24 abril 2008

REPUESTAS A LAS MENTIRAS DEL PP VALENCIANO


Con más de once millones de votos el PSOE a vuelto a ganar las elecciones Generales, por lo tanto y durante los próximos cuatro años José Luis Rodríguez Zapatero, será nuevamente Presidente del Gobierno, un Presidente que ha demostrado sobradamente durante la pasada legislatura ser un decidido impulsor de las políticas sociales, de igualdad, de progreso y de futuro y defensor de los derechos y libertades de todos los ciudadanos.

Por lo que se refiere a la Comunidad Valenciana, los ciudadanos han preferido dar mayoritariamente sus votos al PP (51,72%). Este fenómeno sociológico que se viene repitiendo elección tras elección desde hace más de una década, debiera de preocuparnos seriamente al PSPV-PSOE y servirnos de acicate para que dentro de nuestra organización se abra un profundo debate interno de auto-critica donde se analice en profundidad y de una vez por todas, el porque nuestros mensajes no llegan a la sociedad valenciana. Esperemos que en nuestro próximo congreso se clarifique la situación en que se encuentra el partido y se produzca una autentica renovación, tanto de personas como de ideas, que sirvan nuevamente para recuperar la hegemonía político que siempre a tenido el Socialismo en la Comunidad Valenciana.

Los resultados obtenidos por el PP, para nada, se corresponden con la realidad sociopolítica que hoy vivimos en nuestra comunidad, consecuencia de la nefasta política que viene aplicando el PPCV con el Sr. Camps a la cabeza.

Somos la segunda Comunidad Autónoma con mayor endeudamiento y déficit público, el desempleo crece en nuestra comunidad como en ninguna otra, la sanidad pública se privatiza a pasos agigantados, son miles los pacientes desviados a diario a la sanidad privadas y los pocos Hospitales públicos que se construyen son entregados para su gestión a la empresa privada, la educación pública se encuentra totalmente abandonada con cientos de barracones en colegios e institutos, las cinco Universidades públicas valencianas pasan verdaderas dificultades económicas al no recibir la financiación que por ley les corresponde y que se eleva a 891 millones de euros, se boicotean leyes del Estado de obligatorio cumplimiento tan importantes como la ley de Dependencia, esencial para las personas con discapacidades severas, el Plan de apoyo a la emancipación e impulso al alquiler para jóvenes, o Educación para la ciudadanía, la TV pública valenciana Canal 9 es hoy un instrumento totalmente al servicio del Partido Popular siendo uno de los mejores instrumentos de propaganda y de culto al líder Sr. Camps. El PP es muy consciente de la importancia que la televisión tiene para colar sus mensajes y su propaganda no razonada a la sociedad valenciana. Un cuerpo social que les conviene acrítico y manipulable en el mayor grado posible. Las Cortes Valencianas se encuentran paralizadas, únicamente convocan los Plenos meramente imprescindibles o aquellos que les interesan, burlando de esta forma el control y fiscalización a que debe ser sometido el Consell por parte de la oposición.
Es tal el descaro, que incluso se llegó a convocar un pleno extraordinario al que no asiste el Presidente Camps para única y exclusivamente designar Senador al ex alcalde de Burriana Alfonso Ferrada, imputado por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho y atentado contra la ordenación del territorio, blindando de esta forma al Sr. Ferrara con inmunidad parlamentaria, debiendo responder de los delitos que se le imputan únicamente ante el Tribunal Supremo. Con todo este tipo de actuaciones, es notorio que el Consell desprecia a las instituciones y a los ciudadanos.

Si el PP ha conseguido un porcentaje tan elevado de votos en estas Generales, ha sido confundiendo y mintiendo a la gente sin rubor, partiendo de dos supuesto falsos, el primero el victimismo obsesivo y enfermizo del Sr. Camps y el segundo, cuatro mentiras (agua, seguridad ciudadana, infraestructuras y financiación autonómica) repetidas día tras día machaconamente y difundidas a la ciudadanía a través de los medios de comunicación afines al PP o controlados por el Consell como la TV pública valenciana Canal 9 y Radio 9. Como dijo Joseph Goebbels (Ministro de propaganda Nazi) “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”.

El presunto victimismo que tanto utilizan los populares valencianos para confundir a la gente, lo basan fundamentalmente en el supuesto abandono en que tiene el Gobierno de España sumida a la Comunidad Valenciana con un sistema de financiación autonómica que no reconoce el crecimiento poblacional que se ha producido en los últimos años. Si echamos un vistazo a la financiación autonómica de los últimos cuatro años, nos daremos cuenta de la falsedad del PPCV. Durante estos últimos cuatro años las inversiones casi han triplicado la inversión media anual del Gobierno Aznar. Además no deben de olvidar que la actual Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) de la que tanto se queja el Sr. Camps, fue aprobada en el año 2001 por el PP en las Cortes Generales durante su mandato y refrendada por la Generalitat de manera definitiva sin posibilidad de revisión. Por lo tanto, para cambiar el actual sistema de financiación, por lo menos, deben de presentar una propuesta seria de modificación al Consejo de Política Fiscal y Financiera, cosa que tuvieron la oportunidad de hacer el pasado mes de junio y no lo hicieron, alegando cínicamente que “no era el momento” de hacerlo.

Con la política del agua, lo único que ha conseguido hasta ahora el PPCV, ha sido entrar en una guerra sin sentido entre Comunidades, utilizando como siempre el enfrentamiento y la crispación para sacar el máximo rédito político, aprovechándose de la buena fe de la gente y de sectores especialmente sensibilizados con el tema del agua como son los agricultores de la Vega Baja. El PPCV sabe perfectamente que los está engañando y utilizando en su provecho. El trasvase ni se ha hecho, ni se hará ni se podía hacer por que era económica y ambientalmente insostenible además rompía con las directrices de la Unión Europea sobre la política del agua. Sirvan como ejemplo los informes presentados por el gobierno de Aznar, fueron tan poco solventes que la Comisión Europea hasta en tres ocasiones tuvo que declarar el proyecto técnicamente en suspenso. Durante el periodo de gobierno de José María Aznar, no se puso ni tan siquiera un metro de tubería del pretendido trasvase, ni llego una sola gota de agua a esta Comunidad, tan sólo, eso si, se hizo la foto oficial en Tarragona poniendo la primera piedra de lo que iba a ser el futuro trasvase del Ebro, que por cierto, como muy pronto nos hubiera llegado en el año 2015.

La única alternativa viable hoy por hoy para conseguir agua de una forma más rápida, más barata y para siempre, no es otra que la que está realizando el gobierno Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, con la aplicación del programa “AGUA”, donde se contempla la construcción de desaladoras, la reutilización del agua mediante depuración, la modernización de los regadíos y el trasvase Jucar-Vinalopó que aportará 80 hectómetros cúbicos al año solo para regadío, liberando de esta forma acuíferos que actualmente se encuentran sobre explotados.

En cuanto a las desaladoras, por el momento se encuentran en funcionamiento la de Agua Amarga (Alicante) y pronto estará funcionando su ampliación Alicante II, la de Torrevieja que será la más grande de Europa y la segunda del mundo está siendo boicoteada constantemente por el Consell, aunque el TSJ se ha pronunciado en varias sentencias a favor de su construcción. Incluso a pesar del boicot a que está sometida por parte del Consell, se lleva más del 70% de ejecución de la obra, con un adelanto de dos meses sobre la fecha prevista de finalización, por lo tanto entrará en funcionamiento a finales de este año sino ponen más pegas los señores del PPCV. Suministrará en un principio 80 hectómetros cúbicos de agua al año, ampliables hasta 120 hm3, asegurando de esta forma el suministro a una población de 2,5 millones de personas, además de completar el riego de 65.000 agricultores del trasvase Tajo-Segura. El resto de desaladoras y hasta un total de cinco que están previstas en la provincia de Alicante, se encuentran en fase de construcción o adjudicación. Cuando estén todas en funcionamiento, producirán aproximadamente unos 200 hectómetros cúbicos anuales con lo que estará solucionado el problema del agua en Alicante de una manera muchos más rápida, eficaz, y sin enfrentamientos entre comunidades, a partir de ese momento, les aseguro, que el PPCV dejará de hablar del agua porque se habrá quedado sin argumentos para seguir confundiendo y mintiendo a la gente.

No obstante, estos últimos días, la guerra política del agua a saltado de nuevo a los medios informativos, el Sr. Camps junto con los principales diligentes del PP de las Comunidades de Valencia, Murcia y Andalucía, han salido en trompa para criticar con el victimismo que les caracteriza, como no podía ser de otro modo, la transferencia provisional de agua del Ebro, desde Tarragona a Barcelona, mediante la compra a los regantes de los derechos de riego sobrantes, con el único fin de solucionar temporalmente el problema de la grave sequía que sufre el área metropolitana de Barcelona y sólo y exclusivamente hasta tanto, se finalice la desaladora que se encuentra en construcción actualmente en el Prat.

Por las manifestaciones que hemos podido oír estos días, parece ser que los señores del PP tienen muy mala memoria. Desde aquí le quiero recordarles que está en marcha el trasvase Jucar-Vinalopó que transferirá 80 Hm3 anuales a la provincia de Alicante, además no olvidemos que actualmente nos llega una importante transferencia de recursos hídricos al sur de nuestra Comunidad desde hace más de treinta años, desde un trasvase el trasvase Tajo-Segura, todo ello gracias a la solidaridad y a la compra de derechos de riego sobrantes a los regantes de la comunidad de Madrid, Castilla la Mancha, y el Gobierno de España y por ello, nadie se rasga las vestiduras ni sale en los medios diciendo barbaridades. Por favor Sr. Camps, deje ya de utilizar la guerra del agua para desviar la atención de los ciudadanos de los verdaderos problemas que tiene nuestra comunidad en cuanto a endeudamiento, desempleo, sanidad, educación, vivienda y un largo etc… que por supuesto, ya se, que para Ud. no son importantes, pero si para el bienestar de una gran mayoría de valencianos.

En cuanto a la política de seguridad del Gobierno Socialista, que les voy a decir, mas que le pese a Uds. a constituido un importante cambio con respecto al modelo de seguridad impulsado por el Sr. Aznar y llevado adelante por lo que fueron Ministros de Interior Mayor Oreja, Acebe y Mariano Rajoy. Y es que los ciudadanos deber de saber que estos señores fracasaron estrepitosamente en materia de seguridad ciudadana. Dos factores determinantes de este fracaso fueron -el abandono intencionado de la política de seguridad ciudadana- cuyo objetivo no fue otro que promover un cambio de modelo. Un cambio que consistía en provocar reducción de la dimensión del aparato de seguridad del Estado, con el fin de propiciar el aumento del papel de la Seguridad privada en España, a imagen y semejanza de lo que estaba ocurriendo en otros sectores como la sanidad o la educación y que por desgracia sigue ocurriendo en aquellas Comunidades donde gobierna el PP como en nuestra Comunidad. El proyecto tenia como objetivo provocar un adelgazamiento del sector público de la seguridad, para trasvasar recursos hacia la seguridad privada. No se acuerdan de la famosa frase pronunciada por el entonces del Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, “quien quiera seguridad que la pague”.

El otro factor está vinculado al aspecto operativo. El Gobierno del Partido Popular solo mostró preocupación por la seguridad subjetiva -sensación percibida de seguridad- más que por la propia seguridad en si. Cometiendo graves errores entre los que se encuentra el fracasado Plan Policía 2000, un ejemplo evidente de que únicamente pretendían proyecta una imagen de seguridad que en realidad no existía, en definitiva, cabe afirmar que la etapa del PP fue muy negativa para la seguridad pública, no sólo por el adelgazamiento del sector, sino por el deterioro que sufrió un servicio público que es esencial para la calidad de vida y el bienestar de los ciudadano y que ha tenido que solucionar el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El gobierno socialista ha creado en sólo cuatro años más de 41.000 nuevas plazas de Policía Nacional y Guardia civil en España, y hay más de 2.200 efectivos nuevos en la Comunidad Valenciana. 1000 agentes del CNP y de la GC han venido a Comisarías y cuarteles de nuestra provincia. Aumenta la eficacia policial: sube 10 puntos la tasa de infracciones esclarecidas y 24 la tasa de detenciones. Se ha reducido en más de 10 puntos el número de delitos y faltas. La oferta de empleo público correspondiente a 2005 y 2006 experimentaron el mayor crecimiento de los últimos diez años. En sólo dos años 19.311 plazas creadas para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Las mismas que el PP en las seis ofertas de empleo de los años comprendidos entre 1996 y 2001

Otro de los temas preferidos del PPCV para confundir a la ciudadanía es hacer creer a la gente que el Gobierno de la Nación nos tiene totalmente abandonados en el tema de infraestructuras, cuando por ejemplo: las actuaciones en carreteras en nuestra provincia es superior a los 1000 millones de euros; de los cuales más de 700 son obras en ejecución y 300 en proyectos muy avanzados. Tres ejemplos importantes son: La segunda circunvalación de Alicante, El barranco de la Batalla en Alcoy y la Vía Parque Guardamar-Torrevieja-Pilar de la Horadada. Por lo tanto la actual inversión en carreteras del gobierno socialista en la provincia, es mayor que todo lo invertido por el gobierno del PP entre 1999 y 2004 en el conjunto de la Comunidad.

El Puerto de Alicante ya ha recibido 40 millones de euros y hasta el año 2010 recibirá otros 80 millones en inversiones. El aeropuerto de El Altet (Alicante) duplicará su capacidad operativa como consecuencia de la inversión por parte del Gobierno Central de más de 400 millones de euros que suponen las obras de ampliación en marcha. Así el aeropuerto podrá gestionar más del doble del tráfico actual, alcanzando hasta 20 millones de pasajeros al año. Las obras suponen aumentar de 38 a 94 mostradores de facturación, de 2000 plazas de aparcamiento a más de 6000 y de 45.000 m2 de superficie de la terminal de pasajeros a más de 333.000 m2.


En cuanto a las obras del AVE entre Madrid y Valencia, están todas “contratadas y adjudicadas” el gasto efectivo realizado por el Gobierno socialista en obras de alta velocidad en la Comunidad se ha incrementado en un 427 por ciento respecto a la etapa del gobierno del PP, porcentaje que en la provincia de Valencia ha subido hasta un 577,80 por ciento, por lo tanto el esfuerzo inversor del Gobierno de España ha sido muy importante solo la entrada del AVE a Alicante tendrá un coste superior a los 500 millones de euros a causa de que la línea discurrirá “semisoterrada” en buena parte del recorrido urbano. Desde el Ministerio de Fomento se asegura que las obras se encuentran muy avanzadas, por lo que es prácticamente seguro que el tren de alta velocidad llegará a la ciudad de Valencia en la fecha prevista es decir el 2010.

A través de está exposición, he querido ni más ni menos que desenmascarar las mentiras con que día a día nos bombardean mediaticamente, habiendo quedando suficientemente claro que las inversiones del Gobierno de España en nuestra comunidad han sido las más importantes desde el establecimiento del gobierno de la Generalitat Valenciana. Pretendiendo únicamente el PPCV con su victimismo crear confusión y crispación entre la ciudadanía para sacar el mayor rédito político de sus mentiras.






23 abril 2008

Protesta por el "desmantelamiento" de los recursos sociales del Consell

Los trabajadores critican que se privatice la gestión de la ley de Dependencia

Los trabajadores de los servicios sociales de la consejería que dirige Juan Cotino han iniciado movilizaciones en protesta por el "desmantelamiento" de los recursos sociales y la privatización que ha acometido el Consell en la gestión de la ley de Dependencia. Ayer, un centenar de trabajadores públicos se concentró ante los servicios territoriales de la Consejería de Bienestar Social en Valencia para denunciar la "grave situación" en la que están los servicios sociales, un colectivo que, entre técnicos, auxiliares, ATS, trabajadores sociales, médicos, psicólogos y educadores suma unas 5.000 personas en toda la Comunidad Valenciana.
En primer lugar, se quejan de un perjuicio económico. "Hay una discriminación salarial", explica Toni Femenia, de UGT, "ya que a pesar de trabajar con colectivos vulnerables cobran unos 300 euros de media menos que trabajadores equiparables de otras consejerías". Y el sindicalista lo achaca a que "se trata de categorías feminizadas, se viene arrastrando una situación de discriminación sexual que a estas alturas del siglo XXI hay que erradicar".
Pero las mayores quejas de los trabajadores se centran en una falta de recursos personales que se traduce en una asistencia deficiente a los usuarios. "Las ratios de personal están siempre bajo mínimos, son claramente insuficientes para dar una atención de calidad". Su tesis es que Bienestar Social amplía sus competencias pero no sus estructuras. Y cuando puede, privatiza los servicios pero sin crear nuevos empleos ni aprovechar al personal existente. "Es un desprecio para la experiencia de los profesionales".
Y como paradigma de la privatización ponen la gestión de la ley de Dependencia. El Consell creó el año pasado una empresa, la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa), para tramitar las solicitudes de las personas que optan a las ayudas que estipula la ley. Y prescindió de la amplia red de trabajadores sociales autonómicos y municipales que lleva años haciendo una tarea similar.
Los sindicatos propusieron a la consejería el año pasado implantar 47 unidades en las distintas comarcas (una por cada 100.00 habitantes) compuestas de técnicos, trabajadores sociales, auxiliares, médicos y psicólogos para la implantación y el seguimiento de la ley de Dependencia. Harían falta unos 300 trabajadores, pero, a su juicio, la consejería "paraliza" la ley con apenas 35 empleados en Avapsa.
Para Intersindical Valenciana, el "desmantelamiento de la función pública" mediante empresas privadas, sociedades mercantiles y ONG profesionalizadas "esconde todo tipo de corruptelas, manipulaciones y oscurantismos paganos".
El sindicato CSI-CSIF, por su parte, insistió en que Bienestar Social no cubre las vacantes y sustituciones de personal. Y exigió en su comunicado "la adecuación y ampliación necesaria de las plantillas sobre la base de una revisión de los ratios actualmente establecidos".
Vicent Soler, de CC OO, se quejó de que la consejería está dando "la callada por respuesta" a sus quejas. De hecho, siguen esperando que se celebre la reunión que se les prometió para antes de Fallas. Por eso no descartan llevar a la consejería ante la Fiscalía por un delito contra la salud de los trabajadores por la sobrecarga de trabajo que acometen desde hace años.

06 abril 2008

La ejecución de la obra de la desalinizadora de Torrevieja se adelanta dos meses y estará para fin de año




El Gobierno ha ejecutado el 70% de la planta que se convertirá en la mayor de Europa y en la segunda del planeta y que podrá tratar hasta 120 hm3 al año.

La construcción de la desalinizadora de Torrevieja, que se encuentra ahora en el 70 por ciento de ejecución, ha generado una polémica que lejos de amainar tras las elecciones generales se ha recrudecido más, si cabe, en los últimos días con declaraciones del PP de la Diputación que ha llegado a manifestar, basándose en un informe realizado por la Universidad de Chile, que el boro que producirá la planta puede generar alteraciones en los genitales masculinos. Esta es la última aseveración que se une a los mensajes negativos que desde la Generalitat Valenciana se han lanzado contra la desalinizadora, argumentando que daña el medio ambiente, tiene un alto consumo eléctrico, puede producir nubes tóxicas, pone en peligro las praderas marinas de posidonia... Sin embargo, a pesar de las constantes denuncias que vienen desde el Consell, la planta torrevejense cuenta con el beneplácito de Europa y se construye a un ritmo frenético -llevan dos meses de adelanto sobre el plazo previsto- y se espera que a final de año pueda ponerse en marcha. Las prisas del Gobierno se deben a dos causas fundamentales. Una, la grave sequía por la que atraviesa prácticamente toda España, y dos, el intentar trasladar a los ciudadanos que el tan cuestionado por unos, y glorificado por otros, trasvase del Ebro al Levante, pertenece al pasado. La obra "cumbre" de desalinización del Ejecutivo socialista es la de Torrevieja, que incluso sorprende por su envergadura a ingenieros y técnicos que trabajan en ella a diario. Su presupuesto también destaca, 297 millones de euros de los cuales 55 provienen de la Unión Europea. Su fama ha traspasado fronteras y la empresa que la construye prevé edificar otra similar en los Emiratos Árabes.La obra civil de esta planta se encuentra al 70 por ciento de ejecución a fecha del pasado jueves. Además, se ha rebajado en dos meses el plazo de ejecución debido a la crítica situación hídrica en toda España. También está pendiente la conexión de esta instalación con una subestación eléctrica cuyos trámites ya están en marcha, según el Gobierno socialista. La segunda mayor planta de potabilización de agua de mar de todo el planeta registra en estos momentos "un esfuerzo máximo" para que entre en funcionamiento a finales del presente año, según explicó Adrián Baltanás, director general de Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. (Acuamed) organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Las instalaciones tratarán anualmente 80 hectómetros cúbicos de agua de mar que según Baltanás asegurará el agua potable de 2,5 millones de personas y complementará el riego de 65.000 agricultores del trasvase Tajo-Segura. Además las instalaciones generales, una vez finalizadas las obras, quedarán preparadas para ampliar el número de hectómetros cúbicos al año hasta 120. Baltanás no ahorra elogios para defender la política hídrica del Gobierno y critica la postura de los hombres de Camps. Al mismo tiempo arremete contra el PP y en especial contra el Consell por su oposición frontal a la planta. El director de Acuamed, en sus declaraciones a este medio, no deja pasar la ocasión y aprovecha la reciente exposición del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Torrevieja y diputado provincial, Domingo Soler quien, aludiendo a un estudio realizado por la Universidad de Chile, señala que "la exposición prolongada de los seres humanos a compuestos del boro -como los que emitirá la desalinizadora de Torrevieja- produce irritación gastrointestinal y atrofia testicular". Según Baltanás "si hacía falta algo para poner de manifiesto el cinismo del PP esta es la prueba". Las declaraciones de Soler, añade, "me dan ganas de reír si no fuera porque estamos hablando de un tema tan serio; el PP de nuevo pretende tomar el pelo a los ciudadanos".Sobre esta cuestión dijo que todos los "pretextos" de la Generalitat Valenciana para "obstaculizar y sabotear la desalinizadora por el daño al medio ambiente no son ciertos". Vuelve a nombrar los informes y sentencias de la Unión Europea, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Constitucional "tres instancias que nos han dado la razón y han puesto al descubierto los falsos argumentos del PP", apostilló Baltanás, que recordó incluso que parte del coste de la obra proviene de los fondos europeos.Baltanás, en varias de sus visitas a la desalinizadora con una sonrisa cómplice en sus labios, viene repitiendo que el propio alcalde de la ciudad, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, está a favor de la desalinizadora "aunque no lo puede decir".Mateo, tan partidario del desarrollo urbanístico, tiene garantizado el suministro hídrico para seguir con su política al igual que la práctica totalidad de los 27 municipios del Bajo Segura, la mayoría del PP, donde están previstas o en proyecto la construcción de entre 50.000 y 75.000 viviendas. El propio Soler señaló el pasado viernes sobre la instalación que "el PP no se opone a su construcción, se opone radicalmente a la forma en que se está haciendo".Sobre los efectos medioambientales de las desalinizadoras en cuanto a los vertidos de salmuera al mar es normal en política que las valoraciones entre PP y PSOE sean totalmente distantes, ya que ni los propios científicos se ponen de acuerdo, y cada partido pone sobre la mesa los informes que más le interesan.Pero si algo está claro y es indiscutible, apunta el responsable conservacionista, Miguel Ángel Pavón, es el efecto negativo ambiental que tendrán las desalinizadoras, no ya por el vertido al mar de salmuera, sino por su repercusión al territorio en especial en el Bajo Segura ya que hará viables nuevos proyectos urbanísticos aprobados en última instancia por el Gobierno valenciano, al tener garantizada el agua.Pero si Pavón alerta de una incidencia negativa de la desalinizadora de Torrevieja por la proliferación urbanística que va a provocar, el popular Domingo Soler augura lo contrario y acusa a los socialistas de querer con la planta "destruir el presente y futuro turístico de la ciudad para hundir Torrevieja y los municipios de su entorno".DiputaciónPor otro lado, el portavoz socialista en la Diputación, Antonio Amorós, pidió una rectificación al PP por las "mentiras" vertidas sobre este asunto. Según dijo, Camps y otros dirigentes del partido "deben estudiar qué agua beben, porque les deja impotentes ante el trabajo". En su opinión, sólo se trata de "una manipulación interesada de documentos científicos".