo actual del municipio es de 1.200 vecinos.

El País, ARTUR BALAGUER - Benidorm - 17/01/2011

EL ALCALDE DE RELLEU, DEL PP, VERANEA EN UN CHALÉ ILEGAL EN SUELO RÚSTICO

Políticos, ediles y afiliados populares ocupan casas en suelo no urbanizable

EL PAÍS ARTUR BALAGUER - Benidorm - 17/08/2010

Una de tantas viviendas construidas ilegalmente diseminadas por el término municipal de Relleu, en Alicante, está habitada por el alcalde de la localidad, Vicente Cantó, del PP. Esta residencia, de poco más de 70 metros cuadrados, denominada La Vinya, está todavía a nombre de Santiago Cantó, el padre del regidor. Vicente Cantó ejerce como alcalde desde 1995.

Una de tantas viviendas construidas ilegalmente diseminadas por el término municipal de Relleu, en Alicante, está habitada por el alcalde de la localidad, Vicente Cantó, del PP. Esta residencia, de poco más de 70 metros cuadrados, denominada La Vinya, está todavía a nombre de Santiago Cantó, el padre del regidor. Vicente Cantó ejerce como alcalde desde 1995. Hasta entonces había sido taxista en Alicante, donde tiene fijada su residencia habitual.

Aunque hay diferencias entre la superficie de la parcela donde se ubica el chalé, según se consulte el Catastro o el Registro de la Propiedad, en ningún caso se acerca a los 10.000 metros de parcela mínima que exige la legislación para poder construir en suelo rústico no urbanizable. El Catastro le otorga una dimensión de 8.918 metros cuadrados de almendros, olivos y agrios, mientras que el registro ubica el chalé en una parcela de 2.402 metros de regadío "con derecho a los sobrantes de las aguas del riego mayor cuando le toquen en el turno, y por lo mismo el riego eventual", sin que ni siquiera conste como registrada la construcción que Cantó ocupa como vivienda. Es decir, el chalé ni existe como propiedad.

Vicente Cantó se negó a hacer declaraciones; ni confirmó ni desmintió que el chalé estuviera dentro de la legalidad y amenazó con acciones judiciales si se publicaba la información de la que fue advertido. Fuentes del Consistorio confirmaron que hace casi 10 años, cuando Cantó ya era alcalde, el padre del regidor obtuvo una licencia para construir una casa de aperos que ha acabado convirtiéndose en una residencia veraniega.

No es el primer caso en que un miembro del gobierno relleuense habita una construcción fuera de la ley. Este periódico ya publicó que el actual concejal de Urbanismo de Relleu, Antonio García Doménech, utiliza como residencia desde principios de 2007 otro chalé de 150 metros cuadrados de superficie con piscina, construido ilegalmente en una parcela de suelo rústico que es propiedad de su suegro, Vicente Brotons Sirvent, que fue levantado también con una licencia para casa de aperos. En este caso, la vivienda estaba en un terreno de 15.474 metros, pero ya tenía una construcción de 452 datada en 1900 que agotaba la superficie edificable (que es el 2% de la parcela), lo que impedía que hubiera podido concedérsele la licencia de obras que obtuvo. El portavoz del Grupo Socialista de Relleu, Antonio Fuster, intentó preguntar en el último pleno por la vivienda del concejal de Urbanismo, pero el alcalde se negó a responder públicamente sobre el asunto. Se refirió a los hechos como contados por "radio macuto".

Relleu, como otros municipios del interior de La Marina Baixa, tiene decenas de viviendas ilegales en suelo rústico. Un Plan General, aprobado provisionalmente en 2006, sin validar por la Generalitat, ha permitido al gobierno del PP manejar el suelo no urbanizable a su antojo. Así, hay multitud de construcciones ilegales de familiares políticos o directos de concejales y afiliados populares que el Consistorio ha consentido, tolerado y, en algunos casos, avalado.

UN PLAN MULTIPLICADOR

Los socialistas ya denunciaron en su día que el suegro del alcalde tenía cuatro hectáreas en uno de los sectores que pretende reclasificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio y que el marido de la primera teniente de alcalde, Elisa Lloréns Font, había comprado suelo durante su redacción. También recordaron que el plan se aprobó sin justificar la existencia de recursos hídricos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar y que empresas del sector inmobiliario que habían comprado miles de metros cuadrados antes de tramitarse el PGOU firmaron convenios con el Consistorio para que se incluyera ese terreno en la redacción del plan como suelo urbanizable. La mayoría de estos promotores tenían vinculaciones con dirigentes o técnicos municipales de diferentes municipios populares de la comarca, sobre todo de Benidorm. Y el alcalde presumió de que la redacción del nuevo plan iba a ser financiado por estas empresas.

El nuevo PGOU contempla la reclasificación de tres millones de metros cuadrados en cinco sectores, cuatro de ellos alejados del casco urbano, que suman casi 600.000 metros de techo residencial y hotelero, es decir, viviendas para casi 20.000 habitantes, lo que multiplicaria por 15 la población del pueblo.

EN DEFENSA DE NUESTRAS SOCIEDADES MUSICALES

El grupo municipal socialista, presentó para su debate y aprobación una moción para que fuera incluida en el orden del día del Pleno del pasado 30 de julio, relativa a los recortes de más del 34% en los presupuestos de la Generalitat Valenciana de este año en la partidas de Cultura y Educación, relativa a las ayudas que reciben las Sociedades Musicales y de un recorte del 55% a las escuelas de música, pasando estas de recibir 4,4 millones el pasado año a poco más de 2 millones este

La moción presentada instaba al Gobierno Valenciano a que hiciera marcha atrás en los recortes de las ayudas, por que si estos llegaran a materializarse, se pondrían en serio peligro la supervivencia de muchas de nuestras Sociedades Musicales (actualmente existen más de 500 federadas), pudiendo incluso con tal aptitud, llegar a la desaparición de muchas de ellas debido a la difícil situación económica en que quedarían como consecuencia de dichos recortes, especialmente las escuelas de música que serian las más perjudicadas, provocando el despido del 70% de los 3.000 profesores que imparten sus enseñanzas y el cierre del 25% de las 280 escuelas de música existentes.

El preámbulo de la ley valenciana de la música dice así: La Música forma parte de la cultura valenciana, siendo además una de las artes que más nos identifican como pueblo.

Por lo tanto las Sociedades Musicales de nuestros pueblos y ciudades como así lo reconoce la propia ley valenciana de la música, son sin duda una parte muy importante de nuestro patrimonio cultural por lo que deben de ser conservadas, protegidas y para que sigan desarrollándose y sean un referente cultural de nuestra Comunidad, deben de ser subvencionadas dignamente con los fondos públicos de la Generalitat Valenciana. Además el Gobierno Valenciano debe de tener muy en cuenta, que nuestras Sociedades Musicales participan de una forma muy notable en el mantenimiento de la industria cultural (instrumentos, partituras, autobuses, nóminas de profesorado y directores, etc. etc.).

Además estos recortes supondrán dejar al mínimo el desarrollo de la Ley Valenciana de la Música, un instrumento legislativo aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en 1998 y que a día de hoy sigue sin desarrollarse.

También desde aquí queremos reivindicar la declaración de las Sociedades Musicales de nuestra Comunidad como Bien de interés cultural (BIC) con el fin de compensar de alguna forma los recortes presupuestarios impuestos por la Generalitat a nuestras Sociedades Musicales.

Así mismo, animamos a todos los ciudadanos a que participen el próximo día 17 de octubre en la gran manifestación que tendrá lugar en Valencia convocada por la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) y donde se preve que se reunirán más de 20.000 personas para protestar por lo recortes del Consell y en defensa de nuestras Sociedades Musicales.

Pues bien, a pesar de todos estos motivos y los expuestos en nuestra moción y el perjuicio económico que puede suponer para nuestra Sociedad Musical, incomprensiblemente el Gobierno Municipal del Partido Popular con el señor Alcalde a la cabeza y sin mediar palabra alguna por parte del Concejal de Cultura en contra de los recortes impuestos a las ayudas de las Sociedades Musicales por parte del Consell , nuestra moción no fue admitida para que formara parte del orden del día, siendo por lo tanto, rechazada por todos y cada uno de lo Concejales del equipo de gobierno del Partido Popular.

Luego el señor Alcalde que no nos venga con chanzas, repitiendo constantemente en los plenos "nosaltres fem poble" señor Alcalde, ya vemos como hace Ud. pueblo, anteponiendo los intereses de su partido a los intereses culturales de Relleu.

LAS PRÁCTICAS DEL PP

Los grandes escándalos de corrupción no sólo generan un perjuicio merecido al partido que los protagoniza, sino que también dañan de forma injusta la credibilidad de la democracia en su conjunto. El resultado es el desprestigio de la política y el triunfo de la idea de que “todos son iguales”, con el lógico corolario de que da igual votar a unos que a otros. Y la verdad es que no da igual.

A pesar de que el PP y su coro mediático se empeñen en lo contrario, lo cierto es que el caso Gürtel es el mayor escándalo de corrupción en tres décadas de democracia. Y lo es por varios motivos: porque las decisiones de diversos cargos del PP permitieron transferir 75 millones de euros de las arcas públicas a los bolsillos de una red mafiosa, porque hay pruebas sólidas de financiación ilegal del partido en tres comunidades y porque nunca antes un presidente autonómico había sido imputado por dejarse sobornar por una banda de corruptos a los que benefició.

Pero con ser graves estos hechos, lo peor para el prestigio de la democracia ha sido la reacción de la cúpula del PP. Por un lado, se lanzó a una cacería contra los jueces, los fiscales, los policías y hasta los funcionarios de Hacienda que se atrevieron a investigar el caso, en una actitud propia de un partido antisistema. Y, por otro, pretendió blanquear su imagen aprobando con gran publicidad un Código de Buenas Prácticas que ha resultado ser una burla a los ciudadanos, ya que cinco meses después de su presunta puesta en marcha sigue siendo papel mojado. Las únicas prácticas del PP fueron definidas perfectamente por el propio Rajoy, cuando garantizó su apoyo a Camps “diga lo que diga la Justicia”.

EL EDIL DE URBANISMO DE RELLEU VIVE EN UN CHALÉ ILEGAL

La vivienda unifamiliar es propiedad de su suegro - El consistorio modificó el catastro para intentar legalizar el chalé

El actual concejal del área de Urbanismo de Relleu, Antonio García Doménech, del PP, utiliza como residencia desde principios del año 2007 un chalé ilegal de alrededor de 150 metros cuadrados de superficie, con piscina, construido en una parcela de suelo rústico que es propiedad de su suegro, Vicente Brotons Sirvent.

La citada vivienda unifamiliar se construyó con una licencia para casa de aperos que tampoco podía haberse concedido porque la parcela donde se levantó ya tenía una superficie construida de 450 metros cuadrados que databa de principios del siglo XX.

El propietario de la finca obtuvo el 21 de diciembre de 2005, sólo dos días después de haberla solicitado, una licencia para construir una caseta de aperos agrícolas en la parcela 235 del polígono 4 de la partida de Margelet de Relleu, que tenía una superficie de 15.474 metros.

Sin embargo, según la documentación del catastro, en esa misma parcela existía ya una construcción de 452 metros con dos casas levantadas desde el año 1900, que agotaban la superficie edificable, ya que en suelo rústico sólo está autorizada la ocupación del 2% de la totalidad de cada parcela. Es decir, ni siquiera habría podido serle concedida la licencia que pidió.

García accedió al cargo de concejal en las elecciones de 2007 y en fecha de 20 de abril de 2009 el Ayuntamiento le notificó al familiar del regidor la necesidad de legalizar la vivienda ejecutada por no ajustarse a la licencia de obras concedida. Relleu, ubicada en La Marina Baixa, tiene 1.262 habitantes, según el último censo.El Ayuntamiento de Relleu sólo actuó tras la denuncia de un particular presentada el 25 de febrero de 2009 ante la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. El 1 de junio de 2009 el propietario presentó el proyecto de legalización redactado por un arquitecto y visado por el colegio profesional, que fue informado favorablemente por los servicios técnicos municipales, a cargo del regidor. Se inició así el procedimiento administrativo de legalización que aún está pendiente de resolución final.

El chalé dispone del servicio de luz y agua potable, gestionado por el Ayuntamiento, pero el gobierno local, del PP, no ha procedido al corte de ambos suministros tras detectar la ilegalidad. Los suministros sólo pueden restablecerse cuando se haya procedido, en su caso, a la legalización de las obras, según establece el régimen sancionador de la Ley Urbanística Valenciana (LUV).

Casi al mismo tiempo, y sólo para legalizar la licencia de casa de aperos que se le concedió en 2005, el Ayuntamiento de Relleu consintió la segregación catastral de la casa de 452 metros, que ha quedado registrada en la parcela contigua, la número 256, con una superficie de 1.526 metros, aprovechando un convenio firmado con SUMA-Gestión Tributaria a finales de 2005 para la actualización del catastro de las edificaciones en suelo no urbanizable, que desde entonces depende del propio Ayuntamiento.

Esta operación ha permitido liberar el resto de la parcela y darle rango de legalidad a la licencia de casa de aperos, aunque en ningún caso a la vivienda unifamiliar con piscina donde vive el regidor de Urbanismo. Además, la edificación de la vivienda invadió un azagador, cortando un camino de ovejas y cabras con el que lindaban las parcelas, que podría ser público.

Antonio García Doménech se negó a hablar por teléfono o personalmente con este periódico, limitándose a decir en diversas ocasiones que "del dicho al hecho, hay un trecho", aunque el asunto ha trascendido ya al Síndic de Greuges por la reclamación de un vecino y está publicado en su página web. El número de queja 92.834 se tramitó porque uno de los propietarios colindantes denunció la invasión del azagador. La petición de documentación por parte de la Sindicatura que dirige José Cholbi al Ayuntamiento alicantino deja al descubierto un informe del arquitecto municipal de Relleu que recoge la ilegalidad cometida en la parcela.

El Síndic de Greuges aconseja al Consistorio que inicie un expediente de investigación para determinar la titularidad pública o privada del camino objeto de la reclamación, pero en su solicitud, el organismo también incluye una recomendación para que "continúe con la tramitación de los expedientes de restauración de la legalidad urbanística, disponiendo la demolición de las obras ilegalizables"

Artur Balaguer EL PAÍS 03/04/2010