El anterior Plan General acumuló informes negativos del Consell en 2010 en el mismo suelo que pretende urbanizar el nuevo PGOU

El gobierno local de Relleu, del PP, impulsó en 2007 un Plan General de Ordenación Urbana con cinco sectores de suelo urbanizable con un uso residencial/hotelero, que sumaban una superficie conjunta de 2,7 millones de metros cuadrados y una edificabilidad de 593.721 metros cuadrados de techo. Finalmente lo enterró porque en 2010 le llovió una cascada de informes sectoriales desfavorables, aunque particularmente uno de ellos es demoledor y afecta gravemente al nuevo PGOU en tramitación.

Se trata del que emitió el 26 de agosto de 2010 el Técnico de Protección de Especies Antonio Mateo Castillejo. Su conclusión fue la siguiente: “Se informa desfavorablemente el Proyecto, debiéndose calificar como Suelo No Urbanizable de Protección Especial las zonas denominadas Sectores 1 al 5 del proyecto del nuevo PGOU de Relleu”. Es decir, todo el suelo que se pretendía declarar urbanizable tenía el suficiente valor ambiental y presencia de hábitat de interés comunitario, en ambos casos reconocidos de manera explícita por la Unión Europea y la legislación básica del Estado, que “deberán preservarse de cualquier alteración que suponga su degradación”.

Pues bien, una parte de ese mismo suelo no urbanizable que la Dirección General de la Gestión del Medio Natural consideró inviolable a efectos urbanísticos, pretende ser reclasificado otra vez en el nuevo PGOU que ha vuelto a impulsar el PP de Relleu y que ahora está en exposición pública.

El informe es concluyente y asegura que en el término municipal de Relleu coexisten 135 especies animales, de las que 16 están protegidas, una sobrevive en estado vulnerable y 120 (casi el 90%) son de interés especial. Respecto a la flora, existen prados calcáreos kársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi y zonas subestépicas de gramineas y anuales, ambas declaradas hábitat prioritario para su conservación por la Directiva 92/43 de la Unión Europa incorporadas a la legislación básica estatal.

Y si el informe concluye de forma clara, comienza de una manera no menos elocuente. “Se trata de un modelo de urbanismo (el vigente y el propuesto) que no responde a las necesidades propias del crecimiento vegetativo de la población del municipio, sino que se generan suelos urbanos para nuevos desarrollos a cubrir con una demanda exógena al municipio, con una ubicación que no responde a ningún criterio de racionalidad urbanística y una delimitación caprichosa”.

Pero este no fue el único informe negativo que recibió en 2010 el PGOU impulsado a la carta de convenios con empresas urbanizadoras y bajo sospecha por los intereses de algunos destacados representantes del PP de la comarca. El ingeniero de la Demarcación Este de la Sección Forestal, Carlos Martínez Saavedra, también confirmó su “valoración desfavorable respecto a algunos de los sectores urbanizables previstos, en cuanto a su afección a terrenos forestales”.

Además, la Conselleria de Educación emitió otro informe desfavorable desde el Servicio de Proyectos y Construcciones Educativas perteneciente a la Dirección General de Régimen Económico. Su entonces responsable, Mª José Vargas Molina, informó negativamente a la documentación que le remitió el Ayuntamiento el 28 de octubre de 2009, aunque previamente el PGOU de Relleu acumulaba otros dos informes negativos elaborados el 26 de marzo de 2007 y el 8 de febrero de 2008, pero también uno favorable el 8 de julio de 2008.

Y hasta la Sección de Planificación de Planificación de Carreteras emitió el 28 de abril de 2010 otro informe reclamando que se realizara un estudio de tráfico que justificara la red viaria adoptada, un estudio acústico a partir de la misma, la propuesta de accesos viarios a los sectores urbanizables con informe favorable del titular de la vía y, además, exigía la propuesta de una ronda urbana, así como acondicionar la CV-775 hasta el enlace de la AP-7 a cargo de los sectores .

El PSPV presenta una batería de alegaciones al nuevo Plan General y pide su paralización

El PSPV de Relleu ha presentado una treintena de alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Relleu, cuya nueva redacción está en exposición pública tras su aprobación plenaria el pasado 17 de julio, una semana antes de que se el Consell, a su vez, aprobara la nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana que ha sustituido a la anterior Ley Urbanística Valenciana (LUV).

Por esta razón, los socialistas abogan por “la paralización del actual Plan General”, ya que el que presentó el gobierno local, del PP, fechado en diciembre de 2012 “está apoyado en la antigua LUV y, en consecuencia, los criterios urbanísticos, ambientales, sociales, económicos, culturales y paisajísticos propuestos en el mismo no se acogen a la actual dinámica legislativa”. Además, también aseguran que la participación pública del estudio de paisaje está fechada en el año 2006.

En el plano de situación del suelo urbano y urbanizable se dibuja esta segunda tipología a más de 10 kilómetros del núcleo urbano de Relleu y otra bolsa de suelo No Urbanizable Reserva a más de 4 kilómetros. Los socialistas aseguran que, además, en el documento no se contempla la unión con la trama urbana actual del suelo urbano ya consolidado en El Muscaret, lo que “pone en tela de juicio una de las directrices relativas a la sostenibilidad y, en concreto, a la utilización racional del suelo decretada por la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, que propone un tejido urbano compacto y consolidado”.

En sus alegaciones, recuerdan que el sector 2 de suelo urbanizable tiene una superficie de 68 hectáreas, “lo que supone una superficie superior a la del actual municipio de Relleu”, y que el suelo No Urbanizable Reserva suma otras 188 hectáreas, “lo que supone cuadruplicar la actual superficie de suelo urbano”, un crecimiento al que se oponen.

Al respecto de esas 188 hectáreas de reserva, que en el anterior PGOU fracasado eran directamente urbanizables y los socialistas consideran que lo sigue siendo “encubierto”, recuerdan que dentro de esa bolsa de suelo son propietarios el actual alcalde, Santiago Cantó, y la teniente de alcalde, Elisa Lloréns, o en su defecto sus respectivos cónyuges, por lo que instan “a las administraciones competentes a realizar un exhaustivo control sobre este hecho y a que se tomen las consiguientes medidas disciplinarias y administrativas”, por cuanto consideran que es el equipo de gobierno el encargado de designar las diferentes áreas para la clasificación y calificación del suelo.

Este periódico ya publicó que del intento de 2007 de reclasificar a la carta en plena burbuja inmobiliaria para satisfacer intereses privados cinco sectores de suelo urbanizable con un uso residencial/hotelero, que sumaban una superficie conjunta de 2,7 millones de metros cuadrados y una edificabilidad de 593.721 metros cuadrados de techo, se pasó el pasado 18 de julio a que el mismo gobierno del PP aprobara este otro Plan General de Ordenación Urbana en el que solo se reclasifican directamente 751.270 metros en dos sectores, el de 66.859 metros colindante con el casco urbano actual y otro de 68,44 hectáreas que linda con el término municipal de Orxeta. Sin embargo, en el segundo haría falta que el futuro urbanizador ampliara en más de un kilómetro la antigua carretera del pantano para darle acceso al sector. La colmatación de ambos supondría la construcción de 2.110 nuevas viviendas y 4.50o nuevos habitantes, lo que multiplicaría casi por cuatro la población actual del municipio.

Pero la reserva de suelo en la partida de Muscarets, que supone el 2,47% de todo el término municipal (casi 1,9 millones de metros más), podrán ser objeto de desarrollo urbanístico en el futuro en el momento que las condiciones socioeconómicas y legislativas así lo permitan, aunque deberá observar las directrices estratégicas de evolución urbana y ocupación del territorio del PGOU. Es decir, que deja la puerta abierta a seguir urbanizando.

Un proyecto de cambio para el pueblo valenciano

La irrupción de Podemos en las elecciones europeas y su progresivo crecimiento en las encuestas ha revolucionado el panorama político estatal. Este fenómeno ha sido aún mayor en territorio valenciano, donde la situación política permanecía desde hace años en coma inducido por una casta muy bien asentada; una casta que durante muchos años ha desarrollado una red de clientelismo y corrupción sin igual por cada rincón del País Valencià. Este sistema caciquil se ha aprovechado de la cultura y la identidad del pueblo valenciano para enfrentarlo consigo mismo y fortalecerse como única defensora de las tradiciones y el sector productivo. Tradiciones que ha banalizado, fomentando su lado más rancio y elitista, y un sector productivo –industrial y agrícola– ninguneado y destruido a cambio de un sistema inestable y precario, basado en el turismo y la construcción. En definitiva, una casta descarada y prepotente, nostálgica de una España caciquil. Sin embargo, hay que reconocer la inteligencia y meticulosidad con la que las élites valencianas han extendido su control por todo el territorio y se ha servido de este sistema para mantenerse en el poder durante 20 años. Quizá el ejemplo más evidente sea el de la familia Fabra que ha perpetuado su gobierno en Castellón durante siglos, generación tras generación hasta nuestros días.

 

Tal ha sido el revuelo formado por Podemos, que ha desenterrado cuestiones políticas que permanecían latentes desde la Transición. Temas tan relevantes como la necesidad de unos medios de comunicación libres, imparciales, en valenciano y arraigados en nuestro territorio, o el desarrollo de un modelo industrial actualizado y sostenible en el País Valencià, han vuelto a estar al orden del día. Pero sin duda, uno de los debates fundamentales que han vuelto a la palestra con más énfasis ha sido el de la denominación de nuestro territorio.

 

Una vez desaparecido el Reino de Valencia a principios del siglo XVIII, los y las valencianas que se percibían a sí mismas como un pueblo con historia, lengua, tradiciones y cultura comunes, utilizaban el nombre de País Valencià. Este nombre fue popularizado por los escritores valencianos a principios del siglo XX y fue adoptado por la mayoría de organizaciones y movimientos sociales de la época. De hecho, durante la Segunda República existía un consenso en referencia a este nombre en toda la sociedad valenciana y es el nombre que habría recibido la autonomía valenciana de haber tenido tiempo para constituirse. Más tarde, durante los últimos años del franquismo, los movimientos progresistas por la democracia retomaron esta denominación y, durante la Transición, se creó un gobierno provisional autonómico –hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía– con el nombre de Consell del País Valencià.

 

Por otro lado, el término Comunidad Valenciana fue inventado en 1982 en el Congreso de

los Diputados. La derecha, con mayoría absoluta entonces, percibió que el nombre que había escogido democráticamente la ciudadanía valenciana para su territorio, País Valencià, sonaba mucho a autogobierno, demasiado a democracia. De este modo, modificaron el Estatuto de Autonomía que había sido aprobado en las Cortes Valencianas con el consenso de todos los partidos y diseñaron la denominación Comunidad Valenciana. Este nombre encajaba más en el proyecto de la casta, impulsado por los tecnócratas franquistas en la década de los cincuenta y ampliamente desarrollado en nuestros días. El proyecto consistía en convertir al “Levante español” en el resort de vacaciones de Europa, un paraíso de construcción, corrupción y clientelismo. El Partido Popular necesitaba convertir la estructura autonómica valenciana en una herramienta vacía de la que pudieran servirse para regalar la gestión de los servicios públicos y la construcción de grandes e inútiles infraestructuras a sus amigos. De este modo asentaban su control clientelar sobre las grandes familias propietarias de tierras y constructoras –que siempre han gobernado este territorio– bajo una versión adaptada del caciquismo, pero con profundas raíces en el originario.

 

Cualquier seña de identidad valenciana debía ser eliminada para construir este fortín de la casta. Por ello, la segregación lingüística, el olvido de nuestra historia y nuestra cultura, o el caso reciente del cierre de RTVV no son casuales, forman parte de una estrategia minuciosa para beneficiar a una minoría. El proyecto de la casta valenciana es un pack único e indivisible, algo que el PPCV tiene muy claro. Por esto, cuando el Govern Valencià se siente amenazado, agita la bandera de la Comunidad Valenciana y tacha de “independentista” y “pancatalanista” a la oposición. Saben perfectamente que si el pueblo valenciano borra su memoria y olvida sus raíces, su lengua, su cultura y la identidad que lo mantiene unido, conseguirán seguir gobernando dos décadas más.

 

Así, País Valencià es el proyecto antagónico al de la casta. Durante todo el siglo XX, este proyecto se ha nutrido de las luchas por la democracia, por el cambio, por lo social, por el trabajo digno, por el autogobierno y por la defensa de la lengua y la cultura valencianas. Sin embargo, es un proyecto todavía por construir. En él los y las valencianas tenemos la oportunidad de reencontrar lo que nos une y lo mejor de nuestro pasado y de todas aquellas personas que lucharon por cambiar esta sociedad. Tenemos la oportunidad de no cometer los mismos errores, de rechazar el proyecto de la casta, el proyecto de “Comunidad Valenciana”, y dar contenido esta alternativa posible para una mayoría social de cambio de nuestro pueblo.

 

Víctor Alarcón

Martes 9 de septiembre de 2014