El Consell paga 35 millones más por la F-1 que iba a costar cero euros

• Un cambio presupuestario revela que la deuda de Valmor supera los 41 millones



Francisco Camps saluda a Jorge Martínez 'Aspar' en presencia de Francisco Roig y José Luis Olivas en 2008.

El Consell ha tenido que pagar otros 35 millones por la organización de la carrera de fórmula 1 en el circuito urbano de Valencia. Un evento que anunció en 2007 el entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps y que, según se hartaron de pregonar los populares con Ricardo Costa a la cabeza, iba a tener un coste cero.

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicó ayer una modificación de crédito por la que detrae 34,8 millones de euros de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana para pasarlos a la empresa Circuito del Motor, que gestiona las instalaciones de Cheste.

Este dinero se destinará a cubrir las deudas heredadas de Valmor Sports, la sociedad participada por Jorge Martínez Aspar, Bancaja y el propietario del Villarreal CF, Fernando Roig. Esta firma tenía los derechos para organizar el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 y fue comprada por el Consell el pasado 9 de diciembre al precio simbólico de un euro.

En los presupuestos de 2012 de Circuito del Motor ya se destinaron seis millones de euros para cubrir deuda de Valmor, que sumados a los 35 adicionales alcanzan ya un total de 41 millones de euros.

Fabra reordena los grandes eventos sin dar cuenta de la gestión hecha

El dinero para asumir las deudas que arrastra Valmor Sports completa el proceso de reordenación de la fórmula 1 por parte del Consell que dirige Alberto Fabra. El presidente de la Generalitat constató desde un principio que el evento del que había hecho bandera Camps era insoportable económicamente.

Así, buena parte de los esfuerzos se han dirigido a intentar reducir el coste de la carrera de fórmula 1 que se celebra en Valencia, lo que lo ha distanciado de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Fabra y su vicepresidente José Ciscar han rebajado el gasto con tres actuaciones. Primero, el Consell aceptó la oferta del Gobierno catalán de alternar cada año el premio de fórmula 1 en España. Segundo, han roto el contrato que tenía Canal 9 para retransmitir las carreras del campeonato de fórmula 1 en valenciano. Y, tercero, han acabado con los intermediarios que Camps utilizó como pantalla para justificar que la carrera de coches “no le iba a costar a las arcas de la Generalitat ni un solo euro”. A cambio, eso sí, Fabra se ha tenido que hacer cargo de los 41 millones de deudas acumulados por Valmor Sports. Y todo ello sin dar cuenta de la gestión realizada en un evento que ha ofrecido notables réditos electorales al Partido Popular.

Los socialistas, a través del diputado José Manuel Sánchez, afirmaron ayer que la modificación presupuestaria “desenmascara una nueva mentira de la Generalitat y del PP y supone un duro castigo para el sector turístico, que ha visto reducidos sus presupuestos en más de un 30%”.

Valmor acumuló deudas desde la primera carrera hasta su venta en diciembre.

“Dijeron que iban a comprar Valmor Sports por un solo euro, lo que al final ha sido una mentira más”, dijo Sánchez, que recordó que el presupuesto de la Agència Valenciana de Turisme para este año se ha quedado en 44 millones de euros”.

Los grupos de la oposición han solicitado, hasta ahora sin éxito, acceder a los contratos y las cuentas de la fórmula 1.

Valmor Sports firmó con el patrón de la Formula One Administratio Limited, Bernie Ecclestone, el contrato para organizar las siete ediciones de la carrera entre 2008 y 2014. Tan solo llegó a abonar el canon correspondiente a la primera carrera celebrada en Valencia, ya que al año siguiente asumió el pago de los 20,5 millones de euros la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, perteneciente a la Generalitat.

Valmor Sports incorporó a finales de 2007 a Vicente Cotino, sobrino del presidente de las Cortes, a través de la sociedad Worldwide Circuit Management, pero los costes de la carrera fueron inasumibles para esta sociedad desde el primer día. Y ello, pese a que las obras de acondicionamiento del circuito urbano de Valencia corrieron a cargo del erario público, que también asumió trabajos necesarios para la organización de la carrera.

Valmor ya cerró 2008 con unas deudas de 15,8 millones, según los datos depositados en el Registro Mercantil, que al año siguiente (2009) ya ascendían a 25,7 millones. Las inyecciones de dinero realizadas por la Generalitat a través de la sociedad Circuito del Motor han permitido saber que dos años después las pérdidas se habían doblado y ahora se cubrirán a cargo del erario público.

Definitivamente si el Consell gobernado por el PP se sigue empeñando en mantener grandes eventos como la F1 que no puede asumir debido a la descomunal deuda que acumula más 4.000 millones de euros, la más grande de las CC.AA. y  prefiere seguir recortando en Sanidad y la Educación  a los ciudadanos, esta situación puede desencadenar por una partes el descontento social y graves incidentes con los ciudadanos y por otro lado y debido a la quiebra en que nos encontramos, la intervención de nuestra comunidad por parte del Estado de la Nación, lo que sería nefasto para el auto-gobierno de los valencianos que perderíamos todas las competencias que hoy disfrutamos.

La asistencia sanitaria a partir de ahora

¿Qué medicamentos quedarán fuera? No se sabe. Va a haber dos vías para sacar fármacos de la financiación pública. Por un lado, se excluirán los obsoletos, cuya función ya ha sido superada por otros más modernos. Esto no debe de suponer ningún ahorro, ya que si se han quedado anticuados lo lógico es que no se estén usando. El otro es el que se refiere a medicamentos para síntomas leves. No hay una lista. Lo que sucede actualmente es que hay algunos preparados (antidiarreicos, antitusivos) que están catalogados de dos maneras: como medicamentos de prescripción (con receta) y de venta libre. El propósito de Sanidad es dejarlos en un solo grupo, los de venta sin receta (que así no tiene que subvencionar la Administración). El problema es que hay productos que sirven a la vez para síntomas leves y para otros más graves, indican fuentes de la patronal de los medicamentos sin receta, Anefp. Por eso habrá que ir caso a caso.

¿Qué copago habrá para ambulancias, prótesis y dietoterápicos? La escala que fija el real decreto es la misma que para medicamentos. Pero en estos casos no va a haber un tope de copago para el usuario. Lo que se desconoce es cómo actuará cada comunidad. Ya hay copago para estos productos o servicios en muchas de ellas. En unos casos es mayor, y en otros, menor. El decreto solo puede fijar el mínimo que subvenciona la Administración (el 90% en el caso de pensionistas, por ejemplo), pero una comunidad puede financiar el resto. Eso sí, tendrá que informar de ello. Lo mismo sucede si una comunidad quiere dar más prestaciones que las de la cartera mínima común (por ejemplo, pagar las gafas de todos). En ese caso lo pagará con sus medios, no con fondos del Estado.

¿Habrá que renovar la tarjeta sanitaria? No. El cruce de datos con Hacienda para ver cuánto tiene que pagar cada uno será invisible para el usuario. El nivel de renta quedará en los ordenadores de las Consejerías de Salud, y, en función de eso, se calculará lo que se abona por los medicamentos.

¿Cuánto deben pagar los pensionistas? En general (los que ganen hasta 100.000 euros), el 10% del precio de los fármacos. Pero ese copago tiene un tope mensual: si excede de 8 o 18 euros al mes (según la escala de renta) la diferencia será reembolsada por las comunidades, que tienen seis meses para hacerlo. Por ejemplo, si gasta 200 euros en medicamentos, paga 20. Si su tope es de 8 euros, los 12 restantes tendrán que devolvérselos antes de seis meses. Con rentas por encima de 100.000 euros, el pensionista paga el 60%, pero nunca más de 60 euros al mes.

¿Y quien no tenga ingresos? Como hasta ahora, cabe la posibilidad de que acuda a la Seguridad Social con el certificado correspondiente de Hacienda para que, si es español o extranjero con papeles, le den la tarjeta.

¿Quiénes quedan fuera? Hay dudas sobre qué pasará con personas de más de 26 años que nunca hayan cotizado (estudiantes, rentistas, grupos como algunos monjes y monjas). Sanidad dice que habrá una solución.

¿Y los extranjeros? Solo tendrán tarjeta sanitaria los que residan legalmente en España. Al resto solo se les tratará en urgencias, aunque puede haber excepciones, como los enfermos infecciosos.

Johnson confirma que la compra de Terra Mítica está ´en la recta final´

• La consellera afirma que Aqualandia está ultimando los detalles para concluir la operación

La consellera de Turismo, Lola Johnson, ha confirmado este miércoles que se está "en la recta final" de la compra de Terra Mítica por parte de Aqualandia España S.A, que en estos momentos gestiona el complejo lúdico de Benidorm (Alicante) en régimen de arrendamiento.

Al respecto, tras la reunión de la Comisión Interdepartamental de Turismo, ha señalado que la compra de Terra Mítica es "un tema que está cerrado y zanjado" y que en estos momentos "se está ultimando".

"Está en la recta final y es una empresa que está trabajando allí la que se hace cargo", ha apuntado.

Johnson ya informó, el pasado 6 de diciembre, de que la Generalitat había vendido a Aqualandia la participación de la empresa Sociedad de Parques Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) en Terra Mítica --22,31%-- por 65 millones de euros, de los cuales 15 ya se han invertido en el parque y el resto se destinará a resolver la "deuda histórica" de la entidad.

¡Si señor magnifica gestión del PP valenciano,! la construyó con nuestros impuesto y ahora la malvende por cuatro chavos. Por culpa de estos "grandes gestores" somos la comunidad con más déficit de España y estamos a punto de ser intervenidos por el gobierno de España.

Los socialistas llevan al fiscal toda la depuración de aguas valenciana

• Martínez asegura que el saqueo de la depuradora de Pinedo "no es un caso aislado"
• "El mismo patrón se está repitiendo de manera generalizada en todo el sistema"

 

 

 Carmen Martínez explica la denuncia ante la Fiscalía  

“El de la depuradora de Pinedo no es un caso aislado”, ha señalado esta mañana la diputada socialista y secretaria general del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, Carmen Martínez. “El caso Emarsa ya es elcaso Epsar”. Martínez ha anunciado en las Cortes Valencianas que su grupo presentará hoy o mañana una denuncia ante la fiscalía de Valencia sobre todo el sistema de depuradoras gestionado por la Generalitat a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), cuyo exgerente, José Juan Morenilla, y exdirector de explotación, Ignacio Bernácer, están imputados por el juez Vicente Ríos, que investiga el saqueo de la depuradora de Pinedo.

Martínez ha revelado que Enrique Albors Camps, actual gerente de la depuradora de Pinedo, cuya explotación se otorgó a Aguas de Valencia tras la liquidación de la sociedad pública Emarsa, procede de Incivsa, SL, empresa que en unión temporal con Iva Leying tiene adjudicado el control y la supervisión de la explotación de depuradoras de la zona 3, que incluye la planta metropolitana de Valencia. También está en esa UTE Juan Carlos Girbés, una persona vinculada asimismo a Aguas de Valencia, la empresa explotadora de Pinedo. Otra relación que ha destacado es la de Consomar y Red Control, empresas relacionadas por la presencia en ambas de Miguel Ángel Martínez Muro, que a su vez es hermano de José Luis Martínez Muro, la persona que sustituye a Morenilla al frente de la Epsar como gerente. Un hermano habría participado, por tanto, en la concesión de zonas de control a sociedades en las que participa el otro.

La diputada ha explicado que las empresas que estuvieron encargadas del control de Emarsa en los años en que se produjo el saqueo millonario que investiga el juzgado número 15 de Valencia, precisamente Consomar, hasta 2005, y Red Control, hasta 2009, han vuelto a ser adjudicatarias a partir de 2009 de la supervisión de depuradoras en otras zonas pese a lo ocurrido.

“El mismo patrón de Emarsa se está repitiendo de manera generalizada en todo el sistema”, ha destacado Martínez, quien ha explicado a los periodistas un gráfico en el que se revelan las conexiones entre empresas explotadoras y empresas controladoras de las depuradoras y en el que se refleja un reparto en la explotación de las estaciones de depuración en el que Aguas de Valencia cuenta con el 52%, Facsa con el 25%, Aguas de Barcelona con el 15% y otros, como Aqualia o Lubasa, con el resto. A facsa es precisamente donde se fue a trabajar José Juan morenilla cuando dimitió como gerente de la Epsar tras estallar el escándalo de Emarsa. La diputada socialista recordó que desde la entidad dependiente de la Generalitat Morenilla otrogó contratos a Facsa por más de 30 millones de euros.

La parlamentaria del PSPV-PSOE señaló que en el sistema que su partido denuncia ante la fiscalía Morenilla “ha manejado unos 4.000 millones de euros” y que “al menos tres de los cinco principales imputados del caso Emarsa” han declarado ante el juzgado que las irregularidades se extendían a la gestión de las depuradoras desde la Generalitat. Esas irregularidades, en el caso de Emarsa, consistían presuntamente en que desde la Epsar se hinchaban los precios que la Generalitat pagaba a la sociedad pública dependiente de la Entidad Metropolitana de servicios Hidráulicos (Emshi) por el tratamiento de lodos de la depuradora de Pinedo.

Martínez ha vuelto a insistir en la responsabilidad que el que fuera consejero de Meido Ambiente y hoy es presidente de las Cortes, Juan Cotino, tienen en lo ocurrido y ha ido. Incluso, más allá, ya que ha señalado que Manuel Reyes, de la UTE Iva Leying-Incivsa, que tiene hoy en día adjudicado el control de la depuradora de Pinedo, está vinculado con las empresas de la familia Cotino. El actual presidente de la Cortes era el consejero del área y, por tanto, presidía la Epsar cuando se concedió a esa UTE la supervisión de la zona 3.

“Desde la Epsar no sólo se gestionó Emarsa”, ha apuntado Martínez. “La entidad gestiona la 460 depuradoras valencianas”. En su opinión, la negativa del PP a que comparezcan ante la comisión de investigación de Emarsa los responsables políticos y el rechazo a que se estudie en ella la documentación de la Epsar “inducen a pensar que se están ocultando muchas cosas”.

Los socialistas optan por llevar a la fiscalía sus sospechas de que se han inflado los costes de la depuración de aguas en otras depuradoras porque consideran que el juez Vicente Ríos centra su trabajo sobre el caso Emarsa.

#VANAPORTODO

El PSOE abre una ronda de contactos sociales para frenar el rodillo y la imposición de los recortes del PP

• El PSOE iniciará próximamente una intensa agenda de reuniones con sindicatos, educadores, personal sanitario, consumidores, pensionistas y todo tipo de colectivos sociales para intentar "parar" las medidas del Gobierno, configurar una "alternativa" que sea mayoritaria y, sobre todo, paliar la "gravísima laguna de diálogo" con que está actuando el Ejecutivo.

Así lo ha anunciado la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, en una rueda de prensa en la que ha calificado como de "máxima gravedad" social, política e institucional las últimas medidas del Gobierno de Rajoy, en particular el copago farmacéutico y los recortes educativos.

Para el PSOE, las medidas son "un ataque en toda regla al modelo de cohesión social" español que hasta ahora no estaba en entredicho, un cambio en "los planos del edificio", no una mera "reforma". "No es austeridad, porque no se exige a la gente que prescinda de lo superfluo, sino de lo imprescindible", ha remachado.

Junto al fondo de las medidas, ha criticado que el Ejecutivo esté adoptando las medidas "sin hablar con nadie", "ni siquiera entre ellos dentro del propio Gobierno". Por eso, ha pedido a Rajoy que deje de ser "más presidente del PP que del Gobierno" y que, en lugar de reunir a sus ´barones´, reúna la Conferencia de Presidentes.

A su juicio, decisiones "tan graves" como las que se están adoptando no pueden hacerse "produciendo un fax en una tarde desde Moncloa" y hacer una campaña de explicación como pretende el PP en vez de un "debate social" previo. Es más, ha acusado al PP de haberse dedicado, precisamente, a "hurtar" a los españoles ese debate durante la campaña electoral, de modo que ahora están tomando "decisiones para las que no han recibido permiso".

Para el PSOE, las decisiones son tan graves que "la sociedad española tiene derecho a reaccionar en defensa propia" y el PSOE tiene la obligación de "defender a la mayoría" y "preservar el futuro" de España. Para Valenciano, si las medidas del PP consisten en rebajar la calidad de la educación pública, y por tanto "comprometer el futuro de una generación", demuestran que no tienen "siquiera un proyecto de país".

Por eso, el PSOE se propone "hacer todo lo que el Gobierno no ha hecho" y hablar con la sociedad y los colectivos afectados, para trasladar sus demandas y preocupaciones al Parlamento. Esas reuniones con la sociedad servirán al PSOE para preparar sus enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado pero también para articular una alternativa pormenorizada que se concretará en la próxima reunión del Consejo Territorial del PSOE.

RESPUESTA A FLORIANO

La ´número dos´ del PSOE ha respondido al vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, que el Gobierno no puede esperar que la oposición se sume sin más a las medidas que los´populares´ adoptan "ellos solitos", en forma de "recorte autoritario" después de un "almuerzo en la Moncloa".

Tras tildar de "revolucionario" que Floriano hable de que la oposición dé apoyo al Gobierno, le ha respondido que los socialistas dan su apoyo a las medidas que consideran buenas para la economía, y que son una oposición "responsable", también "para saber decir ´no´" cuando hay que hacerlo.

"Si Floriano cree que una nota (en alusión al anuncio de recortes de 10.000 millones) va a tener el apoyo inmediato y sumiso del PSOE se equivoca, porque nuestra obligación es ayudar a salir de la crisis", ha avisado. A su juicio, el Gobierno está "tomando decisiones para las que no ha recibido permiso" porque durante la campaña electoral "negaban que hubiera riesgos para la sanidad y la educación".

VIAJE DE RUBALCABA A BERLÍN

Por otro lado, Valenciano ha adelantado que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, tiene previsto viajar a Berlín, probablemente la segunda semana de mayo para continuar con el trabajo de la socialdemocracia europea en favor de reclamar a la UE un enfoque distinto de salida de la crisis, que combine ajustes --con un calendario distinto-- con un plan de crecimiento.

La dirigente socialista ha saludado que otros mandatarios vayan sumándose a estas tesis y ha confiado en que una victoria de François Hollande en las presidenciales francesas allane el camino. "Fuimos los primeros, pero cada vez somos más", ha señalado, tras recordar que la necesidad de planes de crecimiento no es ya sólo una demanda de la socialdemocracia europea, sino "un diagnóstico de economistas de reconocidísimo prestigio".

CONSEJO DE MINISTROS El Gobierno asalta RTVE

• El presidente de la Corporación podrá ser elegido por mayoría absoluta en el Congreso. 
• Las CCAA tendrán la potestad de mantener sus televisiones públicas o que pasen a manos privadas

Las reacciones a la decisión del Gobierno de romper con el consenso en el Congreso para elegir al presidente de RTVE no se han hecho esperar. La protesta más enérgica ha llegado desde el PSOE que ya ha anunciado que“tratará de paralizar con todas sus fuerzas” la decisión del Gobierno. “Es algo sencillamente intolerable y un gravísimo deterioro de la calidad democrática", ha señalado Óscar López, secretario de Organización de este partido.

"El PP, por decreto y con la justificación de un supuesto bloqueo que no es tal porque ya estábamos negociando, vuelve a la televisión de partido, a la televisión del pasado", ha añadido Óscar López, que fue ponente del Grupo Socialista en la reforma de RTVE y portavoz en la Comisión de Control.

Además La Ejecutiva del PSOE estudiará la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto aprobado por el Gobierno que modifica la forma de elección de los miembros del Consejo de administración de RTVE. Los socialistas lo han anunciado en un comunicado en el que subraya que no hay razones de urgencia que justifiquen la aprobación de estos cambios por decreto ley, una iniciativa que califica de "injustificable" y de "golpe institucional". El PSOE recalca que es absolutamente falso que hubiera bloqueo en la renovación del Consejo de administración.

El PSOE estudia un posible recurso de decreto ley ante el Constitucional

Izquierda Unida, por su parte, ha señalado que este nuevo“decretazo” del Gobierno muestra su “incapacidad para llegar a acuerdos con ningún partido político”. “Durante la pasada legislatura ya bloqueó la renovación de las instituciones por su incapacidad. Ahora sigue siendo incapaz de llegar a acuerdos y recurre a la peor vía: reformar las leyes vía Real Decreto”, ha señalado a este medio Ricardo Sixto, portavoz de IU en la Comisión de Control a RTVE. 

Por su parte, Elena Valenciano, ha declarado a través de su cuenta personal en la red social Twitter que esta reforma supone un "golpe de mano" y un "golpe institucional" del Gobierno, y ha afirmado que la elección del Presidente de RTVE por mayoría absoluta en lugar de la fórmula de dos tercios que actualmente estaba en vigor supone el "fin a la televisión plural".

Reacción de los consejeros

El vocal del Consejo de Administración de RTVE Miguel Ángel Sacaluga, nombrado a propuesta del PSOE, no ha dudado en calificar esta reforma como un “golpe de Estado”. “Me parece que es un golpe de Estado en RTVE. El Gobierno lo que ha hecho es intervenir la Corporación y no precisamente para salvarla, sino para hundirla”, ha señalado Sacaluga, quien ha añadido que el Ejecutivo primero “ahogó a RTVE con el recorte económico” y ahora lo hace “de manera política”.

Por otro lado, Teresa Aranguren, vocal del máximo órgano de dirección de RTVE, a propuesta de Izquierda Unida, ha señalado que esta decisión supone un “primer paso para acabar con un modelo de televisión pública que se ha demostrado exitoso”. Asimismo, Aranguren ha añadido que quizá el PSOE y el Gobierno no han alcanzado un acuerdo para encontrar un nuevo presidente porque el Partido Popular no ha propuesto “ningún candidato de consenso”.

Miguel Santos Ruesga, miembro del Consejo de Administración de RTVE, a propuesta de UGT, ha señalado que la reforma “no es una buena noticia”. “No quiero hablar de golpes de Estado porque yo no soy político pero no es una buena noticia pensar que el Gobierno que goce de mayoría absoluta en el Congreso puede hacer lo que quiera en la televisión y la radio pública. De esta manera, las tentaciones de controlar todo se incrementan”, ha explicado.

Santos también se ha pronunciado sobre la eliminación de los vocales de los sindicatos en el Consejo de Administración de RTVE. “Los sindicatos nos hemos mantenido al margen de las disputas políticas. Ahora, parece que todo vuelve a ser política”, ha concluido Santos.

El PSPV denuncia que la subida de tasas puede dejar fuera de la Universidad a más de 40.000 estudiantes valencianos

• La diputada Pilar Sarrión recuerda que esta subida se suma a la que ya se realizó este mismo año y apunta a un ataque brutal al mundo universitario, ya que se deben más de 700 millones de euros a las cinco universidades públicas valencianas

El diputada valenciana, Pilar Sarrión, ha denunciado hoy que más de 40.000 estudiantes pueden verse fuera de las universidades valencianas a causa de la subida de tasas y de los nuevos requisitos para la obtención de becas anunciado por el gobierno Rajoy. Sarrión no ha dudado en calificar las medidas de recorte de los gobiernos del PP como “un retroceso y una pérdida de oportunidades” para los estudiantes valencianos. Unas medidas que afectan a las opciones personales de los valencianos y valencianas que ahora si no disponen de un respaldo económico no podrán acceder a estudios superiores. “Poder ir a la universidad ya no va a ser igual para todos, ahora se va primar el acceso para los más ricos”, a señalado.

En este sentido Sarrión ha recordado que este mismo año los estudiantes valencianos ya han sufrido un aumento de tasas de un 7,5%, al que ahora hay que sumar éste “que supone un 60% más”. Un aumento, además, para los no comunitarios, a los que ya se les discriminó en la ley de acompañamiento, así como también para las becas Erasmus: “Para estudiar fuera, de nuevo, habrá que ser de una familia con dinero, eso es lo que nos propone el PP”.

Para Sarrión estamos ante un ataque en toda regla a las universidades públicas valencianas a las que, recordó, se les ha recortado más de 85 millones de euros en los últimos presupuestos. Pero el desprecio del gobierno Fabra a las universidades no acaba ahí ya que “además se adeuda a las cinco universidades públicas valencianas más de 700 millones de euros”.

La diputada socialista ha destacado que en Les Corts van a presentarse diversas iniciativas para intentar paliar el maltrato al que se está sometiendo a las universidades al tiempo que ha indicado que “la Universidad, la educación y la investigación son motores clave para salir de la crisis que, en lugar de verse apoyados por el ejecutivo, sufren un ataque de las políticas de Fabra y Rajoy. Sectores clave para superar las crisis, como es el I+D+I -ha añadido- se ven especialmente afectados en nuestra Comunitat”.

Educación plantea subir hasta 540 euros las tasas universitarias

 

• El ministro fija para las autonomías el incremento máximo que podrán aplicar en sus campus

• Los alumnos, que ahora abonan unos 1.000 euros al año, deberán elevar su contribución del 15% al 25% del coste total

• El sistema penalizará a los alumnos repetidores, que llegarán a aportar el 100% de la plaza, unos 6.000 euros

Estudiar en una universidad española será sensiblemente más caro a partir del curso que viene. El Ministerio de Educación ha propuesto a las comunidades autónomas una modificación en el pago de las tasas universitarias que supone hasta 540 euros más al año en el coste de la matrícula para el estudiante recién llegado y elevar las penalizaciones a los repetidores, que podrían a llegar a asumir el 100% del coste de una plaza, entre 5.000 y 7.000 euros, según estimaciones del ministerio.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, se ha reunido este jueves con representantes de todas las comunidades autónomas en la Conferencia General de Política Universitaria para comunicarles los cambios incluidos en un Real Decreto Ley que previsiblemente aprobará hoy el Consejo de Ministros. Entre las medidas de ahorro previsto (Educación espera recortar 3.000 millones, aunque ayer no estimó cuánto pueden suponer los nuevos ajustes) se incluye el aumento de tasas, que deberá aplicar en mayor o menor medida cada comunidad autónoma.

El ministerio cambia el sistema (que hasta ahora aplicaba la subida anual del IPC más hasta cuatro puntos de diferencia en una horquilla) y establece que los alumnos paguen en función de lo que cuesta su titulación. Así, ha fijado una horquilla del 15 al 25% del coste para que las comunidades decidan qué porcentaje aplicar en función de las circunstancias de su región y de los objetivos del déficit, según señaló la secretaria del Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio. De esta forma, el incremento máximo en primera matrícula sería 540 euros anuales, según las estimaciones ofrecidas al final de la reunión por Gomendio. El ministro no compareció porque tenía un acto con Casa Real, según explica una portavoz.

La subida prevista superaría el 50% para la mayoría de afectados y representaría un 66% para los que salten del 15 al 25% del coste, el máximo de la horquilla. pero el Ministerio y las administraciones autonómicas aún están estudiando los detalles, dado que actualmente hay una gran variedad de situaciones. Algunas autonomías, como La Rioja, ya anticipan que no prevén aplicar tal alza. País Vasco anunció que sus matrículas subirían "como mucho" el IPC. Madrid señala que debe estudiarlo y Andalucía calcula que sus estudiantes cubren a día de hoy un 12% del coste real de la plaza, por lo que está obligada a aplicar una subida.

El aumento de matrícula se incrementará de forma sustancial para los repetidores, que si agotan convocatorias llegarían a abonar hasta el 100%. Los alumnos universitarios españoles pagan ahora entre 700 y 1.400 euros anuales de matrícula, según ha señalado la secretaria de Estado de Universidades. Esa cantidad cubre entre el 15% y el 17% del coste del curso, que oscila entre 5.000 y 7.000 euros.

Para los repetidores, el aumento será superior y también comenzará a aplicarse a partir del curso que viene, según señaló Gomendio, aunque durante la reunión el ministro planteó que el cambio solo afectara a los que ingresan como nuevos estudiantes el curso que viene. La segunda matrícula supondrá entonces entre el 30 al 40% del coste; la tercera, del 65 al 75% y, en caso de requerirse una cuarta, del 90 al 100%, esos más de 6.000 euros que como media cuesta una plaza al año.

El ministro Wert ha señalado en varias ocasiones que estas tasas son las más bajas de Europa y que el hecho de que se financie el 85% es, a su juicio, como dotar a todo el alumnado de una beca. La secretaria de Estado de Universidades aseguró que mantendrán las becas “al mismo nivel que hasta ahora”. Cataluña propuso ayer que el 25% de lo que se recaude con estas nuevas tarifas se destine a sufragar más becas, algo que Educación no ha incluido en el texto legal. El Ministerio se compromete a seguir cubriendo las becas como hasta ahora pero las comunidades que apliquen las subidas deberán cubrir la diferencia para los estudiantes becados.

La subida de tasas cuenta con el respaldo general de las comunidades gobernadas por el PP, como La Rioja. Su consejero de Educación, Gonzalo Capellán, consideró ayer que las medidas buscan “paliar la situación de déficit” y dejan “un margen importante” a las autonomías. Considera que ampliar la horquilla para que los alumnos paguen más tasas universitarias “no será un problema” para comunidades como la suya. “La Rioja podría no subirla porque tiene una universidad saneada y viable”.

La consejera madrileña, Lucía Figar, señaló tras el encuentro que ahora toca “hacer números” para decidir cómo aplican la horquilla fijada por el ministerio y, al mismo tiempo, cumplir el objetivo de déficit “sin perjudicar la calidad de los servicios públicos”.

Las comunidades gobernadas por el PSOE reclamaron más ayudas a los estudiantes. El viceconsejero de Universidades del País Vasco, Pedro Luis Arias (PSE), pidió un equilibrio "adecuado" entre tasas y becas, igual que el secretario general de Universidades de Andalucía, Francisco Trigueros. La partida para becas y ayudas que el Ministerio ha aprobado en 2012 para los estudiantes asciende a 1.265 millones de euros, lo que significa 166,4 millones menos que en 2011.

Colectivos de estudiantes de distintos puntos del país protestaron al conocer el incremento. El Consejo de Estudiantes Universitarios de Cataluña lo tildó de “desproporcionado e inaceptable” y criticó que se hiciera sin negociar con los alumnos. La subida anunciada “es la peor noticia que se puede dar porque solo podrá estudiar el que se lo pueda permitir”, valoró ayer María José Romero, vicepresidenta del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, que añadió una advertencia: “Haremos lo posible para que no se aplique”.

La universitaria es la segunda pata del plan de ajuste puesto en marcha por Wert. En las escuelas e institutos aumentará el máximo de alumnos por aula (en primaria de 27 a 30, y de 30 a 36 en secundaria) y se amplían las horas de clase semanales de los docentes, lo que hace seguro un recorte sustancial de las plantillas docentes.

Fabra busca ahuyentar el riesgo de intervención

• El presidente intenta justificar el enorme endeudamiento

• La oposición responsabiliza de la situación a la nefasta gestión del PP

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, no lo tuvo ayer fácil. El plan de pago a proveedores arbitrado por el Ministerio de Hacienda puso de manifiesto que la Comunidad Valenciana es, con mucha diferencia, la autonomía que más deudas acumula por este concepto. El dato hizo planear de nuevo el fantasma de una posible intervención gubernamental que el jefe del Consell intentó ahuyentar.

 La Generalitat ha solicitado créditos por importe de 4.069 millones de euros. Un dinero con el que pretende pagar más de medio millón de facturas pendientes con 10.050 proveedores que no cobran, en algunos casos, desde hace tres años. Una cantidad que representa un 23,6% del dinero solicitado por todas las autonomías al Gobierno y que casi duplica la cantidad de Andalucía, la autonomía que según los populares escondía en sus cajones cantidades ingentes de facturas impagadas.

“No nos ha importado decir que tenemos todas esas facturas pendientes”, se justificó Fabra, “Me imagino que habrá otras comunidades que, a lo mejor, no lo hayan hecho”.

“Estoy convencido de que otros no habrán puesto encima de la mesa todo lo que tienen [de deudas], pero allá ellos”, espetó el presidente de la Generalitat sin aclarar si estaba refiriéndose a Andalucía.

Fabra intentó convencer de que la situación del Gobierno valenciano no se diferencia en esencia de la de buena parte de autonomías españolas. Es decir, que si hay que intervenir, el Gobierno tendrá que intervenir no una sino la práctica totalidad de las Administraciones autonómicas.

“Lo que han hecho las comunidades autónomas es comprometerse con el Gobierno a alcanzar unos niveles de déficit que las hagan creíbles de cara al resto de países de la Unión Europea”, continuó el presidente, “Y nosotros lo vamos a hacer, pero al final el mal, vistas las declaraciones de otros presidentes autonómicos, está generalizado”.

“Nosotros hemos sido muy transparentes porque creo que es fundamental que el Gobierno conozca la realidad para que sepa los problemas y, conjuntamente, podamos trabajar en la búsqueda de soluciones y garantizar ese nivel de déficit”, remachó Fabra.

Ante la insistencia de los periodistas en saber por qué el Consell ha acumulado una deuda mayúscula, a Fabra no le quedó más remedio que responsabilizar a los socialistas. “La Comunidad Valenciana también tiene el dudoso honor de haber sido una de las peor financiadas por el Gobierno”, replicó.

La magnitud de la deuda del Consell con los proveedores provocó la reacción de la oposición.

El portavoz de la ejecutiva del PSPV, Francesc Romeu, aseguró que los 4.069 millones de euros solicitados por el Consell al Ministerio de Hacienda “demuestran la gestión catastrófica del PP, su ineficacia e incompetencia, sus permanentes mentiras y la incapacidad demostrada de este Gobierno para seguir al frente de la Generalitat”.

“Una vez más nos sonrojan ante el resto de España, puesto que prácticamente doblamos la deuda de otras autonomías como Cataluña o Andalucía”.

La diputada de Compromís Mireia Mollà explicó que la cifra de los 4.069 millones de euros “evidencia la situación de emergencia económica sin precedentes que sufre la Generalitat valenciana por la nefasta gestión de los Gobiernos del Partido Popular”.

“Esta situación no es consecuencia directa de la crisis económica”, continuó Mollà, “puesto que muchas de estas facturas son de 2008 y 2009, lo cual indica que el Gobierno valenciano se ha dedicado a hacer un derroche de recursos acompañado de las corruptelas que todos conocemos”. El anuncio de que la Generalitat ha encarrilado el pago de las deudas a los proveedores provocó las quejas de distintos colectivos angustiados por el retraso en el pago de las subvenciones y los conciertos comprometidos por el Consell.

La Generalitat costeó la defensa de tres imputados en el "caso Gürtel"

Uno de los 'protegidos' dejó el Consell meses antes de ser incluido en la causa por el juez

El abogado de la Generalitat defendió a tres imputados en una de las piezas de la causa de financiación ilegal del PP, enmarcada en el caso Gürtel, desde noviembre de 2011 hasta, al menos, mediados del mes pasado. Se trata de Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional de Presidencia de la Generalitat, Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo, e Isaac Vidal, que fue jefe de área de Mercados y Comunicación en la misma agencia. Lo más llamativo de la situación es que el último de los imputados abandonó la Administración autonómica en verano, es decir, antes de ser imputado a la causa. Vidal fue nombrado director del instituto de turismo de Elche por la nueva alcaldesa, la popular Mercedes Alonso, que ganó las elecciones en mayo. Pese a ello, la Generalitat siguió poniendo a su disposición a su letrado.

Se trata de otra incoherencia en la línea de cero imputados que ha manifestado el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Mientras en otro de los escándalos que han sacudido al Gobierno valenciano en los últimos meses, el del supuesto desvío de ayudas de cooperación a países pobres, el presidente fulminó a dos altos cargos inmediatamente después de ser imputados, los implicados por el juez en la causa de financiación ilegal no solo mantuvieron el cargo sino que han podido ahorrarse el coste de su defensa.

• El tribunal rechaza su recurso contra la decisión revisar los contratos de Fitur

Ibars, Guarro y Vidal se hallan imputados en la pieza separada que investiga la adjudicación supuestamente irregular a la trama Gürtel del montaje y organización del pabellón valenciano en la feria Fitur entre los años 2005 y 2009. Se trató del negocio más lucrativo de cuantos consiguió en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes, el delegado en Valencia de la red, ya que ascendió a cerca de cinco millones de euros. Según las pruebas que acumula la investigación, la empresa de El Bigotes, Orange Market, tenía acceso a las bases del concurso de la Consejería de Turismo antes de que fueran publicadas oficialmente, y habría obtenido la adjudicación de algunas de las ediciones de la feria a pesar de no reunir todos los requisitos o presentar las ofertas más caras.

Los tres imputados habían recurrido ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia la decisión del juez instructor, José Ceres, de solicitar a la Intervención General del Estado una ampliación del informe que realizó en su día sobre esta contratación de la trama de Francisco Correa con el Gobierno valenciano. El magistrado pedía a la intervención que comparase la tramitación de los años investigados con las ediciones anteriores, así como con la de Fitur 2010, que se celebró cuando ya se había destapado el caso Gürtel.

• El magistrado a pedido el análisis a la Intervención General del Estado

El juez también solicitó que los técnicos de la Administración General del Estado revisasen si, como ocurrió con estos concursos, “constituye una habitual o adecuada praxis de contratación administrativa” el hecho de que las mismas personas que formaban parte de las mesas de contratación hubieran participado previamente en la fijación de los criterios de adjudicación, y hubieran emitido posteriormente informes sobre las ofertas presentadas que fueron determinantes para la elección final de dicha mesa de contratación. Así como qué porcentaje de la puntuación total es “razonable” darle a los criterios subjetivos en esta clase de concursos. Orange Market se alzó con las adjudicaciones en varios casos porque en los apartados subjetivos (que a diferencia del precio ofrecido son difíciles de medir) era el mejor puntuado.

El tribunal ha rechazado el recurso de los tres imputados al considerar que el juez puede acordar las diligencias que considere adecuadas siempre que se ajusten a las reglas básicas de la obtención de fuentes de prueba. Y respalda a Ceres al considerar que el magistrado puede solicitar la ampliación del informe a la Intervención General del Estado sin estar condicionado por las peticiones pudieran plantear sobre la misma.

Antonio Torres es el nuevo portavoz socialista en las Cortes Valencianas

La ejecutiva del PSPV bajo mandato de Ximo Puig retoca la dirección del grupo parlamentario Carmen Ninet y Francisco Toledo siguen como adjuntos y Rafael Rubio releva a Cristina Moreno.

Antonio Torres (Huéneja, Granada, 1954) será el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y encargado de interpelar al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en las sesiones de control al gobierno en las Cortes Valencianas.

Torres, que fue director general de Servicios Sociales en el último Consell presidido por Joan Lerma, procede de Elche y se ha caracterizado por su severidad en la denuncia del incumplimiento de la ley de dependencia por parte de los sucesivos responsables de Bienestar Social en la Generalitat Valenciana. Fue diputado nacional en 1979 y ha sido diputado autonómico durante las tres últimas legislaturas.

Torres asume la plaza que dejó vacante Jorge Alarte, exsecretario general de los socialistas valencianos, cuando fue desbancado del cargo por Ximo Puig en el 12 Congreso del PSPV el 31 de marzo.

También se incorpora Rafael Rubio, diputado por Valencia, como portavoz adjunto. Carmen Ninet y Francisco Toledo, diputados por Valencia y Castellón, respectivamente, permanecen en sus cargos como portavoces adjuntos.

El nuevo secretario general propuso a Cristina Moreno, portavoz adjunta con Alarte, asumir el puesto de coordinadora territorial del grupo parlamentario por Valencia. Pero Moreno ha declinado el ofrecimiento.

La presidencia del grupo, que ocupaba Óscar Tena, será para Ana Barceló. Los coordinadores territoriales en Alicante y Castellón serán respectivamente, Javier Macho y Ana Besalduch.

Ángel Luna y Carmen Martínez también forman parte de la dirección del grupo parlamentario porque son miembros de la Mesa de las Cortes, vicepresidente segundo y secretaria segunda, respectivamente.

EN ESTA PUBLICACIÓN SE RECOGEN LOS 100 PRIMEROS DÍAS DEL "GLORIOSO" GOBIERNO DE MARIANO RAJOY Y DE COMO MINTIÓ A TODOS LOS ESPAÑOLES ANTES Y DURANTE SU CAMPAÑA ELECTORAL.

LOS 100 DÍAS DE RAJOY

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ESTE LIBRO DESCRIBE CLARAMENTE QUE HAY OTRAS ALTERNATIVAS ANTES QUE LOS RECORTES PARA SALIR DE ESTA CRISIS PROVOCADA POR LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES QUE NOS ESTÁN APLICANDO, SIN QUE HASTA EL MOMENTO HAYA SERVIDO PARA NADA, ÚNICAMENTE PARA CREAR MÁS PARO, MÁS RECESIÓN, MÁS POBREZA Y MUCHO MÁS SUFRIMIENTO A LOS CIUDADANOS QUE VEMOS COMO DÍA A DÍA NO VA BAJANDO NUESTRO PODER ADQUISITIVO Y SE VAN RECORTANDO NUESTROS DERECHOS Y NUESTRO ESTADO DEL BIENESTAR SIN QUE PODAMOS HACER NADA PARA EVITARLO.

HAY ALTERNATIVAS

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El secreto de Milagrosa, la Perla de Gürtel

Milagrosa Martínez, conocida como La Perla en el sumario Gürtel, es la presidenta de las Cortes Valencianas y se ha hecho nacionalmente conocida por aceptar un reloj de 2.400 euros de El Bigotes en su etapa de consejera de Turismo. Previamente, su departamento le había asignado contratos por varios millones de euros para que le montase con una cuadrilla las estanterías de Fitur.

Igual que Tony Blair llamaba “eh, tío” a los periodistas cuyos nombres no recordaba, Milagrosa hacía lo mismo con todo el mundo, pero en versión valenciano-castiza. Si le llamaba un informador, ella le decía “eh, Perla”; si le llamaba el presidente de la Generalitat, ella le respondía “¡qué tal Perla!”, y si le llamaba El Bigotes, pues lo mismo.

La aparición de Martínez en el sumario Gürtel no es poca cosa,tanto por la enorme relevancia pública por el cargo que ocupa (segunda autoridad autonómica) como por la metáfora con la que este personaje sencillo evoca la raíz podrida del entramado.

Milagrosa Martínez era la alcaldesa de Novelda, un pueblo alicantino modélico, porque no tiene de nada pero sus habitantes lo hacen bien todo. A saber, en Novelda no hay canteras, pero están las mayores empresas de mármol de Europa que, durante décadas han alicatado los palacios saudíes. Ni crece un mísero hierbajo, pero está la especiera más importante de España, que trae el azafrán de Irán. Y así, en un buen puñado de sectores. Pocos escándalos urbanísticos y mucha iniciativa empresarial.

Eso, en el mejor de los casos, debió pensar Francisco Camps cuando la nombró consellera de Turismo, pese a que el pueblo que gobernaba no acoge a ningún turista ni ella tenía repajolera idea de este negociado. O quizá el polémico nombramiento obedeció a que fue de las primeras alcaldesas alicantinas que juró fidelidad al presidente autonómico en pleno fragor de la batalla por el control del partido con Eduardo Zaplana.

El caso es que, no contento con haberla elevado a una de las carteras más importantes de su Gobierno, y sin que, aparentemente, hubiese destacado en esta etapa más que por su gracejo, Camps la invistió como presidenta de las Cortes tras guillotinar a otro insigne zaplanista, Julio de España.

Y ahora nos enteramos de que Milagrosa, política incorrupta y llana,repartió como si fuese un aspersor un reguero de millones a Orange Market y demás satélites purulentos de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana. Y lo hizo con extrema diligencia, pagando en los legales 90 días, en una autonomía que tarda cinco meses en pagar a sus proveedores, así se estén asfixiando por falta de crédito.

Conocí a Milagrosa Martínez y no me entra en la cabeza que se dejase corromper por un peluco de lujo. Simplemente, y teniendo en cuenta la espiral de irracional éxito en la que había entrado su carrera,debió pensar que el que un adjudicatario le regalase un reloj que cuadruplicaba el salario mínimo interprofesional era lo normaldentro del paisaje de amiguismo, lujo y estulticia con el que Camps tenía decorada su administración. Lo que me extraña más de este personaje sencillo, es que no se haya marchado a su casa, abochornado.

L@S ENCHUFAD@S POR EL PP

Tener vínculos familiares o de amistad con algún miembro del Gobierno parece, hoy por hoy, un valor seguro. Y cotizando al alza. La lista de enchufados, formada por hijos, hermanos, cuñados, esposas, amigos y conocidos de ministros, secretarios de Estado y altos cargos del PP, es casi inabarcable. Y cada día se van conociendo nuevas incorporaciones. Entre las últimas, la de Eva Miquel Subías, esposa del recién nombrado presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar.

Soraya Sáenz de Santamaría y esposo

Eva Miquel ha sido nombrada asesora corporativa del organismo público Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento que encabeza Ana Pastor, pese a que no cuenta con experiencia alguna en el sector. Licenciada en Historia, la esposa del presidente de Renfe procede del Ayuntamiento de Madrid, donde ha sido consejera técnica de varias concejalías desde 2004. También ha hecho pinitos en el periodismo, publicando habitualmente una columna en Libertad Digital. Llama también la atención que, pese a la nula experiencia de Eva Miquel en el sector portuario, el Ministerio de Fomento haya preferido fichar a la mujer del presidente de Renfe antes que a otros reconocidos gestores en esa especialidad. Sobre todo teniendo en cuenta que Puertos del Estado, al igual que el resto de organismos públicos de la Administración, ha visto recortada su estructura de altos cargos.

"En línea con las directrices del Gobierno para racionalizar y ajustar el gasto público, se han reducido de cuatro a tres las direcciones operativas", asegura Fomento en relación al nuevo organigrama de Puertos del Estado, "y se ha decidido amortizar las plazas de las personas que accedan a la jubilación este año, que afectan al segundo escalón de subdirectores, lo que permitirá reducir el número de los mismos a la finalización de 2012".

Más enchufad@s

Pero el de Eva Miquel no es, ni mucho menos, el último enchufe conocido. Raquel Catalá, hermana del secretario de Estado de Fomento y mano derecha de la ministra Pastor, Rafael Catalá, también ha engrosado la lista de familiares de miembros del Gobierno agraciados con un alto cargo. La hermana del número dos de Fomento es ahora la flamante delegada especial de la Agencia Tributaria en Madrid. Raquel Catalá cobrará más de 100.000 euros anuales, un salario muy superior al del propio presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Y hay más. La esposa de José Canal, secretario general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es ahora directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. Sonia Ramos, gallega de 42 años, sí tenía experiencia previa en ese ámbito de gestión: anteriormente fue subdirectora general de ayuda a las víctimas. En este caso lo que más llama la atención, por inusual, es que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha mantenido a su marido en el mismo cargo que ya ocupaba en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Parejas sentimentales, hijos...

A estos últimos casos hay que añadir los ya conocidos de Carmen Gámir, pareja sentimental del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo. Gámir, periodista de profesión, ha encontrado un hueco en la Administración como jefa de prensa en la Secretaría de Estado de Presupuestos. Mientras que Ángela Alarcó, ex mujer de Rodrigo Rato, fue designada presidenta de la red de Paradores del Estado. Precisamente a este organismo ha llegado como director de Comunicación Ramón Ongil, hermano de Gádor Ongil, vicesecretaria de Organización del PP de Madrid.

En el ámbito de los cuñados existen ejemplos como el de Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, cuyo concuñado, José Ramón Bujanda, preside la Sociedad Estatal de Caución Agraria desde el pasado 6 de marzo. En Loterías y Apuestas del Estado se halla otro alto cargo con ese vínculo familiar, José Miguel Martínez, en este caso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

También hay que recordar que Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre, hijo de Esperanza Aguirre, ha sido contratado como asesor en la Secretaría de Estado de Comercio. Su experiencia previa como abogado en el bufete Pérez Llorca de Madrid refuerza el vínculo de la presidenta madrileña con Carmen Pérez Llorca, hija del fundador del despacho, quien ejerce como viceconsejera de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid.

Sin olvidar que María Zaplana, hija del ex ministro Eduardo Zaplana, trabaja como asesora en la Secretaría de Estado de Turismo. O que Teresa Lizaranzu, esposa de Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica de La Moncloa, compatibiliza la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro con la presidencia de la Comisión de Propiedad Intelectual y la de la Sociedad Estatal de Acción Cultural. Ni, por supuesto, que el frustrado fichaje por Red Eléctrica de Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, no impidió que Telefónica contratara a Iván Rosa, esposo de Soraya Sáenz de Santamaría.

El particular caso de Castilla La Mancha… nepotismo en la Ínsula Barataria 

María Dolores de Cospedal y su esposo

De nada han servido los comunicados y las protestas de la Asociación de la Prensa; de nada vale la denuncia realizada por el sector de medios de comunicación de CCOO de Castilla-La Mancha. Nada ha impedido, ni siquiera la indignación de los “silentes” periodistas castellano-manchegos, que el Partido Popular haya enchufado a numerosos allegados que desde hace unos días desarrollan las labores de comunicación que desempeñaban con anterioridad profesionales cualificados e independientes y que han sido despedidos. Y entre todos los colocados por María Dolores Cospedal llama la atención el esposo de la presidenta de la Diputación de Guadalajara, Ana Guarinos, que en la pasada legislatura anunció la presentación de una iniciativa parlamentaria en las Cortes de Castilla-La Mancha para impedir que matrimonios pudieran cobrar dos sueldos públicos. Dos años después, su marido, Ángel Recio, alcalde de la localidad alcarreña de Fuentelahiguera, ha sido nombrado para un puesto de asesor en la Subdelegación del Gobierno de Guadalajara reservado para periodistas que realizaban esta labor. Un tanto de lo mismo ha sucedido en la Subdelegación del Gobierno de Albacete, donde la mujer del presidente de la Diputación, el “popular” Francisco Núñez, hace las veces del periodista que ocupaba ese puesto antes de la llegada del PP al poder. Lo más significativo es que Fátima Torija, esposa del líder albaceteño, es fisioterapeuta, una digna profesión que, sin lugar a dudas, es la más idónea para comunicar. Por cierto, Núñez tiene un sueldo próximo a los 5.000 euros mensuales.

Pero aquí no termina la lista de enchufad@s en Barataria. No, la lista es más amplia. Así las cosas, la secretaria regional de Nuevas Generaciones, la alcarreña Cristina Molina, realiza las veces de la periodista María José García en la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real. Molina tampoco es profesional de la comunicación y, además, es ajena a la provincia manchega, pero, eso sí, es del PP, suficiente para ser colocada. El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, “expulsado” por Cospedal de su Ejecutivo (por algo será), Jesús Labrador, no iba a ser menos a la hora de abrir las puertas del emblemático edificio de la Plaza de Zocodover para la llegada de nuevos fichajes. A saber: un guardia civil que hace las veces de jefe de prensa, si bien este profesional realizó las mismas labores, y con éxito, en la Comandancia toledana, o la mujer de un periodista fichado por el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y secretario general del PP, Vicente Tirado. 

LAS RAZONES PARA UNA HUELGA GENERAL

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Mírese como se mire, muchas de las políticas públicas del gobierno del Partido Popular tienen como objetivo disminuir los salarios y reducir la protección social. Tal objetivo se justifica con el argumento de que hay que recuperar la confianza de los “mercados financieros”, temerosos éstos de que el elevado déficit del Estado español imposibilite el pago de los intereses de la deuda pública, creando un grave problema para tal Estado, pues no podrá conseguir dinero prestado de tales mercados para realizar sus funciones. Esta justificación ha adquirido la dimensión de dogma, impuesto por las autoridades que rigen la Eurozona y la Unión Europea. En realidad, tales autoridades ya han nombrado un supervisor que instruya al gobierno español sobre cuándo y cómo alcanzar tales objetivos, convirtiendo a España en un protectorado, con escasa soberanía y capacidad de decisión nacional. Tal argumento requiere para su sostenibilidad que la población crea que tales medidas, que son altamente impopulares, son necesarias para recuperar su bienestar, presentándolas como las únicas posibles. Lo que la ciudadanía debería conocer (y no es fácil que conozca, debido a la escasísima diversidad ideológica existente en los medios de información y persuasión del país) es que cada uno de los supuestos que sostienen tal justificación es erróneo. La evidencia científica ampliamente disponible muestra los siguientes hechos:

- La falta de confianza de los llamados mercados financieros hacia la economía española no se debe, en este momento, al “excesivo déficit” o a la “excesiva deuda pública” (más baja que la de Alemania), sino al escaso crecimiento económico, que empeorará con las medidas de recortes de gasto público (incluyendo gasto público social) y de empleo público, y con la reducción de los salarios. La evidencia de que tales medidas empeorarán la situación económica es abrumadora. Ha pasado en Grecia, está pasando en Portugal, y ocurre también en España.

- Los intereses de la deuda pública están altamente influenciados por el comportamiento del Banco Central Europeo (BCE), el cual es, en realidad, más un lobby de la banca que un banco central. El BCE está ayudando masivamente a la banca europea (incluyendo la banca española) a costa de no ayudar a los Estados. Si el Banco Central Europeo fuera un banco central, España y los otros países periféricos de la Eurozona no tendrían el problema que tienen en poder vender deuda pública, pues tal banco compraría tanta como fuera necesario para bajar sus intereses. Ahora bien, el hecho de que el Banco Central Europeo no intervenga y ayude a los Estados comprando deuda pública directamente, es precisamente para beneficiar a los bancos. La evidencia de que esto es así es también abrumadora.

- En realidad, el elevado desempleo de España no se debe ni a las “supuestas” rigideces del mercado de trabajo ni a la “excesiva” protección social. España fue, en 2011, el país junto con EEUU e Irlanda, donde proporcionalmente se despidieron más trabajadores, tanto fijos como temporales. Y el gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español). La evidencia científica de que los recortes sociales y las reformas del mercado laboral no solo no crearán empleo sino que lo destruirán, es contundente y abrumadora.

La pregunta que el lector se hará es: ¿por qué, entonces, el Partido Popular hace tales políticas? La respuesta es que los intereses que representan –la banca y la gran patronal- sí que se están beneficiando de estas políticas. En realidad, están consiguiendo lo que siempre han deseado. Están utilizando la crisis que ellos crearon (y muy en especial, la banca) para alcanzar lo que siempre quisieron, es decir, bajar los salarios, disminuir la protección social y privatizar el Estado del Bienestar. Y lo están haciendo sin que hubiera un mandato popular. En realidad, habían negado que harían cada una de las medidas que están ahora implementando. Este insulto democrático debe denunciarse en una democracia. Y la manera de responder es con una huelga general. Una última observación. No es casualidad que los países que tienen mayores problemas económicos y financieros en la Eurozona son aquellos países que han estado dominados por periodos más largos de su historia, por las fuerzas conservadoras: Grecia, Portugal y España. En estos países, los Estados han sido influenciados en gran manera por la banca, la gran patronal y las grandes fortunas, que explica la regresividad de sus políticas fiscales y el gran fraude fiscal. Según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español, el 72% de todo el fraude fiscal en España lo realizan estos grupos, cuya influencia sobre el Estado es enorme. Esta situación explica la pobreza del Estado español (tanto central, como autonómico y municipal), su deuda pública y el subdesarrollo de su Estado del Bienestar. Son estas mismas fuerzas financieras y económicas las que ahora están imponiendo tales políticas, con el apoyo de las elites gobernantes de la Eurozona. De ahí que una huelga general es también una continuación de una larga historia para recuperar la democracia y el bienestar de la ciudadanía, denunciando los responsables, dentro y fuera de España, de su escaso desarrollo social.