CONSEJO DE MINISTROS El Gobierno asalta RTVE

• El presidente de la Corporación podrá ser elegido por mayoría absoluta en el Congreso. 
• Las CCAA tendrán la potestad de mantener sus televisiones públicas o que pasen a manos privadas

Las reacciones a la decisión del Gobierno de romper con el consenso en el Congreso para elegir al presidente de RTVE no se han hecho esperar. La protesta más enérgica ha llegado desde el PSOE que ya ha anunciado que“tratará de paralizar con todas sus fuerzas” la decisión del Gobierno. “Es algo sencillamente intolerable y un gravísimo deterioro de la calidad democrática", ha señalado Óscar López, secretario de Organización de este partido.

"El PP, por decreto y con la justificación de un supuesto bloqueo que no es tal porque ya estábamos negociando, vuelve a la televisión de partido, a la televisión del pasado", ha añadido Óscar López, que fue ponente del Grupo Socialista en la reforma de RTVE y portavoz en la Comisión de Control.

Además La Ejecutiva del PSOE estudiará la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto aprobado por el Gobierno que modifica la forma de elección de los miembros del Consejo de administración de RTVE. Los socialistas lo han anunciado en un comunicado en el que subraya que no hay razones de urgencia que justifiquen la aprobación de estos cambios por decreto ley, una iniciativa que califica de "injustificable" y de "golpe institucional". El PSOE recalca que es absolutamente falso que hubiera bloqueo en la renovación del Consejo de administración.

El PSOE estudia un posible recurso de decreto ley ante el Constitucional

Izquierda Unida, por su parte, ha señalado que este nuevo“decretazo” del Gobierno muestra su “incapacidad para llegar a acuerdos con ningún partido político”. “Durante la pasada legislatura ya bloqueó la renovación de las instituciones por su incapacidad. Ahora sigue siendo incapaz de llegar a acuerdos y recurre a la peor vía: reformar las leyes vía Real Decreto”, ha señalado a este medio Ricardo Sixto, portavoz de IU en la Comisión de Control a RTVE. 

Por su parte, Elena Valenciano, ha declarado a través de su cuenta personal en la red social Twitter que esta reforma supone un "golpe de mano" y un "golpe institucional" del Gobierno, y ha afirmado que la elección del Presidente de RTVE por mayoría absoluta en lugar de la fórmula de dos tercios que actualmente estaba en vigor supone el "fin a la televisión plural".

Reacción de los consejeros

El vocal del Consejo de Administración de RTVE Miguel Ángel Sacaluga, nombrado a propuesta del PSOE, no ha dudado en calificar esta reforma como un “golpe de Estado”. “Me parece que es un golpe de Estado en RTVE. El Gobierno lo que ha hecho es intervenir la Corporación y no precisamente para salvarla, sino para hundirla”, ha señalado Sacaluga, quien ha añadido que el Ejecutivo primero “ahogó a RTVE con el recorte económico” y ahora lo hace “de manera política”.

Por otro lado, Teresa Aranguren, vocal del máximo órgano de dirección de RTVE, a propuesta de Izquierda Unida, ha señalado que esta decisión supone un “primer paso para acabar con un modelo de televisión pública que se ha demostrado exitoso”. Asimismo, Aranguren ha añadido que quizá el PSOE y el Gobierno no han alcanzado un acuerdo para encontrar un nuevo presidente porque el Partido Popular no ha propuesto “ningún candidato de consenso”.

Miguel Santos Ruesga, miembro del Consejo de Administración de RTVE, a propuesta de UGT, ha señalado que la reforma “no es una buena noticia”. “No quiero hablar de golpes de Estado porque yo no soy político pero no es una buena noticia pensar que el Gobierno que goce de mayoría absoluta en el Congreso puede hacer lo que quiera en la televisión y la radio pública. De esta manera, las tentaciones de controlar todo se incrementan”, ha explicado.

Santos también se ha pronunciado sobre la eliminación de los vocales de los sindicatos en el Consejo de Administración de RTVE. “Los sindicatos nos hemos mantenido al margen de las disputas políticas. Ahora, parece que todo vuelve a ser política”, ha concluido Santos.

El PSPV denuncia que la subida de tasas puede dejar fuera de la Universidad a más de 40.000 estudiantes valencianos

• La diputada Pilar Sarrión recuerda que esta subida se suma a la que ya se realizó este mismo año y apunta a un ataque brutal al mundo universitario, ya que se deben más de 700 millones de euros a las cinco universidades públicas valencianas

El diputada valenciana, Pilar Sarrión, ha denunciado hoy que más de 40.000 estudiantes pueden verse fuera de las universidades valencianas a causa de la subida de tasas y de los nuevos requisitos para la obtención de becas anunciado por el gobierno Rajoy. Sarrión no ha dudado en calificar las medidas de recorte de los gobiernos del PP como “un retroceso y una pérdida de oportunidades” para los estudiantes valencianos. Unas medidas que afectan a las opciones personales de los valencianos y valencianas que ahora si no disponen de un respaldo económico no podrán acceder a estudios superiores. “Poder ir a la universidad ya no va a ser igual para todos, ahora se va primar el acceso para los más ricos”, a señalado.

En este sentido Sarrión ha recordado que este mismo año los estudiantes valencianos ya han sufrido un aumento de tasas de un 7,5%, al que ahora hay que sumar éste “que supone un 60% más”. Un aumento, además, para los no comunitarios, a los que ya se les discriminó en la ley de acompañamiento, así como también para las becas Erasmus: “Para estudiar fuera, de nuevo, habrá que ser de una familia con dinero, eso es lo que nos propone el PP”.

Para Sarrión estamos ante un ataque en toda regla a las universidades públicas valencianas a las que, recordó, se les ha recortado más de 85 millones de euros en los últimos presupuestos. Pero el desprecio del gobierno Fabra a las universidades no acaba ahí ya que “además se adeuda a las cinco universidades públicas valencianas más de 700 millones de euros”.

La diputada socialista ha destacado que en Les Corts van a presentarse diversas iniciativas para intentar paliar el maltrato al que se está sometiendo a las universidades al tiempo que ha indicado que “la Universidad, la educación y la investigación son motores clave para salir de la crisis que, en lugar de verse apoyados por el ejecutivo, sufren un ataque de las políticas de Fabra y Rajoy. Sectores clave para superar las crisis, como es el I+D+I -ha añadido- se ven especialmente afectados en nuestra Comunitat”.

Educación plantea subir hasta 540 euros las tasas universitarias

 

• El ministro fija para las autonomías el incremento máximo que podrán aplicar en sus campus

• Los alumnos, que ahora abonan unos 1.000 euros al año, deberán elevar su contribución del 15% al 25% del coste total

• El sistema penalizará a los alumnos repetidores, que llegarán a aportar el 100% de la plaza, unos 6.000 euros

Estudiar en una universidad española será sensiblemente más caro a partir del curso que viene. El Ministerio de Educación ha propuesto a las comunidades autónomas una modificación en el pago de las tasas universitarias que supone hasta 540 euros más al año en el coste de la matrícula para el estudiante recién llegado y elevar las penalizaciones a los repetidores, que podrían a llegar a asumir el 100% del coste de una plaza, entre 5.000 y 7.000 euros, según estimaciones del ministerio.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, se ha reunido este jueves con representantes de todas las comunidades autónomas en la Conferencia General de Política Universitaria para comunicarles los cambios incluidos en un Real Decreto Ley que previsiblemente aprobará hoy el Consejo de Ministros. Entre las medidas de ahorro previsto (Educación espera recortar 3.000 millones, aunque ayer no estimó cuánto pueden suponer los nuevos ajustes) se incluye el aumento de tasas, que deberá aplicar en mayor o menor medida cada comunidad autónoma.

El ministerio cambia el sistema (que hasta ahora aplicaba la subida anual del IPC más hasta cuatro puntos de diferencia en una horquilla) y establece que los alumnos paguen en función de lo que cuesta su titulación. Así, ha fijado una horquilla del 15 al 25% del coste para que las comunidades decidan qué porcentaje aplicar en función de las circunstancias de su región y de los objetivos del déficit, según señaló la secretaria del Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio. De esta forma, el incremento máximo en primera matrícula sería 540 euros anuales, según las estimaciones ofrecidas al final de la reunión por Gomendio. El ministro no compareció porque tenía un acto con Casa Real, según explica una portavoz.

La subida prevista superaría el 50% para la mayoría de afectados y representaría un 66% para los que salten del 15 al 25% del coste, el máximo de la horquilla. pero el Ministerio y las administraciones autonómicas aún están estudiando los detalles, dado que actualmente hay una gran variedad de situaciones. Algunas autonomías, como La Rioja, ya anticipan que no prevén aplicar tal alza. País Vasco anunció que sus matrículas subirían "como mucho" el IPC. Madrid señala que debe estudiarlo y Andalucía calcula que sus estudiantes cubren a día de hoy un 12% del coste real de la plaza, por lo que está obligada a aplicar una subida.

El aumento de matrícula se incrementará de forma sustancial para los repetidores, que si agotan convocatorias llegarían a abonar hasta el 100%. Los alumnos universitarios españoles pagan ahora entre 700 y 1.400 euros anuales de matrícula, según ha señalado la secretaria de Estado de Universidades. Esa cantidad cubre entre el 15% y el 17% del coste del curso, que oscila entre 5.000 y 7.000 euros.

Para los repetidores, el aumento será superior y también comenzará a aplicarse a partir del curso que viene, según señaló Gomendio, aunque durante la reunión el ministro planteó que el cambio solo afectara a los que ingresan como nuevos estudiantes el curso que viene. La segunda matrícula supondrá entonces entre el 30 al 40% del coste; la tercera, del 65 al 75% y, en caso de requerirse una cuarta, del 90 al 100%, esos más de 6.000 euros que como media cuesta una plaza al año.

El ministro Wert ha señalado en varias ocasiones que estas tasas son las más bajas de Europa y que el hecho de que se financie el 85% es, a su juicio, como dotar a todo el alumnado de una beca. La secretaria de Estado de Universidades aseguró que mantendrán las becas “al mismo nivel que hasta ahora”. Cataluña propuso ayer que el 25% de lo que se recaude con estas nuevas tarifas se destine a sufragar más becas, algo que Educación no ha incluido en el texto legal. El Ministerio se compromete a seguir cubriendo las becas como hasta ahora pero las comunidades que apliquen las subidas deberán cubrir la diferencia para los estudiantes becados.

La subida de tasas cuenta con el respaldo general de las comunidades gobernadas por el PP, como La Rioja. Su consejero de Educación, Gonzalo Capellán, consideró ayer que las medidas buscan “paliar la situación de déficit” y dejan “un margen importante” a las autonomías. Considera que ampliar la horquilla para que los alumnos paguen más tasas universitarias “no será un problema” para comunidades como la suya. “La Rioja podría no subirla porque tiene una universidad saneada y viable”.

La consejera madrileña, Lucía Figar, señaló tras el encuentro que ahora toca “hacer números” para decidir cómo aplican la horquilla fijada por el ministerio y, al mismo tiempo, cumplir el objetivo de déficit “sin perjudicar la calidad de los servicios públicos”.

Las comunidades gobernadas por el PSOE reclamaron más ayudas a los estudiantes. El viceconsejero de Universidades del País Vasco, Pedro Luis Arias (PSE), pidió un equilibrio "adecuado" entre tasas y becas, igual que el secretario general de Universidades de Andalucía, Francisco Trigueros. La partida para becas y ayudas que el Ministerio ha aprobado en 2012 para los estudiantes asciende a 1.265 millones de euros, lo que significa 166,4 millones menos que en 2011.

Colectivos de estudiantes de distintos puntos del país protestaron al conocer el incremento. El Consejo de Estudiantes Universitarios de Cataluña lo tildó de “desproporcionado e inaceptable” y criticó que se hiciera sin negociar con los alumnos. La subida anunciada “es la peor noticia que se puede dar porque solo podrá estudiar el que se lo pueda permitir”, valoró ayer María José Romero, vicepresidenta del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, que añadió una advertencia: “Haremos lo posible para que no se aplique”.

La universitaria es la segunda pata del plan de ajuste puesto en marcha por Wert. En las escuelas e institutos aumentará el máximo de alumnos por aula (en primaria de 27 a 30, y de 30 a 36 en secundaria) y se amplían las horas de clase semanales de los docentes, lo que hace seguro un recorte sustancial de las plantillas docentes.

Fabra busca ahuyentar el riesgo de intervención

• El presidente intenta justificar el enorme endeudamiento

• La oposición responsabiliza de la situación a la nefasta gestión del PP

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, no lo tuvo ayer fácil. El plan de pago a proveedores arbitrado por el Ministerio de Hacienda puso de manifiesto que la Comunidad Valenciana es, con mucha diferencia, la autonomía que más deudas acumula por este concepto. El dato hizo planear de nuevo el fantasma de una posible intervención gubernamental que el jefe del Consell intentó ahuyentar.

 La Generalitat ha solicitado créditos por importe de 4.069 millones de euros. Un dinero con el que pretende pagar más de medio millón de facturas pendientes con 10.050 proveedores que no cobran, en algunos casos, desde hace tres años. Una cantidad que representa un 23,6% del dinero solicitado por todas las autonomías al Gobierno y que casi duplica la cantidad de Andalucía, la autonomía que según los populares escondía en sus cajones cantidades ingentes de facturas impagadas.

“No nos ha importado decir que tenemos todas esas facturas pendientes”, se justificó Fabra, “Me imagino que habrá otras comunidades que, a lo mejor, no lo hayan hecho”.

“Estoy convencido de que otros no habrán puesto encima de la mesa todo lo que tienen [de deudas], pero allá ellos”, espetó el presidente de la Generalitat sin aclarar si estaba refiriéndose a Andalucía.

Fabra intentó convencer de que la situación del Gobierno valenciano no se diferencia en esencia de la de buena parte de autonomías españolas. Es decir, que si hay que intervenir, el Gobierno tendrá que intervenir no una sino la práctica totalidad de las Administraciones autonómicas.

“Lo que han hecho las comunidades autónomas es comprometerse con el Gobierno a alcanzar unos niveles de déficit que las hagan creíbles de cara al resto de países de la Unión Europea”, continuó el presidente, “Y nosotros lo vamos a hacer, pero al final el mal, vistas las declaraciones de otros presidentes autonómicos, está generalizado”.

“Nosotros hemos sido muy transparentes porque creo que es fundamental que el Gobierno conozca la realidad para que sepa los problemas y, conjuntamente, podamos trabajar en la búsqueda de soluciones y garantizar ese nivel de déficit”, remachó Fabra.

Ante la insistencia de los periodistas en saber por qué el Consell ha acumulado una deuda mayúscula, a Fabra no le quedó más remedio que responsabilizar a los socialistas. “La Comunidad Valenciana también tiene el dudoso honor de haber sido una de las peor financiadas por el Gobierno”, replicó.

La magnitud de la deuda del Consell con los proveedores provocó la reacción de la oposición.

El portavoz de la ejecutiva del PSPV, Francesc Romeu, aseguró que los 4.069 millones de euros solicitados por el Consell al Ministerio de Hacienda “demuestran la gestión catastrófica del PP, su ineficacia e incompetencia, sus permanentes mentiras y la incapacidad demostrada de este Gobierno para seguir al frente de la Generalitat”.

“Una vez más nos sonrojan ante el resto de España, puesto que prácticamente doblamos la deuda de otras autonomías como Cataluña o Andalucía”.

La diputada de Compromís Mireia Mollà explicó que la cifra de los 4.069 millones de euros “evidencia la situación de emergencia económica sin precedentes que sufre la Generalitat valenciana por la nefasta gestión de los Gobiernos del Partido Popular”.

“Esta situación no es consecuencia directa de la crisis económica”, continuó Mollà, “puesto que muchas de estas facturas son de 2008 y 2009, lo cual indica que el Gobierno valenciano se ha dedicado a hacer un derroche de recursos acompañado de las corruptelas que todos conocemos”. El anuncio de que la Generalitat ha encarrilado el pago de las deudas a los proveedores provocó las quejas de distintos colectivos angustiados por el retraso en el pago de las subvenciones y los conciertos comprometidos por el Consell.

La Generalitat costeó la defensa de tres imputados en el "caso Gürtel"

Uno de los 'protegidos' dejó el Consell meses antes de ser incluido en la causa por el juez

El abogado de la Generalitat defendió a tres imputados en una de las piezas de la causa de financiación ilegal del PP, enmarcada en el caso Gürtel, desde noviembre de 2011 hasta, al menos, mediados del mes pasado. Se trata de Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional de Presidencia de la Generalitat, Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo, e Isaac Vidal, que fue jefe de área de Mercados y Comunicación en la misma agencia. Lo más llamativo de la situación es que el último de los imputados abandonó la Administración autonómica en verano, es decir, antes de ser imputado a la causa. Vidal fue nombrado director del instituto de turismo de Elche por la nueva alcaldesa, la popular Mercedes Alonso, que ganó las elecciones en mayo. Pese a ello, la Generalitat siguió poniendo a su disposición a su letrado.

Se trata de otra incoherencia en la línea de cero imputados que ha manifestado el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Mientras en otro de los escándalos que han sacudido al Gobierno valenciano en los últimos meses, el del supuesto desvío de ayudas de cooperación a países pobres, el presidente fulminó a dos altos cargos inmediatamente después de ser imputados, los implicados por el juez en la causa de financiación ilegal no solo mantuvieron el cargo sino que han podido ahorrarse el coste de su defensa.

• El tribunal rechaza su recurso contra la decisión revisar los contratos de Fitur

Ibars, Guarro y Vidal se hallan imputados en la pieza separada que investiga la adjudicación supuestamente irregular a la trama Gürtel del montaje y organización del pabellón valenciano en la feria Fitur entre los años 2005 y 2009. Se trató del negocio más lucrativo de cuantos consiguió en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes, el delegado en Valencia de la red, ya que ascendió a cerca de cinco millones de euros. Según las pruebas que acumula la investigación, la empresa de El Bigotes, Orange Market, tenía acceso a las bases del concurso de la Consejería de Turismo antes de que fueran publicadas oficialmente, y habría obtenido la adjudicación de algunas de las ediciones de la feria a pesar de no reunir todos los requisitos o presentar las ofertas más caras.

Los tres imputados habían recurrido ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia la decisión del juez instructor, José Ceres, de solicitar a la Intervención General del Estado una ampliación del informe que realizó en su día sobre esta contratación de la trama de Francisco Correa con el Gobierno valenciano. El magistrado pedía a la intervención que comparase la tramitación de los años investigados con las ediciones anteriores, así como con la de Fitur 2010, que se celebró cuando ya se había destapado el caso Gürtel.

• El magistrado a pedido el análisis a la Intervención General del Estado

El juez también solicitó que los técnicos de la Administración General del Estado revisasen si, como ocurrió con estos concursos, “constituye una habitual o adecuada praxis de contratación administrativa” el hecho de que las mismas personas que formaban parte de las mesas de contratación hubieran participado previamente en la fijación de los criterios de adjudicación, y hubieran emitido posteriormente informes sobre las ofertas presentadas que fueron determinantes para la elección final de dicha mesa de contratación. Así como qué porcentaje de la puntuación total es “razonable” darle a los criterios subjetivos en esta clase de concursos. Orange Market se alzó con las adjudicaciones en varios casos porque en los apartados subjetivos (que a diferencia del precio ofrecido son difíciles de medir) era el mejor puntuado.

El tribunal ha rechazado el recurso de los tres imputados al considerar que el juez puede acordar las diligencias que considere adecuadas siempre que se ajusten a las reglas básicas de la obtención de fuentes de prueba. Y respalda a Ceres al considerar que el magistrado puede solicitar la ampliación del informe a la Intervención General del Estado sin estar condicionado por las peticiones pudieran plantear sobre la misma.

Antonio Torres es el nuevo portavoz socialista en las Cortes Valencianas

La ejecutiva del PSPV bajo mandato de Ximo Puig retoca la dirección del grupo parlamentario Carmen Ninet y Francisco Toledo siguen como adjuntos y Rafael Rubio releva a Cristina Moreno.

Antonio Torres (Huéneja, Granada, 1954) será el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y encargado de interpelar al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en las sesiones de control al gobierno en las Cortes Valencianas.

Torres, que fue director general de Servicios Sociales en el último Consell presidido por Joan Lerma, procede de Elche y se ha caracterizado por su severidad en la denuncia del incumplimiento de la ley de dependencia por parte de los sucesivos responsables de Bienestar Social en la Generalitat Valenciana. Fue diputado nacional en 1979 y ha sido diputado autonómico durante las tres últimas legislaturas.

Torres asume la plaza que dejó vacante Jorge Alarte, exsecretario general de los socialistas valencianos, cuando fue desbancado del cargo por Ximo Puig en el 12 Congreso del PSPV el 31 de marzo.

También se incorpora Rafael Rubio, diputado por Valencia, como portavoz adjunto. Carmen Ninet y Francisco Toledo, diputados por Valencia y Castellón, respectivamente, permanecen en sus cargos como portavoces adjuntos.

El nuevo secretario general propuso a Cristina Moreno, portavoz adjunta con Alarte, asumir el puesto de coordinadora territorial del grupo parlamentario por Valencia. Pero Moreno ha declinado el ofrecimiento.

La presidencia del grupo, que ocupaba Óscar Tena, será para Ana Barceló. Los coordinadores territoriales en Alicante y Castellón serán respectivamente, Javier Macho y Ana Besalduch.

Ángel Luna y Carmen Martínez también forman parte de la dirección del grupo parlamentario porque son miembros de la Mesa de las Cortes, vicepresidente segundo y secretaria segunda, respectivamente.

EN ESTA PUBLICACIÓN SE RECOGEN LOS 100 PRIMEROS DÍAS DEL "GLORIOSO" GOBIERNO DE MARIANO RAJOY Y DE COMO MINTIÓ A TODOS LOS ESPAÑOLES ANTES Y DURANTE SU CAMPAÑA ELECTORAL.

LOS 100 DÍAS DE RAJOY

Publish at Calaméo or browse others.

ESTE LIBRO DESCRIBE CLARAMENTE QUE HAY OTRAS ALTERNATIVAS ANTES QUE LOS RECORTES PARA SALIR DE ESTA CRISIS PROVOCADA POR LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES QUE NOS ESTÁN APLICANDO, SIN QUE HASTA EL MOMENTO HAYA SERVIDO PARA NADA, ÚNICAMENTE PARA CREAR MÁS PARO, MÁS RECESIÓN, MÁS POBREZA Y MUCHO MÁS SUFRIMIENTO A LOS CIUDADANOS QUE VEMOS COMO DÍA A DÍA NO VA BAJANDO NUESTRO PODER ADQUISITIVO Y SE VAN RECORTANDO NUESTROS DERECHOS Y NUESTRO ESTADO DEL BIENESTAR SIN QUE PODAMOS HACER NADA PARA EVITARLO.

HAY ALTERNATIVAS

Publish at Calaméo or browse others.

El secreto de Milagrosa, la Perla de Gürtel

Milagrosa Martínez, conocida como La Perla en el sumario Gürtel, es la presidenta de las Cortes Valencianas y se ha hecho nacionalmente conocida por aceptar un reloj de 2.400 euros de El Bigotes en su etapa de consejera de Turismo. Previamente, su departamento le había asignado contratos por varios millones de euros para que le montase con una cuadrilla las estanterías de Fitur.

Igual que Tony Blair llamaba “eh, tío” a los periodistas cuyos nombres no recordaba, Milagrosa hacía lo mismo con todo el mundo, pero en versión valenciano-castiza. Si le llamaba un informador, ella le decía “eh, Perla”; si le llamaba el presidente de la Generalitat, ella le respondía “¡qué tal Perla!”, y si le llamaba El Bigotes, pues lo mismo.

La aparición de Martínez en el sumario Gürtel no es poca cosa,tanto por la enorme relevancia pública por el cargo que ocupa (segunda autoridad autonómica) como por la metáfora con la que este personaje sencillo evoca la raíz podrida del entramado.

Milagrosa Martínez era la alcaldesa de Novelda, un pueblo alicantino modélico, porque no tiene de nada pero sus habitantes lo hacen bien todo. A saber, en Novelda no hay canteras, pero están las mayores empresas de mármol de Europa que, durante décadas han alicatado los palacios saudíes. Ni crece un mísero hierbajo, pero está la especiera más importante de España, que trae el azafrán de Irán. Y así, en un buen puñado de sectores. Pocos escándalos urbanísticos y mucha iniciativa empresarial.

Eso, en el mejor de los casos, debió pensar Francisco Camps cuando la nombró consellera de Turismo, pese a que el pueblo que gobernaba no acoge a ningún turista ni ella tenía repajolera idea de este negociado. O quizá el polémico nombramiento obedeció a que fue de las primeras alcaldesas alicantinas que juró fidelidad al presidente autonómico en pleno fragor de la batalla por el control del partido con Eduardo Zaplana.

El caso es que, no contento con haberla elevado a una de las carteras más importantes de su Gobierno, y sin que, aparentemente, hubiese destacado en esta etapa más que por su gracejo, Camps la invistió como presidenta de las Cortes tras guillotinar a otro insigne zaplanista, Julio de España.

Y ahora nos enteramos de que Milagrosa, política incorrupta y llana,repartió como si fuese un aspersor un reguero de millones a Orange Market y demás satélites purulentos de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana. Y lo hizo con extrema diligencia, pagando en los legales 90 días, en una autonomía que tarda cinco meses en pagar a sus proveedores, así se estén asfixiando por falta de crédito.

Conocí a Milagrosa Martínez y no me entra en la cabeza que se dejase corromper por un peluco de lujo. Simplemente, y teniendo en cuenta la espiral de irracional éxito en la que había entrado su carrera,debió pensar que el que un adjudicatario le regalase un reloj que cuadruplicaba el salario mínimo interprofesional era lo normaldentro del paisaje de amiguismo, lujo y estulticia con el que Camps tenía decorada su administración. Lo que me extraña más de este personaje sencillo, es que no se haya marchado a su casa, abochornado.

L@S ENCHUFAD@S POR EL PP

Tener vínculos familiares o de amistad con algún miembro del Gobierno parece, hoy por hoy, un valor seguro. Y cotizando al alza. La lista de enchufados, formada por hijos, hermanos, cuñados, esposas, amigos y conocidos de ministros, secretarios de Estado y altos cargos del PP, es casi inabarcable. Y cada día se van conociendo nuevas incorporaciones. Entre las últimas, la de Eva Miquel Subías, esposa del recién nombrado presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar.

Soraya Sáenz de Santamaría y esposo

Eva Miquel ha sido nombrada asesora corporativa del organismo público Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento que encabeza Ana Pastor, pese a que no cuenta con experiencia alguna en el sector. Licenciada en Historia, la esposa del presidente de Renfe procede del Ayuntamiento de Madrid, donde ha sido consejera técnica de varias concejalías desde 2004. También ha hecho pinitos en el periodismo, publicando habitualmente una columna en Libertad Digital. Llama también la atención que, pese a la nula experiencia de Eva Miquel en el sector portuario, el Ministerio de Fomento haya preferido fichar a la mujer del presidente de Renfe antes que a otros reconocidos gestores en esa especialidad. Sobre todo teniendo en cuenta que Puertos del Estado, al igual que el resto de organismos públicos de la Administración, ha visto recortada su estructura de altos cargos.

"En línea con las directrices del Gobierno para racionalizar y ajustar el gasto público, se han reducido de cuatro a tres las direcciones operativas", asegura Fomento en relación al nuevo organigrama de Puertos del Estado, "y se ha decidido amortizar las plazas de las personas que accedan a la jubilación este año, que afectan al segundo escalón de subdirectores, lo que permitirá reducir el número de los mismos a la finalización de 2012".

Más enchufad@s

Pero el de Eva Miquel no es, ni mucho menos, el último enchufe conocido. Raquel Catalá, hermana del secretario de Estado de Fomento y mano derecha de la ministra Pastor, Rafael Catalá, también ha engrosado la lista de familiares de miembros del Gobierno agraciados con un alto cargo. La hermana del número dos de Fomento es ahora la flamante delegada especial de la Agencia Tributaria en Madrid. Raquel Catalá cobrará más de 100.000 euros anuales, un salario muy superior al del propio presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Y hay más. La esposa de José Canal, secretario general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es ahora directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. Sonia Ramos, gallega de 42 años, sí tenía experiencia previa en ese ámbito de gestión: anteriormente fue subdirectora general de ayuda a las víctimas. En este caso lo que más llama la atención, por inusual, es que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha mantenido a su marido en el mismo cargo que ya ocupaba en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Parejas sentimentales, hijos...

A estos últimos casos hay que añadir los ya conocidos de Carmen Gámir, pareja sentimental del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo. Gámir, periodista de profesión, ha encontrado un hueco en la Administración como jefa de prensa en la Secretaría de Estado de Presupuestos. Mientras que Ángela Alarcó, ex mujer de Rodrigo Rato, fue designada presidenta de la red de Paradores del Estado. Precisamente a este organismo ha llegado como director de Comunicación Ramón Ongil, hermano de Gádor Ongil, vicesecretaria de Organización del PP de Madrid.

En el ámbito de los cuñados existen ejemplos como el de Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, cuyo concuñado, José Ramón Bujanda, preside la Sociedad Estatal de Caución Agraria desde el pasado 6 de marzo. En Loterías y Apuestas del Estado se halla otro alto cargo con ese vínculo familiar, José Miguel Martínez, en este caso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

También hay que recordar que Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre, hijo de Esperanza Aguirre, ha sido contratado como asesor en la Secretaría de Estado de Comercio. Su experiencia previa como abogado en el bufete Pérez Llorca de Madrid refuerza el vínculo de la presidenta madrileña con Carmen Pérez Llorca, hija del fundador del despacho, quien ejerce como viceconsejera de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid.

Sin olvidar que María Zaplana, hija del ex ministro Eduardo Zaplana, trabaja como asesora en la Secretaría de Estado de Turismo. O que Teresa Lizaranzu, esposa de Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica de La Moncloa, compatibiliza la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro con la presidencia de la Comisión de Propiedad Intelectual y la de la Sociedad Estatal de Acción Cultural. Ni, por supuesto, que el frustrado fichaje por Red Eléctrica de Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, no impidió que Telefónica contratara a Iván Rosa, esposo de Soraya Sáenz de Santamaría.

El particular caso de Castilla La Mancha… nepotismo en la Ínsula Barataria 

María Dolores de Cospedal y su esposo

De nada han servido los comunicados y las protestas de la Asociación de la Prensa; de nada vale la denuncia realizada por el sector de medios de comunicación de CCOO de Castilla-La Mancha. Nada ha impedido, ni siquiera la indignación de los “silentes” periodistas castellano-manchegos, que el Partido Popular haya enchufado a numerosos allegados que desde hace unos días desarrollan las labores de comunicación que desempeñaban con anterioridad profesionales cualificados e independientes y que han sido despedidos. Y entre todos los colocados por María Dolores Cospedal llama la atención el esposo de la presidenta de la Diputación de Guadalajara, Ana Guarinos, que en la pasada legislatura anunció la presentación de una iniciativa parlamentaria en las Cortes de Castilla-La Mancha para impedir que matrimonios pudieran cobrar dos sueldos públicos. Dos años después, su marido, Ángel Recio, alcalde de la localidad alcarreña de Fuentelahiguera, ha sido nombrado para un puesto de asesor en la Subdelegación del Gobierno de Guadalajara reservado para periodistas que realizaban esta labor. Un tanto de lo mismo ha sucedido en la Subdelegación del Gobierno de Albacete, donde la mujer del presidente de la Diputación, el “popular” Francisco Núñez, hace las veces del periodista que ocupaba ese puesto antes de la llegada del PP al poder. Lo más significativo es que Fátima Torija, esposa del líder albaceteño, es fisioterapeuta, una digna profesión que, sin lugar a dudas, es la más idónea para comunicar. Por cierto, Núñez tiene un sueldo próximo a los 5.000 euros mensuales.

Pero aquí no termina la lista de enchufad@s en Barataria. No, la lista es más amplia. Así las cosas, la secretaria regional de Nuevas Generaciones, la alcarreña Cristina Molina, realiza las veces de la periodista María José García en la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real. Molina tampoco es profesional de la comunicación y, además, es ajena a la provincia manchega, pero, eso sí, es del PP, suficiente para ser colocada. El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, “expulsado” por Cospedal de su Ejecutivo (por algo será), Jesús Labrador, no iba a ser menos a la hora de abrir las puertas del emblemático edificio de la Plaza de Zocodover para la llegada de nuevos fichajes. A saber: un guardia civil que hace las veces de jefe de prensa, si bien este profesional realizó las mismas labores, y con éxito, en la Comandancia toledana, o la mujer de un periodista fichado por el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y secretario general del PP, Vicente Tirado. 

LAS RAZONES PARA UNA HUELGA GENERAL

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Mírese como se mire, muchas de las políticas públicas del gobierno del Partido Popular tienen como objetivo disminuir los salarios y reducir la protección social. Tal objetivo se justifica con el argumento de que hay que recuperar la confianza de los “mercados financieros”, temerosos éstos de que el elevado déficit del Estado español imposibilite el pago de los intereses de la deuda pública, creando un grave problema para tal Estado, pues no podrá conseguir dinero prestado de tales mercados para realizar sus funciones. Esta justificación ha adquirido la dimensión de dogma, impuesto por las autoridades que rigen la Eurozona y la Unión Europea. En realidad, tales autoridades ya han nombrado un supervisor que instruya al gobierno español sobre cuándo y cómo alcanzar tales objetivos, convirtiendo a España en un protectorado, con escasa soberanía y capacidad de decisión nacional. Tal argumento requiere para su sostenibilidad que la población crea que tales medidas, que son altamente impopulares, son necesarias para recuperar su bienestar, presentándolas como las únicas posibles. Lo que la ciudadanía debería conocer (y no es fácil que conozca, debido a la escasísima diversidad ideológica existente en los medios de información y persuasión del país) es que cada uno de los supuestos que sostienen tal justificación es erróneo. La evidencia científica ampliamente disponible muestra los siguientes hechos:

- La falta de confianza de los llamados mercados financieros hacia la economía española no se debe, en este momento, al “excesivo déficit” o a la “excesiva deuda pública” (más baja que la de Alemania), sino al escaso crecimiento económico, que empeorará con las medidas de recortes de gasto público (incluyendo gasto público social) y de empleo público, y con la reducción de los salarios. La evidencia de que tales medidas empeorarán la situación económica es abrumadora. Ha pasado en Grecia, está pasando en Portugal, y ocurre también en España.

- Los intereses de la deuda pública están altamente influenciados por el comportamiento del Banco Central Europeo (BCE), el cual es, en realidad, más un lobby de la banca que un banco central. El BCE está ayudando masivamente a la banca europea (incluyendo la banca española) a costa de no ayudar a los Estados. Si el Banco Central Europeo fuera un banco central, España y los otros países periféricos de la Eurozona no tendrían el problema que tienen en poder vender deuda pública, pues tal banco compraría tanta como fuera necesario para bajar sus intereses. Ahora bien, el hecho de que el Banco Central Europeo no intervenga y ayude a los Estados comprando deuda pública directamente, es precisamente para beneficiar a los bancos. La evidencia de que esto es así es también abrumadora.

- En realidad, el elevado desempleo de España no se debe ni a las “supuestas” rigideces del mercado de trabajo ni a la “excesiva” protección social. España fue, en 2011, el país junto con EEUU e Irlanda, donde proporcionalmente se despidieron más trabajadores, tanto fijos como temporales. Y el gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español). La evidencia científica de que los recortes sociales y las reformas del mercado laboral no solo no crearán empleo sino que lo destruirán, es contundente y abrumadora.

La pregunta que el lector se hará es: ¿por qué, entonces, el Partido Popular hace tales políticas? La respuesta es que los intereses que representan –la banca y la gran patronal- sí que se están beneficiando de estas políticas. En realidad, están consiguiendo lo que siempre han deseado. Están utilizando la crisis que ellos crearon (y muy en especial, la banca) para alcanzar lo que siempre quisieron, es decir, bajar los salarios, disminuir la protección social y privatizar el Estado del Bienestar. Y lo están haciendo sin que hubiera un mandato popular. En realidad, habían negado que harían cada una de las medidas que están ahora implementando. Este insulto democrático debe denunciarse en una democracia. Y la manera de responder es con una huelga general. Una última observación. No es casualidad que los países que tienen mayores problemas económicos y financieros en la Eurozona son aquellos países que han estado dominados por periodos más largos de su historia, por las fuerzas conservadoras: Grecia, Portugal y España. En estos países, los Estados han sido influenciados en gran manera por la banca, la gran patronal y las grandes fortunas, que explica la regresividad de sus políticas fiscales y el gran fraude fiscal. Según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español, el 72% de todo el fraude fiscal en España lo realizan estos grupos, cuya influencia sobre el Estado es enorme. Esta situación explica la pobreza del Estado español (tanto central, como autonómico y municipal), su deuda pública y el subdesarrollo de su Estado del Bienestar. Son estas mismas fuerzas financieras y económicas las que ahora están imponiendo tales políticas, con el apoyo de las elites gobernantes de la Eurozona. De ahí que una huelga general es también una continuación de una larga historia para recuperar la democracia y el bienestar de la ciudadanía, denunciando los responsables, dentro y fuera de España, de su escaso desarrollo social.

NI DESALADORAS, NI TRASVASES

 Con la llegada a la Moncloa de Mariano Rajoy en la Comunidad Valenciana se acabó el victimismo de los últimos años del Gobierno de Zapatero, ahora ya nadie del Gobierno Valenciano del PP se manifiesta con lo regante pidiendo agua para todos y ni tan siquiera exigen al presidente del Gobierno el Trasvase del Ebro, que tanto reclamaron al gobierno socialista.  Tan poco cuestionan la llegada del AVE a Alicante y Castellón ni tan siquiera critican la financiación autonómica que según ellos castigaba sobre manera a nuestra Comunidad al no reconocer la población real de la Comunidad Valenciana, en fín paraece que ha sido milagrosa la llegada del Sr. Rajoy a la presidencia del Gobierno y desaparecer  automáticamente el victimismo al que nos tenían acostumbrados el Gobierno de la Generalitat Valenciana

El próximo 18 de junio se cumplirán ocho años de la derogación del trasvase del Ebro. No habrá manifestaciones multitudinarias. Ni dirigentes del PP valenciano que apelen a la II República, que ya planeó la infraestructura. Previsiblemente, la fecha pasará desapercibida en la agenda del jefe del Consell, Alberto Fabra. El vuelco electoral autonómico popular, la victoria de Mariano Rajoy, y la alianza de facto con CiU han modulado el lenguaje de la Generalitat, que ha sustituido el término trasvase por “conexión entre cuencas”, como recoge una respuesta a EL PAÍS de la Consejería de Agricultura. Ocho años después, la guerra del agua ha perdido intensidad, el trasvase resulta incómodo y la alternativa hídrica del Ejecutivo socialista, las desalinizadoras, descansa en dique seco.

En la Comunidad Valenciana, la autonomía con más consumo por hogar de España, hay dos plantas de desalar operativas mientras que las cinco planeadas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a través de Acuamed, la empresa pública de Medio Ambiente, a partir de 2005 están en fase de construcción o pruebas. Ninguna funciona y se desconoce la fecha exacta en la que producirán agua más allá de un impreciso “a lo largo de este año”. La razón principal, los retrasos de los permisos del Consell. La Generalitat tiene autorizaciones pendientes en tres de las cinco plantas que contemplaba el Programa Agua del Ejecutivo socialista. “Las desalinizadoras están acabadas pero no pueden funcionar a causa de las trabas que la Generalitat”, explica el expresidente de la Sociedad Española de Infraestructuras Agrarias del Sur (Seiasa), el socialista Francisco Rodríguez Mulero. El antiguo responsable del Ministerio de Agricultura sostiene que el Consell siguió una hoja de ruta para boicotear las obras. “Los exconsejeros de Medio Ambiente José Ramón García Antón y Juan Cotino sabían que debían poner pegas para que las desalinizadoras no funcionaran”, relata.

La inversión de las factorías paralizadas —sin incluir los gastos de mantenimiento— supera los 450 millones y su capacidad de producción rebasará los 132 hectómetros cúbicos anuales, el equivalente a 132 estadios como el Santiago Bernabeu. La Unión Europea, que subvencionó con hasta 55 millones la factoría de Torrevieja, exige al titular de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que ponga en marcha las obras. El ministro reveló ante el Congreso que las 17 desalinizadoras de España trabajaban al 16,45%.

Los hogares de la Comunidad Valenciana son los que más agua gastan

En las inmediaciones del Saladar y los Arenales de Agua Amarga (Alicante), operan las dos únicas desalinizadoras de la Comunidad. La primera se concibió para abastecer a una población de medio millón de habitantes de Elche, Santa Pola, Alicante y San Vicente del Raspeig, que se dispara en verano, y funciona desde 2003. Fue inaugurada por la exministra de Medio Ambiente popular Elvira Rodríguez, y Francisco Camps, durante el mandato de José María Aznar. Las dos plantas de Alicante, donde el 80% del agua consumida es desalada, forman parte de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Ministerio de Agricultura), que también acoge dos instalaciones en San Pedro del Pinatar (Murcia), ideadas para cubrir 17 municipios alicantinos como Pilar de la Horadada, Rojales, San Fulgencio o Guardamar.

Las fábricas de agua proyectadas por Acuamed en Mutxamel, Sagunto, Torrevieja, Cabanes y Moncofa permanecen paradas, pese a que su construcción comenzó a partir de 2006, el Gobierno desembolsó las inversiones correspondientes y Bruselas repartió con generosidad subvenciones que superaron de media el 20%. Salvo Torrevieja, de carácter mixto, todas se pensaron con vistas al abastecimiento humano y preveían la posibilidad de su ampliación. Pertenecen a un modelo que buscaba la producción estable y generar agua in situ y desterrar el fantasma de las tensiones territoriales, que fue justo lo que no se consiguió. El Ejecutivo socialista prometió como alternativa al trasvase una inyección para Cataluña, Comunidad Valenciana, Almería y Murcia de unos 1.000 hectómetros cúbicos anuales, de los que más de la mitad (600) llegaban del mar. Se aspiraba a inculcar una nueva cultura el agua, que contemplaba el ahorro (la Comunidad Valenciana es líder en fugas de agua), la modernización de regadíos, la reutilización de aguas residuales y el aprovechamiento sostenible de los acuíferos.

La inversión en las desalinizadoras paralizadas representa los 450 millones

Los planes de la ministra Narbona no contaban la llegada de un invitado inesperado, la crisis. Las desalinizadoras de Cabanes y Moncofa encaran desde 2008 el obstáculo del desplome inmobiliario. Los municipios se comprometieron a abonar a Acuamed los costes de explotación y amortización de las plantas, que habían sido concebidas para una avalancha de población que no llegó. La fábrica de agua de Cabanes prometía hasta 42,9 hectómetros cúbicos al año y Moncofa, 19,8.

La caída de los ingresos y el principio de rigidez presupuestaria impuesto por el Gobierno, despertó del sueño y modificó las prioridades de pago. Y ahora los Ayuntamientos afectados se quejan de que no pueden asumir la factura inicial de esa agua que requerían para levantar sus quimeras de crecimiento. “El PAI no se ha desarrollado y de momento no existe necesidad alguna de agua desalada”, admite el Ayuntamiento de Cabanes, que preside el popular Vicente Artola, en referencia a la evaporación del parque temático Mundo Ilusión, que afectaba a 18 millones de metros cuadrados y por los que el municipio se comprometió a pagar a Acuamed 800.000 euros anuales.

Sagunto, Mutxamel, Cabanes, Moncofa y Torrevieja tienen las plantas paralizadas.

En el mismo aprieto se encuentran Oropesa, Benicàssim y Xilxes, que pactaron en marzo un frente común para negociar sus convenios con Acuamed. Moncofa, gobernado por el PSPV, defiende la desalación mientras que Xilxes, que planeaba un campo de golf y 6.500 viviendas, dice que ya no necesita el agua. La asfixia económica y la caída de las previsiones de crecimiento dejan en el aire también las desalinizadoras que no han comenzado a construirse, como la prevista en Dénia. La localidad de La Marina, gobernada por el PP, prefiere comprar agua de la vecina Xàbia, donde ya existe una planta, a levantar una nueva obra cuyo coste rebasaría los 22 millones de euros.

Los próximos meses se revelarán cruciales. Acuamed confía en que el Ministerio revise las actuaciones “caso por caso” pero recuerda que los municipios se comprometieron en los años de bonanza a sufragar a escote las desalinizadoras. El departamento que dirige Miguel Arias Cañete ha declinado responder a EL PAÍS al respecto.

Los ayuntamientos no pueden pagar el coste de mantener las factorías

Los socialistas valencianos, que pagaron con una sangría de votos la impopular defensa de las desalinizadoras, mantienen la vigencia del plan Agua. “Le hemos planteado al Gobierno que ponga en marcha las obras”, explica el senador por Castellón Enric Navarro. Pero admiten que el cargo de las actuaciones llega en época de vacas flacas y con la tijera sobrevolando sobre las arcas locales. “La situación económica actual no permite asumir unos costes tan altos”, explica José María Ángel, alcalde de L’Eliana y responsable de política municipal del PSPV, que apunta que los pagos a Acuamed no atenazan solo a los municipios con desalinizadoras. L’Eliana, con un presupuesto de 15 millones, negocia una rebaja de las cuotas de amortización y explotación de una desnitrificadora instalada para mejorar la calidad de los recursos hídricos y que podría suponer cuando funcione un gasto de 800.000 euros anuales. “No nos negamos a pagar, pero necesitamos una cifra asumible y adaptada a las circunstancias”, dice el regidor.

La evolución del sueño hídrico de José Luis Rodríguez Zapatero —en España sólo se han construido 17 de las 51 desalinizadoras previstas— , las reticencias de los Ayuntamientos en crisis a asumir la factura de Acuamed, y la dependencia de un urbanismo en dique seco suscita una pregunta. ¿Hacía falta tanta agua? “Un empresario me dijo que una cosa son las necesidades reales y otra las del papel, que sirven para renegociar proyectos”, explica el profesor José Luis Sánchez, del Departamento de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante. Sánchez está especializado en el estudio y control de los vertidos de salmuera al mar (agua con una gran proporción de sal) y ha seguido de cerca la evolución de las plantas de Alicante o Murcia. Sostiene que las desalinizadoras generan un impacto que la tecnología puede evitar. Como el resto de técnicos consultados por EL PAÍS, estima que el agua se transmutó en un ariete político, que las administraciones actuaron movidas por la euforia de la construcción, y que los partidos se embarcaron en planes que concebían la política hídrica como ejes de su estrategia para azuzar al adversario. De todo eso ya no queda nada. Salvo las facturas.

Con la guerra amainada, Mariano Rajoy en La Moncloa y el proyecto del trasvase del Ebro en el cajón, el Consell se despoja del lenguaje de la crispación y promete lealtad al Ejecutivo del PP, que no incluyó el trasvase en su programa electoral. “Contamos con un nuevo Gobierno en España, que ya ha demostrado su predisposición para alcanzar un pacto nacional para la gestión del agua y el diseño de un nuevo PHN”, indica la Consejería de Agricultura. Arias Cañete admitió a inicios de marzo que no habrá planificación hídrica hasta dentro de dos años.

Problemas en la mayor fábrica de agua

Transformada en un símbolo de la política hídrica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la desalinizadora de Torrevieja, será “en breve” una de las mayores fábricas de agua de Europa, según Acuamed, que no precisa cuándo empezará a funcionar. La capacidad de la fábrica de agua, 80 hectómetros cúbicos al año, permitirá abastecer a más de 400.000 personas de Murcia y Alicante.

Desde el primer ladrillo, la planta de Torrevieja, que figuraba entre las primeras infraestructuras para sustituir el derogado trasvase del Ebro, fue objeto del vía crucis de zancadillas administrativas del Con-sell. Durante la construcción, una empresa contratada por la Consejería de Infraestructuras bloqueó el acceso al recinto de los camiones de la obra. La penúltima traba, un permiso de toma de agua que se retuvo porque atravesaba un puerto competencia de la Generalitat, se desbloqueó en noviembre, en vísperas de la victoria de Mariano Rajoy.

La instalación se encuentra acabada, el grueso de la obra concluido, a falta de una actuación menor, la toma y vertido de mar. La puesta en marcha de la mega factoría de agua depende ahora de una autorización ambiental, que Acuamed solicitó a la Generalitat en 2009. “No sabemos la fecha exacta en la que entrará en funcionamiento, pero será a lo largo de este año”, dicen desde el organismo que depende del Ministerio de Agricultura. La planta ha costado 300 millones, 55 de ellos en subvenciones de la UE.

El Consell sigue mirando con recelos a Torrevieja. Asegura que su puesta en funcionamiento dispararía un 35% la factura hídrica de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que nutre a una parte de los municipios del sur de Alicante. “El elevado coste hace que el agricultor no pueda asumir su explotación”, sostienen desde la Consejería de Agricultura. El impacto ecológico del vertido de la salmuera es otro de punto de fricción, que critica la Generalitat. “Es cierto que las desalinizadoras tienen un impacto ambiental, pero se puede evitar y existen fórmulas para hacerlo de un modo eficiente. Además, en la zona de vertido de Torrevieja no había praderas de posidonia, que es donde se puede dar el problema”, explica el profesor José Luis Sánchez Lizaso, del Departamento de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante. “Lo del impacto medioambiental es otro rollo más que se han inventado los del PP para retrasar la obra, ya que la depuradora de Pinedo es bastante más agresiva que una desalinizadora”, añade un consultor ambiental que trabaja para Acuamed y pide el anonimato.

El PP entierra la guerra del agua

Abrazado al patriotismo hidrológico, el Consell se fijó como prioridad la reclamación del trasvase del Ebro derogado en 2004. El Gobierno de Francisco Camps alentó —cuando no sufragó directamente— manifestaciones, paellas, fundaciones y campañas de publicidad en Canal 9 para reclamar una infraestructura hídrica que encendía a los ecologistas. El Consell selló una alianza de facto con su homólogo murciano Ramón Luis Valcárcel para cargar contra la ministra Cristina Narbona, que encajaba insultos y salía escoltada como un árbitro tras sus encuentros con agricultores. El Rajoy jefe de la oposición defendía los trasvases en Murcia y Valencia y ejercitaba el malabarismo dialéctico en Aragón y Castilla-La Mancha, en manos de los socialistas. En Cataluña gobernaba un tripartito de izquierdas con presencia independentista. La ecuación resultaba perfecta para el PP, que presumía de un discurso autonómico monocorde.

Ocho años después, el escenario se ha transformado. El azul tiñe el mapa regional. Los conservadores, que borraron el trasvase de su programa electoral nacional, gobiernan en 12 de las 17 autonomías. El PP pilota Aragón y Castilla-La Mancha, donde Dolores de Cospedal, que además es la número dos del partido, plantó cara en diciembre a Valencia y Murcia al recurrir contra el último trasvase del Tajo al Segura del Gobierno. La alianza entre PP y CiU entierra la reivindicación del trasvase. Y para completar el círculo, el nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que depende del Ministerio de Agricultura, es Xavier de Pedro, del Partido Aragonesista (PAR), socio de la popular Luisa Fernanda Rudi. “El trasvase del Ebro no está en estos momentos sobre la mesa”, advirtió recientemente De Pedro.

Ante el nuevo escenario, el Consell modula el tono. Critica las desalinizadoras pero pasa de puntillas sobre el trasvase. “El programa Agua no fue más que una marca acompañada de un listado de obras de las que no se analizó su viabilidad”, dice en un correo la portavoz de la consejería de Agricultura, que sustituye la reivindicación del trasvase —término que no aparece en la respuesta— por la necesidad de considerar la “conexión entre cuencas”. El departamento de Maritina Hernández culpa al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de “ocho años de crispación” en materia hídrica. Los antiguos responsables socialistas, difieren. “Todo respondió a una operación de marketing político, que los trasvases fueron una falacia y que el PP consiguió engañar a los valencianos”, explica el expresidente del Seiasa, Francisco Rodríguez Mulero.

El paro sube a 5,6 millones y marca un nuevo máximo en el arranque de 2012

n        La tasa se eleva al 24,44% y roza el anterior récord, alcanzado en 1994

n        La cifra total de parados se ha incrementado en 729.400 en un año

La recaída en la recesión de la economía española ha provocado un fuerte aumento del paro en el arranque de este 2012. Según los datos de la Encuesta de Población Activa que ha publicado hoy el INE, el total de personas sin trabajo ha subido en 365.900 personas entre enero y marzo, lo que ha dejado el total de desempleados en 5.639.500, un nuevo máximo histórico. Del lado del empleo, en este periodo se han destruido 374.300 puestos de trabajo, con lo que el total de ocupados baja a 17.433.200.

Tanto para el empleo como para el paro, este trimestre es el peor desde el inicio de 2009, periodo en que España atravesaba la peor fase de la Gran Recesión. Además, el persistente deterioro del mercado laboral también ha elevado la tasa de paro al 24,44%, con lo que roza el récord de 1994, cuando llegó al 24,55%.

Además, con vistas al futuro, las previsiones estiman que el deterioro del mercado laboral se prolongue durante algún tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que el impacto de los nuevos ajustes aprobados para reducir el déficit y recortes apenas se han puesto en marcha. Este hecho se hace patente en que el empleo público, que registró su primer descenso en términos interanuales en la EPA del cuarto trimestre de 2011, mantiene prácticamente su caída.

Para el Gobierno, en 2012 se destruirán un total de 630.000 puestos de trabajo a tiempo completo, lo que dejará la tasa de paro en el 24,3%, por el impacto de la recesión en el empleo. No obstante, los servicios de estudios privados auguran que el desempleo seguirá subiendo también en 2013.

Por sexos, el descenso de la ocupación es casi tres veces mayor entre los varones (278.300 menos) que entre las mujeres (96.000 menos). Por el contrario, el aumento del paro afecta prácticamente por igual a varones y mujeres.

En cuanto al impacto de la crisis por ramas de actividad, la ocupación desciende en todos los sectores y sube el paro. En los servicios hay 147.900 desempleados más, en la Agricultura 59.700, en la Industria 49.800 y en la Construcción 29.500. También crece el paro entre las personas que perdieron su empleo hace más de un año (66.200 más) y entre quienes buscan su primer empleo (12.800).

COMPROBACION INSCRIPCIÓN CENSO ELECTORAL Y RECLAMACIONES

A partir de hoy día 4 y hasta el día 11, podéis consultar en el Ayuntamiento si figuráis inscritos en el censo electoral y hacer la reclamaciones pertinentes de no figurar. Igualmente los ciudadanos extranjeros con derecho a votar que no manifestaron en su momento su intención de votar en Relleu lo pueden hacer ahora mediante reclamación que se debe de presentar en el Ayuntamiento (la página está también en inglés).

PINCHAR EN ESTE ENLACE PARA ABRIR LA PAGINA DEL INE