15 agosto 2007

RETRIBUCIONES CORPORACIÓN MUNICIPAL

A continuación se relacionan los cargos y las retribuciones del Equipo de Gobierno del Partido Popular aprobados en el Pleno del pasado día 06 de junio con los votos en contra del grupo municipal Socialista.

Estas cuantías se percibirán en catorce pagas anuales (las mensuales más dos pagas extras en junio y diciembre) con los aumentos que para cada ejercicio establezca la ley de presupuestos para los empleados públicos.

Asimismo se tendrá derecho al alta en el Régimen General de la Seguridad Social asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan.

Además los Concejales del equipo de Gobierno (los Concejales de la oposición no perciben estas indemnizaciones) cobrarán por gastos de locomoción 0,19 euros por kilómetro recorrido. También se indemnizarán los gastos de peaje y estacionamiento mediante la presentación del justificante correspondiente.



SANTIAGO CANTÓ PÉREZ.
R. BRUTA MES: 2.015,15 € - R. NETA MES: 1.600,03€
(ALCALDE-PRESIDENTE)

ELISA LLORENS FONT. 1ER TTE-ALCALDE. R.BRUTA MES: 970,00 € - R. NETA MES: 800,57 €
(CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN, SANIDAD Y MUJER)

JOSÉ LUIS SELLÉS GARCÍA 2º TTE-ALCALDE. R. BRUTA MES: 849,00 € - R. NETA MES: 700,71 €
(CONCEJAL DE CULTURA, FIESTAS Y PERSONAL)

TERESA ANN TAPPIN. R. BRUTA MES: 515,00 € - R. NETA MES: 450,80 €
(CONCEJALA DE RELACIONES CON EXTRANJEROS Y COMERCIO)

ALEJANDRO SANTAMARÍA CABOT. R. BRUTA MES: 285,60 € - R. NETA MES: 250,00 €
(CONCEJAL DE HACIENDA, JUVENTUD Y AGRICULTURA)

ANTONIO VICENTE GARCÍA DOMÉNECH. R.BRUTA MES: 285,60 € - R.NETA MES: 250,00 €
(CONCEJAL DE URBANISMO Y TURISMO)


En este mismo Pleno del día 06 de junio, nuestro portavoz Toni Fuster solicito al Sr. Alcalde un despacho para nuestro grupo donde poder tener depositada toda nuestra documentación, reunirse el grupo y/o poder atender en unas mínimas condiciones a cualquier ciudadano que así no lo demande. Dicha solicitud no es un mero capricho del Grupo Socialista sino que está recogido en la Ley más concretamente en el Articulo 27 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Así mismo solicitamos una cantidad para los gastos de funcionamiento del grupo, debido a la ínfima cantidad que recibimos por Pleno 18 euros cantidad a todas luces insuficiente para el normal funcionamiento de cualquier Grupo Municipal.

Tal y como era de esperar ambas solicitudes nos fueron denegadas por el equipo de Gobierno del Partido Popular.

09 agosto 2007

Narbona asegura que el Estado usará todos sus recursos para garantizar la desalinizadora


La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, dijo ayer que su departamento utilizará «todos los cauces del Estado de Derecho» para que se autorice el vertido al mar de la salmuera procedente de la planta desalinizadora de Torrevieja. Agregó en declaraciones a los periodistas durante su visita a la desalinizadora de Torrevieja que el Gobierno central seguirá trabajando para los valencianos «a pesar de todas las dificultades puestas en el camino por la Generalitat».

Narbona destacó que la Comisión Europea no admitió a trámite la queja «porque no existe ninguna razón ambiental» y que el Tribunal Constitucional (TC) tampoco le dio la razón al Gobierno valenciano al apuntar que «no hay una imprudencia ambiental significativa» para paralizar la obra.
En este sentido, Narbona abundó en la decisión de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de rechazar la autorización de vertido solicitada por la sociedad estatal ACUAMED, responsable del proyecto, por entender que no está garantizado que las emisiones de salmuera se realicen con la mínima incidencia sobre el medio ambiente. «Utilizaremos todos los cauces que nos dé el Estado de Derecho, unos cauces que hasta ahora han culminado siempre y en todos los casos dando la razón al Ministerio de Medio Ambiente y quitándosela a la Generalitat valenciana», aseguró Narbona. La ministra instó al Gobierno valenciano a «trabajar por el interés de los ciudadanos y a abandonar actitudes que sólo son contrarias al interés de los valencianos». ACUAMED solicitó la autorización de vertidos de salmuera al mar el 9 de agosto de 2006 y hace algunas semanas la Conselleria le pidió nuevos informes a raíz de la modificación del proyecto. El pasado 27 de julio, la citada Conselleria firmó la resolución en contestación al recurso de alzada interpuesto por ACUAMED y en la que rechazaba la autorización del vertido, dos días después de que el Tribunal Constitucional acordara mantener la suspensión de la orden de la Generalitat de parar las obras de construcción de la planta.

Según fuentes de ACUAMED, esta resolución no afecta a la marcha de las obras, puesto que la planta todavía no está en funcionamiento ni genera vertidos. A la visita de ayer de Narbona no acudió ningún representante de del Ayuntamiento de Torrevieja ni del Partido Popular. La representación institucional del Gobierno valenciano se limitó a la presencia de la directora del Parque Natural de Las Lagunas de Torrevieja y La Mata, Concha Torres, al margen de una amplia representación de alcaldes y cargos socialistas de la Vega Baja y la provincia.

La planta desalinizadora de Torrevieja, en fase acelerada de construcción, tendrá una producción anual de 80 hectómetros cúbicos de agua que se repartirán a partes iguales entre el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Este agua desalada permitirá abastecer «a tres millones de personas» en Alicante y la Región de Murcia, al tiempo que «asegurará» los regadíos de 65.000 agricultores del trasvase Tajo-Segura. Esta actuación supone una inversión de 215 millones de euros, de los cuales 55 estarán financiados con Fondos Europeos, mientras que los costes de operación y mantenimiento de la planta durante 15 años implicarán 82 millones de euros más. Llueva o no llueva Tras la visita a la deslinizadora, en la que Narbona realizó un recorrido en autobús por la parcela de 140.000 metros donde se construye la planta, la ministra se enfrena las retenciones a lo largo de 10 kilómetros en la Nacional-332 para acudir al paseo marítimo de Guardamar del Segura, y «vender» el agua desalada con la distribución gratuita de «agua de abastecimiento público preparada» embotellada. Una campaña del Ministerio de Medio Ambiente para divulgar la bondad del programa AGUA, y la calidad del agua desalinizada de «boca» que ya reciben buena parte de los municipios de la comarca de la Vega Baja, a través de las desalinizadoras de San Pedro (Murcia), además de los aportes de la plantas de Alicante a esta ciudad. Ayer un amplio equipo de azafatas, respaldado por un camión de almacenaje, distribuyó este material entre cientos de bañistas que recogieron agua fresca en formato de pequeñas botellas de agua mineral bajo el lema «+Agua para Siempre. El mar fuente inagotable de vida». Un «agua de mineralización baja» que no es «pura» desalada: contiene un 75% de agua procedente de la desaladora de San Pedro II, y un 25% de agua de manantial. Narbona afirmó que el agua obtenida en las plantas desalinizadoras está «totalmente controlada» y es «saludable», y destacó que «está disponible, llueva o no llueva». La citada campaña informativa se desarrollará en la Comunidad, Murcia y Andalucía entre el 8 de agosto y el 2 de septiembre, y permitirá el reparto de 500.000 botellines de agua desalinizada en cerca de 150 playas. Torrevieja y La Manguilla La ministra de Medio Ambiente lamentó en Guardamar la gestión local del vecino municipio de Torrevieja, gobernado por el PP desde hace casi dos décadas.
Sin ser preguntada, Narbona puso a Guardamar como ejemplo de conservación del medio ambiente, al mantener 12 kilómetros de primera línea litoral sin edificar y apostar por la recuperación del sistema dunar. Narbona dijo que el Ayuntamiento de Torrevieja ha decidido sin embargo dar el visto bueno a una exclusiva urbanización de un reducto de ese sistema dunar en primera línea, en referencia de 420 viviendas turísticas iniciadas en La Manguilla. Una zona de unos 90.000 metros cuadrados que Medio Ambiente intentó adquirir sin éxito.

03 agosto 2007

POLÍTICAS SOCIOLABORALES: LA LEGISLATURA REVOLUCIONARIA (1)

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está protagonizando una auténtica revolución sociolaboral, que no debiera quedar eclipsada ni por los extraordinarios datos económicos ni, por supuesto, por los vanos intentos del PP por centrar el debate político en “el monotema”.

Esta revolución está protagonizada por varias leyes, que sucesivamente han ido ampliando el conjunto de derechos sociolaborales de diferentes colectivos presentes en nuestra sociedad y que, por una causa u otra, merecen una atención especial. Por supuesto, viene de inmediato a la memoria la Ley de Dependencia, que no sólo va a incrementar considerablemente la calidad de vida de los dependientes, sino que, junto a ello, va a suponer el reconocimiento –y la remuneración- de la tarea de los cuidadores (cuidadoras, en su mayor parte), de incalculable valor social. Pero, junto a esta norma, otras leyes incrementan las posibilidades de alcanzar un empleo, reducen la sucesión de contratos temporales, procuran la compatibilidad de la vida laboral y familiar o social, o conceden un grado adecuado de protección por parte de la seguridad social, como ocurre con el recientemente aprobado estatuto del trabajo autónomo. Y las últimas novedades anunciadas consolidan este camino: la ayuda por hijos, la generalización de la escolarización de cero a tres años...

Más allá del análisis individual de cada medida, adquiere especial valor la tendencia que esta política representa: la historia nos demuestra que los avances sociales generados por políticas de izquierdas se consolidan si se permite que sus proyectos se apliquen a medio y largo plazo. Pero para ello resulta absolutamente imprescindible que estos avances sean apreciados por los ciudadanos, lo cual no es fácil en una sociedad en la que, con demasiada frecuencia, lo urgente nos impide atender lo importante.

Desde el Partido Socialista nuestra obligación es seguir trabajando en la consolidación de esta revolución sociolaboral, procurando la difusión de estos avances que, sin responder a la urgencia, son extremadamente importantes para mejorar nuestra calidad de vida no sólo como individuos sino también como ciudadanos integrados en una sociedad que vela por alcanzar mayores cuotas de bienestar, justicia y solidaridad entre quienes la conforman.
Irene Bajo García
Concejala Socialista