18 mayo 2012

LA FRASE MÁGICA

Nos hallamos ante una de las más brillantes y exitosas operaciones de manipulación de la opinión pública de la historia moderna de España. Se puso en marcha tras detectarse los primeros efectos de la crisis y se fue extendiendo como la peste, conforme avanzaban la debacle económica y el paro. Los líderes que habían conducido a esta sociedad a la miseria llegaron a la conclusión de que no podían afrontar en solitario las responsabilidades del desastre y encontraron una salida imaginativa para evitar que la gente arruinada les persiguiera a pedradas por las calles: disolver las culpas entre todos, repartir el marrón entre administradores y administrados, haciendo creer a las personas corrientes que el país se había ido al garete por su imperdonable manía de viajar en vacaciones o de comprarse un coche nuevo. Por extraño que parezca, millones de españoles se tragaron esta mercancía averiada y desde entonces, somos el único lugar del mundo en el que los pobres se sienten culpables de su pobreza, ya que están totalmente convencidos de que han cometido algún tipo de pecado para merecerla.

Este milagro del encubrimiento y de la falacia habría sido imposible sin el afortunadísimo hallazgo de la frase mágica: "Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades". Políticos incompetentes, banqueros ladrones y todo tipo de bocazas profesionales repiten cada mañana este mantra en todas las tribunas públicas del país, aplicando aquella vieja ley de la lógica de garrafón, que asegura que si uno repite muchas veces una mentira, al final acaba convirtiéndose en una verdad. Sea por la insistencia en la repetición o por algún inexplicable mecanismo de autoflagelación colectiva; lo cierto, es que este mensaje ha funcionado con una pasmosa efectividad. Presidentes autonómicos que han arruinado sus territorios construyendo aeropuertos sin aviones o levantando palacios faraónicos pueden enfrentarse a un auditorio de pensionistas esquilmados y decirles que "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades", sin que nadie haga el más mínimo intento de romperles la cara. Ejecutivos que han gestionado las cajas de ahorro como mandriles anfetaminados recurren al "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades" para emboscar su caradura, sin que se resientan sus brillantísimos currículums de economistas y, lo que es peor, sin que los juzgados abran ninguna investigación sobre sus saqueos.

Con el paso del tiempo y conforme las administraciones aplican recortes contra la crisis, los españoles hemos empezado a sentir en nuestras carnes el verdadero significado de la frasecita de marras. No hay que ser un fino analista para entender ahora lo que querían decir nuestros políticos: vivir por encima de nuestras posibilidades era ir a un hospital con una pierna rota y que te la escayolaran sin tener que empeñar el coche, llevar a nuestros hijos a un colegio público y que tuvieran las mismas posibilidades de futuro que los que van a uno privado, trabajar en unas condiciones laborales algo mejores que las de los huerfanitos de la fábrica de betún de Charles Dickens o aspirar a que nuestros padres con Alzheimer acaben sus días decentemente atendidos en una residencia geriátrica.

Una vez descubierto el truco, la frase mágica se desmorona como un castillo de naipes y pierde toda su efectividad. Se llega a la conclusión de que aquí, los únicos que han vivido por encima de sus posibilidades (y seguirán viviendo) son los componentes de una exclusiva cofradía de dirigentes políticos y económicos, cuya capacidad para el despilfarro y el robo ha reducido a escombros una comunidad cuya prosperidad parecía protegida a prueba de balas.

Hay que resistirse al engaño, rechazar cualquier tentación masoquista de culpabilizarse. Los responsables de este desastre tienen nombres y apellidos y aunque no nos va a sacar de pobres, nadie nos puede privar del placer de señalarlos con el dedo y de abroncarlos por su irresponsabilidad. Este triste desahogo es el único consuelo que nos queda a las víctimas de este gigantesco tocomocho.





La juez imputa a 22 personas por el fraude de cooperación


Rafael Blasco exconseller de Solidaridad y Ciudadanía

La magistrada Nieves Molina, que instruye la causa que investiga el fraude en las ayudas a la Cooperación de la Generalitat, ha imputado a 22 personas por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. La juez, titular del juzgado de Instrucción número 21, ha levantado hoy el secreto de las diligencias previas de la causa, que persigue un supuesto fraude de las subvenciones concedidas por la entonces denominada Consejería de Solidaridad y Ciudadanía entre 2008 y 2011, cuando su titular era el popular Rafael Blasco.
La investigación no ha podido precisar la cantidad de dinero sustraído, aunque la dinámica empleada era hinchar las facturas que justificaban el dinero concedido. Según la juez, los imputados habrían desviado diversas cantidades concedidas a las organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias a través de fundaciones y empresas.
Entre las 22 personas imputadas, seis de ellas han sido cargos de la administración. Además, hay personas implicadas que estaban integradas en al menos seis ONG, entre las que figura la Fundación Hemisferio, que según la investigación sería la matriz a raíz de la cual se orquestó el fraude. De hecho, la única persona que permanece en prisión es Augusto César Tauroni, que según la policía es el presidente de Hemisferio, antes conocida como Fundación Entre Pueblos hasta que tuvo que cambiar de nombre por coincidir con el de otra veterana ONG.
La investigación, que arrancó en mayo de 2011 y ha sido llevada en secreto durante un año por Molina y el fiscal Anticorrupción Jesús Carrasco, estrechó el cerco a la cúpula directiva de la consejería que entonces dirigía Rafael Blasco, actual portavoz de las Cortes Valencianas. De hecho, en la operación policial que desveló el caso el pasado 23 de febrero, entre los detenidos figuraron varios cargos de la administración.

La investigación ha estrechado el cerco a la cúpula de la consejería que entonces dirigía Rafael Blasco.

Así, en la operación han quedado imputados varios miembros de la administración del PP, entre ellos Alexandre Catalá, subsecretario de la consejería de Blasco, y Josep María Felip, que fue director general de Cooperación al Desarrollo. En el momento de su detención eran, respectivamente, subsecretario de Sanidad y director general de Cooperación. Después de conocerse su detención y, tras prestar declaración ante Molina, su posterior imputación, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, forzó su destitución inmediata.
Después se conoció que también estaban imputados Marc Llinares, que fue jefe de área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, y estaba destinado en el Servicio de Innovación y Planificación Estratégica de la Consejería de Hacienda.
Días más tarde, tras regresar de Alemania, fue detenida María Dolores Escandell, funcionaria del área de Justicia que fue jefa de servicio de Gestión de Programas de Cooperación. Por último, Molina también ha imputado a la ex secretaria general administrativa de aquella consejería, Tina Sanjuán.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, la instructora del caso ha decretado diversas medidas cautelares para todos los imputados que están en libertad provisional, como la obligación de presentarse periódicamente en los juzgados, la retirada del pasaporte o la obligación de solicitar autorización para salir del país o cambiar de domicilio.
A tres de los imputados, según el TSJ, no se les ha podido tomar declaración. Durante las últimas semanas ha trascendido la información de que al menos dos de ellos estaban fuera del país y se habría dado orden a la policía de localizarlos para darles noticia de su imputación.
Dos denuncias de diputadas de las Cortes Valencianas dieron origen hace año y medio a la investigación de la trama de los fondos de cooperación. Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Mollà, de Compromís, detectaron algunas maniobras que le parecieron oscuras en la consejería. Según las diputadas el fraude en las subvenciones al desarrollo internacional podría rondar entre los siete y los nueve millones de euros.

17 mayo 2012

El Congreso dará hoy luz verde al asalto del PP a RTVE

  • El pleno de este jueves dará el visto bueno al real decreto ley que permite nombrar al presidente de RTVE por mayoría absoluta.

Instalaciones de RTVE en Torrespaña, en Madrid.

El Congreso de los Diputados convalida hoy jueves el real decreto ley que incluye la reforma del sistema de elección del presidente de RTVE y que permite al Partido Popular gobernar la Corporación sin necesidad de pactar con ningún partido político. Hasta el momento, el presidente de la casa debía ser elegido por dos tercios de la Cámara garantizando cierta neutralidad política en la Corporación. Ahora, el Gobierno podrá hacer y deshacer a su antojo ya que posee la mayoría absoluta que fija la nueva ley para nombrar al presidente. El consenso pasa a la historia con el Ejecutivo conservador. Se vuelve a la época de una televisión y radio públicas al servicio del Gobierno de turno.
La izquierda parlamentaria ya ha anunciado que no apoyará la medida adoptada por el Gabinete de Mariano Rajoy. Elena Valenciano, vicesecretaria general de los socialistas, anunció el mes pasado que su partido recurrirá esta reforma ante el Tribunal Constitucional , por lo que su partido rechazará en el pleno de este miércoles la convalidación del decreto.
 El portavoz de Izquierda Unida en la Comisión Mixta de Control de RTVE, Ricardo Sixto, señalaba ayer a Público.es que su formación también se opondrá al texto, tanto por el contenido como por la manera en la que se ha llevado a cabo.
“El Gobierno no puede justificar por qué ha reformado el método de elección del presidente de RTVE mediante un real decreto. Según la Constitución, este trámite sólo se puede utilizar en cuestiones de extraordinaria urgencia y, en este caso, lo podría haber hecho mediante el trámite parlamentario”, apuntó Sixto.
 Este mismo argumento es el esgrimido por el PSOE para llevar ante el Constitucional la reforma.
La gran incógnita es qué hará CiU. La federación catalana asegura que aún no tiene ninguna decisión tomada al respecto y hasta que llegue la hora del pleno no desvelará su posición, por lo que cabe la posibilidad de que el Gobierno convalide el decreto tal y como lo concibió: en soledad. El PP, no obstante, prefiere no valorar esta posibilidad y fuentes del partido han asegurado que esperarán poder sumar apoyos durante las negociaciones que llevará a cabo antes y durante el pleno. “Hasta el rabo todo es toro”, afirmaron estas fuentes.

Fin de la pluralidad en el consejo
El real decreto no sólo reforma el método de elección del presidente. Además, ha reforzado la función ejecutiva del mismo debilitando el papel del consejo de administración . Los consejeros ya no tendrán dedicación exclusiva a su labor en RTVE y cobrarán sólo dietas por asistencia a las sesiones. “El presidente con más poder desde la creación de la Corporación será nombrado a dedo por Mariano Rajoy. Será una televisión pública dócil y dirigida vía telefónica desde la Moncloa”, explicó Sixto.
Además, el consejo de administración también ha visto mermada su composición, pasando de doce a nueve consejeros. La primera víctima de esta reducción de miembros ha sido la pluralidad. Previsiblemente, el Partido Popular contará con cinco de los nueve consejeros –uno de ellos será el presidente–, el Partido Socialista contará con tres y, previsiblemente, CiU contará con otro. El consejo saliente estaba formado por representantes del PP, PSOE, IU, CiU, ERC, Comisiones Obreras y UGT. Ahora, las centrales sindicales no tendrán derecho a ningún puesto en el órgano de gobierno de la Corporación.
 “Esta decisión tiene el objetivo de eliminar del consejo a las fuerzas políticas y sindicales que no vayamos a apoyar al Partido Popular en todo lo que proponga. Ha eliminado a los sindicatos porque hemos sido independientes. Es un torbellino”, aseguró a Público.es Santos Miguel Ruesga, exconsejero de RTVE.
 No obstante, esta nueva composición del consejo de administración tendrá que esperar. Cuatro vocales (dos del PP, uno del PSOE y otro de IU) finalizan su mandato en enero de 2012, por lo que el próximo consejo de administración tendrá que contar con Izquierda Unida, al menos hasta la fecha indicada.

Nuevo presidente
 El nombre del próximo presidente de RTVE es todo un secreto . La decisión se está gestando en el núcleo más cercano al presidente del Gobierno y lo único que han pronunciado al respecto es que Rajoy quiere un responsable que responda a un perfil económico. Un gestor capaz de llevar a cabo el recorte de 204 millones que el Ejecutivo impuso a la Corporación.
 Los dos nombres que más han sonado en las quinielas son el de Francisco Campos, ex director general de la televisión gallega y hombre cercano al sector galleguista del PP al que pertenece Rajoy, y Luis Blasco, presidente de Telefónica en Argentina, a quien el presidente del Gobierno conoce muy bien por su pasado como jefe de su mujer, Elvira Fernández. Ninguno de estos nombres sería apoyado por el Partido Socialista. De hecho, ambos partidos ya no negocian la elección de un presidente de consenso. El Partido Popular camina a solas.

Orden lleno de decretazos
El orden del día del pleno de este miércoles está lleno de convalidaciones. Además de la convalidación del sistema de elección del presidente de RTVE, el Congreso convalidará los decretazos en sanidad, educación y las competencias del agua.
En eduación , la reforma incrementará la ratio de alumnos por clase en un 20% en Infantil y Primaria, así como se aumentarán las horas lectivas del personal laboral.Además, se ratificará un incremento de las tasas universitarias entre un 15 y un 25%.
En materia sanitaria , se convalidará el polémico copago farmacéutico. Aquellos jubilados con pensiones contributivas tendrán que pagar un 10% de los medicamentos que necesiten en la farmacia, hasta un máximo de 18 euros mensuales. Aquellos que tengan pensiones inferiores a 18.000 euros anuales también tendrán que pagar la mitad del coste, con un tope de 8 euros al mes.
Por último, el pleno también convalidará el decreto ley por el cual el Gobierno asume todas las funciones sancionadoras en las cuencas hidrográficas que discurren por más de una comunidad autónoma y deroga la normativa anterior al respecto.

15 mayo 2012

Bruselas reconoce que Zapatero salvó a España del rescate y la intervención en 2010


  • La Comisión Europea ha rechazado de nuevo este lunes acelerar los plazos para suavizar el objetivo de déficit para España (que obliga a un recorte desde el 8,5% al 4,4% este año) alegando que las cifras sobre el desvío presupuestario de 2011 que ofrece el Gobierno "cambian continuamente". Al tiempo, Bruselas ha reconocido que las medidas adoptadas por José Luis Rodríguez Zapatero salvaron a España del rescate en 2010.

Bruselas reconoce que Zapatero salvó a España del rescate y la intervención en 2010 "En algún momento de 2010, había muchas especulaciones de que España podría estar en riesgo de seguir a otros países que necesitaron rescate. No ocurrió y no ocurrió, en primer lugar, porque las autoridades españolas cumplieron sus objetivos", ha señalado el portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión, Amadeu Altafaj.
El paquete de medidas que el Gobierno aprobó en mayo de 2010, duramente criticado por la oposición, especialmente por el Partido Popular que, incluso se permitió enviar a sus ‘principales espadas’ en materia económica a realizar una tourné por las principales plazas financieras europeas poniendo en duda la solvencia y la contabilidad del Estado español.
La Comisión Europea viene ahora a reconocer el papel primordial jugado por el Ejecutivo socialista en los momentos más delicados de la crisis. Este reconocimiento contrasta con el intenso pulso que está manteniendo con el Gobierno del Partido Popular, a pesar de la afinidad ideológica neoliberal de una y otro. Así, la Comisión está afónica de reclamarle al Gobierno la presentación de un marco fiable de datos macroeconómicos, con explicaciones detalladas y creíbles sobre la desviación producida en el ejercicio anterior. Aclaraciones y dudas sobre las cifras ofrecidas a Europa que en ningún momento se tuvieron con la información macroeconómica suministrada por los diferentes gobiernos socialistas a sus socios europeos.
El Ejecutivo comunitario ha insistido en que la actual "es una crisis de confianza" y por ello "es clave reforzar la confianza, en particular en los países que están expuestos a una fuerte presión de los mercados", como España. "España en 2010 claramente experimentó los beneficios de cumplir estos objetivos de déficit" en forma de "una relajación de la presión del mercado", ha apuntado el portavoz.
En mayo de 2010, en el momento de máxima presión de los mercados, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un paquete de recortes que incluía la congelación de las pensiones y el recorte del salario de los funcionarios.
El Ejecutivo comunitario ha eludido criticar frontalmente el anuncio por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de un nuevo objetivo de déficit (5,8% en lugar del 4,4% pactado con la UE) para este año tras la cumbre de la semana pasada, sin comunicarlo previamente a la Comisión y al resto de líderes.
Pero ha dejado claro que las nuevas reglas de la UE para reforzar el Pacto de Estabilidad obligan a una mayor coordinación de las políticas económicas. "Coordinación significa intercambiar información con tus socios europeos, sobre todo cuando eres miembro del euro, porque lo que pasa en un país del euro tiene un impacto en las otras economías vecinas. Lo que decida España sobre su déficit tiene potencialmente un impacto sobre la situación económica de toda la zona euro", ha insistido el portavoz.
El Ejecutivo comunitario se ha negado una vez más a acelerar los plazos para relajar el objetivo de déficit a España y ha reclamado de nuevo explicaciones sobre el desvío presupuestario de 2011 y sobre los recortes adicionales que se incluirán en los presupuestos de 2012.
"La Comisión está en una posición difícil porque no puede pronunciarse porque las cifras están cambiando continuamente. En noviembre pasado se nos decía que el déficit podría estar entre el 6 y el 7%, a finales de año se nos decía que había una desviación que podía ser de dos puntos y hace apenas unos días esta desviación se convertía en dos puntos y medio", ha señalado el portavoz.
   "Lo primero que hay que hacer por parte de España es clarificar el tamaño de esta tremenda desviación, las causas, si son puntuales o estructurales, y la manera de hacer frente a esa desviación y el presupuesto de 2012 es el instrumento fundamental para consolidar las cuentas públicas españolas", ha subrayado.
"Una vez tengamos esta información, estos datos tangibles, reales, verificados por Eurostat, entonces podemos pronunciarnos sobre la situación presupuestaria de España", ha proseguido.

La sanidad de los valencianos, de derecho a negocio

  • Fabra rompe los principios de equidad y solidaridad

La atención sanitaria es una preocupación prioritaria de los ciudadanos. Es un tema fundamental, de amplísima repercusión social, de una importancia difícil de exagerar. En el momento actual, tan confuso en muchos aspectos, la claridad es más necesaria que nunca. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué pasa y por qué. Empieza a resultar ya excesiva la opacidad, las contradicciones constantes, las cortinas de humo y las maniobras de confusión del partido que gobierna y sus representantes, como Fabra, Vela y Rosado, entre otros. Para delimitar responsabilidades, lo que pase en la financiación, planificación y gestión de la sanidad valenciana, es responsabilidad absoluta del actual Consell y de su Presidente, Alberto Fabra, digno sucesor de gentes como Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps. En 1995, el gobierno valenciano en manos del PP tomó la decisión de transformar un derecho en un negocio. El derecho de todos los valencianos a una sanidad pública gratuita, universal y de calidad en el negocio de unos pocos. Para conseguirlo fue adoptando una serie de medidas de forma progresiva, que en esencia han sido reducir los recursos públicos. Por ejemplo, La Fe tenía 1.950 camas en funcionamiento y ahora 900, se ha hecho desaparecer el hospital materno infantil, se reducen plantillas, recursos y servicios. En cambio, se promueve la gestión y planificación de la atención sanitaria por medio de empresas privadas. Ya somos un 25% los valencianos atendidos por empresas privadas (Alzira, Manises, Dénia, Torrevieja y Elx-Crevillent). Pero como el resultado económico no ha sido el previsto para las empresas concesionarias, el Consell bajo el paraguas de la crisis económica anuncia que va a privatizar la gestión de todos los departamentos sanitarios, a través del Plan de Reequilibrio del Sistema Sanitario. La novedad, en comparación con los departamentos sanitarios previamente privatizados, es que las empresas no tendrán que construir los hospitales, ni contratar el personal. Será la Consejería la que ponga las instalaciones y los recursos humanos y las empresas privadas gestionarán el sistema sanitario pagando además un canon por utilizar las instalaciones de la red publica. Esto lo vende el Consell y el PP como un modelo de “eficiencia” al afirmar que van a ahorrar 263 millones de euros en la mejora de la gestión de limpieza, seguridad, telefonía, material sanitario y servicios asistenciales concertados (oxigenoterapia, oncología, hemodiálisis, radioterapia, transporte sanitario y alta tecnología). Esta cifra tiene cuando menos dudosa credibilidad, si se quieren mantener las mismas prestaciones con el mismo nivel de calidad. En el año 2010, según la Sindicatura de Comptes, se gastaron en estas prestaciones 1.414 millones de euros. La conclusión es obvia, los actuales gestores de la sanidad son unos gestores nefastos o los futuros, privados, van a recortar prestaciones que afectarán al área de hostelería de los hospitales y áreas de diagnóstico y terapéutica de las prestaciones externas concertadas. Dice el Consell que va a recibir 180 millones de euros de las empresas concesionarias por canon de utilización de las instalaciones sanitarias. Lo primero que se debe aclarar es en concepto de qué van a cobrar las empresas concesionarias, para poder pagar un canon de 180 millones de euros por la utilización de las instalaciones sanitarias, y aquí solo cabe una explicación: cobrará por dos conceptos. Uno —cantidad desconocida por ahora— corresponderá a un porcentaje por cada ciudadano con derecho a prestación sanitaria de cada uno de los departamentos sanitarios. Dos, puesto que la empresa paga un canon por utilización de las instalaciones, podrá atender en ellas a quien quiera, ciudadanos con seguros privados. Es decir, con este acuerdo el PP pone en manos privadas los recursos estructurales y técnicos de la red pública, sin que éstas hayan tenido que pagar nada por ellas. Lo mismo que Alzira, Manises, etc., pero sin que las empresas tengan que invertir previamente en la construcción de hospitales ni centros de salud, y además podría ocurrir que en una misma instalación sanitaria de propiedad pública se atendieran dos grupos de población, unos con derecho a las prestaciones del Sistema Público de Salud y otros que además dispondrán de un seguro privado complementario. El Consell negará esto y negará que se puedan producir diferencias de trato, pero también dijo que La Fe sería de gestión pública y ahora la gestión va a ser privada. Ha perdido toda credibilidad. Por último, existe el problema de los recursos humanos. En la Consejería de Sanidad trabajan 45.835 personas, de las cuales el 45.8% son estatutarios interinos y el 0,04% laborales interinos. Dice el Plan de Reequilibrio que los recursos humanos dependerán del gerente del departamento nombrado por la Consejería de Sanidad, pero que la organización del trabajo será competencia del gerente nombrado por la empresa concesionaria; por lo tanto será ésta la que diga cuántos médicos, enfermeras y resto de personal precisa para dar asistencia y con un colchón de 23.985 interinos podrá elegir a los que quiera y tirar los que les parezca. A los trabajadores con plaza en propiedad, ganada en oposiciones y concursos, con pública y libre concurrencia, en función de mérito y capacidad, según se vayan jubilando por diversas razones, no se cubrirán las plazas. Este es el Plan de Reequilibrio. Lo quieren vender bajo el envoltorio de ahorro económico, cuando lo que encierra es la ruptura del aseguramiento único y público ocultando que se profundizarán las desigualdades entre ciudadanos según su nivel de renta y de salud. Implantar el doble aseguramiento introduce diferencias asistenciales en función de los recursos económicos de cada ciudadano y entrega a las empresas privadas para que hagan negocio los recursos humanos, técnicos y estructurales del Sistema Valenciano de Salud, financiado hasta la fecha con nuestros impuestos y el esfuerzo compartido de diferentes generaciones. En definitiva, rompiendo los principios de equidad y solidaridad que son la última razón de ser del Sistema Sanitario Público.

"El ahorro previsto por el Consell es cuanto menos de dudosa responsabilidad"

Señor Fabra, podrá realizar las maniobras de confusión que quiera, pero usted ha entregado una cosa de los valencianos, y muy querida, la sanidad pública, a empresas privadas. No para mejorar las prestaciones asistenciales sino para que la empresa privada haga negocio. Pero no se haga ilusiones, más pronto que tarde usted y su partido perderán las elecciones. Habrá hipotecado el futuro de los servicios públicos esenciales y el próximo gobierno deberá restituir en esas condiciones lo que usted les ha arrebatado a los valencianos. Costará, pero los valencianos y valencianas volverán a tener un Sistema Público de Salud universal, coherente, eficaz y de calidad, sin segmentaciones ni intromisiones, al servicio de una sola lógica: la mejor atención de salud para todos y todas, sin distinciones de ninguna clase.

José Mayans y María José Mendoza son médicos. También firman este artículo C. Julián y J. Domene.


10 mayo 2012

Bankia: herencia del PP al PP

  • Todos la prensa extranjera coincide: la quiebra de Bankia y su nacionalización llevará a España a tener que ser rescatada como Grecia, Portugal e Irlanda. Eso nos situará en una 'economía de guerra' durante años y un empobrecimiento brutal de la población.


 
Lo peor que le podía pasar al Gobierno de Rajoy ha pasado: ha tenido que nacionalizar Bankia, la cuarta entidad financiera del país, presidida por un peso pesado del PP, Rodrigo Rato, y no puede echarle la culpa a Zapatero.

La nacionalización de Bankia lleva a la prensa internacional a anunciar el rescate de España
Bankia es la suma de la fusión de siete antiguas cajas de ahorro, pero las dos más importantes, Caja Madrid y Bancaixa, estaban absolutamente manejadas por el PP. La madrileña controlada por el tamdem Blesa/Esperanza Aguirre y Bancaixa por José Luis Olivas/Paco Camps. Pero además el PP ejerció un control político sobre ambas cajas, notorio y sin complejos. Blesa es amigo íntimo de Aznar, fue Aznar quien le puso al frente de Caja Madrid y cuando llegó la hora de su relevo se desató una batalla entre Rajoy y Esperanza Aguirre. El hoy presidente del Gobierno quería a Rodrigo Rato y Espe a Ignacio González, actual vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Ganó el pulso Rajoy pero quien le iba a decir que Rodrigo Rato iba a dimitir dos años después como presidente de Bankia porque fue incapaz, absolutamente incapaz de poner soluciones de emergencia. El colmo de la mala gestión de Rato: manipular y falsear las cuentas que la auditora Deloitte se negó a firmar.

En definitiva, el mayor aguguejo financiero de España es herencia pura y dura del Partido Popular, primero de su modelo de crecimiento cuando en el Gobierno Aznar solo se apostó por el ladrillo, luego porque utilizaron dos grandes cajas (Madrid y Comunidad Valenciana) para hacer política (fundamentalmente contra el Gobierno de Zapatero dando créditos y publicidad a medios afines al PP) y para colocar amigos.

09 mayo 2012

El paro en la Marina Baixa sube más de un 7% en el último año

  • La comarca ha triplicado su tasa de desempleo en un lustro en el que se han destruido seis puestos de trabajo cada día

El paro en la Marina Baixa ha subido un 7,15% en el último año y casi se ha triplicado en un lustro, según los últimos datos publicados por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef). Los datos del paro del mes de abril arrojan una cifra de desempleados en la comarca de 17.506 personas, lo que supone que se han perdido 1.169 puestos de trabajo respecto a abril de 2011, cuando 16.337 personas engrosaban las listas del paro, y que se han destruido 11.401 empleos, respecto al mismo mes de 2007, cuando había poco más de 6.100 parados, es decir, que en los últimos cinco años de crisis las listas del INEM casi se han triplicado en la Marina Baixa.

La tasa de desempleo en abril, no obstante, arroja un dato positivo respecto al pasado mes de marzo, con un descenso del 5,3%, gracias a la Semana Santa y la mejora de los datos de ocupación turística, que han logrado sacar del paro a 892 personas en la comarca durante. Eso sí, la cifra también es inferior a la del pasado año, en que fueron 1.221 las personas que salieron de las listas del paro ese mes.

Así se desprende de un estudio comparativo realizado por el sindicato Comisiones Obreras que ayer quiso poner el acento además en el problema de la "estacionalidad productiva" en una zona que "depende demasiado de una única actividad": el turismo.

Abril ha sido el segundo mes consecutivo de descenso del paro en la Marina Baixa, "el segundo mes en que el aumento de la contratación se debe al tirón turístico que, en este territorio, sigue siendo el factor productivo clave", destacó el portavoz de CC OO, Salvador Roig, quien aplaudió el descenso en el desempleo gracias al sector servicios, que ha logrado "recuperar 783 puestos de trabajo". "Al igual que ocurrió en el mes anterior, este buen dato se relaciona, fundamentalmente, con el aumento de la demanda ligada al periodo vacacional de Semana Santa", indicó Roig que, sin embargo, alertó de que la comarca, por ser eminentemente turística es "demasiado dependiente, por un lado del poder adquisitivo de la población, cada vez más mermado por la recesión económica, y, por otro, de la competencia de otros territorios".

Para Roig, "la situación alarmante del empleo en La Marina Baixa no se ha eliminado". De hecho, en los últimos cinco años "se ha destruido empleo a un ritmo de 6 personas cada día", según resaltó.

Respecto a la contratación, en abril se han celebrado 5.676 contratos de los que el 85,5 por ciento (un total de 4.852) pertenecen al sector servicios, y el 92,5 por ciento (un total de 5.254) son temporales, según informaron desde el sindicato. "Estos datos confirman la fragilidad de la mejoría estadística del desempleo producida en abril", indican desde CC OO.

Benidorm, como capital turística acentúa estos porcentajes. En la ciudad, se han realizado 3.783 contratos, de los que el 94,4% (3.573) se han firmado en el sector servicios y el 93,6% han sido temporales.

Otro de los sectores que ha posibilitado la salida del paro en abril ha sido la agricultura, debido a la temporada del níspero en Callosa. Así, 64 de las 892 personas que han salido del paro lo han hecho en el sector agrícola y Callosa ha registrado un descenso del desempleo de 101 personas.


PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA  EN RELLEU EN EL MES DE MARZO 2012

 Hombre  Mujeres  Total    Agricult.  Industria  Construcción  Servicios  Sin empleo Anterior

   
   50            42         92                         8                    15                63                      6




















La obra más cara de la Ciudad de las Artes cuadruplicó los costes

Santiago Calatrava, el día de la presentación del Palau de les Arts, dos días antes de su inauguración el 9 de octubre de 2005
La decisión del Gobierno de Eduardo Zaplana, cuando el PP llegó a la Generalitat Valenciana, de modificar el proyecto de la Ciudad de las Ciencias que había impulsado el socialista Joan Lerma desde la presidencia del Consell disparó los costes de construcción del complejo de ocio. Los populares transformaron en Ciudad de la Artes y las Ciencias el proyecto y sustituyeron una torre de telecomunicaciones prevista inicialmente por lo que es actualmente el Palau de les Arts, es decir, una ópera. La maniobra ha hecho que el principal edificio del complejo haya más que cuadruplicado sus costes, al pasar de cerca de 97 millones de euros (84,3 más IVA) a 434,2 millones, a los que hay que sumar los 44,3 cobrados por Santiago Calatrava.

Los contratos a los que ha tenido acceso el diputado Ignacio Blanco, de Esquerra Unida del País Valencià, en la sede la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA (Cacsa) revelan que el cambio se resolvió mediante una novación del contrato inicial, de manera que la misma adjudicataria de la torre, una unión temporal de empresas formada por Cubiertas y Mozv y Dragados y Construcciones, asumió la modificación del objeto del contrato sin que se produjera un nuevo concurso.

Concretamente, el contrato para la ejecución de la Torre de Telecomunicaciones de Valencia fue firmado en febrero de 1995 por el entonces consejero de la Generalitat y presidente de la empresa pública València, Ciència i Comunicació, SA (Vacico), Aurelio Martínez, con un presupuesto de 14.026 millones de pesetas (84,3 millones de euros) a los que había que sumar el IVA, lo que elevaba la cifra a unos 97 millones de euros.

En noviembre de 1996, Miguel Navarro, como responsable de la nueva empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA (Cacsa) suscribió una “novación modificativa del contrato” con la UTE de manera que la adjudicataria, que ya había ejecutado trabajos de cimentación, se comprometía a adaptar esa cimentación a los nuevos usos y a ejecutar “las obras de construcción del Palacio de las Artes, según anteproyecto redactado por Calatrava Valls, SL y los demás documentos que, a medida que se vayan redactando, pasarán a formar parte integrante del presente contrato”.

"No se licitó de nuevo la obra ni se fijó un nuevo presupuesto”, destacó ayer Ignacio Blanco"

Fue el inicio de un proceso que culminó en octubre de 2005, ya con Francisco Camps en la presidencia de la Generalitat, con la inauguración del edificio. El Palau de les Arts se convirtió en la más cara de las obras del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ya que su construcción ha costado 478,5 millones de euros, incluyendo los sustanciosos honorarios del arquitecto.

“No se licitó de nuevo la obra ni se fijó un nuevo presupuesto”, destacó ayer Ignacio Blanco, en cuya opinión el procedimiento fue manifiestamente irregular y tuvo consecuencias económicas de envergadura. “Los sobrecostes exceden todo lo aceptable”, señaló el parlamentario, para quien la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia ha sido “un pozo sin fondo por dos razones fundamentales: la falta de definición de los proyectos de Santiago Calatrava, que hace poco fiables los presupuestos, y la improvisación y los caprichos durante las obras”.

Según Blanco, que ha levantado una gran polvareda al dar a conocer los contratos de la Generalitat Valenciana con Calatrava, —por los que el arquitecto obtiene hasta un 12% de los costes finales de las obras, una práctica que se ha traducido en ganancias de más de 94 millones de euros en la Ciudad de las Artes—, “la culpa fundamental no es de Calatrava sino de quien lo ha permitido”.

La documentación que ha conseguido consultar el diputado evidencia que los sobrecostes fueron notables en la ejecución de todo el complejo, hasta el extremo de que prácticamente ninguno de sus edificios se ha librado de duplicar los costes previstos en los contratos de adjudicación de las obras. Blanco destacó especialmente el caso del Ágora, un elemento de la Ciudad de las Artes y las Ciencias que todavía está inacabado pero que ya alcanza los 93 millones de euros de coste (sin incluir los 9,3 millones de honorarios de Calatrava), cuando fue adjudicado a una UTE de Lubasa, Cyes y Rover Alcisa en 2006 por 41,3 millones de euros más IVA.

Las denuncias de Esquerra Unida por el “derroche” en el emblemático complejo de ocio de Valencia han suscitado la reacción del propio Calatrava, que salió a defender su obra hace unos días, y de la Generalitat. También del PP valenciano. Ayer mismo, el portavoz parlamentario popular, Rafael Blasco, reiteró las cifras con las que justificó la semana pasada el vicepresidente del Consell, José Ciscar, la inversión de más de 1.102 millones de euros en el complejo: 47 millones de visitantes desde su inauguración, 342 millones de euros de ingresos y 40.000 puestos de trabajo generados. A Esquerra Unida no le parece de recibo lo que ha ocurrido con el más llamativo de los “grandes proyectos” de la Generalitat y su diputado Blanco asegura que exigirá “responsabilidades a quien dio manga ancha a Calatrava de forma injustificable”.

Bruselas certifica la muerte lenta de los estudios Ciudad de la Luz


Ciudad de la luz
 
La Ciudad de la Luz existe porque la Generalitat invirtió en los estudios cinematográficos de Alicante más de 300 millones de euros. La paradoja es que esas mismas subvenciones pueden suponer el final de los platós que se levantan en Aguamarga. El comisario europeo de la Competencia, el español Joaquín Almunia, le comunicó ayer al presidente del Consell que “la línea” que mantiene la Comisión Europea es que “existe una posibilidad” de que se tengan que devolver esas ayudas. El reembolso a las arcas autonómicas de ese dinero pondría en muy serio riesgo el futuro de los estudios. La Comisión Europea estudia el caso desde febrero de 2008.

Fuentes de la Generalitat se esforzaron ayer en quitar importancia al mensaje que Almunia transmitió al presidente Alberto Fabra, pero lo cierto es que este no pudo ocultar su inquietud tras la entrevista: “Eso [la devolución de las ayudas por parte de la Ciudad de la Luz] nos preocupa”. No es para menos.

La Administración autonómica tiene serios problemas para hacer frente a los vencimientos de crédito que tiene que afrontar por su elevado endeudamiento y cada vez le cuesta más pagar la refinanciación de los mismos. El pasado jueves tuvo que ofrecer un interés del 7% para colocar una emisión de deuda de 500 millones. Si la Ciudad de la Luz, que es una empresa 100% pública, tiene que devolver una cifra que muy probablemente esté alrededor de los 200 millones a las arcas autonómicas, la ya maltrecha economía del Consell puede sufrir un auténtico colapso.

La decisión última de la Comisión Europea se conocerá de forma inminente, probablemente dentro de unos 30 días. Un fallo que culminará un expediente que se abrió hace algo más de cuatro años a raíz de una denuncia.

"Las noticias no son buenas"

“Las noticias no son buenas”. Alberto Fabra salió preocupado de su entrevista con Joaquín Almunia. El presidente de la Generalitat había viajado hasta Bruselas para acudir a la sesión del Comité de las Regiones donde defendió el corredor mediterráneo y enmiendas sobre la Política Agraria Común, varias de las cuales obtuvieron el respaldo de las regiones europeas. Pero el tema más urgente que llevaba en cartera era conseguir mitigar la más que probable sanción de la Comisión Europea por las ayudas a la Ciudad de la Luz.

El conflicto entre los intereses de la Generalitat con Europa comenzó hace cinco años cuando dos empresas del sector cinematográfico, entre ellas la británica Pinewood, el principal estudio europeo, denunciaron al Gobierno valenciano por conceder a la Ciudad de la Luz subvenciones públicas ilegales que distorsionaban la competencia en el sector. Como consecuencia de estas denuncias la Comisión Europea inició una investigación pormenorizada con el objetivo de determinar si las ayudas eran compatibles con las normas de la Unión Europea.

Neelie Kroes, que en aquella época ocupaba el cargo de comisaria de la Competencia, ya manifestó su “preocupación porque la importante financiación pública haya permitido a la Ciudad de la Luz falsear la competencia leal en el mercado europeo de los estudios cinematográficos”. En el expediente abierto en su día por el organismo europeo los fondos públicos dispuestos se cuantificaban en 200 millones, aunque la cantidad última es mucho mayor. José Camarasa, que en aquel tiempo era portavoz socialista de Grandes Proyectos en las Cortes Valencianas, aseguró que el Consell había invertido más de 300 millones de euros en las instalaciones de Aguamarga.

El expediente abierto por Europa hace años está a punto de sustanciarse y, como adelantó ayer Almunia a Fabra, las noticias no son buenas. El presidente de la Generalitat ya adelantó que su gobierno va “a seguir defendiendo los intereses de los valencianos porque nuestros servicios jurídicos nos dicen que obramos correctamente en la concesión de las ayudas. Hemos insistido en que nuestro proceso estuvo amparado por la ley, que no hemos hecho competencia desleal y que no hemos actuado fuera de lo que son los criterios de inversión privada dentro de una economía de mercado”.

El PP señala a Costa como responsable en la causa de la financiación ilegal

  • La dirección del partido detalla al juez las funciones del ex secretario general
“GIMENO, TRILERO, DEVUELVE YA EL DINERO”. Decenas de trabajadores de Canal 9 increparon ayer a su exdirector Pedro García Gimeno a las puertas de la Audiencia Nacional. Gimeno negó ante el juez Ruz el amaño del concurso de la visita del Papa y dijo que los regalos de El Bigotes eran “los normales entre amigos”.

La dirección del PP valenciano ha señalado ante el juez que instruye la causa de financiación ilegal de la formación, enmarcada en el caso Gürtel, a su ex secretario general Ricardo Costa como responsable total de la gestión del partido en el periodo investigado: 2004-2009. El escrito remitido al magistrado José Ceres por la formación que preside Alberto Fabra señala que al secretario general le correspondía “la coordinación, a través de los vicesecretarios generales y vicesecretarios ejecutivos, de las áreas de actividad del partido”, así como “la dirección de todos los servicios del partido y la jefatura de su personal”, tal como indicaban los estatutos vigentes en aquel momento.

El ‘ex número dos’ del PP valenciano intentó salpicar a la dirección regional

Costa, que sigue siendo diputado autonómico, está imputado junto a otros destacados miembros del PPCV y de la Generalitat por presunta financiación ilegal —delito electoral— y falsificación mercantil en las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y en las generales de 2008. Según la investigación, ocho empresas constructoras que habían recibido millonarias adjudicaciones de obra civil del Gobierno valenciano sufragaron diversos actos electorales. Dichas aportaciones habrían sido camufladas a través de Orange Market, la empresa de la trama Gürtel en Valencia al frente de la cual estaba Álvaro Pérez, El Bigotes. Los actos electorales del PP los hacía Orange Market, pero en vez de pagarlos el partido los cobraba de las constructoras emitiendo para ello facturas por servicios ficticios, según considera acreditado la Fiscalía Anticorrupción.

El escrito de la dirección regional contiene consideraciones duras hacia quien fuera su número dos. Y responde a uno anterior presentado por Costa ante el juez, en el que solicitaba que se llamara a declarar en calidad de testigo al actual secretario general del PPCV, Antonio Clemente, y que se requiriera al partido una batería de documentos que podrían servir para exculparlo. El magistrado denegó la citación de Clemente, pero accedió a reclamar la documentación.

Uno de los puntos solicitados por Costa consistía en que la dirección regional indicara “las tareas concretas que desarrolla en la actualidad la persona encargada de la gestión ordinaria de la tesorería del PPCV, así como su identificación”.

La respuesta de la dirección, que firma Antonio Clemente, da idea de la tensión que acumula el partido en Valencia: “Cabe en primer lugar preguntarse qué es lo que debe entenderse por ‘gestión ordinaria de la tesorería’, al ser este un concepto jurídico indeterminado”, arranca la contestación.

Más información:


Un testigo confirma el amaño del contrato del viaje del Papa a Valencia, Milagrosa Martínez responsabiliza a los técnicos de los contratos con 'El Bigotes'

A continuación, el PPCV señala que las operaciones “de cobros y pagos” de la formación se realizan a través de una cuenta bancaria del partido en la que actualmente figuran cuatro personas como autorizadas, entre las que se cuenta el secretario general, que es el cargo que ocupaba Costa en el periodo investigado. El escrito señala que bastan “dos firmas indistintas de cualesquiera de ellos” para efectuar una operación.

Entre los autorizados hoy se hallan igualmente otros dos responsables del PPCV imputados en la misma causa de financiación ilegal: Yolanda García, que es tesorera y diputada, y Cristina Ibáñez, administradora. A la dirección no le constan, en cambio, “cuentas autorizadas con su firma por Ricardo Costa” entre 2004 y 2008.

El juez también ha recibido, sin embargo, una comunicación del Santander en la que el banco indica que Costa era apoderado con firma mancomunada (eran necesarias dos) para operar en una cuenta del PP valenciano en los años 2007 y 2008.



 

 

08 mayo 2012

Socios minoritarios de Aqualandia denuncian a la Generalitat por la venta de Terra Mítica


  •  Los demandantes acusan al Consell de "prevaricación" y "malversación de fondos públicos" por no sacar las acciones a subasta

Un grupo de socios minoritarios de Aqualandia España S. A., empresa que ha cerrado la compra del 22,31% de las participaciones del Gobierno valenciano en el parque Terra Mítica, ha denunciado al Consell ante la Fiscalía Anticorrupción por dos presuntos delitos de "prevaricación" y "malversación de fondos públicos" al considerar, por un lado, que las acciones de la Generalitat en Terra Mítica debían haber salido a concurso o subasta pública por ser de titularidad pública y según marca la Ley de Patrimonio, y entender, por otro lado, que con esta operación se está procediendo a la "sustracción" de patrimonio público con "ánimo de lucro", lo que podría ser constitutivo de un presunto delito de "malversación de fondos".

Así consta en la demanda interpuesta por algunos de los socios minoritarios del grupo Aqualandia, que está ahora mismo reuniendo los 65 millones necesarios para formalizar la compra del parque temático. Los demandantes, de la familia Puchades, conocidos constructores de la provincia de Alicante, consideran que sus intereses como accionistas minoritarios se ven perjudicados con esta operación de compra-venta que califican de "arbitraria", de "vulnerar abiertamente los principios constitucionales de imparcialidad, de igualdad de oportunidades y de legalidad", así como de "irregular" e "injusta".

En la denuncia, los perjudicados piden a la Fiscalía Anticorrupción de la Comunidad Valenciana que investigue los hechos para "esclarecer la gravedad de los mismos y la relevancia pública de sus responsables, tomándoles declaración como imputados", así como que se acuerde "la suspensión de la venta" de las acciones de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana. Los socios minoritarios piden que se remita además la información al juzgado competente para iniciar un "procedimiento penal" contra los implicados.


#basadoenhechosreales: Rubalcaba vaticinó los recortes de Rajoy



Seis meses después del debate electoral entre Rajoy y Rubalcaba, el PSOE recuerda a través de un vídeo que el líder de los socialistas no erró en sus pronósticos sobre las políticas que desarrollaría el número uno del PP si ganaba, como sucedió, las elecciones.

El vídeo, titulado #BasadoEnHechosReales, recoge imágenes del cara a cara en las que Alfredo Pérez Rubalcaba. “Si usted cuenta lo que tiene en la cabeza, ni sus propios electores le darán el voto”, dijo en alusión a posible subida del IVA que plantearía un Gobierno liderado por el PP. “Con ustedes, la sanidad pública y la educación pública no está garantizada”, zanjó Rubalcaba.




01 mayo 2012

Las 264 páginas con las que el Gobierno del PP desmonta el modelo social en España

Nueva tribuna.es ha tenido acceso al documento que el Gobierno del Partido Popular ha presentado a la Comisión Europea. 264 páginas de un documento que supone un autentico desmontaje del modelo social. El informe recoge las medidas de fuertes recortes que ya ha puesto en marcha el Gobierno y otras muevas programadas para los 'viernes' del 2012 que profundizan en todos los frentes condenando a este país al deterioro económico y social en la batalla ideológica puesta en marcha por el Partido Popular. 







El Plan enviado por el Gobierno de Rajoy a la Comisión Europea, incorpora tanto las reformas que se han venido aprobando desde hace tres meses, como el anuncio de las próximas reformas.
El gobierno comunica a Bruselas que la reforma laboral, que en los próximos días debatirá el Parlamento, supondrá a partir de 2014 un abaratamiento generalizado del factor trabajo.
Sostiene el gobierno que las reformas que se han ido realizando, más la reforma financiara, supondrá una reducción a corto plazo, de 100 puntos básicos de la prima de riesgo.
Para el desarrollo de la línea de financiación para favorecer en las Administraciones Autonómica y Local, el pago a los proveedores, contempla que deberá ir acompañada del necesario Plan de Ajuste, que entre otras cosas incorpore un análisis de los costes de los servicios públicos y la reconducción de los mismos y la modificación de la organización local.
Anuncia que en los 15 grandes Ayuntamientos se deberán ahorrar algo más de 7.500 millones de euros, así como contemplar un incremento de tasas y precios públicos en el ámbito local para alcanzar ingresos superiores a 1.100 millones de euros.
Los Ayuntamientos deberán establecer, allá donde no existan, las tasas de basura, eincrementar la cuantía de las mismas donde éstas ya estén operando.
Se incide en una línea, sobre la que el ejecutivo de Rajoy ya ha venido reclamando decisión a los gobiernos autónomos, para que las Comunidades Autónomas a la hora de elaborar y presentar Presupuestos Económicos que incorporen la reducción de personal.
Con relación a los empleados públicos, insiste en la reducción de las compensaciones complementarias por Incapacidad Temporal, de las dotaciones de los planes de acción social, señala jubilación obligatoria a los 65 años, sin que puedan ser sustituidos, y la reducción de las retribuciones de los conductores en el Parque Móvil.
En materia sanitaria incorpora la reducción de la cartera de serviciosreducción de las sustitucionesampliación de la jornada laboralreducción de las guardias medicascierre parcial de hospitales y reducción de los planes de atención bucodentales a la población infantil.
En educación mantiene la puerta abierta a la reducción de plantillasampliación de jornada e incremento de alumnos por aula y así como la supresión de aulas y programas de convivencia.
Abre un amplio capitulo sobre reducción de las estructuras administrativas por duplicidades y la supresión y fusiones de empresas publicas y fundaciones.
Plantea una inminente reforma del Sistema de Dependencia, que contempla larevisión de las cuantías de ayudademorar la incorporación de nuevas personas, crear nuevas formulas de copago y potenciar el papel del sector privado.
La justicia dejara de ser gratuita por el abuso que se realiza de la misma, creándose un sistema de tasas.
Incorpora el desarrollo de un Plan contra el fraude en las prestaciones por desempleo.
Anuncia una Ley de Mutuas.
Plantea una nueva gestión del modelo de transporte ferroviario, basada en la colaboración publico-privado.
El documento deja entrever un nuevo incremento en el precio del gas y de la electricidad.
Se endurece la nota de corte para acceder a las becas universitarias al igual que el acceso a las lenguas extranjeras.
El documento remitido a Bruselas anuncia el incremento de los precios de los peajes, y abre una puerta a la creación de una tasa por utilización de autovías.
Con relación a la función pública anuncia la disminución de la contratación de interinos y la retribución de los empleados públicos durante los 90 primeros días por baja por enfermedad.

Miles de valencianos claman contra “los recortes y las privatizaciones”

  • Más de 40.000 manifestantes recorren Valencia, Alicante, Castellón, Elche, Alcoi y Elda
Manifestación 1º de Mayo en Alicante
Alrededor de 25.000 personas, según los cálculos realizados por este diario, han participado esta mañana en las calles de Valencia en la manifestación que, bajo el lema Quieren acabar con todo: Trabajo, dignidad y derechos, conmemora la festividad del Primero de Mayo. La marcha pretende expresar la protesta contra la reforma laboral, así como contra "los recortes y la privatización" de servicios sociales. Según los sindicatos convocantes, han participado 60.000 personas en las manifestación de Valencia.
Las marchas han sacado a la calle, según las cifras aportadas por los organizadores -UGT y CCOO-- un total de 100.000 personas en la Comunidad Valenciana -60.000 en Valencia, 25.000 en Alicante y 10.000 en Castellón--. Frente a estos números, la Policía Local ha cifrado la asistencia en 7.000 asistentes en la ciudad del Turia, 10.000 en Alicante y 1.500 en la capital de la Plana. Por su parte, otras fuentes oficiales han elevado, en declaraciones a Europa Press, estas cantidades a 8.000 en Valencia, 10.000 en Alicante y 3.500 en Castellón. Además, en Alcoi salieron uno 3.000 personas y en Elda, unas 7.000, según los sindicatos.
Los secretarios generales de CCOO PV y UGT PV, Paco Molina y Conrado Hernández, organizaciones que han convocado cinco manifestaciones en la Comunitat, tres de ellas en las capitales de provincia --Valencia, Alicante y Castellón, a las 11.30 horas-- y otras dos en las poblaciones alicantinas de Elche y Alcoi, a las 11.00 horas, han explicado antes de la marcha en Valencia sus criticas a las medidas acometidas por las administraciones.
Medidas que van goteando día a día en forma de malas noticias para los trabajadores. Y precisamente el anuncio del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de que el Consell va a privatizar la gestión de toda la sanidad valenciana, ha sido una de las más criticadas a lo largo de la marcha.
A la manifestación en Valencia, que ha salido de la Plaza San Agustín, se han unido representantes políticos de los grupos de la oposición en las Corts y algún dirigente nacional, como es el caso de la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano.
La marcha se ha abierto con una sonora traca y suelta de globos. Los participantes han comenzado a recorrer el centro de la capital del Turia con sus pancartas y haciendo sonar silbatos.
En sus intervenciones finales, Paco Molina y Conrado Hernández han dirigido unas palabras a los asistentes, en primer lugar de agradecimiento por la participación; y en segundo lugar para pedir que no dejen de reivindicar sus derechos y de exigir lo que les corresponde.
Molina ha explicado el significado del lema de la manifestación: "Trabajo, dignidad y derechos". Respecto al trabajo, ha resaltado que es la primera fuente de la riqueza, de la emancipación y de la prosperidad económica. Por ello, se ha dirigido a los parados y les ha reiterado el compromiso de su sindicato para defender, luchar y buscar su reinserción en el mercado laboral. "Cuantos más parados hay, más dejados de la mano de Dios están", ha dicho.
Conrado Hernández ha criticado que el Gobierno "imponga" duras políticas de recorte y, además, "actúe con cobardía". "Dicen que lo hacen porque es la herencia recibida, porque no hay alternativa. Se esconden, son cobardes. Saben de sobra que hay alternativas, pero lo que ocurre es que esto es cuestión de prioridad política y la política del PP es una política de desigualdad y de destrucción de derechos", ha comentado.
"Nos dicen --ha añadido-- que para no ir a peor, hay que bajar los salarios; que para crecer, tenemos que perder derechos laborales. Quieren que seamos más pobres para que ellos sean más ricos de lo que ya son", ha alertado.