Tercer revés judicial al Consell que preside Francisco Camps, del PP, en su intento de torpedear la construcción de la planta desalinizadora en Torrevieja dentro de su estrategia de defensa a ultranza del derogado trasvase del Ebro. El Consell ha mantenido una oposición beligerante a la planta de Torrevieja desde que arrancaron las obras y no ha dudado en calificar estas instalaciones como "centrales nucleares del mar".
Tercer revés judicial al Consell que preside Francisco Camps, del PP, en su intento de torpedear la construcción de la planta desalinizadora en Torrevieja dentro de su estrategia de defensa a ultranza del derogado trasvase del Ebro. El Consell ha mantenido una oposición beligerante a la planta de Torrevieja desde que arrancaron las obras y no ha dudado en calificar estas instalaciones como "centrales nucleares del mar". La Generalitat, por ejemplo, bloqueó el acceso a las obras con la instalación de un quitamiedos y más recientemente el Ayuntamiento de la localidad anunció el cierre de la oficina de información sobre la planta. Pero todos los intentos han sido en vano. Ahora ha sido la Audiencia Nacional la que ha desestimado la demanda de la Generalitat de paralizar, con carácter cautelar, las obras de la planta, que producirá 80 hectómetros cúbicos de agua al año.
El auto, fechado el 31 de enero y difundido ayer, esgrime el "interés público que se pretende con la construcción de la planta frente" y lo antepone a "los intereses particulares de la Generalitat". En septiembre pasado, el Tribunal Constitucional suspendió, a instancias del Gobierno, el acuerdo del Consell que decretó la paralización de la desaladora por supuesto impacto negativo. El primer revés a las tesis del PP llegó cuando en mayo Bruselas desestimó la denuncia medioambiental presentada por el Consell contra la desaladora.
Adrián Baltanás, director general de Acuamed, que ayer visitó las obras de la planta, concluyó que este auto confirma que "los intentos del PP y de la Generalitat de sabotear las obras han fracasado". El Consell restó importancia a esta decisión, ya que se trata de un auto y no de sentencia, y destacó que solo rechaza la petición de suspensión cautelar de los trabajos.
La Audiencia Nacional no suspende las obras porque la Generalitat, "contrariamente a lo que invoca en su escrito, no acredita los daños y perjuicios que alega". Y los daños de carácter medioambiental que denuncia el Consell "se contradicen" con la Declaración de Impacto Ambiental que, en sentido favorable, se emitió el 13 de marzo de 2006. La Audiencia concluye que "el interés público" que se pretende con esta desaladora, que garantizará los regadíos del trasvase Tajo-Segura, han de prevalecer "respecto de los intereses particulares de la entidad autonómica". Baltanás destacó que la planta "reúne todos los medios de protección necesarios para no producir ningún impacto medioambiental".El delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, dijo que tras este fracaso "la razón se pone del lado de la lógica, que no es otra que resolver un problema de los ciudadanos". Los responsables socialistas instaron al PP a "poner fin" a las "trabas" que desde el inicio han planteado al proyecto de construcción de la desaladora, que deberá acabarse este año.
Sin embargo, el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, destacó que el auto de la Audiencia Nacional "no se pronuncia sobre lo fundamental: el carácter legal o ilegal de la ejecución de las obras". Por eso, instó a los dirigentes socialistas a esperar a la sentencia definitiva. Para Antón es un "despropósito" y una "insensatez" seguir con las obras. La Generalitat ha presentado un recurso de súplica en el que alega que las obras se ejecutan en el área de afección de 500 metros del Parque Natural de las Lagunas de La Mata-Torrevieja. La Generalitat aduce también que la desalinizadora tampoco cuenta con autorización ambiental integrada, permiso de vertidos ni autorización de Puertos y Costas, e incumple la Directiva de Hábitats.
Pero el ministerio asegura que la planta cuenta con la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, otorgada por la Administración ambiental competente, que es el ministerio, y con la financiación de la Comisión Europea, que aporta 55 millones de euros para su construcción. Asimismo, el proyecto tiene el aval de cuatro informes científicos, elaborados por instituciones de prestigio como son las universidades de Alicante, Politécnica de Valencia y Cantabria, así como el CEDEX, que "refutan de forma tajante todas y cada una de las críticas que se han lanzado en torno a la viabilidad ambiental de la desalinizadora que construye Acuamed".
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