La llegada del PP al Palau de la Generalitat en el verano de 1995 supuso un cambio radical en el rumbo de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), que había iniciado su andadura en 1989. Y no sólo afectaría al contenido de los informativos. Se ponía en marcha una profunda transformación que acabaría afectando a la sostenibilidad del ente. Hasta entonces, RTVV, cuyo director general era Amadeu Fabregat, contaba con una plantilla de 653 trabajadores, lo que le suponía unos gastos de personal anuales de 25 millones de euros, y una deuda de 22 millones. Era el resultado de un modelo que en muy poco se parecía al que desarrollarían el nuevo director general, Juan José Bayona, y los que le vendrían a la zaga (José Vicente Villaescusa, Pedro García y José López Jaraba).
Ahora, 17 años después, RTVV se encuentra en una situación límite: soporta una deuda de 1.200 millones y está en quiebra desde hace más de 10 años. Para afrontar esa realidad, el Consell ha resuelto aplicar un tratamiento extremo, cambiando el modelo mediante
una nueva Ley de RTVV sin consenso que fijará un marco de gestión que le permita privatizar franjas horarias y
reducir la plantilla. RTVV no se sostiene, pero las claves que han conducido a su actual estado no son ajenas a la gestión realizada durante esos años y están reflejadas en las cuentas de resultados consolidados que el ente entrega de forma anual al
Síndic de Comptes.
Ante la desconfianza que les generaban los profesionales del ente, sobre todo los periodistas, por haber ganado la plaza bajo el Gobierno anterior, una de las prioridades de los nuevos gestores fue la provisión de nuevo personal mediante contratos de obra, atestados de irregularidades, según la Sindicatura de Comptes, y “oposiciones a medida”, denunciadas por los sindicatos. Los datos del ente fiscalizador revelan esa tensión en las cuentas anuales de RTVV. En el año 2000, cinco años después, el gasto anual en personal era ya el doble: 50 millones. Y no paró de crecer.
En 2003 alcanzó los 61 millones, y en 2005, a los 10 años de la llegada del PP al Consell, esa partida suponía 72 millones, casi el triple.
"RTVV gastó 57 millones el año de la visita del Papa en producción externa"
En 2009, la plantilla estaba formada por 1.027 trabajadores, que junto a los contratados (sin oposición) ascendían a 1.800. Los gastos en personal han seguido aumentando en los últimos años hasta estabilizarse en 80 millones (81 en 2008 y 2009), más del triple que en 1995. En 2010, sin tener presupuesto para ello, López Jaraba, aumentó la nómina en 200 personas. El PP no sólo creó una plantilla paralela de periodistas, también utilizó el área de administración, que ahora supera los 200 trabajadores, para situar a personal de su confianza, a menudo, según fuentes afectadas, “creando redundancias administrativas” y con algunos “despachos sin funciones claras”. Ahora el exceso de personal, pese a la creación de otros dos canales (Punt 2 y Canal 9/24), constituye uno de los principales lastres de RTVV, para la que el Consell baraja un expediente de regulación de empleo (ERE) que será comunicado en los próximos días y que podría afectar a dos tercios de la plantilla.
Sin embargo, ese aumento de personal no supuso un incremento de la producción propia, que le permitiera incrementar su margen de negocio, sino más bien lo contrario. Hasta 1995, la apuesta de RTVV por la producción interna era muy fuerte, por lo que los gastos en producción externa no eran elevados. Según las cuentas de la Sindicatura de Comptes, el ente había gastado entre 11 y 18 millones anuales de euros desde 1992 a 1995. Bajo la gestión del PP el dinero pagado a productoras externas se desbordó. En 1997, RTVV pagó 25 millones de euros por ese concepto, y dos años más tarde 35. Para el quinto aniversario de la gestión del PP en las instalaciones de Burjassot, la cifra excedía el doble: 43 millones.
El pico más acentuado en los gastos en la producción externa se produjo en 2006, con 57 millones. Fue el año de la visita del Papa a Valencia, en el que el entonces director general, Pedro García (ahora imputado junto con otros tres directivos del ente precisamente por esta causa), adjudicó el contrato de la instalación del sonido por 7,4 millones de euros a la constructora Teconsa, que no era más que una tapadera de Special Events (una de las principales empresas de la trama Gürtel). Durante los dos años siguientes RTVV pagó 52 y 54 millones, y ya con la presión de la crisis, en 2009, inició un descenso en el que cayó de 46 a 24 en un solo año.
Algunas de las compras realizadas por el ente en estos años han sido puestas bajo sospecha, como es el caso de los tres documentales de sesgo ultraconservador que adquirió en 2011 a Triskel Audiovisual, una productora vinculada al actual director de antena de Canal 9, Fernando Lázaro Quintela, un directivo procedente de Intereconomía, por los que abonó 532.500 euros, más IVA, un precio considerado muy superior al del mercado.
"El Síndic de Comptes alertó de la falta de control en los contratos con productoras"
Las fiscalizaciones de la Sindicatura de Comptes están plagadas de reproches al modo de actuar del ente en este apartado. Sólo en 2002, le recriminaba la falta de control sobre “uno de los conceptos más significativos del presupuesto”, como es el gasto de personal y equipo artístico en los presupuestos presentados por las productoras, en los que observó “diferencias de precios importantes entre conceptos análogos o similares”. Asimismo, llamaba la atención sobre presupuestos que incluían el coste por presentador, cuando este “ya percibe adicionalmente de TVV (Televisió Valenciana) los importes estipulados en el contrato”. O cómo, en este mismo programa, pese a que el presupuesto incluía las dietas y desplazamientos de los invitados, “estos gastos se facturan también de forma independiente”. Además, apuntaba el informe que había “programas de mínima audiencia” cuyo precio final “supera de forma muy significativa el precio acordado para otros programas emitidos en horario prime time y de máxima audiencia”. En ese sentido, el Síndic se sorprendía de que TVV no hubiese acordado, como solía fijar la cláusula de los contratos con las productoras, “la suspensión de uno de los programas analizados a pesar de la insuficiencia de audiencia”, y que “incluso se hubiese renovado los contratos por otros períodos”. Y también, que suscribieran contratos con el productor de otro programa que pasaba de 15 a 35 horas semanales “sin que quedara acreditada documentalmente la necesidad de ampliar las horas contratadas ni el alcance de los trabajos que tiene que efectuar la persona contratada”.
El gasto en derechos deportivos constituye otro de los apartados que experimentaron un mayor crecimiento desde 1995. Los nuevos gestores apostaron fuerte por el deporte en su intento por captar audiencia, no solo en los derechos de retransmisión de la liga, sino en contratos privados con el Valencia (por el que pagó 30 millones), el Villareal (25) o Levante (12), así como con los de la fórmula 1. Con el Gran Premio, RTVV se comprometió a pagar a Bernie Ecclestone 22 millones más IVA por los derechos de emisión del campeonato para las temporadas de 2010-2013 “de forma no exclusiva y en lengua valenciana para el territorio de la Comunidad Valenciana”.
El Síndic de Comptes criticó estos primeros contratos de compra de derechos de emisión con los clubes, al entender que a Canal 9 le correspondía retransmitir partidos, pero no gestionar derechos de emisión. Hasta 1995, RTVV había gastado un máximo de 11 millones de euros anuales. En 1997, casi los había triplicado (31), y en 2001, en una clara trayectoria ascendente, pagó 46. El cénit se produjo en 2007, coincidiendo con la 32 edición de la Copa del América, que se celebró en Valencia. Ese año RTVV gastó 81 millones en adquisición de derechos de retransmisiones deportivas. Este capítulo descendió cuatro millones en el año siguiente, y a partir de 2009 experimentó una disminución como consecuencia de los efectos de la crisis (54 millones), que se acentuó al año siguiente, en el que con 24 millones, RTVV pagó la cifra más baja en ese concepto desde 1997.
"Zaplana cambió la ley para que el ente pudiera endeudarse y no tuviera que asumirlas la Generalitat"
El principal problema de RTVV ha sido siempre la asimetría negativa entre sus gastos y sus ingresos. Por buscar un ejemplo gráfico, en 2010 el ente pagó por compras y sueldos cuatro veces más de lo que logró ingresar. Las compras de derechos, de producciones contratadas, de producciones ajenas o de trabajos desarrollados por otras productoras representaron una factura de 49 millones de euros. Los gastos de personal ascendieron a 80 millones. Total, 129 millones. Mientras que los ingresos del grupo en ese año alcanzaron los 28 millones. A la vista de esos los datos, el diagnóstico del Síndic de Comptes no puede ser más certero: “recurrente desequilibrio económico entre gastos e ingresos de explotación, motivado, entre otras causas, por una desproporcionada relación entre los aprovisionamientos y los gastos de personal y la cifra de negocios”.
La aportación de la Generalitat compensó las cuentas del ente desde los primeros años, cubriendo las pérdidas totalmente o en gran parte hasta 1995, en el que el desfase fue de 16 millones. Pero desde ese ejercicio, con el nuevo rumbo impreso por el PP, las pérdidas no cubiertas dispararon su crecimiento, superando pronto a la aportación del Consell. Los 28 millones de 1996 y 1997 se convirtieron en 47 en 1998 y alcanzaron 69 en 1999. Este fue el año en el que Eduardo Zaplana, entonces presidente del Consell, cambió la ley para que el ente pudiera endeudarse por sí mismo y no tuviera que asumirlas la Generalitat. En ese momento, RTVV intensificó su vulnerabilidad ante la quiebra.
El informe de la entidad fiscalizadora del año 2000 ya refleja con esta crudeza la quiebra del ente: “A consecuencia de las pérdidas acumuladas en TVV y RAV (Ràdio Autonomia Valenciana) y de la insuficiencia de las aportaciones de fondos de la Generalitat Valenciana, el patrimonio neto de ambas sociedades presenta un saldo inferior a la mitad del capital social”. El Síndic instó a los administradores a adoptar las medidas previstas en la normativa mercantil vigente para reequilibrar la situación, y también a adoptar “un mayor rigor en la gestión del gasto y en el consiguiente control presupuestario, especialmente en gastos de programas y de personal”. Es evidente que las recomendaciones del órgano fiscalizador cayeron en saco roto y las pérdidas no cubiertas no pararon de crecer durante los siguientes 10 años hasta alcanzar la actual deuda de 1.200 millones, pese a las recriminaciones del Síndic sobre el “incumplimiento de la legalidad en temas tan importantes como personal, contratación o compras de aprovisionamientos”.
