La Diócesis considera «inmoral» que haya 400.000 viviendas vacías mientras que hay gente sin techo y apuesta por la intervención del Estado en el mercado
a Delegación de Acción Social y Caritativa de la Diócesis de Orihuela-Alicante ha calificado el desarrollo urbanístico de la provincia de «insostenible». Los responsables del Obispado han tachado de «inmoral» que en Alicante existan unas 400.000 viviendas vacías mientras muchas personas no disponen de un techo digno y «los jóvenes y numerosos desfavorecidos se las ven y se las desean para acceder a una vivienda digna. Se trata de una inmoralidad objetiva, como lo es que el precio medio de la vivienda haya crecido entre 1987 y 2004 trece veces y media más que los salarios», aseguraba ayer el delegado diocesano de Acción Social y Caritativa, el reverendo Lucio Arnáiz. La anterior afirmación la realizaba durante la presentación del documento «El actual proceso urbanizador en la provincia de Alicante», que analiza «La Doctrina Social de la Iglesia en nuestros pueblos y ciudades». La Delegación de Acción Social y Caritativa de la Diócesis, que ya había tratado en otros estudios asuntos como la mujer, el problema del agua en Alicante o la inmigración, entiende que «el urbanismo no está siendo un tema menor o colateral en la provincia, por lo que la Iglesia no podía dejar de decir lo que tenía que decir, para iluminar la conciencia de los cristianos con criterios éticos y morales que les ayuden a juzgar los acontecimientos», afirma el delegado episcopal de Cáritas Diocesana, el sacerdote Antonio Esteve. La Diócesis considera que es necesaria una intervención del Estado, a través de sus Administraciones. Arnáiz señala que «la Iglesia tiene muy claro que el mercado es importante, pero debe ser regulado convenientemente desde el criterio del bien común». No puede dejarse todo en manos «de un mercantilismo sin freno, no podemos idolatrar al mercado, que debe estar sometido al Estado y a las necesidades de la sociedad». Entre las medidas que el Estado debe adoptar, la Diócesis apunta a la rehabilitación de los cascos tradicionales, a la construcción preferente en vertical, a la promoción de viviendas de protección oficial, al apoyo a las viviendas de alquiler o a la penalización fiscal de las viviendas vacías. Para Lucio Arnáiz no es necesario llegar al extremo de la propuesta de la Generalitat de Cataluña de «confiscar» las viviendas vacías, «una medida un tanto exagerada», pero sí es necesario «penalizarlas». A juicio de Arnáiz, «la vivienda es necesaria para que los ciudadanos tengan un buen nivel de vida» y «el derecho a la propiedad del suelo debe ser compatible con el derecho a una vivienda digna». Además, el responsable de la Diócesis expone que el suelo «es un bien escaso y, por tanto, debe ser abordado con criterios de solidaridad». La institución eclesiástica aboga por una concepción del suelo como «patrimonio histórico, social y cultural», y no como un recurso económico especulativo. Según Arnáiz, el actual crecimiento urbanístico «no tiene en cuenta factores medioambientales, sociales ni de futuro». Estamos ante un «crecimiento desaforado que parece no tener límites. Y no podemos perder de vista factores medioambientales ni de futuro, y no podemos dejar de lado problemas de responsabilidad social y laboral que se desprenden de esta situación», apunta el director del Secretariado de Migraciones, Fidel Romero, quien considera que un modelo sostenible e integral de la vivienda «facilitaría la integración social y posibilitaría una mayor cohesión social». Fidel Romero opina que «en estos momentos el urbanismo se rige por unos principios de mercado y no por el servicio al bien común, por lo que dejar la regulación urbanística sólo al mercado es un grave error». De ahí que «si seguimos a este ritmo», Romero se pregunta «¿con qué recursos vamos a vivir en un futuro próximo?». La Diócesis también plantea una cuestión: «¿Qué modelo de ciudad queremos y cómo va a influir este modelo en los ciudadanos?». En este sentido, el Obispado rechaza la construcción de «urbanizaciones cerradas, donde la relación entre las personas es prácticamente nula», explica el responsable del Secretariado de Migraciones. Los autores de este estudio del mercado urbanístico e inmobiliario consideran que entre las soluciones se encuentra la necesidad de «propiciar un amplio debate social, serio y riguroso, sobre todas las cuestiones de fondo relacionadas con el urbanismo», apunta Antonio Esteve. Además, consideran preciso promover otros valores públicos para que no sea el beneficio económico inmediato el primero de los valores. «El territorio no puede ser un mero recurso económico especulativo». Además, alertan de que «mientras los Ayuntamientos sigan teniendo como principal fuente de financiación los impuestos por el urbanismo, va a ser muy difícil que no terminen doblegándose ante los ingresos que genera una construcción masiva», concluyen los redactores del documento.
V. L. DELTELL INFORMACION 21/12/2006
a Delegación de Acción Social y Caritativa de la Diócesis de Orihuela-Alicante ha calificado el desarrollo urbanístico de la provincia de «insostenible». Los responsables del Obispado han tachado de «inmoral» que en Alicante existan unas 400.000 viviendas vacías mientras muchas personas no disponen de un techo digno y «los jóvenes y numerosos desfavorecidos se las ven y se las desean para acceder a una vivienda digna. Se trata de una inmoralidad objetiva, como lo es que el precio medio de la vivienda haya crecido entre 1987 y 2004 trece veces y media más que los salarios», aseguraba ayer el delegado diocesano de Acción Social y Caritativa, el reverendo Lucio Arnáiz. La anterior afirmación la realizaba durante la presentación del documento «El actual proceso urbanizador en la provincia de Alicante», que analiza «La Doctrina Social de la Iglesia en nuestros pueblos y ciudades». La Delegación de Acción Social y Caritativa de la Diócesis, que ya había tratado en otros estudios asuntos como la mujer, el problema del agua en Alicante o la inmigración, entiende que «el urbanismo no está siendo un tema menor o colateral en la provincia, por lo que la Iglesia no podía dejar de decir lo que tenía que decir, para iluminar la conciencia de los cristianos con criterios éticos y morales que les ayuden a juzgar los acontecimientos», afirma el delegado episcopal de Cáritas Diocesana, el sacerdote Antonio Esteve. La Diócesis considera que es necesaria una intervención del Estado, a través de sus Administraciones. Arnáiz señala que «la Iglesia tiene muy claro que el mercado es importante, pero debe ser regulado convenientemente desde el criterio del bien común». No puede dejarse todo en manos «de un mercantilismo sin freno, no podemos idolatrar al mercado, que debe estar sometido al Estado y a las necesidades de la sociedad». Entre las medidas que el Estado debe adoptar, la Diócesis apunta a la rehabilitación de los cascos tradicionales, a la construcción preferente en vertical, a la promoción de viviendas de protección oficial, al apoyo a las viviendas de alquiler o a la penalización fiscal de las viviendas vacías. Para Lucio Arnáiz no es necesario llegar al extremo de la propuesta de la Generalitat de Cataluña de «confiscar» las viviendas vacías, «una medida un tanto exagerada», pero sí es necesario «penalizarlas». A juicio de Arnáiz, «la vivienda es necesaria para que los ciudadanos tengan un buen nivel de vida» y «el derecho a la propiedad del suelo debe ser compatible con el derecho a una vivienda digna». Además, el responsable de la Diócesis expone que el suelo «es un bien escaso y, por tanto, debe ser abordado con criterios de solidaridad». La institución eclesiástica aboga por una concepción del suelo como «patrimonio histórico, social y cultural», y no como un recurso económico especulativo. Según Arnáiz, el actual crecimiento urbanístico «no tiene en cuenta factores medioambientales, sociales ni de futuro». Estamos ante un «crecimiento desaforado que parece no tener límites. Y no podemos perder de vista factores medioambientales ni de futuro, y no podemos dejar de lado problemas de responsabilidad social y laboral que se desprenden de esta situación», apunta el director del Secretariado de Migraciones, Fidel Romero, quien considera que un modelo sostenible e integral de la vivienda «facilitaría la integración social y posibilitaría una mayor cohesión social». Fidel Romero opina que «en estos momentos el urbanismo se rige por unos principios de mercado y no por el servicio al bien común, por lo que dejar la regulación urbanística sólo al mercado es un grave error». De ahí que «si seguimos a este ritmo», Romero se pregunta «¿con qué recursos vamos a vivir en un futuro próximo?». La Diócesis también plantea una cuestión: «¿Qué modelo de ciudad queremos y cómo va a influir este modelo en los ciudadanos?». En este sentido, el Obispado rechaza la construcción de «urbanizaciones cerradas, donde la relación entre las personas es prácticamente nula», explica el responsable del Secretariado de Migraciones. Los autores de este estudio del mercado urbanístico e inmobiliario consideran que entre las soluciones se encuentra la necesidad de «propiciar un amplio debate social, serio y riguroso, sobre todas las cuestiones de fondo relacionadas con el urbanismo», apunta Antonio Esteve. Además, consideran preciso promover otros valores públicos para que no sea el beneficio económico inmediato el primero de los valores. «El territorio no puede ser un mero recurso económico especulativo». Además, alertan de que «mientras los Ayuntamientos sigan teniendo como principal fuente de financiación los impuestos por el urbanismo, va a ser muy difícil que no terminen doblegándose ante los ingresos que genera una construcción masiva», concluyen los redactores del documento.
V. L. DELTELL INFORMACION 21/12/2006
