30 agosto 2012

Rouco Varela ni es cristiano, ni tiene vergüenza


El presidente de la Conferencia Episcopal ha demostrado no tener ni un ápice de ética. Todavía no se ha pronunciado sobre los delincuentes que provocaron la crisis ni sobre los que la estamos sufriendo.

La posición de la Iglesia católica española y de sus representantes es indignante. No los hemos visto en una manifestación, en una protesta o haciendo unas declaraciones, desde sus sillones de terciopelo rojo en su sede de la calle Añastro, diciendo qué piensan de  la actual crisis económica.
No han sido capaces de salir a decir a los españoles que son unos sinvergüenzas y unos amorales los que provocaron esta crisis, los que se beneficiaron y se benefician de ella, los que especulan con el mal ajeno, los que regatean 400 euros a los que nada tienen.

No pueden decirnos que ellos no van de manifestaciones habitualmente ya que todavía los recordamos con gorrito rojo recorriendo las calles de Madrid junto a la dirección del PP para protestar por la ley de plazos del aborto, llamando a los socialistas  “asesinos”.

También recordamos imágenes de su portavoz defendiendo las clases de religión, la subvención a los colegios religiosos o a los hospitales regentados por monjas.

Pero no tienen nada que decir de las personas que son desahuciadas por los bancos, de los que están en paro, de los pensionistas  que  repagan sus medicamentos, de los dependientes que ya no reciben ayudas. Nada. Por lo visto,  no tienen nada que decir.

Si la base de sus creencias más íntimas es el Evangelio, pueden estar seguros de que se han olvidado de él. Que su meta es tener poder y dinero, es obvio. Poder para manipular mentes y dinero para gobernar el mundo. Y eso lo han conseguido.

Lo que les pueda pasar al resto de los humanos les importa un comino. Obviamente cuando hago esta afirmación excluyo a los cristianos de base, pero desgraciadamente éstos también han sido eclipsados por el poder de la Conferencia Episcopal. Deberían dejarse ver más.

La Iglesia tiene más poder que nunca. Gozan de un gobierno con mayoría absoluta a su servicio. Desde el ministro de Educación, Wert, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a la alcaldesa Botella o el ministro Gallardón están a sus pies.

Unos subvencionando los colegios del Opus Dei aunque separen niños de niñas e incumplan sentencias del Supremo. Otros derogando la ley del aborto u otras como Lola Cospedal, vestida con peineta y mantilla, paseándose por las calles de Toledo.

Y si no que se lo pregunten a los del colegio Alborada de Alcalá de Henares en donde se ha podido edificar un colegio del Opus Dei que separa por sexos gracias a la parcela de 24 mil metros cuadrados que les cedió Esperanza Aguirre. Como muestra un botón.

La íntima unión de la Iglesia y sus corrientes (Opus Dei o Legionarios de Cristo) y el Partido Popular hace que todos sean ejecutores de las mismas injusticias y amoralidades, sin olvidar la proximidad de varios ministros y ministras a estas organizaciones.

Y que no intenten manipularnos diciéndonos que ellos colaboran con los más vulnerables a través de Cáritas.  Eso es mentira. Dicha organización recibe el 35% de donativos privados, un 18% de Comunidades  Autónomas, un 3´69% de Bancos y Cajas de Ahorros, un 8´52% de la Administración local. La iglesia o la Conferencia Episcopal no aparecen. Lo más parecido son: organismos diocesanos con un 0´76% y fondo diocesano con un 0´15%.

Por lo tanto que no se pongan medallas porque no tienen derecho a ello. De las personas que trabajan en Cáritas, alrededor de 65.000, un 77% son laicos y un 4´3% son sacerdotes o religiosos.

Rouco Varela se ha deslenguado demasiado últimamente con Cáritas afirmando que si la Iglesia tenía que pagar el IBI, como demandamos muchos ciudadanos, eso “repercutiría” en Cáritas. Eso no es verdad. Si la Iglesia paga el IBI algún día es simplemente por justicia porque no son ni más ni menos que cualquier ciudadano.

Si un ciudadano trabaja con dinero negro se le puede caer el pelo ante Hacienda pero ¿acaso no es dinero negro todo lo que recibe la Iglesia de donaciones y  cepillos? ¿Qué pasa con esos fondos?
La base de su forma de actuar es la mentira y el método para que ésta no se descubra: la confusión.

Así tenemos a la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, vendiéndonos la moto de que ahora el gobierno que es bueno y caritativo dará 450 € (o sea 50 € más) a aquellos padres de familia sin subsidio de desempleo y con dos hijos. Con ese aumento tengan la seguridad que no tendrán ni para pipas.

Eso sí, a cambio se lo quitarán a esa pandilla de vagos que no encuentran empleo antes de 30 días o a los hijos que vuelvan al hogar familiar.

Esta señora debe pensar que todas las familias son como la suya que poseen: seis viviendas, un solar, dos fincas de secano, además de 326.884 euros suscritos en bonos del Estado y diversas participaciones en tres compañías multinacionales.

¡Ah! Y por si no saben la última se la cuento: Montoro ha regalado una media de cien euros a los funcionarios (no a los laborales o interinos) con la intención de calmarles ante las próximas movilizaciones.  Ayer hizo las transferencias.

Veremos si en las próximas protestas están los obispos y los funcionarios… ¡estaremos atentos!

Mercè Rivas Torres es periodista y escritora

23 agosto 2012

Cómo el PP arruinó Canal 9

  • Radiotelevisión valenciana, con una deuda de 1.300 millones, despide a 1.295 empleados y externaliza programas

Trabajadores de RTVV manifestándose en defensa de sus puestos de trabajo
El entonces presidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, del PP, declaró en mayo de 1996 en una entrevista que “la televisión es el último bastión en el que están resistiendo los socialistas”. También formuló un deseo: “Es más, quiero privatizarla en cuanto se apruebe la ley correspondiente”. No lo consiguió, aunque parece ser que su objetivo se va a cumplir 16 años después, ya que el ahora presidente Alberto Fabra ha decidido que Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) externalice prácticamente toda su producción.

El propósito de Zaplana de controlar Canal 9 y laminar a aquella plantilla pretendidamente hostil lo consiguió el PP con la estrategia de duplicar la cifra de empleados y el gasto sin control. El resultado es la ruina de la televisión valenciana, con una deuda de 1.309 millones. Dinero a espuertas y recursos humanos generosos (pero infrautilizados) no han impedido que la audiencia haya caído al 4,2%. Los abocados a pagar aquel banquete serán los 1.295 trabajadores que se irán a la calle, el 76% de la plantilla.

El periodista José Manuel Alcañiz, que tras años de trabajar en prensa y televisión aprobó con el número 1 la oposición con la que Canal 9 contrató en 1989 a sus primeros 32 periodistas, fue director de informativos de fin de semana los primeros años. Luego, ha sido víctima del ostracismo impuesto y testigo durante 16 años del despilfarro. “A mí me pusieron a hacer desfiles de moda, todos los periodistas fuimos apartados”, explica Alcañiz, “y a todos los que ficharon a dedo con contratos de lanzamiento de primera actividad por la creación de Punt 2 los pasaron a la primera”.

La depuración de los profesionales disparó la plantilla. De 650 trabajadores en 1995 se pasó a 1.800 en 2010. La deuda siguió un camino peor: pasó de 30 millones en 1995 a 1.309 al final de 2011. Se ha multiplicado por 40. La agonía ha sido larga desde entonces.

Con una masa salarial insoportable, una deuda disparada y una audiencia por los suelos, el expediente de regulación de empleo (ERE) resultaba inevitable. El actual director general de RTVV, José López Jaraba, que llegó al cargo de la mano de Francisco Camps, no ha querido explicar a EL PAÍS cómo se va a realizar el despido de 1.295 trabajadores, cuál va a ser el criterio por el que continuarán 400 ni cómo será el proceso de externalización por el que se irán a la calle 127 cámaras que trabajan en televisión, y todos los técnicos de sonido de Ràdio 9. López Jaraba se remite al comunicado oficial, en el que se asegura que “la medida obedece a la imposibilidad de soportar financieramente la actual estructura empresarial”. Es quizá la forma de reconocer el fracaso en la gestión.

El ente público nació en 1989, con “la promoción y protección de la lengua propia de la Comunidad Valenciana” como principal cometido. Juli Esteve, coordinador de los servicios informativos desde la inauguración hasta la llegada del PP, asegura que fue importante ver, como símbolo, a alguien informando en valenciano con la Casa Blanca de fondo. Y cree que “había normalidad informativa”, puesto que se podía dar noticias sin problemas sobre los GAL o sobre Roldán, entonces las bestias negras para el PSOE.

Recuerda que, en unos años en los que RTVV no estaba autorizada a endeudarse (lo hizo ya con el PP), “se llevaba mucho cuidado en la gestión del dinero, porque era público”. Incluso explica que en la Guerra del Golfo apostaron por enviar durante tres meses equipos a cinco países. Se sintieron orgullosos pero costó 300 millones de pesetas (menos de dos millones de euros) y casi les pareció un derroche.

Al parecer, Amadeu Fabregat, director en tiempos del presidente socialista Joan Lerma, dejaba hacer. Aunque el modelo que implantó, en el que solo algunas películas se doblaban al valenciano, y se emitieron programas de entretenimiento de cuestionable estética, también recibió sus críticas.

Un trabajador que prefiere no dar su nombre cuenta que ya antes de ganar el PP, en la campaña electoral de 1995, comenzó el acoso: Zaplana exigía que los únicos actos de su partido fueran los suyos como candidato autonómico: “Se cogió un cabreo enorme cuando salió un acto de Rita Barberá”. Y añade que incluso se exigió que las cámaras solo recogiesen su perfil bueno, medida que ya como presidente fue norma en la casa, hecho denunciado por el Comité de Redacción. Ya con el PP en el poder, “Canal 9 se convirtió en una extensión del gabinete de Presidencia”, explica Alcañiz. Y los costes empezaron a dispararse. La Sindicatura de Comptes cuestionó los precios pagados por derechos deportivos, con los que se perdía dinero año tras año. A través de RTVV se ha llegado, incluso, a financiar los clubes de fútbol valencianos, a los que se dio el doble de dinero de lo que costaban en el mercado sus derechos de retransmisión.

Cuando Francisco Camps llegó a la presidencia de la Generalitat en 2003 apenas cambió nada. En su lucha con los zaplanistas, nombró personas de su confianza y puso en 2004 en la dirección de RTVV a Pedro García, que fue secretario autonómico de Comunicación con Zaplana pero mudó al campismo sin dificultad. El trasvase de personas del Consell a RTVV fue frecuente. Sucedió con directivos como Jesús Sánchez Carrascosa, Pedro García y Nuria Romeral, la actual directora de Ràdio 9. Pero también ocurrió en sentido contrario, como con Lola Johnson, que de directora de Canal 9 pasó a ser consejera de Cultura y hasta fue portavoz del Consell. Movimientos que son un indicador del control ejercido a distancia durante 16 años desde la presidencia de la Generalitat.

En tiempos de Camps, los informativos se convirtieron en el escaparate idílico de una Comunidad Valenciana pionera en casi todo y en el azote del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el derogado trasvase del Ebro como principal ariete. Era difícil que saliera la oposición en los informativos, y casi nunca se informaba de los casos de corrupción que afectaban al PP. De hecho, alguien que solo viera Notìcies 9 prácticamente no se hubiera enterado de la imputación de Camps por su relación con la trama Gürtel hasta que un jurado popular le absolvió del delito de cohecho impropio.

Mientras, los sindicatos apuntan que el desprestigio y la ruina económica han sido buscados: la excusa perfecta para la privatización. El presidente del comité de empresa, Vicent Mifsud, asegura que los 54 millones de euros que RTVV quiere ahorrarse con los despidos se lo gastarán “a través de productoras, que contratarán a trabajadores precarizados, y la diferencia se la llevarán empresas privadas, amigos del PP”.

17 agosto 2012

Medicamentos sin financiación pública a partir del 1 de septiembre

  • A partir de septiembre habrá que pagar íntegramente medicamentos tan populares como Almax, Fortasec, Voltaren o Mucosan
  •  97 seguirán estando financiados para tratar enfermedades graves o crónicas
  • Listado completo


El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la lista de 417 medicamentos que, a partir del 1 de septiembre, dejarán de estar financiados por la Seguridad Social, la inmensa mayoría de ellos por estar indicados para el tratamiento de "síntomas menores". Sin embargo, 97 de ellos mantendrán la financiación para tratar enfermedades graves o crónicas.

Los ciudadanos deberán abonar íntegramente el precio de fármacos para cuestiones como irritación de la piel, tos, diarrea o estreñimiento, lo que permitirá un ahorro que la ministra de Sanidad, Ana Mato, cifró en 458 millones de euros a finales de junio.

Aunque inicialmente estaba previsto que esta exclusión de medicamentos de la financiación pública entrara en vigor a primeros de agosto, finalmente Sanidad anunció que sería el 1 de septiembre el momento en el que los usuarios tendrán que empezar a pagar por ellos. También entonces se cifró en 426 los medicamentos que quedarían fuera de la Seguridad Social, pero el BOE detalla por el momento 417 y esa lista se revisará de forma periódica.

Desde septiembre los pacientes deberán pagar por medicamentos tan populares como Almax (antiácido), Emportal, Duphalac o Plantago (laxantes), Fortasec (antidiarreico) y pomadas para aliviar el dolor causado por la artritis (Fastum, Calmatel, Movilisin), o para el tratamiento de afecciones inflamatorias como Zenavan. También deberán abonar medicamentos para la tos como Mucosan o Pectox, y para el tratamiento de los síntomas de la rinitis alérgica, como Rinomax, además de la acetilcisteína para patologías neumológicas, entre otros.

No obstante, la resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia que publica hoy el BOE contempla excepciones y, así, algunos de los medicamentos incluidos en la lista seguirán teniendo financiación pública cuando sean indicados para patologías concretas, como por ejemplo para pacientes oncológicos.

Los formadores de volumen se mantendrán financiados para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis.

Los laxantes osmóticos se financiarán para casos de encefalopatía portosistémica y paraplejia.

Los antagonistas del receptor opioide periférico estarán financiados para pacientes de cáncer.

Otros vasodilatadores periféricos conservarán la financiación en casos de claudicación intermitente.

Alcaloides del opio y derivados se mantendrán para pacientes con cáncer que sufran tos persistente.

Otros oftalmológicos estarán financiados en casos de síndrome de Sjögren.

Pero a pesar de esta exclusión de la financiación de más de 400 fármacos, todos los que están incluidos en la lista se pueden y se deben seguir recetando cuando el médico lo considere apropiado, aunque el paciente tendrá que abonar su coste íntegro.

Con esta revisión, según la ministra de Sanidad, Ana Mato, "se dejan de financiar medicamentos no esenciales y así se asegura el acceso a todos los fármacos necesarios para las enfermedades que ponen en peligro la vida de los ciudadanos, sin importar su coste". Sanidad ha subrayado hoy en un comunicado que España se mantiene como uno de los países europeos con más fármacos financiados y que, junto con Francia e Italia, es el único que supera los 10.000 medicamentos con cargo a fondos públicos; en concreto más de 18.000.

La medida, sin embargo, no convence a todos. Andalucía y País Vasco han criticado la falta de consenso con la que se ha elaborado el listado de fármacos. También los farmacéuticos y los médicos están disgustados por la forma en que se han seleccionado los medicamentos, sin consenso, sin consultar a las sociedades médicas y científicas. Sanidad asegura haber tenido en cuenta para la selección elementos como que estos productos están indicados para "síntomas menores", que son fármacos que comparten principio activo con otros que se venden sin receta, que se consideran "publicitarios" en el entorno europeo.

Los socialistas consideran que medidas como el copago sanitario y el medicamentazo no conseguirán los ahorros previstos y supondrán más recortes. Del mismo modo opinan sindicatos como FSS-CCOO, FSP-UGT, SATSE y CSI-F, que consideran que con la exclusión de fármacos de la financiación pública "no se ahorrará", sino que "se generará más gasto" a la sociedad. Y de "injusta" califican la medida diversas organizaciones de consumidores. A su juicio, afecta siempre "a los sectores más desfavorecidos" y "continúa un proceso de desmantelamiento de la sanidad pública".