23 agosto 2013

Valencia será la tumba del PP




El Partido Popular ha celebrado una deslucida Convención en Peñíscola, con asistencia de un desacreditado Rajoy. La elección de la ciudad castellonense no guarda relación alguna con la rica historia de Peñíscola, fortaleza templaria, sede del Papa Luna. La razón es que el alcalde de Peñíscola no está imputado, lo cual es una excepción que confirma la regla general, dada la abrumadora y nauseabunda corrupción alcanzada por el Partido Popular en la Comunidad Valenciana.

Convención del PP en Peñíscola
Convención del PP en Peñíscola
Notoriamente, están imputados el alcalde de Castellón y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. La alcaldesa de Valencia va camino de varias imputaciones, como la del caso Noos y la alcaldesa de Elche ha sido denunciada por el benemérito sindicato Manos Limpias porque en Elche el PP ni existe y funciona en negro. El alcalde de Torrevieja ha sido condenado a cárcel y para la alcaldesa de Novelda la fiscalía anticorrupción pide 11 años de cárcel. Francisco Camps va a ser, seguramente, imputado de nuevo. Hay exconselleres imputados Vicente Rambla y Rafael Blasco para el que se pide una pena de 14 años de prisión. Hay nueve imputados en las Cortes Valencianas, de lo que ningún dimite para no perder el aforamiento, lo que sitúa al PP en la desmerecida posición de partido de los imputados; poco menos que una mafia.

Están también imputados los consejos de Administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Bancaxia y Banco de Valencia, todos o casi todos militantes del PP. La nefasta gestión del Partido Popular, mediante un saqueo sistemático, ha dejado a la Comunidad Valenciana sin instituciones financieras, que habían sido el laborioso fruto de siglo y medio de honradez, pericia y profesionalidad. Con todo ello ha acabado el PP con una avaricia sin freno.

Clave en la elevadísima corrupción alcanzada por el PP valenciano han sido dos destacados miembros del Opus Dei, lo que añade un elemento de escándalo por la hipocresía y el fariseísmo, que asquea. Se trata de Juan Cotino, cuya empresa familiar Sedesa ha sido sistemáticamente primada y que ha sido quien ha enseñado las malas prácticas a los jóvenes peperos de la generación Camps. Y Federico Trillo, el abogado de Gürtel y Bárcenas, sempiterno diputado por Alicante en cuyas listas ha dejado colocada a su secretaria y en las que antes colocó a un sobrino del cardenal Herrera Oria que nadie conoce. Trillo ha sido el apoyo de todos los corruptos y corruptas, que no son pocas, de la provincia. Un hombre amante del lujo, traficante de obras de arte, indigno embajador en Londres, que sólo ha ahorrado en el transporte de militares a Afganistán, que no podían protestar, con las trágicas consecuencias conocidas del Yak-42, por lo que ha sido incapaz de pedir perdón.

El PP ha sido, además, un engañabobos para castellonenses, valencianos y alicantinos, y también para murcianos. El PP ha estado haciendo campañas bajo el lema “agua para todos” hasta que obtuvo la mayoría absoluta en Congreso y Senado y se ha olvidado por completo, no dice ni pío sobre el Plan Hidrológica Nacional. Hizo negociogürteliano con el mantra de “agua para todos” y ahora nada de nada.


Rajoy dijo en Peñíscola que su triunfo electoral se había edificado en la Comunidad Valenciana. No volverá a suceder. La Comunidad Valenciana fue un feudo socialista y erradicó al PSOE. La Comunidad Valenciana ha sido un feudo del PP y lo va a erradicar hasta hacer desaparecer al Partido Popular. Valencia será la tumba del PP.

16 agosto 2013

Un paraíso de la contratación temporal

  • UGT denuncia que el repunte del turismo no ha mejorado la calidad del empleo Los empresarios rotan un mismo puesto entre varios empleados



La evolución del mercado laboral del sector servicios (hostelería y comercio, básicamente) en la Marina Baixa, con Benidorm como punta de lanza, arroja datos, en apariencia, contradictorios: más contratos y más parados. La paradoja, según el sindicato UGT de L'Alacantí-La Marina, tiene su explicación en la estrategia de los empresarios de rotar un mismo puesto de trabajo entre varios trabajadores, en ocasiones hasta media docena veces, todos a tiempo parcial.

El sindicato llega a la conclusión de que el repunte del turismo no ha mejorado la calidad del empleo, al contrario, los trabajadores han caído en la red de la contratación eventual, que merma sus salarios y condiciones laborales.

La mayoría de los contratos se incluyen el nivel c del convenio colectivo, cuya remuneración en bruto es de 1.014 euros al mes. Y a ello se suma la práctica de los empresarios del sector servicios de tirar de los contratos en formación para cubrir puestos profesionales.



De acuerdo al informe elaborado por UGT de l'Alacantí-La Marina, en el conjunto de la Marina Baixa durante el pasado mes de julio se computaron 44 parados menos que en el mismo período del año anterior. Aunque el saldo del sector servicios fue de 258 desempleados más. Mientras, la contratación global de enero a julio de 2013 fue de 2.565 contratos, un 6,94%. La mayoría de los nuevos contratos se registraron en el sector servicios, en concreto el 88,4% del global. En ese período la contratación indefinida bajó del 6,90% al 6,01%.

En resumen, en el primer semestre de 2012 se realizaron 2.550 puestos de trabajo indefinidos por 34.144 temporales, y en estos primeros seis meses del año, los eventuales ascendieron a 37. 153 y los fijos a 2.376.

En el caso concreto de Benidorm, el paro registrado en julio subió en 172 personas, igualmente, el sector servicios copó la mayoría de los nuevos desempleados, con 229 personas. En cuanto a la contratación, de enero a julio de este año se han realizado un total de 1.223 nuevos contratos con respecto al mismo período del año anterior, lo que supone un incremento del 4,96%. En global durante el primer semestre de este en la capital de la Costa Blanca se han registrado un total de 1.229 contratos indefinidos por 24.566 temporales. En 2012, esas cifras fueron de 1.427 y 23.215. Ello significa que la contratación eventual ha seguido su escalada al alza, mientras la indefinida ha caído del 5,83% al 5,02%.



UGT mantiene que estos datos «demuestran una vez más el fracaso de la reforma laboral aprobada en febrero pasado». «Desde UGT pedimos su retirada y la introducción de medidas que apuesten claramente por la generación de empleo de calidad», añade.

El sindicato considera que, de lo contrario, «la persistencia de elevados niveles de desempleo, unido al continuado uso y abuso de la contratación temporal y a tiempo parcial conducirán a un empleo precario que seguirá deteriorando las rentas de los ciudadanos e impedirá andar por el camino de la recuperación económica».

Atención al cliente



Los dirigentes de UGT de L'Alacantí-La Marina destacan otro elemento negativo en este escalada de la contratación temporal en el sector de la hostelería, a saber, la escasa identificación del trabajador con sus funciones laborales, dado que es consciente de que su paso por el bar o restaurante será efímero, «extremo que finalmente repercute en la calidad del servicio y atención al usuario», precisa el sindicato.



El juez tiene ya acreditada la veracidad de 55 apuntes de la contabilidad b

Los pagos y donativos anotados se elevan a 1,7 millones a lo largo de 15 años


Para la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, la contabilidad paralela que Luis Bárcenas, extesorero del partido, confeccionó durante 20 años es la suma de un montón de mentiras. Para sus antecesores en el cargo, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos, también. Pero desde la publicación de los papeles, la investigación abierta en la Audiencia Nacional por el magistrado Pablo Ruz ha acreditado la veracidad de al menos 55 apuntes que suman pagos o donaciones por 1,7 millones de euros.
Se trata de anotaciones distribuidas a lo largo de 15 años, en el periodo que va de 1990 a 2008, y que han sido confirmadas bien por las pruebas aportadas al juez, bien por los testigos que han admitido ser receptores de dinero, o bien por documentos entregados por el propio Bárcenas. Muchas otras, en especial las supuestas donaciones por parte de empresarios que contrataban con la Administración, fueron negadas taxativamente por los aludidos.
El último en confirmar que cobró sobres en efectivo ha sido el gerente del PP entre 2009 y 2010, Cristóbal Páez, que también dijo haber custodiado documentos de Bárcenas. En los papeles del extesorero constan dos apuntes de 6.000 euros en los años 2007 y 2008 que fueron corroborados por Páez. Según él, fue otro extesorero, Álvaro Lapuerta, quien le entregó el dinero negro en un sobre y en billetes de 500. Él no declaró estos ingresos extraordinarios a Hacienda.

Donaciones anónimas

Son la parte del león en los papeles. La instrucción ha verificado que una parte de las donaciones ilegales que Bárcenas apuntaba en su cuaderno acabaron siendo ingresadas en una sucursal del Banco de Victoria (después Banesto) de forma fraccionada, de modo que nunca superaban el límite legal de 60.000 euros que marcaba la ley. Bárcenas llegó a hacer hasta 56 ingresos troceados por valor de 1,3 millones.

Sobres para cerrar la consulta médica

En la contabilidad b del extesorero figuran pagos al exdiputado Calixto Ayesa entre 1990 y 1995, entregados por el también exdiputado Jaime Ignacio del Burgo como intermediario entre el partido y Ayesa. Ayesa formó parte del Gobierno de Navarra tras un acuerdo con el PP. Para incorporarse tenía que cerrar su consulta médica y el partido decidió enviarle periódicamente una compensación. “Cuando el señor Del Burgo, en nombre del PP, me pide que sea consejero del Gobierno de Navarra, yo le digo que no porque tengo una situación patrimonial complicada, acabo de pagar un crédito de UCD y encima tengo que cerrar la consulta \[médica\] con tres hijos en la universidad. Era inviable”, reconoce Ayesa ante el juez. “Le planteo que no puedo ser consejero con esas condiciones. Y me dice, ya hablaré yo con ellos”. La gestión fructificó en forma de pagos que Del Burgo recogía en Madrid y llevaba a Navarra. “Me llamaba y me decía: te he traído un dinero. Cogía, iba, hablábamos de mil cosas y nunca comentamos los detalles de la operación”, explicó Ayesa. Ignacio del Burgo también figura en los papeles de Bárcenas en 2001 como receptor de 3.000 euros. Se acreditó que estos fondos fueron entregados a la concejala de UPN de Villaba Elena Murillo Gay, cuya vivienda había quedado destrozada tras un atentado de ETA.

 “Solo recuerdo que me dieron dinero”

En julio de 1999 Bárcenas apunta en su cuaderno la cantidad de dos millones de pesetas (12.000 euros) tras esta reseña: “Entrega a Álvaro Lap. (País Vasco) para Abascal”. Se trataba de Santiago Abascal Escuza, por aquella época juntero (miembro del Parlamento provincial) del PP en Álava, que estuvo en la diana de ETA durante varios años. “No recuerdo nada de todo aquello, solo que me dieron el dinero”, admitió.

Víctimas de ETA

Encarna Oviedo, viuda de Francisco Cano, asesinado por ETA, reconoció haber recibido del Partido Popular 18.000 euros tras el asesinato de su marido, Francisco Cano, concejal en el Ayuntamiento de Viladecavalls (Barcelona), en el año 2000. El pago se hizo pocos meses después del asesinato del concejal como ayuda económica para la viuda y sus dos hijas adolescentes.

El préstamo a Pío García Escudero

El presidente del Senado afirmó ante el juez Ruz que el partido le concedió un préstamo de 24.000 euros en el año 2000 para realizar obras en su domicilio, dañado por un atentado de ETA. Lo devolvió en talones y cree recordar que se los entregó a Álvaro Lapuerta. Nunca pidió ni le dieron un recibí, ni por el préstamo ni por las devoluciones. En los papeles de Bárcenas, sin embargo, solo figura la mitad del importe recibido por García Escudero.

Campaña electoral gallega

El exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, que fue encarcelado por su relación con la trama Gürtel, avaló otro de los apuntes: una devolución de 21 millones de pesetas (126.212 euros) en efectivo que hizo en nombre del PP gallego al extesorero del Partido Popular Álvaro Lapuerta en mayo de 1999.

Actos benéficos

La Fundación Humanismo y Democracia, de la que es patrono el diputado por Jaén Eugenio Nasarre, recibió 70.000 euros que fueron reflejados en la contabilidad paralela que llevaba el extesorero. Fue en dos entregas. La primera, de octubre de 2003, recibida por Nasarre en un sobre en el despacho de Álvaro Lapuerta y en presencia del entonces gerente, Luis Bárcenas. La segunda cantidad, según reconoció Nasarre, la recibió José Ramón Pin, exconcejal del PP de Madrid y también patrono de la fundación. Según letrados presentes en el interrogatorio a Nasarre celebrado el 20 de mayo, admitió que el dinero se cobró en metálico y se ingresó en la caja fuerte de la fundación haciendo figurar en la contabilidad de la misma un “donativo anónimo”. <CO>La organización pacifista vasca Basta Ya recibiría otra aportación de 3.000 euros del partido.

La esposa de Bárcenas

El grupo de comunicación de Federico Jiménez Losantos, Libertad Digital, recibió una inyección de fondos procedente del PP en 2004, según la declaración de Bárcenas. La operación consistió en la compra de acciones del grupo por parte de varias personas afines al extesorero, entre las que se encontraba su mujer Rosalía Iglesias. Después, la caja b del partido reembolsaría el dinero a los inversores. De este modo, Iglesias vio compensada la compra de 1.360 títulos del grupo de comunicación por un valor de 149.600 euros.


Más de 2.500 escolares comen en verano en Valencia gracias a ayudas sociales

FAPA Castellón denunció en junio la existencia de niños que buscaban comida en papeleras

Ni la Generalitat, ni las diputaciones de Alicante y Castellón prestan este servicio en verano



Una niña come en el colegio Vicente Mortes de Paterna. / TANIA CASTRO

Desde el 1 de junio y hasta el 31 de septiembre 2.506 niños valencianos tendrán asegurada la comida del mediodía justo cuando cierran los comedores escolares. La Diputación de Valencia ha puesto en marcha el Programa de Asistencia Nutricional a Menores para intentar paliar las necesidades de algunas familias. Pero Valencia parece una isla alrededor de la cual no existe el problema del hambre. En el resto de la Comunidad Valenciana, ni la Consejería de Educación, ni la de Bienestar Social, ni las diputaciones de Alicante y Castellón han considerado necesario poner en marcha programas similares porque, dicen, “no han llegado peticiones concretas”. La Federación de Padres de Alumnos de Castellón denunció el pasado mes de junio la existencia de niños que buscan comida en las papeleras del colegio y niños que se marean porque no han desayunado ni cenado. Unos hechos que la corporación provincial castellonense no ha tenido en cuenta a la hora de realizar su plan de ayudas sociales.
“¡Está fresquito!”, dice Laura dejando salir el aire entre sus dientecitos mientras come melón. A su lado, el que define como su “amigo de secretos”, mira la fruta de reojo y le lanza un bocado furtivo. Es verano, no tienen clase, pero les han traído al comedor del colegio Vicente Mortes de Paterna para que al menos puedan comer al mediodía. Sopa marinera, albóndigas con tomate y melón. Un menú que llena el estómago de los pequeños y evita que se agote el ya marchito bolsillo de sus familias.
92 municipios de la provincia se han acogido al plan de ayudas

Con un presupuesto total de 500.000 euros, 92 municipios de la provincia de Valencia dan de comer a niños de entre 3 y 12 años hijos de familias necesitadas mientras están cerrados los comedores escolares. Parados de larga duración, madres víctimas de violencia de género... los menores han sido seleccionados por los servicios sociales municipales entre las familias con menos recursos.
A las puertas del colegio de Paterna, Juan espera ver salir a sus hijos: “Yo tengo cuatro nanos. Ahora estoy en paro pero era gruísta. Con la crisis la faena bajó y nos echaron. Cobraba un buen sueldo, casi 1.700 euros al mes. Mi piso está en el aire porque estoy en proceso de desahucio. Jamás pensé que tendría que pedir ayuda a los servicios sociales, pero somos seis. No puedo más. El mundo se te cae”. Juan asegura que sus hijos no se dan cuenta de la situación. “Ellos no sufren. Yo les digo: ¿vamos al cole hoy y comemos? Y no se enteran mucho. Es como si aun siguieran en el colegio”. Cada día 126 menores de Paterna comen en dos centros.
Los menores han sido elegidos por los servicios sociales municipales entre las familias más necesitadas

“Los niños llegan a las 12.30, hacen grupos, se lavan y entran a comer. Después de comer salen a jugar con los monitores y a las 14.30 vienen los padres a recogerles”, explica Sol Cuenca, responsable del área de inclusión en la empresa municipal que gestiona el comedor.
“Algunos Ayuntamientos han abierto los polideportivos, han aprovechado las piscinas municipales y después han preparado los menús en la cafetería del propio polideportivo. En otros Ayuntamientos han utilizado el servicio de menjars a casa para distribuirlos”, explica Amparo Mora, responsable de Bienestar Social en la Diputación de Valencia.
El Ayuntamiento de Paterna ha optado por utilizar las instalaciones de dos colegios. La Diputación ha adelantado el precio de los menús, servidos por la misma empresa que cocina durante el año en los comedores escolares. El Ayuntamiento paga monitores, conserje y limpieza. Alfonso Romero, teniente de alcalde de Paterna, explica que “los excedentes” de este plan se destinan a una asociación de ayuda a familiares de drogodependientes.
Durante el mes de agosto, algunos niños han dejado de asistir al comedor. Los monitores explican que algunos padres se han marchado a trabajar de temporeros o no ha traído a los hijos por ser Ramadán.
MIENTRAS  ESTO ESTÁ OCURRIENDO CON MUCHOS DE NUESTROS NIÑOS, EL "SEÑOR" FABRA NI CORTO NI PEREZOSO SE PERMITE EL CAPRICHITO DE GASTARSE 300.000 EUROS O LO QUE ES LO MISMO 50.000.000 MILLONES DE LAS ANTIGUAS PESETAS DE LAS ARCAS PÚBLICAS DE TODOS LOS VALENCIANOS, EN HACERSE LA FOTO CON SU AMIGO EL ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE BALONCESTO JUAN ANTONIO ORENGA. 
LO QUE HA PASADO Y ESTÁ PASANDO  EN NUESTRA COMUNIDAD CON EL GOBIERNO DEL PP ES UNA AUTENTICA VERGÜENZA, TIENEN A MÁS DE UNA DECENA DE IMPUTADOS EN SUS FILAS, HAN DESPILFARRADO, SAQUEADO Y ROBADO A MANOS LLENAS EL DINERO PÚBLICO HASTA DEJAR LAS ARCAS VACÍAS Y EN LA SITUACIÓN DE QUIEBRA TOTAL EN QUE HOY NOS ENCONTRAMOS.

14 agosto 2013

Fabra gasta 300.000 euros de los valencianos en ‘comprarse’ un partido de baloncesto


  • El presidente de la ‘ruinosa’ Comunidad Valenciana paga a la selección que entrena su amigo personal para que jueguen en Castellón

Fabra  saludando a Orenga durante la visita del presidente al
entrenamiento de la selección española de Baloncesto

Alberto Fabra es un incondicional de los deportes. Ya controla dos equipos de fútbol – Valencia y Elche – y aspira a hacer lo mismo en el Hércules. Ahora, el presidente valenciano ha decidido ‘comprarse’ un partido de Baloncesto y la Generalitat va a pagar 300.000 euros por el primer amistoso de la selección española. Da la casualidad de que el actual seleccionador es Juan Antonio Orenga, amigo personal de Fabra en el instituto, donde compartieron equipo de baloncesto.

La Comunidad Valenciana es una de las más endeudadas de España, en una bancarrota virtual e incapaz de hacer frente a pagos esenciales de servicios. Sin embargo, eso no le impide destinar 300.000 euros a un partido de baloncesto a través de una empresa pública en disolución por su situación financiera y que ha llevado a cabo despidos entre sus trabajadores, según ha desvelado la Cadena SER.

Sin compensaciones

Años atrás, la Generalitat patrocinaba a la selección de baloncesto y su nombre iba impreso en las camisetas de los jugadores. Sin embargo, esta vez se ha optado por dar el dinero y punto, sin compensaciones. En total, 300.000 euros por un partido amistoso contra Polonia, el primero de la preparación para el campeonato europeo.

Fabra y Orenga

El partido tendrá lugar hoy en Castellón, donde también entrenó ayer el equipo. A dicho entrenamiento acudió el propio Fabra para destacar su amistad con el seleccionado, Juan Antonio Orenga. Ambos son castellonenses y se conocieron en el instituto, donde jugaron en el mismo equipo de baloncesto.

Empresa en dificultades

El pago de 300.000 euros se hará efectivo a través de la Sociedad de Proyectos Temáticos, que está en proceso de disolución, ha reducido muchísimo su presupuesto e incluso ha despedido a trabajadores.

Acuerdo verbal

El conseller de Haciendo, Juan Carlos Moragues, responsable de dicha entidad pública dice no saber nada del pago y nadie de la Generalitat ha dado explicaciones. La Cadena SER afirma además que el acuerdo con la Federación de Baloncesto es verbal y no se ha formalizado un contrato aunque hoy ya se juega el partido.

Los Cotino y el ‘negocio de juan palomo’ que tienen montado con las residencias de la tercera edad

  • El actual presidente de 'les Corts', cuando era consejero de Bienestar modificó una concesión para favorecer las empresas de su familia... Chollo que acaban de mejorarles

A finales de este mes de julio se destapó que Vicente Cotino, cabeza visible de las empresas de la familia de Juan Cotino, verdadero capo del PP valenciano -lo que le ha permitido ser consejero de la Generalitat y actual presidente de les Corts- estaba entre los grandes donantes particulares que acudían regularmente a Génova a hacer entregas de ‘donaciones’. Lo que llevó también a recordar que, casualmente, este hecho coincidía con que el gobierno valenciano, como les contamos en ELPLURAL.COM, hubiera dado concesiones por más de 800 millones de euros a las empresas de los Cotino, el grupo Sedesa.

Privatizaciones con condiciones duras, que luego se ablandan

Una historia ésta de las relaciones entre los Cotino y los gobiernos del PP, que parece incabable. Y es que en las últimas horas el escándalo ha vuelto a estallar, porque se ha conocido que uno de esos negocios que mantiene Sedesa con la Generalitat, el de las residencias para la tercera edad, ha vuelto a renovarse… y de nuevo con irregularidades, según denuncia la oposición. Irregularidades que le permiten disfrutar de un contrato por el que factura más de 40 millones de euros al año.

Juan Cotino recibiendo el saludo de Camps tras ser nombrado
Presidente de las Cortes Valencianas


Les ponemos en antecendentes. En 2001, siendo conseller de Bienestar el ínclito Rafael Blasco (ahora apartado del Grupo Popular por estar imputado en un escándalo de corrupción), la Generalitat sacó a concurso la construcción de 72 residencias y residencias de día para la tercera edad. Hasta entonces había sido el Gobierno de la Generalitat el encargado de asegurar la existencia de plazas para sus mayores. Pero el Gobierno valenciano decidió que aquello era un negocio y que lo mejor era la privatización de su gestión.

Siguiendo el ejemplo de la privatización de la sanidad

El concurso se sacó con condiciones muy duras, como si hubiera intención de que pocas empresas pudieran acceder a él. Había que asegurar en 6 meses que se tenían terrenos. Había que acabar la construcción de las residencias en 3 años. Las plazas tenían que ofrecerse donde dijera la Generalitat… Aunque el gobierno valenciano aseguraba cubrir un tercio de las plazas de cada residencia, sólo se pudieron presentar un pequeño grupo de empresas. Ni una de las del ramo pudo optar al concurso tal y como había sido ofertado. Resultado todas las elegidas, sorpresa, fueron compañías de la construcción. Entre ellas, en lugar destacado, claro, Sedesa, la empresa de los Cotino, que en este campo participa a través de una empresa llamada Savia S.L.


A quienes hayan seguido lo que ha sucedido con el ramo de la privatización de los centros sanitarios en la misma Valencia, o ahora en Madrid, no les sorprenderá saber que en su mayor parte las empresas constructoras tampoco cumplieron, pero que lejos de retirárseles la concesión, lo que se hizo fue mejorarles las condiciones. Siendo ya Juan Cotino conseller de Bienestar Social, la Generalitat ofreció a las empresas que se habían quedado con las concesión asegurarles los ingresos de un segundo tercio de plazas.

Incumplimientos sin penalización

Aclaramos. Las empresas a las que se le habían concedido los contratos tendrían que haber ‘entregado’ esas residencias en 2004. La mayor parte no lo hicieron. Las de Savia se comenzaron a concluir a partir de 2005.., algunas años después. De hecho, de las 72 residencias que se sacaron a concurso, sólo 52 se llevaron a término.


Pero lejos de retirárseles los contratos, lo que se hizo fue modificarlos para asegurar a las concesionarias ‘la compra’ no de un tercio de las plazas, como se ofrecía en el concurso de privatización por el que se hizo la selección inicial, sino que pasó a asegurárseles el ingreso por dos tercios de las plazas. Y además, como propina, el contrato, que era de 15 años, se renovó por otros 15 años contando a partir de ese momento.

Quien ordenó y firmó estas modificaciones fue… Juan Cotino. Una de las grandes favorecidas por ello fue Savia…, la empresa de la familia de Juan Cotino. “Si tu estás en el Gobierno no puedes modificar una concesión favoreciendo a tu familia -declara a ELPLURAL.COM el portavoz socialista en les Corts Antonio Torres-; es evidente que haciendo eso estas incumpliendo la ley de incompatibilidades, pero aquí se hizo y no pasó nada…”.

Trato de favor también en el plazo de pagos

Los contratos que permiten asegurarse el cobro de ese segundo tercio se han venido renovando desde entonces cada medio año. “Pero es que además en unas condiciones que no han dejado de favorecer a Savia, la empresa de los Cotino”, sigue contando a este periódico el portavoz socialista. “Como no todas las residencias se construyeron, lo que se ha hecho ha sido permitir la ampliación de las plazas aseguradas en otras residencias, con el resultado de que en estos momentos, de manera irregular, Savia está percibiendo de los fondos de la Generalitat un extra de 763.000 euros al año”. Es decir, hay residencias que están cobrando de la Generalitat más allá no sólo del primer tercio que se ofreció en el contrato inicial, sino incluso más allá del segundo tercio de plazas que Cotino graciosamente les concedió.


Según Antonio Torres, las irregularidades incluyen también los plazos de pago, en los que se favorece a estas empresas sobre otras del ramo. “Aquí en Valencia -nos dice- ya existía un grupo de empresas privadas que se dedicaban a este ramo, AERTE, que han presentado varias demandas porque le pagan con retraso por las plazas… A veces hasta casi con un año, mientras que a Savia y las demás empresas que entraron en el contrato mejorado por Cotino se les paga como mucho con dos o tres meses de retraso. Hasta en eso hay irregularidades”.

02 agosto 2013

La gestión pública de las resonancias en la Comunidad Valenciana ahorraría hasta 16,7 millones al año

La Sindicatura de Comptes audita el concierto privado y recomienda medidas a la Generalitat Valenciana



Las resonancias magnéticas son más baratas para el erario público si los aparatos son propiedad del mismo sistema valenciano de salud y las gestiona su personal. También si los informes corren a cargo de facultativos de la red pública de hospitales aunque los aparatos los suministre un proveedor privado. Hasta el contraste, el material químico que necesita esta técnica, sale más barato para la gestión pública. La Sindicatura de Comptes, en ejecución de una de sus auditorías operativas, ha revisado a fondo el concierto para la realización de técnicas de diagnóstico por imagen mediante resonancias magnéticas. Y sus conclusiones desmienten sin ambages que la prestación privada del servicio tenga ventaja alguna para la Generalitat.
El “ahorro potencial anual” oscilaría entre 3,3 y 16,7 millones de euros si la Sanidad pública valenciana prestara el servicio “con medios propios”, indica el documento que el organismo fiscalizador hizo público este jueves bajo el título Resonancias magnéticas: una oportunidad de ahorro. El coste medio por exploración fue de 257,1 euros en 2012 y se reduciría a 108,3 euros. El informe, el segundo de la Sindicatura sobre conciertos sanitarios, añade que, en el caso de que se optara por la realización de exploraciones con equipos del proveedor pero fueran los facultativos del sistema público los que informaran las pruebas, el ahorro anual se movería en una horquilla entre 406.000 euros y dos millones.
Además, la Sindicatura calcula que, visto lo que cuesta el contraste al hospital Peset de Valencia y al de San Juan, “si todo el contraste fuera adquirido directamente por los hospitales y no suministrado por la empresa concertada, el ahorro potencial anual se situaría en torno a los 900.000 euros”. Todavía podrían ahorrarse otros 465.000 euros anuales si la denominada “tasa de frecuentación” se calculara en función del número de exploraciones y no por paciente.
La concesión del servicio de resonancias magnéticas en el sistema público a empresas privadas es un asunto que levanta polémica desde hace años. La Generalitat Valenciana optó por concertar de manera general ese servicio desde los tiempos de Eduardo Zaplana en la presidencia. En 2008, con Francisco Camps como jefe del Consell, la Consejería de Sanidad lo adjudicó por 10 años a una UTE, Erescanner Salud, constituida por empresas que venían desempeñándolo por zonas y por otras que gestionan áreas sanitarias concertadas. Se trata de Eresa, Inscanner, Beanaca y Ribera Salud. El contrato es de 497,1 millones de euros hasta 2018. Como destaca la Sindicatura, ese contrato supuso “el 10,9% de los 469,5 millones de euros de las obligaciones reconocidas en 2012 de conciertos sanitarios de la Dirección General de Asistencia sanitaria”.
"Se reduciría el coste si informaran las pruebas médicos de la red pública"
Solo el Hospital Peset Aleixandre, en Valencia, que fue pionero en el uso de este tipo de equipos, y el de San Juan, en Alicante, que lo ha instalado recientemente, disponen de equipos de resonancia magnética de gestión pública. La modalidad de resonancias realizadas con equipos privados ubicados en hospitales públicos, pero con informes emitidos por facultativos del hospital, funciona en La Fe, en Valencia, y la Sindicatura recomienda que la Generalitat evalúe su “implantación progresiva”, no solo por el potencial ahorro, “sino también por prever la posibilidad de que, una vez finalice el contrato vigente, en octubre de 2018, se disponga de facultativos especialistas con la suficiente formación y experiencia para asumir, en su caso, el servicio con recursos propios”.
La Sindicatura, que ha recabado alegaciones tanto de la Consejería de Sanidad como de la UTE concesionaria, señala también en su informe que la larga duración del contrato "podría resultar un impedimento a la Administración para aprovechar ventajas que puedan derivarse de la evolución tecnológica" y señala que sería deseable, “tal y como en la mayoría de los contratos consultados de otras comunidades autónomas se ha constatado”, que el plazo fuera más reducido y, en todo caso, se contemplaran prórrogas.
El informe aborda también los controles que la consejería ejerce sobre la prestación concertada, detecta “numerosas incidencias relacionadas con una incorrecta valoración de las pruebas realizadas” y concluye que “no se dispone de información suficiente para evaluar si la empresa concertada ha cumplido los plazos establecidos en los pliegos para la realización de exploraciones”.