EL PAÍS ARTUR BALAGUER - Benidorm - 17/08/2010
Una de tantas viviendas construidas ilegalmente diseminadas por el término municipal de Relleu, en Alicante, está habitada por el alcalde de la localidad, Vicente Cantó, del PP. Esta residencia, de poco más de 70 metros cuadrados, denominada La Vinya, está todavía a nombre de Santiago Cantó, el padre del regidor. Vicente Cantó ejerce como alcalde desde 1995.
Una de tantas viviendas construidas ilegalmente diseminadas por el término municipal de Relleu, en Alicante, está habitada por el alcalde de la localidad, Vicente Cantó, del PP. Esta residencia, de poco más de 70 metros cuadrados, denominada La Vinya, está todavía a nombre de Santiago Cantó, el padre del regidor. Vicente Cantó ejerce como alcalde desde 1995. Hasta entonces había sido taxista en Alicante, donde tiene fijada su residencia habitual.
Aunque hay diferencias entre la superficie de la parcela donde se ubica el chalé, según se consulte el Catastro o el Registro de la Propiedad, en ningún caso se acerca a los 10.000 metros de parcela mínima que exige la legislación para poder construir en suelo rústico no urbanizable. El Catastro le otorga una dimensión de 8.918 metros cuadrados de almendros, olivos y agrios, mientras que el registro ubica el chalé en una parcela de 2.402 metros de regadío "con derecho a los sobrantes de las aguas del riego mayor cuando le toquen en el turno, y por lo mismo el riego eventual", sin que ni siquiera conste como registrada la construcción que Cantó ocupa como vivienda. Es decir, el chalé ni existe como propiedad.
Vicente Cantó se negó a hacer declaraciones; ni confirmó ni desmintió que el chalé estuviera dentro de la legalidad y amenazó con acciones judiciales si se publicaba la información de la que fue advertido. Fuentes del Consistorio confirmaron que hace casi 10 años, cuando Cantó ya era alcalde, el padre del regidor obtuvo una licencia para construir una casa de aperos que ha acabado convirtiéndose en una residencia veraniega.
No es el primer caso en que un miembro del gobierno relleuense habita una construcción fuera de la ley. Este periódico ya publicó que el actual concejal de Urbanismo de Relleu, Antonio García Doménech, utiliza como residencia desde principios de 2007 otro chalé de 150 metros cuadrados de superficie con piscina, construido ilegalmente en una parcela de suelo rústico que es propiedad de su suegro, Vicente Brotons Sirvent, que fue levantado también con una licencia para casa de aperos. En este caso, la vivienda estaba en un terreno de 15.474 metros, pero ya tenía una construcción de 452 datada en 1900 que agotaba la superficie edificable (que es el 2% de la parcela), lo que impedía que hubiera podido concedérsele la licencia de obras que obtuvo. El portavoz del Grupo Socialista de Relleu, Antonio Fuster, intentó preguntar en el último pleno por la vivienda del concejal de Urbanismo, pero el alcalde se negó a responder públicamente sobre el asunto. Se refirió a los hechos como contados por "radio macuto".
Relleu, como otros municipios del interior de La Marina Baixa, tiene decenas de viviendas ilegales en suelo rústico. Un Plan General, aprobado provisionalmente en 2006, sin validar por la Generalitat, ha permitido al gobierno del PP manejar el suelo no urbanizable a su antojo. Así, hay multitud de construcciones ilegales de familiares políticos o directos de concejales y afiliados populares que el Consistorio ha consentido, tolerado y, en algunos casos, avalado.
UN PLAN MULTIPLICADOR
Los socialistas ya denunciaron en su día que el suegro del alcalde tenía cuatro hectáreas en uno de los sectores que pretende reclasificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio y que el marido de la primera teniente de alcalde, Elisa Lloréns Font, había comprado suelo durante su redacción. También recordaron que el plan se aprobó sin justificar la existencia de recursos hídricos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar y que empresas del sector inmobiliario que habían comprado miles de metros cuadrados antes de tramitarse el PGOU firmaron convenios con el Consistorio para que se incluyera ese terreno en la redacción del plan como suelo urbanizable. La mayoría de estos promotores tenían vinculaciones con dirigentes o técnicos municipales de diferentes municipios populares de la comarca, sobre todo de Benidorm. Y el alcalde presumió de que la redacción del nuevo plan iba a ser financiado por estas empresas.
El nuevo PGOU contempla la reclasificación de tres millones de metros cuadrados en cinco sectores, cuatro de ellos alejados del casco urbano, que suman casi 600.000 metros de techo residencial y hotelero, es decir, viviendas para casi 20.000 habitantes, lo que multiplicaria por 15 la población del pueblo.
