El PP rechaza en el Congreso crear un fondo de 1.000 millones para rescatar personas de la pobreza

Cola de ciudadanos a la espera de recoger alimentos en la Cruz Roja

La portavoz del PP en materia de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha avanzado que su grupo parlamentario rechazará en el Congreso este martes una propuesta del PSOE de crear un fondo dotado con 1.000 millones de euros para rescatar a las personas de la pobreza. Por tanto, la iniciativa no saldrá adelante puesto que los “populares” cuentan con mayoría absoluta en el arco parlamentario.

Se trata de una moción, consecuencia de una interpelación que fue defendida a comienzos de octubre por la responsable de Políticas Sociales del PSOE, Trinidad Jiménez, y debatida con la ministra del ramo, Ana Mato. No obstante, el PSOE ha pactado una enmienda con CiU y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), aunque finalmente no saldrá adelante.

En ella, se planteaba entre otros puntos la creación de ese fondo, a repartir entre ayuntamientos y tercer sector, en coordinación con las comunidades autónomas, así como destinar subvenciones a actividades de interés social, en la forma que reglamentariamente se establezca, el 1 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2013, correspondiente a los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido.

También, se planteaba la realización de estudios para delimitar los umbrales de pobreza, con arreglo a los criterios fijados por la UE, al objeto de reorientar las políticas públicas dirigidas a su erradicación, así como la promoción ante las instituciones europeas de la creación de un Fondo Europeo de estas características.

MIL MILLONES PARA CIUDADANOS

En su argumentación, la secretaria de Política Social del PSOE ha defendido que si se pueden destinar 60.000 millones de euros para rescatar a la banca, se podrá disponer de 1.000 millones de euros para rescatar a los ciudadanos.

Según ha explicado, se trataría de un fondo coyuntural "para contribuir a paliar la situación de extrema necesidad de cada día más ciudadanos, afectados por situaciones dramáticas, como el paro o los desahucios, que está poniendo en riesgo la cohesión social".

En su turno de réplica, Susana Camarero, del PP, ha dicho que los datos "lo dicen todo" y por ejemplo, más de dos millones de niños en España están bajo el umbral de la pobreza. Eso sí, ha acusado al PSOE "de este drama y de los miles de personas que, a su juicio, no se merecen ser utilizados para conseguir un voto".

"Mientras que su Gobierno arruinaba a los españoles y ponía el sistema del bienestar al borde del precipicio, para este Gobierno es una prioridad y, son muchas las medidas que está tomando para la recuperación económica y salir de la crisis", ha defendido.

Así las cosas, las declaraciones de Camarero han suscitado un ´rifirrafe´ entre ella y su homóloga socialista, que le ha pedido que no responsabilice al PSOE de la pobreza en España porque ella ha defendido su propuesta "desde el máximo respeto". "Le pido que no haga alusiones a un supuesto cinismo, que en ningún momento he mantenido y en un tema que afecta a tantas personas", ha recalcado Jiménez.

Por su parte, Camarero ha avisado a Jiménez de que es "corresponsable" de la situación de crisis y pobreza que España vive en la actualidad. "Entiendo si le molesta su etapa de ministra y no se puede sentir satisfecha", ha sentenciado.

Desde la Izquierda Plural, su portavoz, José Luis Centella, ha dicho que "la gente no puede esperar más" y son ya miles los españoles que hoy ven cómo su mundo se derrumba.

Mientras que Carles Campuzano, de CiU, ha puesto de manifiesto que en los Presupuestos Generales del Estado, actualmente en tramitación, algunas de las decisiones afectan a los derechos más débiles de la sociedad.

Desde luego con esta actitud el PP demuestra la catadura moral a que nos tiene acostumbrado. Ni  tan siquiera desea ayudar a los ciudadanos que se encuentran en la pobreza debido a los recortes que han propiciado, pero si auxilian a la Banca con miles de millones de euros es vergonzoso e inhumano .

El Gobierno aprueba la barra libre para los despidos colectivos en la Administración

• Como ya adelantó ELPLURAL.COM, el sector público podrá equipararse al privado gracias a la reforma laboral

Lo adelantó ELPLURAL.COM en julio pasado y lo confirma ahora el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los trabajadores públicos ya no cuentan con la estabilidad laboral de la que gozaban. La reforma laboral les equipara a los del sector privado cuando hay dificultades. Los organismos y entidades públicas podrán aplicar despido colectivo, con indemnizaciones de 20 días por año trabajado, si hubieran tenido déficit presupuestario en el ejercicio anterior y si su crédito presupuestario se hubiera reducido en un 5% en el ejercicio en curso y en un 7% en los dos ejercicios anteriores.

La medida está incluida en el reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada que fue aprobado por el Consejo de Ministros, el pasado viernes, y ha sido publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El reglamento entrará en vigor desde este miércoles y describe los pasos a seguir cuando las empresas privadas quieran llevar a cabo un ERE de extinción (despidos colectivos), de suspensión y de reducción de jornada. También regula el procedimiento que deberá utilizar el sector público en estos mismos casos.

ELPLURAL.COM dio pistas en julio de lo que vendría

En el caso de las administraciones públicas se podrá aplicar cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria “sobrevenida y persistente” para la financiación de los servicios públicos, considerándose que es persistente si se alarga durante tres trimestres consecutivos. En julio pasado, ELPLURAL.COM adelantó por dónde irían los derroteros en materia laboral para las administraciones públicas, y cómo se irían equiparando al sector privado.

Las circunstancias

La disposición del Gobierno explica que existe insuficiencia presupuestaria cuando se den las siguientes circunstancias: que la Administración Pública en la que se integra el departamento, órgano, ente organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario en el ejercicio anterior y “que los créditos del departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores”.

Despidos colectivos

Según el reglamento aplicado por el Ejecutivo se podrá iniciar un procedimiento de despido colectivo en el supuesto en el que, en un periodo de 90 días, el ERE afecte al menos a diez trabajadores en departamentos con menos de 100 trabajadores en ministerios y organismos dependientes de la Administración General del Estado, consejerías de las comunidades autónomas o entes vinculados a las mismas y entidades de la Administración Local. También se podrá poner en marcha el despido colectivo si los afectados son el 10% de los laborales de una plantilla compuesta por entre 100 y 300 trabajadores o si el número de afectados es de 30 trabajadores en una plantilla de más de 300 trabajadores.

El personal fijo tendrá prioridad

El personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo tendrá prioridad de permanencia en los entes públicos afectados por el despido colectivo. Si la entidad promotora del procedimiento no hubiera establecido esta prioridad, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o autoridad autonómica equivalente podrán aplicar dicha prioridad si lo ven adecuado a las circunstancias.

Este Reglamento deja vía libre a todas las administraciones públicas como Ayuntamientos, Diputaciones, Administración Central, Autonómicas y Empresas Públicas para poder efectuar ERES es decir despidos colectivos con el personal laboral que prestan sus servicios en dichas administraciones, equiparándose de esta forma con el personal de las empresas privadas y todo ello gracias a la REFORMA LABORAL del PP que para lo único que ha servido es para generar más paro y desesperación entre los trabajadores de nuestro País que ven con impotencia como pierden su puesto de trabajo sin que el  gobierno haga algo para evitarlo.

SOCIALISTAS

El Partido Socialista Obrero Español es determinante para la política española. Los conservadores –sólo en España llamados liberales-, sin embargo, mantienen casi siempre un número similar de votos en las urnas.

La presencia de los socialistas en las instituciones, entonces, depende de la voluntad de los ciudadanos de izquierdas quienes además de ser más numerosos, son más críticos y se quedan en casa decepcionados cuando observan que el proyecto no tiene nada que ver con ellos.

Los ciudadanos de izquierdas votarían un partido que se mostrara como suyo alentando la participación y la democracia interna. Ciudadanos que demandan una alternativa basada en las ideas reformistas socialdemócratas. Españoles que aspiran a que esa organización tenga una unidad determinante en cualquier punto del territorio, sin contradicciones evidentes que desprestigien el proyecto: Y aspiran, también, a una dirección más fuerte que dirija un proyecto que debe ser coherente en tiempo y espacio.

Primero, democracia. Los socialistas españoles saben con nitidez que su partido está conformado como instrumento de la clase trabajadora, no para el deleite de sus dirigentes o el hogar de sus militantes. Por ello es consciente de que sólo haciendo participar a todos, abriendo las ventanas, primarias abiertas, una intensa participación, alcanzaremos la hegemonía social necesaria.

Segundo, las ideas. Los socialistas españoles son los mejores conocedores de la necesidad de reformas en una nación que aún no ha acabado de llevarlas a cabo y que precisa de un mensaje de centro izquierda para alcanzar una mayoría social que les permita continuarlas.

Precisamente por haber sido protagonistas de las principales reformas del país –Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Dependencia, Seguridad Social-, los socialdemócratas son los que mejor conocen qué reformas aún debemos profundizar, alejándonos, cuanto más mejor, de las ocurrencias y de las excentricidades.

Tercero, unidad. Los socialistas de España conocen que una vez establecidos los cauces democráticos, la dirección debe ser suficientemente fuerte como para implementar un mismo discurso, sólo adaptado a las pluralidades, especialmente ideológicas y territoriales, siempre matices sobre el programa máximo.

Los socialistas españoles conocen que una de sus principales fortalezas se produce cuando el partido, aún respetando la pluralidad de España, dice lo mismo en Manresa que en Olivenza, en Bárcena de Pie de Concha que en Zahara de los Atunes. Por eso, más que un líder, necesitamos un partido.

Porque los socialistas españoles, por ello, no dudan en defender el ideal republicano, más allá del nombre de la Jefatura del Estado, como aquel lugar ideológico donde cualquier ciudadano tiene los mismos derechos y obligaciones, viva donde viva. Somos contrarios por lo tanto a las posturas secesionistas borrosas, sabedores que si una parte se desmiembra del conjunto significaría la propia ruptura de todo el conjunto, y que el derecho a elegir pertenece al conjunto en sí mismo.

Cuarto, dirección. Los socialistas españoles saben que, a partir de esa dirección federal fuerte, más fuerte cuanto más democráticamente haya sido elegida, debe ser la que induzca a los socialistas en las instituciones a presentar una alternativa, importante por la relevancia de la socialdemocracia y urgente por la existencia de una situación urgente.

Y sabiendo todo esto, ¿qué hacemos que no lo ponemos en práctica?

Antonio Miguel Carmona es miembro del Comité Federal del PSOE y profesor de Economía

Los socialistas de Relleu estamos totalmente de acuerdo con este artículo  del compañero Antonio M. Carmona. 

Es evidente que si de verdad queremos volver a tener el apoyo de los ciudadanos lo primero que tenemos que hacer es empezar por ordenar nuestra propia casa para dotarnos de mucha más democracia interna, es decir, aplicar la formula de un militante un voto para acabar con la representación de delegados que todos sabemos de sobra como funcionan. Además para elección de cualquier cargo orgánico que se produzca en nuestro partido debemos de  convocar primarias para que participen los militantes y simpatizantes. Y lo más importante, tenemos que renovar nuestras ideas para dar soluciones reales por la izquierda a los graves recortes a los que hoy se enfrentan los ciudadanos en  el Estado del Bienestar con pilares tan importantes para la sociedad como la Sanidad la Educación o la Dependencia.

LA ESTAFA DE LA DEUDA PÚBLICA

Según el pensamiento dominante en los establishments financieros, políticos y mediáticos que configuran la sabiduría convencional en el conocimiento económico, la deuda del Estado español (aproximadamente un 90% del PIB) se debe al excesivo gasto público realizado en el país durante los años de bonanza en los que se despilfarró el dinero público. Y para confirmar tal aseveración se citan casos como el del AVE, que en muchas partes de España apenas tiene pasajeros, o las carreteras que no llevan a ninguna parte y muchos otros ejemplos de derroche de dinero público que –según la sabiduría convencional- nos han llevado a la crisis actual. Un indicador de tal crisis es la elevada prima de riesgo que el Estado español tiene que pagar para poder conseguir dinero de la banca, pues ésta (conocida como los mercados financieros) está dejando de tener la confianza en la capacidad del Estado en poder pagar los intereses de su deuda pública. De ahí la necesidad de recortar gasto público a fin de disminuir el déficit y la deuda pública y recuperar así la famosa “confianza de los mercados”, la frase más utilizada en la narrativa oficial de los gobiernos español y catalán para justificar sus recortes presupuestarios.

La gran estafa

El crecimiento de la deuda pública, sin embargo, tiene muy poco que ver con la supuesta exuberancia del gasto público. En realidad, el gasto y empleo público español, incluyendo el catalán, son los más bajos de la UE-15. Sólo un adulto de cada diez trabaja en el sector público en España (en Catalunya no se llega ni a este ratio). En Suecia, es uno de cada cuatro. La hipertrofia del sector público, que según el dogma neoliberal dominante está ahogando la economía española, es una de las falsedades más notorias que se transmite con mayor frecuencia en los mayores medios de información. Los datos, fácilmente accesibles, muestran precisamente lo contrario. El Estado en España (y en Catalunya) es uno de los más pobres de la Unión Europea de los Quince, UE-15. Ahora bien, los economistas de FEDEA, los gurús mediáticos –como Xavier Sala i Martín y otros- continuarán, contra toda la evidencia existente, subrayando que la raíz del problema que tiene España, incluyendo Catalunya, es su excesivo gasto público, que –según ellos- ha generado el gran crecimiento de su deuda pública.

La causa real del crecimiento de la deuda

La causa más importante (y más silenciada por los medios) de la elevada deuda pública en España ha sido el dominio de la banca –y muy en especial de la banca alemana- y de las fuerzas neoliberales que ésta promueve en el diseño del euro y su sistema de gobierno. Veamos los datos. Tales fuerzas establecieron un Banco Central que no era un Banco Central, sino que era un enorme lobby de la banca. Lo que hace un Banco Central en un país es imprimir dinero y con este dinero compra deuda pública a su Estado, de manera que si los intereses de sus bonos se disparan porque el Estado tiene dificultad para venderlos, el Banco Central entra y compra muchos bonos, con lo cual los intereses bajan. El Banco Central está ahí para defender a su Estado frente a la especulación de los mercados financieros. En contra de lo que se dice y de lo que se escribe, los intereses de la deuda los decide un Banco Central, no los mercados financieros.

Ahora bien, cuando se estableció el euro, el Estado español perdió tal capacidad de imprimir dinero y comprar deuda pública. Se delegó tal autoridad al Banco Central Europeo, que sigue imprimiendo dinero pero no para prestarlo al Estado español (la compra de deuda pública, en la práctica, es un préstamo al Estado), sino para prestarlo a la banca privada a unos intereses bajísimos (menos de un 1%). Y es esta banca privada la que compra deuda pública a unos intereses elevadísimos (un 6% o un 7% en el caso español o italiano). Es un negocio redondo para la banca. El chanchullo del año. La banca, incluyendo la banca alemana, se ha forrado de dinero durante todos estos años. Nunca les había ido tan bien. Chupaban la sangre (los altos intereses de la deuda pública) al Estado, y cuando éste parecía que iba a desmayarse o morir, entonces (y sólo entonces), el Banco Central Europeo le prestaba dinero al Estado, es decir, le compraba deuda pública para que continuara viviendo, a fin de que la banca privada, como sanguijuela, pudiera continuar chupándole la sangre (es decir, su dinero).

Este entramado, en el que el BCE da dinero a la banca privada a unos intereses bajísimos, se justifica con el argumento de que así se garantiza el crédito necesario para las familias y para las empresas medianas y pequeñas (que crean la mayoría de puestos de trabajo). Pero el crédito ni está ni se le espera. En realidad, a pesar de que el BCE ha dado desde diciembre de 2011 más de un billón de euros (sí, un billón de euros) a la banca privada (la mitad de este billón fue a la banca privada española e italiana), el crédito continúa escaso, pues la banca tenía otras inversiones (como comprar deuda pública) mucho más rentables que la de ofrecer crédito.

Cualquier persona normal y corriente se preguntará, ¿por qué el BCE no prestó este dinero a los Estados de la Eurozona en lugar de prestarlo a la banca para poder financiarse sin necesidad de pagar unos intereses tan elevados a la banca privada? Por extraño que parezca, nadie en la estructura de poder que gobierna la Eurozona se planteó, hasta hace muy poco, esta pregunta. Y ello, como resultado de estar imbuidos en el dogma neoliberal, que es la ideología promovida por el capital financiero, es decir, por la banca (además de las compañías de seguro, fondos de alto riesgo y un largo etcétera).

Si el BCE hubiera prestado el dinero al Estado español, en lugar de éste tener que pedirlo a la banca privada, el Estado hubiera ahorrado muchísimo dinero. El Estado, en lugar de pagar unos intereses al 6%, hubiera pagado al 1% (como pagan los bancos para obtener dinero del BCE), ahorrándose muchísimo, pero muchísimo dinero, sin que hubiera aparecido el problema de la deuda pública, y sin que se hubiera necesitado hacer ningún recorte de gasto público. Hoy, uno de cada cuatro euros que el Estado se gasta va para pagar su deuda pública, predominantemente a los bancos. Si hubiera recibido dinero directamente del BCE no habría habido ninguna necesidad de hacer recortes.

El economista Eduardo Garzón ha calculado (en su artículo “Situación de las arcas públicas si el estado español no pagara intereses de deuda pública”) lo que el Estado español tendría como deuda pública (desde 1989 a 2011) si hubiera tenido un Banco Central que le hubiera prestado dinero al 1% de interés, sin tener que recurrir a la banca privada pagando los elevadísimos intereses que ha pagado. Pues bien, la deuda pública sería hoy un 14% del PIB (sí, ha leído bien, un 14%) en lugar de un 90%. Este es el enorme coste al Estado español de haber tenido el sistema de gobernanza del euro tal como ahora existe, sistema de gobernanza que se diseñó para optimizar los intereses de la banca a costa de los intereses de la población y de su Estado. Hoy España, incluyendo Catalunya, no tendría los problemas que tiene si hubiera tenido un Banco Central propio digno de su nombre, o hubiera tenido un Banco Central Europeo que hubiera sido un Banco Central.

Las injusticias del sistema actual

El sistema de gobierno del euro es, además de sumamente ineficiente, profundamente injusto, pues está originando un proceso redistributivo enormemente regresivo en el que la gran mayoría de la población está pagando con impuestos el pago de los intereses de la deuda pública del Estado, y con ello está transfiriendo a los súper ricos (que compran los bonos a través de los bancos) dinero para pagarles lo que el Estado les debe al haber comprado deuda pública. Esta transferencia de dinero se realiza también a nivel de la Eurozona, de manera que los países que tienen que pagar intereses de la deuda más altos (los países del Sur) los pagan a los bancos del Norte (que han invertido cantidades muy significativas de su capital en comprar deuda pública de tales países que generan unos intereses exuberantes, alcanzando unos beneficios estratosféricos). Alemania tiene 200.000 millones de euros en tal tipo de inversiones en España. En realidad, los famosos 100.000 millones de euros que la Unión Europea puso al alcance de España para “salvar sus bancos” era, en realidad, dinero (aprobado por el Parlamento Alemán) para salvar a los bancos alemanes (tal como han reconocido varios economistas asesores del gobierno alemán) que estaban con el agua al cuello debido a la deuda pública y privada española, ya que tenían pánico a que no les pudieran pagar. Será el pueblo español el que pagará los 40.000 millones que el Estado ha pedido para pagar tal deuda, situación que es profundamente injusta. Si después de leer este artículo usted, lector, no está indignado, es señal de que, o bien es usted parte del problema o es que no me he explicado bien. En este caso, le aconsejo lea el libro de Juan Torres y yo, Los Amos del Mundo. Las armas del terrorismo financiero donde expandimos lo que brevemente presento en este artículo. Pero créame que hay causas para estar más que indignado. Hoy se está desmantelando el escasamente financiado Estado del bienestar en España, incluyendo en Catalunya, para que los bancos puedan comprar su deuda pública, la cual consiguieron diseñando un sistema en que sus beneficios, que afectan a un sector superminoritario (lo que los indignados estadounidenses Occupy Wall Street movement llaman el 1%) se realice a costa de la miseria de todos los demás. Así de claro. Léase el libro y lo verá.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

El nuevo ninguneo del Gobierno al PP valenciano evidencia su escaso peso en el partido

• La última bofetada de Rajoy pone a Alberto Fabra ante la rebelión, la dimisión o… la sumisión

El presidente de la Genralitat Alberto Fabra

Ninguneo, menosprecio, bofetada, castigo… Cualquiera de los términos expresa con exactitud el correctivo que le ha administrado Rajoy a Alberto Fabra a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado, al rechazar las enmiendas que el presidente de la Generalitat había anunciado en las Cortes Valencianas. Liderar una rebelión del PP valenciano para exigir a Madrid lo que les corresponde o arrojar la toalla y dimitir son las dos opciones que por dignidad política debería barajar Fabra.

En un intento de hacer patente su descontento por los Presupuestos, Alberto Fabra apostó fuerte y perdió al anunciar en sede parlamentaria que enmendaría las cuentas del Estado para corregir la discriminación que supone la inversión que realizará el Estado en la Comunidad Valenciana en 2013, que se reduce en un 35% en relación a 2012 y en un 57% a la del último año de Zapatero. El gasto supone un 6,1% del total frente al 11% que representa la población valenciana. Fabra jugó tan fuerte que ni siquiera pactó previamente las enmiendas con el PP del Congreso antes de hacerlas públicas.

Un menosprecio de cien mil euros

De los 144 millones en los que Fabra cifró el dinero que lograría con sus enmiendas, tan solo recibirá cien mil euros para una línea férrea regional. Un ninguneo en toda regla por el que el Gobierno valenciano ve rechazada la petición de 76 millones más para el Corredor Mediterráneo, cuando el PP del Congreso sí aceptó tramitar las enmiendas de otros gobiernos populares que reportarán 85’4 millones adicionales a Aragón, 7’1 a Galicia, 6 a Castilla y León, 3 a Murcia y 1,4 a Madrid. Fuera del debate político quedan los 73 millones destinados a paliar los daños causados por la reciente riada en Murcia.

Los sapos que se tragó Rajoy

El malestar en el seno del PP valenciano es patente por el menosprecio con que, desde que asumiera la Presidencia del Gobierno, Rajoy trata a la Comunidad Valenciana, -uno de los principales granero de votos populares- que no ha vuelto a pisar desde la campaña electoral de noviembre pasado. El inquilino de La Moncloa parece estar haciendole pagar a Fabra los sapos que se ha tenido que tragar a cuenta de los casos de corrupción en que está inmerso el partido. Así, el presidente valenciano mantiene en el parlamento autonómico a diez diputados imputados por temor a perder su actual cómoda mayoría.

Rajoy no ha debido olvidar la proclama con la que tuvo que defender a un enrocado Camps en la abarrotada plaza de toros de Valencia: “¡Paco, estamos contigo. Yo siempre estaré detrás de ti, o delante o al lado, me es igual”! Hasta que pudo deshacerse de él. Por lo visto hasta ahora, Rajoy no está ya ni delante, ni al lado, ni detrás, sino en contra de los populares valencianos.

Desconcierto por las afrentas

En la dirección del Partido Popular valenciano se entienden mal las afrentas que el Gobierno valenciano recibe desde Madrid, por cuanto fue el mismo Rajoy quien impuso a Fabra como sustituto de Camps. Porque al bofetón de los Presupuestos habría que añadir el retraso en la aprobación del Fondo de Liquidez Autonómico con que levantar la situación de quiebra actual de la Generalitat y pagar a los proveedores o la negativa a revisar el sistema de financiación autonómico, que castiga gravemente a los valencianos.

El reto de Alfonso Rus

Solo Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, ha tenido el valor de hacer públicas las quejas que en el seno del partido se extienden de puertas para adentro y, con el estilo propio que le caracteriza, ha plantado cara “a Mariano o a quien sea” responsable de la falta de inversiones. Con su proclama, el también presidente provincial del PP no hace sino reclamar de Fabra que ejerza el liderazgo que le exigen tantos dirigentes y militantes de base con un mensaje más reivindicativo.

Liderazgo o dimisión

Fabra tiene ante sí el dilema de ejercer su liderazgo, movilizar al partido frente al despropósito de los Presupuestos y demás ofensas, defendiendo los intereses de la sociedad valenciana, o bien reconocer su incapacidad y nulo peso político en Madrid y renunciar al cargo por dignidad política y personal. Claro que también puede optar por la solución más sencilla: ser un militante disciplinado, agachar la cabeza ante los agravios de la Moncloa y mantener su gobierno bloqueado y sin una acción política con que afrontar la crisis económica.

“Agraviado” pero disciplinado

Por lo visto hasta hora, el presidente valenciano ha optado por ser disciplinado y esta mañana, tras reconocer que se sentía “agraviado”, culpó a la “herencia socialista” de las dificultades económicas del Gobierno para satisfacer sus peticiones. Fabra hizo además un brindis al sol al anunciar que su gobierno “seguirá trabajando con los distintos ministerios para ir resolviendo, a lo largo del año, esas carencias que creemos que tienen los presupuestos”, cuando bien sabe que nada podrá “rascar” de los ministerios sin una dotación en los Presupuestos para sus reclamaciones. El presidente de la Generalitat reconoció además que no había hablado con Rajoy desde que se rechazaron sus enmiendas, aunque sí con la vicepresidenta y algunos ministros.

Propuesta envenenada

Mientras, los tres grupos de la oposición han pedido la dimisión del presidente de la Generalitat “si no es capaz de defender los intereses de los valencianos”. Tanto los socialistas como los nacionalistas de Compromís le han pedido a Fabra que ordene a los diputados valencianos del PP que rompan la disciplina de voto y que “para salvar la dignidad de la Generalitat” respalden sus enmiendas por las que el PSPV-PSOE reclama 150 millones y los nacionalistas 700.

Camps acumula tres empleos cuando el 28% de los valencianos está en paro

• A su condición de diputado y miembro del Consejo Jurídico Consultivo suma ahora el de profesor en la Universidad Católica

Francisco Camps Expresidente de la Generalitat Valenciana

Mientras el 28% de los valencianos está en paro y cada vez es más angustiosa la búsqueda de trabajo, Francisco Camps acaba de sumar su tercer empleo simultáneo. El expresidentes de la Generalitat Valenciana va a compaginar su condición de diputado en las Cortes Valencianas y de miembro del Consejo Jurídico Consultivo (CJC) con el de profesor en la Universidad Católica de Valencia, en donde impartirá un master. Seguro que ahora con tres empleos sí podrá pagarse sus trajes, esas prendas que han arruinado su vida pública hasta convertirlo en un cadáver político.

Camps sigue manteniendo su escaño como diputado del PP en las Cortes Valencianas, pese a que su presencia allí es prácticamente nula. Desde que tuviera que dimitir por el caso de los trajes, sobran casi la mitad de los dedos de una mano para contar las veces que ha honrado, es un decir, a sus compañeros de bancada con su presencia. Por supuesto, su asistencia siempre ha sido presencial, puesto que jamás ha subido al estrado para intervenir. La condición de aforado que el escaño le otorga ante futuras citaciones judiciales alienta su deseo de aferrarse al sillón parlamentario.

Los privilegios de un expresidente

Su segundo empleo, el de miembro del Consejo Jurídico y Consultivo de la Comunidad Valenciana lo logró cuando dimitió al acogerse al estatuto de expresidentes, una ley preñada de privilegios que Zaplana le hizo tragar al entonces líder de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, cuando este pensó que algún día llegaría al Palau de la Generalitat.

El estatuto de expresidentes le permite a Camps disfrutar de coche, conductor, secretaria y despacho, que pagan los valencianos de su bolsillo, pues el coste que esos privilegios acarrean van a cuenta de la Generalitat. Cuando se integró en el CJC, Camps renunció a los 33.000 euros de sueldo que le correspondían como diputado, pero pasó a cobrar 57.000 euros anuales, el equivalente al de un secretario autonómico, el segundo escalafón de la Administración Valenciana.

De casa al despacho en coche oficial

Desde su despacho del CJC el expresidente desarrolla su actividad pública, sin que se sepa a qué se dedica, al margen de participar en las reuniones que celebra esporádicamente el órgano consultivo. Tenga actividad o no, en el CJC se siente arropado por Vicente Garrido, el presidente de la institución, con el que le une una íntima amistad.

Camps dispuso que su despacho oficial se ubicara en la sede del CJC, situado a un centenar de metros de su domicilio, y se desplaza de uno a otro en coche oficial alegando motivos de seguridad, pues más de un grito de “ladrón” ha tenido que escuchar últimamente a pesar de que el jurado popular lo consideró inocente en la causa de los trajes.

Unos emolumentos secretos

De su tercer empleo, poco se conoce. Se sabe que impartirá un máster relacionado con el Derecho, disciplina de la que es doctor por la Universidad Miguel Hernández de Elche, en la que defendió su tesis sobre la reforma del sistema electoral que le dirigió su amigo y compañero en el CJC Vicente Garrido.

Nada se sabe de los emolumentos que vaya a cobrar en la Universidad Católica, que tanto contribuyó a crear, aunque seguro que este nuevo trabajo desatará la envidia de muchos valencianos, que ven con admiración la facilidad con la que el expresidente acumulas ya tres empleos en medio de la mayor crisis que se recuerda.

La Generalitat pierde en la F-1 cerca de dos millones

• La consejera Johnson dice que todavía trabaja en “los datos definitivos”, que no incluyen el canon a Ecclestone

 

La fórmula 1 se desinfla. Aunque lo hace con la resistencia de la Generalitat Valenciana a ofrecer datos transparentes que ha caracterizado su actitud a lo largo de toda la evolución del Gran Premio de Europa de Automovilismo, desde su inicio en 2008. Así, la primera edición de la prueba que ha gestionado directamente la Generalitat, tras adquirir con sus deudas la empresa Valmor Sport, organizadora de la carrera en el circuito urbano de Valencia, ha costado “cerca de 7 millones de euros” mientras ha tenido unos ingresos “que superan” los 5,2 millones, según una imprecisa respuesta de la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Lola Johnson, a la diputada socialista en las Cortes Valencianas Eva Martínez. Las cifras excluyen el pago del canon anual que hay que satisfacer a Bernie Ecclestone, patrón de la competición, a través de su empresa Formula One Management. Un canon que, en 2010, de acuerdo con los datos de la Sindicatura de Comptes, ascendió a 20,5 millones de euros (17,6 millones de euros más IVA).

Las pérdidas por la organización de la fórmula 1 en Valencia, por tanto, son este año de cerca de dos millones de euros, 1,8 si los datos fueran más precisos, sin contar el pago del canon. Es decir, que la Generalitat ha perdido cerca de dos millones incluyendo solo el montaje de las gradas y el circuito. La diputada socialista preguntó por los costes tras la prueba acogiéndose a un compromiso que el propio presidente del Consell, Alberto Fabra, adquirió en un debate en las Cortes Valencianas el pasado mes de junio, pocas semanas antes de la celebración de la carrera, cuando el portavoz de Compromís, Enric Morera, le preguntó por los costes de la fórmula 1. “Una vez pase el gran premio tendrán detallada cuenta de los gastos y de la repercusión que ha supuesto en la ciudad de Valencia y en la Comunidad Valenciana”, dijo entonces Fabra.

Meses después, la consejera responde que “se está trabajando en la elaboración del informe final de los datos definitivos de la celebración en Valencia del Gran Premio de Europa de Fórmula 1”. Por ello, añade, no puede ofrecer “una relación completa y detallada”. Aun así, indica que “los gastos correspondientes a la fórmula 1 de 2012 derivados de los importes licitados siguiendo las instrucciones internas de contratación y en base al marco normativo aplicable ascienden a cerca de 7 millones de euros, mientras que los ingresos superan los 5,2 millones de euros con una asistencia de 105.419 personas durante el fin de semana de la competición”.

Alberto Fabra se comprometió a informar tras la competición

A la diputada socialista no le salen las cuentas al poner en relación los ingresos con los supuestos asistentes. “Desde luego, no salen los números con las entradas”, señala Eva Martínez, que recuerda que en la edición de este año se redujo sensiblemente respecto a pruebas anteriores el aforo de las tribunas instaladas en el circuito y solo se pusieron a la venta unas 45.000 entradas.

La Generalitat, agobiada por una situación económica que le impide hacer frente a pagos imprescindibles, trató de negociar con Ecclestone una rebaja en el canon anual, que ha tenido que satisfacer desde la primera edición pese a que, en un principio el Consell aseguró que la prueba no costaría un euro a las arcas públicas, ya que se encargaría de su organización la empresa Valmor. También se trató con el propietario de la fórmula 1 la posibilidad de una alternancia en la celebración del gran premio con el circuito de Montmeló, en Cataluña, de manera que una edición se produjera alternativamente en cada lugar. El Consell no ha aclarado hasta ahora si esas conversaciones han llegado a algún resultado pero Ecclestone informó por su cuenta de que el año que viene no se celebrará la prueba en Valencia. Lo que no aclaró es si se trata de algo definitivo o en 2014 volverá a convocarse la competición en Valencia.

La consejera señala “cerca de 7 millones” de gastos y 5,2 de ingresos

“Hemos vuelto a hacer otra petición de información”, señala la parlamentaria socialista. “Lo que nos han contestado no es lo que hemos pedido”. Eva Martínez pretende que el Consell explique con claridad qué cuesta la fórmula 1 y qué cantidad se lleva Ecclestone, y pide que se detallen los costes y los ingresos. Cálculos de la oposición sitúan en unos 350 millones lo que ha costado la fórmula 1. A los gastos de construcción del circuito, unos 100 millones, hay que sumar el canon de las cinco ediciones celebradas y los costes de organización.

“¡Queremos cobrar!”

• Un millar de farmacéuticos reclama en las calles de Valencia que la Generalitat salde su deuda
• El Consell debe cuatro meses y medio y los números rojos ascienden a 540 millones de euros

Al grito de "¡Queremos cobrar!", un millar de farmacéuticos ha recorrido este martes las calles del centro de Valencia para reclamar a la Generalitat que abone los 540 millones de euros que el Gobierno valenciano les debe en concepto de recetas prescritas por médicos de la red pública sanitaria que han adelantado los boticarios.

"Las oficinas de farmacia tienen tantas deudas que ya no aguantan ni una semana más sin cobrar", se ha lamentado la presidenta del Colegio de Farmancia de Valencia, María Teresa Guardiola en la lectura de un manifiesto al término de la manifestación. "Más de 200 farmacias han entrado ya en concurso de acreedores y se han perdido más de 2.000 empleos en un año".

Entre la marea de batas blancas que recorrieron el casco histórico de Valencia se encontraban Jaime Vilanova y Salvador Llopis, primos y copropietarios de una farmacia en Vila-Real. "Debemos dinero a cuatro bancos, estamos en una situación en la que no podemos dar más medicinas a nuestros pacientes ya que no podemos comprar a los distribuidores", señalaba Salvador, con un adhesivo en el pecho en el que se podía leer: "Yo Salva Llopis son un farmacéutico en la ruina".

Manolo Jordán tiene la farmacia en Foios (Valencia) y también se ha desplazado a Valencia para participar en la protesta. "Me deben unos 450.000 euros, a 100.000 el mes y ya vamos por cuatro meses y medio", relataba. "Debo la renta del año pasado para la que he pedido un aplazamiento, e incluso he tenido que recurrir a los ahorros de mis hijas para salir adelante".

La Generalitat prometió antes de verano que abonaría una facturación y media cada mes para liquidar la deuda a final de año, pero "ni paga los atrasos ni las facturas mensuales, con lo que la deuda va creciendo día a día", ha criticado al término de la manifestación la presidenta del colegio de Valencia.

La esperanza de los boticarios reside, de forma inmediata, en que antes de que finalice octubre la Generalitat pague, al menos, los 120 millones de euros correspondientes a un mes de facturación. Pero, sobre todo, en recibir dinero del Fondo de Liquidez Autonómica que en breve pondrá en marcha el Gobierno y del que, de momento, piensa destinar 2.500 millones de euros a la Comunidad Valenciana. Si no se resuelve la asfixia financiera, las farmacias ya han anunciado que no podrán garantizar que se puedan servir medicamentos para atender las recetas de la red pública "por desabastecimiento involuntario a causa de los impagos de la Administración".

Ninguna otra autonomía registra tanto retraso en el pago a las farmacias. También hay problemas de liquidez con los boticarios en Cataluña, Aragón y Canarias, según fuentes del sector. Pero en ningún caso se llega a los cuatro meses y medio de demora que existe en la Comunidad Valenciana.

El sector pierde el 20% de su empleo en un año

Los farmacéuticos valencianos aguantan los impagos del Consell negociando con trabajadores y proveedores, y recurriendo a financiarse con pólizas y con recursos propios. “La situación es muy grave”, enfatizaba ayer Ángel Vives, tesorero de la Federación de Empresarios de Farmacia Españoles (FEFE) y presidente de esta patronal en Alicante. Pese a ello, no es suficiente. Más de 200 farmacias han presentado ya concurso de acreedores en la Comunidad Valenciana, y en el último año el sector ha perdido el 20% de su empleo.

Este dato se deduce de un sondeo realizado el pasado mes de septiembre por la patronal. En la Comunidad Valenciana funcionan alrededor de 2.200 farmacias, y los empresarios del sector estiman que con una plantilla media de cinco trabajadores, el empleo directo ronda al menos las 11.000 personas. A partir de estos datos, estiman que ya se han perdido al menos 2.200 empleos en el transcurso del último año. Un empleo, subraya a renglón seguido Vives, que hasta el momento de producirse los impagos “era estable y mayoritariamente femenino”.

La situación, en cualquier caso, es acuciante para el grueso de las boticas. FEFE asegura también que ya casi el 60% de las farmacias que funcionan en la Comunidad Valenciana sufren algún problema de desabastecimiento de medicamentos.

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante (COFA), Jaime Carbonell, explicaba ayer también que solo en esta provincia (donde hay alrededor de 786 boticas) ya no reciben suministros por parte de las empresas ante su imposibilidad para hacer frente a los pagos de estos medicamentos. Carbonell también subraya que el “desabastecimiento es importante” en la provincia de Alicante, aunque no tiene datos exactos sobre esta situación.

El presidente del colegio de farmacéuticos, finalmente, detallaba otro síntoma claro de la complicada situación que atraviesa este sector este año. Carbonell aseguraba que muchas farmacias han cerrado durante todo un mes este verano entre los meses de julio y septiembre. Esta situación no se producía en años anteriores excepto en municipios de interior y pretende evitar nuevos gastos y que se agrande la deuda que los profesionales están acumulando con los suministradores.

La patronal valenciana también está harta de las medidas del PP

• Los empresarios creen que el Gobierno de Fabra no está a la altura ni tampoco están contentos con Rajoy

El Gobierno de Alberto Fabra tiene otro frente abierto: el de los empresarios valencianos. A la Generalitat llegan las críticas desde la patronal autonómica y las provinciales y hasta del Consejo de Cámaras de Comercio de la comunidad. Protestan por los impagos de la Administración autonómica y ayuntamientos y por las medidas del Gobierno de Rajoy que también les afectan a ellos, como la subida del IVA, la nueva tasa industrial por el uso de gas, la caída de la inversión estatal en la región y la resistencia a modificar el sistema de financiación.

Las críticas llegan desde la patronal autonómica (Cierval); las patronales de la provincia de Valencia (CEV), Castellón (CEC) y Alicante (Coepa); la patronal de la industria cerámica (Ascer); la del metal (Femeval); la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que reúne a un centenar de los principales empresarios valencianos), y hasta del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana.

Grandes deudas de la Generalitat

Los principales problemas de las asociaciones valencianas de empresarios vienen de las grandes cantidades de dinero que les adeuda el Gobierno autonómico por los servicios de formación que han prestado y los planes de competitividad que impulsó hace años la Generalitat.

Una larga etapa de despilfarro y escándalos

Los empresarios valencianos, como muchos ciudadanos, también están hartos y existe una opinión extendida de que el Gobierno autonómico no está a la altura de las circunstancias. Tampoco están contentos con la gestión del Gobierno central y las decisiones que se están tomando en Bruselas. Fuentes empresariales citadas hoy por El País aseguran que la situación financiera de la Comunidad es dramática, resultado de una larga gestión de despilfarro y de escándalos que han afectado sus arcas y su reputación, y que no hay visos de mejoría.

La patronal andaluza también se ‘rebela’

Los empresarios valencianos no son los únicos que se rebelan contra la gestión del PP en materia económica. Este domingo, ELPLURAL.COM informó sobre el comunicado de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que cuestiona la política económica del Gobierno de Rajoy y su impacto negativo en las empresas de la región.

El impacto negativo en las empresas

CEA, que aglutina a la mayor parte de las grandes y medianas empresas andaluzas, considera que “el Gobierno adopta medidas en función de los grandes objetivos que se derivan de los compromisos europeos, como el control del déficit, sin evaluar su impacto en la actividad, lo que tiene una negativa repercusión en el tejido empresarial”.

No existe “un clima favorable para la generación de empleo”

El diseño de la política económica del Gobierno está produciendo una confrontación, a juicio de la CEA, “entre el interés macroeconómico y los intereses microeconómicos de las empresas, sustento de la economía real, que ven incrementados sus costes sociales y fiscales, y agravada su difícil situación por la reducción del consumo y las enormes dificultades del acceso al crédito”. La patronal andaluza no percibe “un clima favorable e incentivador para la creación de riqueza y la generación de empleo”.

Cientos de personas reclaman en Valencia un nuevo modelo autonómico

• Los manifestantes abogan por la autodeterminación ante la política "nefasta" del PP

Imagen de la protesta nacionalista de ayer en Valencia.

Centenares de personas recorrieron ayer el centro de Valencia reivindicando que “el País Valencià es el futur” ante la “nefasta” política autonómica del PP. En un ambiente festivo acompañado por gritos de “¡Independencia!” y al son del Himno de Riego, una plataforma compuesta por decenas de organizaciones sociales, políticas y sindicales abogó por un pueblo “con una identidad propia y unas aspiraciones de autogobierno y autodeterminación”.

“El Consell, asfixiado por un sistema de financiación autonómico nefasto y por una política fiscal cada vez más regresiva, se encuentra paralizado y sin salidas”, explicó Vicent Mifsud, presidente del comité de Ràdio Televisió Valencià (RTTV) e invitado a la lectura del manifiesto final. El trabajador de la entidad pública, pendiente de un ERE que afecta al 70% de la plantilla, añadió que se trataba de un día “alegre y festivo, pero también reivindicativo”: “El futuro del pueblo valenciano pasa también por una escuela pública, de calidad y en valenciano, en igualdad de oportunidades”, apuntó. “La educación es clave en nuestro proyecto nacional”.

Animados por charangas de varios puntos de la ciudad y por castellets ymuixarangues que iban dosificando la marcha, los congregados portaron banderas tricolores y cuatribarradas tras pancartas que clamaban por la independencia. “Queremos apoyar nuestra cultura y nuestra identidad”, decía un miembro de Esquerra Republicana.

Entre pitos y aplausos, Mifsud sentenció que “ser País Valenciano es lo contrario a ser una región de España. Es nuestro modelo de convivencia y progreso”.

Zaplana ocultó que pagó seis millones a Julio Iglesias

• El cantante admite ante un juez dominicano que firmó dos contratos

Julio Iglesias y Eduardo Zaplana 

El cantante Julio Iglesias reconoció ante un juez dominicano el pasado 29 de mayo que cobró 990 millones de pesetas (5,95 millones de euros) a raíz de dos contratos firmados en diciembre de 1997 con el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), una cifra que supone 3,7 millones de euros más de lo que el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, del PP, aseguró haber pagado al artista por promocionar a la Comunidad Valenciana.

“El contrato con el señor Iglesias asciende a 375 millones o 372 millones de pesetas, y no hay nada más, nada más que pagos extraordinarios por actuaciones, como ha hecho el Ivex de toda la vida”, declaró el expresidente el 15 de junio de 2001 en las Cortes valencianas cuando saltó a la luz que el artista había cobrado en realidad 1.000 millones de pesetas.

Zaplana eludió en todo momento reconocer que había dos documentos firmados con Julio Iglesias al hacer únicamente referencia al contrato de patrocinio por uso de su imagen. Así, la Generalitat ocultó que en realidad se había firmado otro contrato, que suponía casi otros cuatro millones de euros. Y el que lo ha reconocido finalmente es el propio Julio Iglesias, que acudió a declarar en mayo ante el juez Yohan Carlos Morales en el municipio de Higüey, en República Dominicana, que atendía una comisión rogatoria del Ministerio de Justicia dado que el artista reside oficialmente en Punta Cana y tiene la doble nacionalidad española y dominicana.

El juez dominicano colaboraba con el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia, que instruye un presunto delito de falsedad en documento mercantil y otro de malversación de caudales públicos. Un caso en el que está imputado, con otras cinco personas, el entonces director del Ivex, José María Tabares, que se dio a la fuga tras ser condenado a cinco años por otro fraude que afectó al instituto.

Zaplana insistió ayer en que Iglesias solo cobró 372 millones de pesetas: “Y lo sigo diciendo”, aseguró; “he explicado hasta la saciedad que una cosa son los derechos de imagen del artista y otra es que los conciertos tienen una intendencia, alquiler de local, equipos, gastos de desplazamiento, y eso se abonaba aparte”. Y cuestionó que el contrato aludiera a que esa parte la cobraba el cantante: “Si las sociedades de Julio Iglesias organizaban los conciertos, los cobraría”.

Sin embargo, el artista lo dejó claro al contestar a la pregunta de si “la retribución a percibir por usted” eran los 615 millones de pesetas o la cantidad de dividir esa cifra por el número de eventos. “Solo recuerdo en ese sentido que los 615 millones obedecían a los conciertos”.

En su declaración, Julio Iglesias explicó que la Generalitat se interesó por sus servicios “pues tenían la intención de promocionar el Estado de Valencia”. Y dejó todo claro: “Accedimos firmando un primer contrato, de imagen. Y luego firmamos un segundo contrato que incluía varios conciertos, que se llevaron a cabo según lo acordado”. El segundo contrato preveía un total de siete bolos del cantante melódico, aunque este matizó que al final ofreció ocho eventos. Sobre el resultado, Iglesias declaró estar satisfecho. “Todos esos conciertos se grabaron y quedaron en la historia, no faltó un concierto acordado y eso ayudó mucho al crecimiento de la Comunidad Valenciana y al desarrollo de las inversiones”.

Vuelco electoral: mayoría de izquierdas

El PP pierde 13 de 55 escaños y no alcanza la mayoría absoluta ni con UPyD

El PSPV cae pero Compromís y EU doblan diputados y podrían gobernar juntos

• GRÁFICO: Intención de voto y valoración de líderes y partidos

Si las elecciones a Cortes Valencianas se celebrasen hoy, el mapa electoral sufriría un auténtico tsunami. El desgaste del PP, apenas año y medio después de lograr su mayoría absoluta más holgada, es tan grande que la izquierda tendría escaños suficientes para gobernar en coalición. Las consecuencias de la crisis económica y la desafección ciudadana hacia la política, especialmente hacia populares y socialistas, están en el origen del vuelco electoral.

Así lo refleja el sondeo realizado por Metroscopia para EL PAÍS, que asegura que el PP perdería 13 de sus 55 escaños actuales (la mayoría absoluta está en 50) y el 15,1% de los votos (obtuvo el 49,3% en los comicios) para quedarse en el 34,2%.

Ni siquiera la entrada de Unión Progreso y Democracia (UPyD), el partido de Rosa Díez, que obtendría un 7,1% de los votos y hasta seis escaños, daría oportunidad al PP de gobernar en coalición, como ya hizo en 1995 con la desaparecida Unión Valenciana.

No obstante, los responsables del sondeo introducen “dos importantes matizaciones”. La primera: “Es una encuesta realizada fuera de periodo electoral, por tanto, los datos de intención de voto no tienen otro valor que el de expresar un determinado y coyuntural clima de opinión y en modo alguno reflejan predisposiciones de voto firmes y cristalizadas”. La segunda: “Hay que tener en cuenta que los contextos económico, político y social influyen sobre estas estimaciones”. La encuesta, que se basa en una muestra de 1.000 entrevistas realizadas entre los días 1 y el 5 de octubre, con un margen de error de 3,2 puntos, alerta de que si hoy hubiese elecciones la participación caería cinco puntos respecto a los últimos comicios y se situaría alrededor del 65%. Por contra, el voto en blanco sufriría un incremento sustancial de hasta seis puntos con respecto a las últimas elecciones autonómicas celebradas.

Fabra y el Consell suspenden y crece la desconfianza hacia PP y PSPV

El desplome del PP y la entrada en escena de UPyD —el tamaño de la muestra no permite establecer la distribución de su voto en las tres provincias— no se traduce en ninguna mejora para los socialistas, que todavía no han tocado fondo.

Pese al enorme descenso que ya registró el PSPV-PSOE en las elecciones de mayo de 2011 respecto a comicios anteriores, los socialistas —ahora dirigidos por Ximo Puig en la secretaría general— siguen cayendo en barrena. Según el estudio de Metroscopia, los socialistas pierden 8 de los 33 escaños actuales y se colocan por debajo del 20% de voto (solo lograrían 19,9% de los votos frente al 28% que obtuvieron en las elecciones).

Los grandes beneficiados son Compromís y Esquerra Unida, que superan en más del doble sus resultados. Coalició Compromís pasa del 7,1% de los votos al 13,6% y Esquerra Unida, formación refugio de un buen número de votantes socialistas desencantados, salta del 5,9% del voto obtenido al 11,5%. Con estos porcentajes, ambas formaciones obtendrían 13 escaños cada una, que sumados a los 25 del PSPV permitirían formar una coalición de izquierdas (basada en 51 parlamentarios) para gobernar.

Los valencianos penalizan el mal gobierno del PP en el último año y medio —un 72% tacha de mala o muy mala la actuación del Consell que preside Alberto Fabra— y la incapacidad del PSPV-PSOE para liderar la oposición —un 66% califica la actuación de este partido de mala o muy mala—. La desconfianza hacia la política es tal que la mayoría (un 36%) de los ciudadanos cree que ningún partido político defiende los intereses de los valencianos. Una opinión que ha aumentado un 9% respecto al sondeo que realizó Metroscopia para EL PAÍS de hace dos años.

Los minoritarios recogen el malestar y Oltra consolida su liderazgo social

Por partidos, el PP, que era la formación que mejor representaba los intereses de la Comunidad Valenciana hace dos años para el 39% de los ciudadanos ahora solo sigue cumpliendo para el 22%. Y si un 16% pensaba que esa función la cumplían los socialistas en 2010 ahora solo confía en ellos el 9%.

La formación que más confianza ha ganado entre los valencianos es Compromís, que ya se coloca a poco más de seis puntos de intención de voto respecto a los socialistas, y que es la mejor valorada. Si hace dos años, solo un 2% de los valencianos creyó que el Bloc representaba mejor que nadie el interés de los valencianos ahora es el 13% el que piensa que ese papel lo representa Coalició Compromís. En Esquerra Unida, el aumento de la confianza apenas varía al pasar del 3% al 5%.

En este clima de desafección hacia la política, los líderes de los partidos también tienen problemas para lograr el aprobado.

El presidente de la Generalitat es el más conocido con diferencia por los valencianos (92%), aunque con un 4,1 se queda muy lejos del aprobado y es el que peor valoración tiene de entre los dirigentes de los principales partidos políticos.

Fabra paga la mala imagen del Gobierno valenciano, cuyos consejeros tienen un nivel de conocimiento inferior al 50% y ninguno llega al aprobado. El vicepresidente José Ciscar, con un conocimiento del 42% y una nota de 4.3, es de los más conocidos y valorados, mientras que los titulares de Sanidad, Hacienda y Educación (Luis Rosado, José Manuel Vela y María José Catalá) obtienen calificaciones inferiores al 4.

Ximo Puig saca mejor nota que Alberto Fabra sin llegar al aprobado

El estudio demoscópico desvela la fortaleza del liderazgo de Mònica Oltra, portavoz adjunta de Compromís y dirigente de Iniciativa del Poble Valencià, que logra la mayor nota de todas. Un 6 sobre 10, con un conocimiento del 39%. Oltra logra buena nota no solo entre los votantes de Compromís, que la puntúan con un 8,3. También entre los de Esquerra Unida (7) y entre los votantes socialistas (6,2). Su socio de coalición, el secretario general del Bloc y portavoz de Compromís, Enric Morera, se acerca al aprobado (4,8) con un grado de conocimiento algo inferior (32%).

El líder socialista, Ximo Puig, saca mejor nota que Alberto Fabra (4,4) sin llegar al aprobado y con un conocimiento del 43%.

La otra dirigente que logra superar el cinco es la coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, que obtiene un 5,2 de puntación pero con un nivel de conocimiento muy inferior (19%) al del resto de líderes.

Las malas puntaciones a los dirigentes valencianos del PP y del PSOE también alcanzan a sus referentes estatales. El 65% de los valencianos desaprueba la gestión del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy (en el conjunto de España la desaprobación es del 71%). Es casi el mismo porcentaje (67%) de los que desconfiaban de él en el sondeo de Metroscopia del año pasado para EL PAÍS.

El dirigente socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, no sale mejor parado ya que un 72% desaprueba su gestión como líder de la oposición. Como sucede con Rajoy, este porcentaje de suspensos en la Comunidad Valenciana es ligeramente inferior al del conjunto de España (76%) y similar a la desconfianza (81%) de los valencianos hace un año.