LOS EDILES DEL PSOE ESTUDIARÁN LA FÓRMULA PARA EL PARKING GRATUITO

El alcalde de Sella se desmarca de la postura del PP al asegurar que el aparcamiento del Hospital comarcal debe ser gratis

Los alcaldes socialistas de la comarca han encargado a los servicios técnicos y jurídicos de sus ayuntamientos, que determinen «cuál es la fórmula idónea para conseguir» habilitar un aparcamiento gratuito en el hospital comarcal, tras la reunión mantenida ayer en La Vila. Los alcaldes del PP de la Marina Baixa no asistieron a esta reunión, como anunciaron anteayer, ni excusaron su ausencia, pero sí que estuvieron presentes los representantes de los gobiernos socialistas de Altea, L'Alfàs del Pi, Orxeta, Benimantell y Castell de Guadalest, así como el alcalde popular de Sella, Vicente Mas Pla. El alcalde de Sella se desmarcó de la postura oficial de su partido de no acudir a esta reunión, calificada como «trampa». El Ayuntamiento de Sella ya se pronunció en un pleno a favor de una moción del PSPV-PSOE sobre la gratuidad del estacionamiento. Mas explicó que «me pidieron que no fuera, pero he ido a título personal porque considero que el aparcamiento debe ser gratuito» y que quería conocer la postura de los socialistas.

Tras el encuentro, los asistentes emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su compromiso a «estudiar la fórmula más óptima que permita a los ciudadanos residentes en sus respectivos municipios a disponer de aparcamiento gratuito, cumpliendo así con el principio universal de derecho a la salud y disfrute de una sanidad pública gratuita». El citado escrito señala que los planes previstos por la Generalitat «dificultan enormemente el derecho a la salud de todos aquellos que tengan la necesidad de hacer uso de las instalaciones del hospital comarcal, y cuyo único medio de desplazamiento a esta instalación es el vehículo privado».

LOS DATOS DEL PEOR CLASIFICADO

El sistema sanitario valenciano ocupa el último lugar en el informe elaborado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública.

La valenciana es la comunidad autónoma que menos invierte por habitante: 1.058 euros frente a un promedio de 1.224.

Es la que menos camas tiene por cada mil habitantes (2,7 frente a la media de 3,8) y la quinta con más personas por médico (1.943 frente a 1.720).

Hay 1.987 valencianos por cada miembro del personal de enfermería (el promedio es de 1.705) y 1.058 por cada empleado sanitario global (frente a 1.224).

El gasto farmacéutico es de 281 euros por habitante (frente a media de 239) y crece por encima de la media.

RETRIBUCIONES CORPORACIÓN MUNICIPAL

A continuación se relacionan los cargos y las retribuciones del Equipo de Gobierno del Partido Popular aprobados en el Pleno del pasado día 06 de junio con los votos en contra del grupo municipal Socialista.

Estas cuantías se percibirán en catorce pagas anuales (las mensuales más dos pagas extras en junio y diciembre) con los aumentos que para cada ejercicio establezca la ley de presupuestos para los empleados públicos.

Asimismo se tendrá derecho al alta en el Régimen General de la Seguridad Social asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan.

Además los Concejales del equipo de Gobierno (los Concejales de la oposición no perciben estas indemnizaciones) cobrarán por gastos de locomoción 0,19 euros por kilómetro recorrido. También se indemnizarán los gastos de peaje y estacionamiento mediante la presentación del justificante correspondiente.



SANTIAGO CANTÓ PÉREZ. R. BRUTA MES: 2.015,15 € - R. NETA MES: 1.600,03€
(ALCALDE-PRESIDENTE)

ELISA LLORENS FONT. 1ER TTE-ALCALDE. R.BRUTA MES: 970,00 € - R. NETA MES: 800,57 €
(CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN, SANIDAD Y MUJER)

JOSÉ LUIS SELLÉS GARCÍA 2º TTE-ALCALDE. R. BRUTA MES: 849,00 € - R. NETA MES: 700,71 €
(CONCEJAL DE CULTURA, FIESTAS Y PERSONAL)

TERESA ANN TAPPIN. R. BRUTA MES: 515,00 € - R. NETA MES: 450,80 €
(CONCEJALA DE RELACIONES CON EXTRANJEROS Y COMERCIO)

ALEJANDRO SANTAMARÍA CABOT. R. BRUTA MES: 285,60 € - R. NETA MES: 250,00 €
(CONCEJAL DE HACIENDA, JUVENTUD Y AGRICULTURA)

ANTONIO VICENTE GARCÍA DOMÉNECH. R.BRUTA MES: 285,60 € - R.NETA MES: 250,00 €
(CONCEJAL DE URBANISMO Y TURISMO)


En este mismo Pleno del día 06 de junio, nuestro portavoz Toni Fuster solicito al Sr. Alcalde un despacho para nuestro grupo donde poder tener depositada toda nuestra documentación, reunirse el grupo y/o poder atender en unas mínimas condiciones a cualquier ciudadano que así no lo demande. Dicha solicitud no es un mero capricho del Grupo Socialista sino que está recogido en la Ley más concretamente en el Articulo 27 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Así mismo solicitamos una cantidad para los gastos de funcionamiento del grupo, debido a la ínfima cantidad que recibimos por Pleno 18 euros cantidad a todas luces insuficiente para el normal funcionamiento de cualquier Grupo Municipal.

Tal y como era de esperar ambas solicitudes nos fueron denegadas por el equipo de Gobierno del Partido Popular.

Narbona asegura que el Estado usará todos sus recursos para garantizar la desalinizadora

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, dijo ayer que su departamento utilizará «todos los cauces del Estado de Derecho» para que se autorice el vertido al mar de la salmuera procedente de la planta desalinizadora de Torrevieja. Agregó en declaraciones a los periodistas durante su visita a la desalinizadora de Torrevieja que el Gobierno central seguirá trabajando para los valencianos «a pesar de todas las dificultades puestas en el camino por la Generalitat».

Narbona destacó que la Comisión Europea no admitió a trámite la queja «porque no existe ninguna razón ambiental» y que el Tribunal Constitucional (TC) tampoco le dio la razón al Gobierno valenciano al apuntar que «no hay una imprudencia ambiental significativa» para paralizar la obra.

En este sentido, Narbona abundó en la decisión de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de rechazar la autorización de vertido solicitada por la sociedad estatal ACUAMED, responsable del proyecto, por entender que no está garantizado que las emisiones de salmuera se realicen con la mínima incidencia sobre el medio ambiente. «Utilizaremos todos los cauces que nos dé el Estado de Derecho, unos cauces que hasta ahora han culminado siempre y en todos los casos dando la razón al Ministerio de Medio Ambiente y quitándosela a la Generalitat valenciana», aseguró Narbona. La ministra instó al Gobierno valenciano a «trabajar por el interés de los ciudadanos y a abandonar actitudes que sólo son contrarias al interés de los valencianos». ACUAMED solicitó la autorización de vertidos de salmuera al mar el 9 de agosto de 2006 y hace algunas semanas la Conselleria le pidió nuevos informes a raíz de la modificación del proyecto. El pasado 27 de julio, la citada Conselleria firmó la resolución en contestación al recurso de alzada interpuesto por ACUAMED y en la que rechazaba la autorización del vertido, dos días después de que el Tribunal Constitucional acordara mantener la suspensión de la orden de la Generalitat de parar las obras de construcción de la planta.

Según fuentes de ACUAMED, esta resolución no afecta a la marcha de las obras, puesto que la planta todavía no está en funcionamiento ni genera vertidos. A la visita de ayer de Narbona no acudió ningún representante de del Ayuntamiento de Torrevieja ni del Partido Popular. La representación institucional del Gobierno valenciano se limitó a la presencia de la directora del Parque Natural de Las Lagunas de Torrevieja y La Mata, Concha Torres, al margen de una amplia representación de alcaldes y cargos socialistas de la Vega Baja y la provincia.

La planta desalinizadora de Torrevieja, en fase acelerada de construcción, tendrá una producción anual de 80 hectómetros cúbicos de agua que se repartirán a partes iguales entre el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Este agua desalada permitirá abastecer «a tres millones de personas» en Alicante y la Región de Murcia, al tiempo que «asegurará» los regadíos de 65.000 agricultores del trasvase Tajo-Segura. Esta actuación supone una inversión de 215 millones de euros, de los cuales 55 estarán financiados con Fondos Europeos, mientras que los costes de operación y mantenimiento de la planta durante 15 años implicarán 82 millones de euros más. Llueva o no llueva Tras la visita a la deslinizadora, en la que Narbona realizó un recorrido en autobús por la parcela de 140.000 metros donde se construye la planta, la ministra se enfrena las retenciones a lo largo de 10 kilómetros en la Nacional-332 para acudir al paseo marítimo de Guardamar del Segura, y «vender» el agua desalada con la distribución gratuita de «agua de abastecimiento público preparada» embotellada. Una campaña del Ministerio de Medio Ambiente para divulgar la bondad del programa AGUA, y la calidad del agua desalinizada de «boca» que ya reciben buena parte de los municipios de la comarca de la Vega Baja, a través de las desalinizadoras de San Pedro (Murcia), además de los aportes de la plantas de Alicante a esta ciudad. Ayer un amplio equipo de azafatas, respaldado por un camión de almacenaje, distribuyó este material entre cientos de bañistas que recogieron agua fresca en formato de pequeñas botellas de agua mineral bajo el lema «+Agua para Siempre. El mar fuente inagotable de vida». Un «agua de mineralización baja» que no es «pura» desalada: contiene un 75% de agua procedente de la desaladora de San Pedro II, y un 25% de agua de manantial. Narbona afirmó que el agua obtenida en las plantas desalinizadoras está «totalmente controlada» y es «saludable», y destacó que «está disponible, llueva o no llueva». La citada campaña informativa se desarrollará en la Comunidad, Murcia y Andalucía entre el 8 de agosto y el 2 de septiembre, y permitirá el reparto de 500.000 botellines de agua desalinizada en cerca de 150 playas. Torrevieja y La Manguilla La ministra de Medio Ambiente lamentó en Guardamar la gestión local del vecino municipio de Torrevieja, gobernado por el PP desde hace casi dos décadas.

Sin ser preguntada, Narbona puso a Guardamar como ejemplo de conservación del medio ambiente, al mantener 12 kilómetros de primera línea litoral sin edificar y apostar por la recuperación del sistema dunar. Narbona dijo que el Ayuntamiento de Torrevieja ha decidido sin embargo dar el visto bueno a una exclusiva urbanización de un reducto de ese sistema dunar en primera línea, en referencia de 420 viviendas turísticas iniciadas en La Manguilla. Una zona de unos 90.000 metros cuadrados que Medio Ambiente intentó adquirir sin éxito.

POLÍTICAS SOCIOLABORALES: LA LEGISLATURA REVOLUCIONARIA (1)

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está protagonizando una auténtica revolución sociolaboral, que no debiera quedar eclipsada ni por los extraordinarios datos económicos ni, por supuesto, por los vanos intentos del PP por centrar el debate político en “el monotema”.

Esta revolución está protagonizada por varias leyes, que sucesivamente han ido ampliando el conjunto de derechos sociolaborales de diferentes colectivos presentes en nuestra sociedad y que, por una causa u otra, merecen una atención especial. Por supuesto, viene de inmediato a la memoria la Ley de Dependencia, que no sólo va a incrementar considerablemente la calidad de vida de los dependientes, sino que, junto a ello, va a suponer el reconocimiento –y la remuneración- de la tarea de los cuidadores (cuidadoras, en su mayor parte), de incalculable valor social. Pero, junto a esta norma, otras leyes incrementan las posibilidades de alcanzar un empleo, reducen la sucesión de contratos temporales, procuran la compatibilidad de la vida laboral y familiar o social, o conceden un grado adecuado de protección por parte de la seguridad social, como ocurre con el recientemente aprobado estatuto del trabajo autónomo. Y las últimas novedades anunciadas consolidan este camino: la ayuda por hijos, la generalización de la escolarización de cero a tres años...

Más allá del análisis individual de cada medida, adquiere especial valor la tendencia que esta política representa: la historia nos demuestra que los avances sociales generados por políticas de izquierdas se consolidan si se permite que sus proyectos se apliquen a medio y largo plazo. Pero para ello resulta absolutamente imprescindible que estos avances sean apreciados por los ciudadanos, lo cual no es fácil en una sociedad en la que, con demasiada frecuencia, lo urgente nos impide atender lo importante.

Desde el Partido Socialista nuestra obligación es seguir trabajando en la consolidación de esta revolución sociolaboral, procurando la difusión de estos avances que, sin responder a la urgencia, son extremadamente importantes para mejorar nuestra calidad de vida no sólo como individuos sino también como ciudadanos integrados en una sociedad que vela por alcanzar mayores cuotas de bienestar, justicia y solidaridad entre quienes la conforman.

Irene Bajo García

Concejala Socialista

Imputados por favorecer a la mafia rusa en Barcelona implican a altos cargos del PP

Varios funcionarios vinculan a la ex delegada del Gobierno en expedientes que tramitaba su marido

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama que concedió ilegalmente en Barcelona decenas de permisos de residencia y trabajo a extranjeros de la mafia rusa cuenta con testimonios que apuntan a que las irregularidades no correspondían sólo al ex subdelegado del Gobierno en Barcelona Eduard Planells, en libertad con cargos. La Delegación del Gobierno en Cataluña hasta 2004, con Julia García-Valdecasas al frente -ministra de Administraciones Públicas en los últimos meses del Gobierno de Aznar-, forzó la aprobación de expedientes tramitados por su marido, según el testimonio de varios funcionarios.

Gerardo Gónzalez Bilbao es uno de los funcionarios de extranjería de la subdelegación del Gobierno de Barcelona detenidos hace dos semanas junto a su ex jefe, Eduard Planells -que ahora era directivo de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones- y dos presuntos cómplices externos por favorecer expedientes de extranjería del la organización del mafioso ruso Malchas Tetruashvili, desarticulada en 2005 en la Operación Avispa.

González Bilbao quedó libre con cargos tras declarar al juez. Este funcionario, tras filtrarse las pesquisas que le llevarían al juzgado, repartió una nota explosiva a sus compañeros de trabajo donde apuntaba más alto: "Planells no es ningún tonto, y sé que nadie le cogerá en ninguna escucha ni en ninguna actuación en la que fehacientemente se compruebe que ha dado papeles a distintos capos a cambio de dinero. Sé más. A Planells le nombró coordinador de los servicios periféricos la delegada del Gobierno Julia García-Valdecasas. Planells, cuando muchos pedíamos papeles para los encerrados en la iglesia del Pino, hizo una regularización extraordinaria por mandato del Gobierno del PP. En esa regularización se colaron los encerrados en la iglesia y algunos miles más que pasaban por allí. Pero se hizo y fue extraordinaria y la hizo el PP".

González Bilbao también cita en su denuncia los tratos con miembros de la mafia rusa: "Planells conoce y yo también que Tetruashvili era socio de un importante restaurador barcelonés y que a ese grupo lo asesoraban tanto [Antoni Fernández] Teixidó [ex consejero de CiU] como un importante profesional que constantemente sale en todos los medios de comunicación. Planells conoce, y yo también, que a este grupo se le detectaron unas 140 contrataciones ilegales; contrataciones que investigamos administrativamente dos funcionarios de esta casa, y de las que nadie habló. Planells sabe que, semiacabada esa investigación, se indicó a estos funcionarios, uno de ellos yo, que pasaran todos los expedientes al despacho del antiguo subdelegado del Gobierno [David Bonet], para que desde una vía superior se pudieran determinar las responsabilidades de ese citado grupo. Planells sabe, y yo también, que desde ese despacho se dio carpetazo a todo gracias a la notable intervención de un conocidísimo profesional". "Al mentado grupo", añade González-Bilbao, "muchos funcionarios de esta casa lo conocen, muchos saben de estas actuaciones singulares y muchos aún no salen de su asombro por esta tapada al por mayor. Planells sabe muchas cosas. Sabe y calla. Pero no las sabe desde que es subdelegado, las sabe desde que era coordinador por nombramiento del PP y durante ocho años".

Este funcionario no sólo ha reconocido ante el juez como suya esa denuncia escrita sino que ha explicado en sede judicial cuáles eran los máximos capos de la trama de aprobación ilegal de expedientes de extranjería en la Delegación del Gobierno en Cataluña con García-Valdecasas. "A partir de mi declaración van a tener caso. Y con la declaración de otro funcionario, Francisco Caballero, que compareció previamente como testigo. Dijimos que los verdaderos involucrados en esta causa son importantes políticos, importantes despachos de Barcelona, importantes cargos políticos del PP, Julia García-Valdecasas, y el subdelegado en Barcelona David Bonet, importantes asesores de la mafia y de un empresario español que era socio de Tetruashvili, tenían negocios en Las Ramblas".

"En aquellos tiempos, la delegada era Julia García-Valdecasas, y había un abogado que era su marido, Añoveros. Añoveros presentaba expedientes de extranjería. ¿Cómo se llama eso? ¿Tráfico de influencias? Presentaba expedientes generosísimos. Caballero ha declarado en la Audiencia Nacional, porque me lo ha dicho a mí, que había empresarios que presumían de llevar los asuntos de extranjería al despacho de Añoveros porque se arreglaban expedientes incluso con exenciones de visado, que eso es muy difícil, los arreglaba por un millón de pesetas, que es lo que yo dije a su señoría. Nosotros somos conscientes y testigos de que hemos tenido que aprobar o proponer la aprobación directa de expedientes de Añoveros por imposición de la delegada del Gobierno, que por narices se los tenía que aprobar la oficina de extranjería a pesar de que estaban desestimados".

González-Bilbao detalla así sus presuntas presiones:
-¿La orden para forzar expedientes de Añoveros las daba la delegada o Planells?
-"No, las órdenes las daba la delegada".
-¿Le daba órdenes a usted?

- "No, al jefe de la oficina de inmigración, Carlos Planas. Y a Francisco Caballero, jefe de sección del departamento de recursos. A mí, directamente, no. He sido testigo de esos expedientes porque yo soy responsable del departamento de recursos de reposición. En cuatro expedientes consta, además, que era por orden de la delegada. Que coja la policía esos expedientes, y verá las notas que nosotros hemos puesto en esos expedientes. Las notas que puso Carlos Planas. Decían así: "Por orden de la delegada del Gobierno". Después de haber sido desestimados los expedientes se tuvieron que aprobar. Bonet nos hizo parar una investigación de 160 expedientes que creíamos que estaban falsificados. Lo taparon porque el grupo del empresaario español socio de Tetruashvili lo pidió. Lo paralizó Bonet y la policía. No querían que saliera el nombre de Antoni Fernández Teixidó [ex conseller de CiU] y otro asesor, pariente de un alto cargo del PP". Su declaración coincide, en lo esencial, con las de otros interrogados por el juez.

FRANCISCO MERCADO - Madrid - 31/07/2007

La Consellería de Sanidad de la Generalitat Valeciana deberá pagar multas por un importe de 125 millones por demoras en el pago a proveedores

La Consejería de Sanidad deberá abonar 124.977.456 euros a diferentes empresas de material quirúrgico, sanitario y farmacéutico por facturas pendientes de pago, correspondientes a suministros realizados a hospitales públicos, así como por los intereses de demora acumulados. Esta suma responde a 98 sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que anulan, por ser contrarias a derecho, las desestimaciones de la Generalitat ante las correspondientes reclamaciones interpuestas por las empresas.

La cantidad más significativa son los 15.573.865 euros que la consejería deberá abonar a la mercantil Bristol Myers-Squibb, por 1.141 facturas de suministros de medicamentos y especialidades farmacéuticas realizadas durante 2003. En abril de 2004, la empresa presentó una reclamación por el impago ante la Administración autonómica sin obtener respuesta expresa, pero ahora el TSJCV anula esta "desestimación tácita" de la consejería y reconoce el derecho de la compañía a cobrar la citada cantidad, más los intereses de demora. En otra resolución diferente, la Sala estima el derecho de esta misma empresa a cobrar otros 14.774.222 euros por el impago de 1.152 facturas de suministros de 2003 y 2004, además de los intereses legales y 11.941 euros por los costes de cobro. Entre las 98 sentencias, también destaca una que impone a la Generalitat el pago de 7.935.876 euros a la empresa Baxter, más los intereses de demora, por el impago de productos sanitarios, implantes y equipos, a lo que añade otros 9.923 euros en concepto de costes de cobro.

Los fallos judiciales recuerdan que la Administración "tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los dos meses siguientes a la fecha de expedición" de las facturas, y en caso de demora, deberá pagar "el interés legal del dinero incrementando en 1,5 puntos la cantidad adeudada". Estas sentencias se suman a otras 31 resoluciones hechas públicas el pasado mes de abril, que reconocían el derecho de 29 empresas del sector a cobrar 24,6 millones de euros por motivos similares.

Esta misma semana, los responsables de sanidad del PSPV exigieron al Consell que haga aflorar los 1.000 millones de euros de facturas en el cajón como primer paso para solucionar los problemas financieros del sistema sanitario valenciano. El secretario de sanidad de la ejecutiva del partido, Miguel Mazón, y el portavoz del área en las Cortes, Ignacio Subías, explicaron que el primer paso que debe dar el Consell para resolver este problema consiste en reconocer la existencia de ese "pecado de origen", en referencia a las citadas facturas en el cajón. Mazón admitió que eso es un problema para el PP, porque admitir ese montante sería "reconocer que la contabilidad de la Generalitat no responde a la realidad", algo que obligaría a los socialistas a pedir responsabilidades políticas a quienes están "lastrando la sanidad".

EL PAÍS - Valencia - 28/07/2007

JUAN COTINO CONSELLER DE BIENESTAR SOCIAL REDUCE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A LAS FAMILIAS DE LOS ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS

Los renglones torcidos del Opus Dei

El conseller de Bienestar Social de la Generalitat valenciana, Juan Cotino, ha reducido a nueve meses, de enero a septiembre, las prestaciones económicas que sirven para que los familiares de los enfermos mentales crónicos costeen residencias privadas para atenderlos. Algunas páginas web resaltan la ironía de que un católico fervoroso y miembro numerario del Opus Dei como Cotino pretenda dejar a los enfermos mentales "a la buena de Dios".

La partida presupuestaria de la Comunidad Valenciana para las prestaciones económicas individuales (PEI) a enfermos mentales crónicos, sufragadas con dinero regional y también por el Gobierno Central, ya fueron recortadas por la predecesora de Cotino, la zaplanista Alicia Miguel. Esta anterior responsable de Bienestar Social se vio obligada entonces a aprobar una ayuda adicional al final del año tras recortar el montante de las ayudas. Incertidumbre de las familiasTras el nuevo recorte de Cotino, que ha limitado las ayudas a los nueve primeros meses del año, empresarios de centros de asistencia consultados por el diario Levante esperan que finalmente ocurra igual que con Alicia Miguel y se acabe rectificando. En cualquier caso, estos empresarios denuncian que se genera inquietud entre las familias de los residentes y que quizá los últimos meses del año sí les dejen definitivamente abandonados.

La paradoja de CotinoCotino, miembro numerario del Opus Dei, ya trabajó en la Generalitat presidida por Zaplana y volvió como consejero con Camps tras un breve paso por el Gobierno Central en los años de Aznar. Con Mayor Oreja como ministro de Interior. fue director de la Policía, cargo en el que precedió a Díaz de Mera y donde se ganó los recelos de buena parte del cuerpo. por lo que consideraban un deficiente plan anunciado a bombo y platillo: la Policía de Proximidad. La web Confidencial7D resalta la paradoja de que un numerario del Opus Dei deje a los enfermos mentales “a la buena de Dios”.

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO AYUNTAMIENTO

El próximo sábado día 16 de junio a las doce de la mañana en el salón de plenos del Ayuntamiento, juraran sus cargos los miembros que compondrán la nueva Corporación Municipal durante los próximos cuatro años.

EL GOBIERNO DE RODRIGUEZ ZAPATERO ADJUDICA LA DESALINIZADORA DE LA MARINA BAIXA

Casi 55 millones de euros será el coste final de las obras de la desalinizadora de Mutxamel que abastecerá de agua a toda la comarca de la Marina Baixa. Un montante que fue aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad Acuamed, el pasado viernes en cuyo encuentro se dió luz verde a este proyecto que permitirá producir 18 hm3 de agua anuales.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente consideran que de no darse un retraso significativo, la desalinizadora estará lista en aproximadamente 22 meses es decir a mediado del 2009 estraría en servicio.

ELECCIONES LOCALES 27 DE MAYO 2007

El pasado veintisiete de mayo una gran mayoría de los vecinos de nuestros municipio decidieron dar su voto a la candidatura del Partido Popular para que nos gobierne durante los próximos cuatro años.

Desde aquí, también queremos felicitar a todos los ciudadanos por su masiva participación y el civismo demostrado durante toda la jornada electoral, así como a todas las personas que nos dieron su voto y confiaron en nuestro proyecto.

A partir de ahora, nuestra labor será la de hacer una oposición seria y leal, basada principalmente en la fiscalización del gobierno municipal y en nuestro programa electoral con el fin de conseguir un Relleu más participativo, más igualitario y más social.

PRESENTACION DEL PROGRAMA ELECTORAL DEL PSPV-PSOE DE RELLEU

NOTA INFORMATIVA

El PSPV-PSOE de Relleu tiene el placer de invitar a todos los vecinos del Municipio a la presentación de su Programa Electoral para las próximas elecciones municipales, el acto tendrá lugar en la antigua Cámara Agraria el próximo sábado 19 de Mayo a las 20,30 horas.

ESPERAMOS CONTAR CON VUESTRA PRESENCIA

Multitudinaria presentación de Toni Fuster a la Alcaldía de Relleu por el PSPV-PSOE

El pasado sábado 14 de abril con una sala totalmente abarrotado, tuvo lugar la presentación del candidato del PSPV-PSOE a la Alcaldía de Relleu Toni Fuster. Dicha presentación corrió a cargo de Leandro Picó, actual portavoz del grupo municipal socialista, el cual hizo una semblanza del candidato, destacando la gran ilusión que siempre a demostrado al trabajar por su pueblo, su honradez y su cercanía a las personas y el saber escuchar.

El candidato durante su intervención, le recordó al actual Alcalde Santiago Cantó, que el patrimonio municipal que se encontró en el año 1995 cuando ganó las elecciones, no fue por casualidad, fue gracias a la gestión que realizó el gobierno municipal socialista del cual Fuster era concejal de urbanismo durante la etapa 1991/1995. Seguidamente hizo un esbozo de lo que será el programa electoral de los socialistas de Relleu, por ejemplo: las gratuidad de los libros de texto, la habilitación de un comedor escolar, una escuela infantil para niños de 0 a 3 años así como ayudas para dentista, gafas, audífonos y ortopedia entre otras ofertas electorales. Acto seguido presento a los miembros que componen la candidatura del PSPV-PSOE para los próximos comicios del 27 de mayo.

También intervinieron en el acto Fanny Serrano, Secretaria de Organización Comarcal y Jaime Llenares, Secretario General de la Comarca, así mismo apoyaron con su presencia entre otros candidatos de la comarca, Agustín Navarro, candidato de Benidorm y Gaspar Lloret, de La Vila Joiosa.

A la finalización del acto se sirvió un vino de honor para todos los asistentes.

CANDIDATURA PSPV-PSOE DE RELLEU

1. ANTONIO FUSTER PÉREZ

2. ENRIQUE CABOT LLORET

3. OCTAVIO A. JAVALOYES MIRALLES

4. JOSÉ ASENSIO SALAMERO

5. DAVID R. SÁNCHEZ PÉREZ

6. JOSEFA PÉREZ SANTONJA

7. MARÍA R. ROCA CANTERO

8. MARÍA D. PICÓ GARCÍA

9. JOSEFA R. ESCODA PASCUAL

RESERVAS

1. CASANDRA FUSTER ESCODA

2. JOSEFA DEL M. IVORRA FONT

PRESENTACIÓN DE TONI FUSTER A LA ALCALDÍA DE RELLEU

El próximo sábado 14 de Abril a las 20,00 horas en la antigua Cámara Agraria, tendrá lugar la presentación del candidato del PSPV-PSOE a la Alcaldía de Relleu Toni Fuster, así como de los demás miembros que componen la candidatura socialista para los próximos comicios del 27 de mayo. Durante su intervención el candidato, expondrá las líneas maestras de su programa electoral.

Además de la intervención del candidato, están previstas las del actual portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Relleu Leandro Picó, las de Fanny Serrano, Secretaria de Organización de la Comisión Ejecutiva Comarcal y la de Maisa Lloret, candidata a las Cortes Valencianas.

También estarán presentes para arropar al candidato, los alcaldables de Benidorm Agustín Navarro, de La Vila Joiosa Gaspar Lloret, de Callosa D´en Sarriá Francesc Guardiola, así como otros aspirantes a las Alcaldías de nuestra Comarca.

LA AUSTERIDAD DE ZAPLANA

De julio a diciembre de 2002, el ex ministro consumió 36.979 euros en este capítulo, que elevó a 67.000 euros en 2003, y a 78.577 en 2004. Por encima de su cuantía -más de 183.000 euros-, destacan sus aspectos cualitativos. Zaplana recurrió a lujosas tiendas de joyas para comprar costosos objetos de regalo protocolarios para el Papa -al que regaló un cáliz de plata de 2.000 euros- o el rey de Marruecos -al que compró unos gemelos de oro por 1.349 euros- y muchos otros y otras cuya identidad no se conoce. Algunos ejemplos:

· maletín de coco comprado en Veramonti por 292 euros;

· gemelos de plata a balle de tennis; echarpes de seda la rosee y de seda patchwork y una corbata de seda twill comprados en Hermes por 1.000 euros;

· estuches de gemelos piel y carpetas porta documentos en piel por valor de 5.000;

· tres artículos de regalo en Hermes por valor de 600 euros;

· un objeto por 397 euros comprado en la joyería valenciana Gracia;

· otro por 405 euros comprado en Diseño Antonio Romero;

· 20 bolsos de piel de becerro tamaño mediano comprados en Hermes por casi 5.000 euros;

· una jarra de plata comprada por 500 euros en la joyería Suárez;

· una bandeja octogonal lisa y el reloj Fossil todo acero de señora comprados en la joyería Gracia por 1.168 euros;

· unos gemelos en plata por 771 euros en José María Milán;

· una pulsera de 130 euros de Loewe;

· 23 tarjeteros de plata de la consabida joyería valenciana Gracia por 3.500 euros;

· dos jarras y una bandeja de plata por 1.550 euros de joyería Suárez;

· un reloj de la misma joyería por 240 euros;

· un lalique florero lirio de Gracia por 442 euros;

· tres gemelos Logo de Loewe por 207 euros;

· un tarjetero por 300 euros de Gracia;

· un centro azucarero de Gracia por 413 euros;

· una cartera y un maletín de Loewe de 1.000 euros;

· un chal pespuntes y un chal anagrama de Loewe por por 354 euros;

· un pañuelo seda twill y un echarpe unie brodee cachemir de Loewe por 992 euros;

· una bandeja de plata de Gracia por 399 euros;

· 11 estilográficas de González Aragoneses por 3.223 euros;

· un objeto no identificado de la joyería Suárez por 365 euros,

Todo esto entre otros "regalos". Y además:

· una comida tras su toma de posesión por 1.440 euros en el restaurante madrileño Horcher

· una comida en el club Siglo XXI por 600 euros,

· catering por 22.000 euros para sus comidas oficiales

· justificantes de 60 a 120 euros (para que le devolvieran el dinero) de donaciones en mesas petitorias por causas benéficas (Cruz Roja, lucha contra el cáncer, etcétera).

· Facturas de gastos de la cesta de la compra para cenas de trabajo por más 5.000 euros (tickets de compra que registraban hasta el menor detalle, por ejemplo: chicles Trident, 0,55 euros; Danissimo, 1,89; galletas Kely, 1,43; apio, 1,30; cuajada oveja, 4,50; helados Haagen-Daaz, 5,35; bocata seis cereales, 1,32; champiñón, 1,86; ketchup, 1,15; lentejas, 1,29; membrillo, 1,24; pasta Buitoni, 1,77...)

CUATRO PROMOTORES COMPRARON SUELO EN RELLEU MIENTRAS SE REDACTABA EL NUEVO PGOU

El Pais - SERGI CASTILLO - Benidorm - 06/03/2007

Relleu, una pequeña población del interior de la Marina Baixa de poco más de 1.000 habitantes, multiplicará su población por 20 en una década, tras recalificar tres millones de metros cuadrados, creando cinco sectores alejados entre sí en una zona falta de recursos hídricos. El Gobierno local del PP justifica las zonas que se urbanizarán en la existencia de un "compromiso inversor", según figura en la memoria y adjunta al proyecto los convenios urbanísticos firmados entre 2002 y 2006 por el primer edil con las empresas que los desarrollarán.

Las compras de terrenos se realizaron en esos años, de forma paralela a la redacción del PGOU, y según los títulos de propiedad los compradores pagaron entre 0,51 euros y los 3,01 euros el metro cuadrado. Ahora y una vez aprobado el planeamiento el precio se ha multiplicado hasta por 240, ya que el metro cuadrado puede alcanzar los 120 euros, en función de su ubicación.

La secretaria de Organización del PSPV en la Marina Baixa, Fanny Serrano, indicó que "es muy difícil de creer que las empresas privadas que han adquirido el suelo lo hicieran sin indicaciones o con un mínimo respaldo del gobierno municipal". Las promotoras que compraron suelo al mismo tiempo que se redactaba el PGOU son La Marina Construcciones S.A., Atrio Estudios Urbanos SL, Golfmar Inversiones y Proyectos S.L y Dajosa Urbana SL., Serrano afirmó que "Relleu es el ejemplo de urbanismo del PP: hacerlo todo justo al revés".

El nuevo planeamiento, pendiente de su ratificación por la Consejería de Territorio y Vivienda, fue aprobado provisionalmente merced a la mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento, que lo aprobó el 26 de enero.

Irregularidades

Las irregularidades detectadas en la tramitación del PGOU de Relleu afectan a todos los sectores. Los responsables del plan parcial 5 son Dajosa Urbana S.L. y Golfmar Inversiones y Proyectos S.L. que adquieren en una escritura pública del 7 de septiembre de 2005 otorgada en la Notaría de Xàbia cuatro fincas rústicas en Relleu a un mismo titular, Vicente Cantó Pérez y María del Carmen Mazón Fuentes. Sin embargo, de una de ellas, con una superficie de 448.474,65 metros cuadrados no aportan justificante documental ni contrato de compraventa. En el registro de la propiedad de La Vila Joiosa sólo figuran las otras tres fincas (con matrícula 150, 2743 y 3234) pero no la más grande.

Sin embargo, en el convenio del sector 5, el consistorio sí le computa esta cantidad, con lo que el total de las cuatro asciende a 607.614,65 metros cuadrados. De esta forma, si no sale ningún otro propietario a discutir judicialmente la propiedad de la finca acabarán reconociéndola para la mercantil en el registro a través del proyecto de reparcelación.

Los tribunales y la UE intentan frenar el urbanismo salvaje de los últimos 10 años

Un grupo de eurodiputados visita por tercera vez España para ver si se corrigen los abusos

El País - CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 26/02/2007

Los tribunales han empezado a hablar. Y lo que dicen es que los planes generales de ordenación no están para saltárselos, o que un pueblo de 1.000 habitantes no puede pasar a 10.000 en cuatro años por arte de un PAI. O que sin un informe que acredite que hay agua no se pueden levantar cientos de bungalós. En poco más de cuatro meses, el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha paralizado de forma cautelar tres proyectos urbanísticos. Además, un grupo de eurodiputados inician este martes su tercera visita a España para ver si se están corrigiendo las irregularidades.

El urbanismo valenciano de la última década está sometido a un doble juicio. El político, que lidera el Parlamento Europeo tras la petición de amparo de miles de afectados, y el judicial. Sólo la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano tiene cerca de 800 causas judiciales relacionadas con asuntos urbanísticos. De momento, ha emitido tres autos que paralizan de forma cautelar otros tantos PAI en los municipios de Parcent, Porxinos y Ador. Además, la Comisión Europea denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas porque la legislación urbanística valenciana no respeta las directivas de contratación pública.

Bajo el paraguas de los abusos urbanísticos entra un amplio espectro de derechos supuestamente violados y de malas prácticas urbanísticas, según los afectados. En Parcent, por ejemplo, una localidad alicantina de 1.000 habitantes, donde se ha proyectado una urbanización de 1.500 nuevas casas fuera de ordenación, el tribunal suspende el proyecto porque casi un 40% de los afectados por el PAI no fueron informados del mismo. El PAI de Porxinos, situado en la localidad valenciana de Riba-roja y donde el Valencia C. F. tiene previsto levantar su nueva ciudad deportiva, se ha parado porque la Generalitat ratificó el proyecto sin el preceptivo informe que garantice agua suficiente para abastecer otras 2.800 casas.

La obligación de pequeños propietarios a ceder parte de su terreno, a pagar millones en cuotas de urbanización calculadas en muchos casos de manera opaca y a no disponer de prácticamente tiempo -porque no eran informados- para evitar el embargo, escandalizó a medio mundo. 17 embajadores tuvieron que solicitar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que atajara lo que está ocurriendo en el litoral, mientras la prensa británica ilustraba lo que sucede en la costa valenciana con viñetas donde una pareja de residentes extranjeros se da de bruces con una pala excavadora cuando pasea tranquilamente por su jardín. "En la práctica es una expropiación por la puerta falsa y sin justiprecio", explica Jaume Sendra, coordinador del equipo de abogados que ha conseguido el auto de Parcent.

En 2003, el entonces magistrado del TSJ valenciano José Díaz Delgado reconocía los problemas de indefensión que generaba la LRAU, aprobada por un gobierno socialista y adoptada desde 1995 sin cambios por los sucesivos gobiernos del PP. Uno de los más llamativos, a juicio del magistrado, es poner de acuerdo los intereses de dos partes -el urbanizador y la Administración- sobre los bienes de una tercera, que es el propietario y que queda al margen de la negociación.

Para Bernardo Hernández, profesor de Derecho Comunitario de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del equipo jurídico de Sendra, las denuncias tienen que ver con que se permita a un empresario sacar adelante proyectos urbanísticos de hasta seis millones de euros sin acreditar su solvencia, con la falta de publicidad y transparencia en la licitación de los PAI, con plazos tan breves que imposibilitan que haya otro competidor, y con la falta de un precio cierto.

En 2005, la Comisión Europea expedienta a España por la falta de transparencia en el proceso de contratación pública de la LRAU, lo que abre la puerta a que los afectados reclamen por vía judicial indemnizaciones.

"Los poderes públicos valencianos no atienden los derechos reconocidos por la UE", concluye Sendra, quien advierte de que ya existen dos precedentes -en Italia y Francia- en los que se ha condenado a dos legislativos y que esto mismo podría darse en España. El abogado recuerda además que la legislación comunitaria es considerada derecho interno en los Estados miembro por lo tanto con los dictámentes de la Comisión es posible acudir ya a los tribunales.

Mientras esto se dilucida, otra delegación de eurodiputados inician el 27 de febrero una visita a España de seguimiento de las irregularidades detectadas en las visitas anteriores. En su agenda está previsto que recorran el municipio madrileño de Galapagar, varios puntos de Almería y al menos 15 localidades valencianas, entre ellas Orihuela, Torrevieja, Parcent, Carral, Dénia, Xàbia, Benicàssim u Oropesa.

CALENDARIO DEL CONFLICTO URBANÍSTICO

1999. La Sindicatura de Greuges destaca en su informe anual las quejas de ciudadanos por las "exorbitantes facultades del agente urbanizador".

2002. Medio millar de residentes extranjeros crean la asociación de afectados Abusos Urbanísticos No. La plataforma pide amparo al embajador del Reino Unido por la aplicación "abusiva" de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).

2003. 13 embajadores piden al presidente valenciano que corrija la LRAU. Las protestas de los afectados se extienden a la calle.

2004. 17 países piden al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que acabe con los atropellos urbanísticos en la Comunidad Valenciana. La UE expedienta a España por el mal uso de la LRAU y el Parlamento Europeo envía una delegación para verificar in situ las denuncias de los propietarios.

2005. Segunda visita de eurodiputados a la costa valenciana. La Eurocámara aprueba el Informe Fourtou, que corrobora los abusos urbanísticos y recomienda a la Generalitat una moratoria.La Comisión Europea expedienta a España porque la LRAU vulnera las directivas de contratación pública. El Consell presenta el proyecto de nueva ley Urbanística Valenciana (LUV) y la CE insiste en que sigue sin cumplir las normas europeas. Se aprueba la LUV.

2006. La CE ultima la denuncia contra España ante el Tribunal de las Comunidades Europeas por la LUV. El TSJ paraliza cautelarmente el PAI de Parcent.

CALLES EN OBRAS

Debido a la forma tan poco profesional y arbitraria, como se están realizando las obras de las calles el Sol, Jesús de Nazaret y Ayuntament, el Grupo Municipal Socialista se ha visto en la necesidad de dirijir escrito al Alcalde con el fin de que solucione dicha situación.

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2007

El pasado día 29 de diciembre, en Pleno Extraordinario y con los votos en contra de nuestro grupo municipal se aprobaron los presupuestos correspondientes al año 2007, que aparecen en la cabecera de esta publicación y ascienden a la cantidad de 2.695.100 euros, o lo que es lo mismo 448.426.908,60 millones de las antiguas pesetas un 11,36% mas que los del año pasado.

Por otra parte y como ya viene siendo habitual año tras año durante la presente legislatura, en ningún momento se nos ha invitado a participar en la elaboración de los mismos, además siempre nos han entregado la documentación con muy pocos días de antelación al Pleno, siéndonos imposible con tan corto espacio de tiempo poder estudiarlos y analizarlos en profundidad y mucho menos confeccionar unos alternativos al los presentados por el equipo de gobierno.

Los presupuestos de este año como en años anteriores son continuistas y muy poco sociales.

Analizando los distintos capítulos de los presupuestos para el presente año observamos que uno de los gasto mas importante es el Capitulo I, GASTOS DE PERSONAL que con un importe de 773.500 euros (128.699.571 pesetas) representa un 28.70% del total de los presupuestos, este capítulo en el año 2003 suponía un gasto de 219.000 euros (36.438.534 pesetas) por lo tanto se ha incrementado desde entonces hasta ahora en un 253,19% lo que ha supuesto un aumento espectacular en tan solo cuatro años. En cuanto a la plantilla del Ayuntamiento actualmente es de 25 personas.

Por otra parte tenemos el Capitulo VI, INVERSIONES REALES, sumamente importancia para el desarrollo de nuestro municipio, encontrándonos este año con que tenemos 1.084.000 euros (180.362.424 pesetas) es decir menos dinero que el año pasado que fueron 1.158.000 euros (192.674.988 pesetas) ose que aun habiéndose incrementado este año los presupuestos en un 11,36%, tenemos la triste paradoja de que no solamente no han subido las INVERSIONES si no que han bajado en 74.000 euros (12.312.564 pesetas), desapareciendo una partida muy importante para las jóvenes parejas con hijos menores de tres años como son los 72.000 euros (11.979.792 pesetas) de la ESCUELA INFANTIL que tras aparecer durante tres años consecutivos en los presupuestos sin llevarse a cabo dicha escuela, el equipo de gobierno a decido hacerla desaparecer este año de un plumazo, quizá porque nunca fue su intención hacer dicha escuela infantil.

Otras de las Inversión para este año que aparecen en el Capitulo VI son: en Terrenos: 150.000 euros (24.957.900 pesetas), Inversiones en Caminos: 200.000 euros (33.277.200 pesetas), Acondicionamiento Zona Deportiva: 150.000 euro (24.957.900 pesetas), Primera fase Piscina: 180.000 euros (29.949.480 pesetas) el año pasado aparecían 550.000 euros (91.512.300 pesetas) en esta partida, reduciéndose este año considerablemente sin saber porque. Además en este capitulo también aparecen Inversión en Red Alcantarillado y Agua: 90.000 euro (14.974,74 pesetas), Restauración Castillo 78.000 euros (12.978.108 pesetas) y Redacción Proyectos Técnicos: 66.000 euros (10.981.476 pesetas).

Por otra parte en el Capitulo IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES donde se engloban partidas de contenido social como son: Atenciones Benéficas y Asistenciales: tan sólo se consignan: 32.500 euros (5.324.352 pesetas) en Educación y sanidad: 52.500 euros (8.735.265 pesetas) o Cultura y Juventud: 70.000 euros (11.647.020 pesetas) suponiendo el total del Capitulo IV: 322.500 euros (53.569.485 pesetas) tan sólo un 11,96% del total de los presupuestos, importe insignificante si además tenemos en cuenta que en este Capitulo también se engloban 50.000 euros de Mancomunidades y Consorcios, 62.500 euros de Instituciones Sin fin de Lucro 22.500 euros de Fiestas, 17.500 euros de Deportes y 15.000 euros de las subvenciones de Altas vehículos.

El grupo municipal socialista, tras estudiar y analizar los presupuestos para este año, considera que son fácilmente mejorables aumentando significativamente las partidas con mas contenido social, partidas que para este año se quedan sumamente cortas, situación que puede cambiar a partir del próxmo 27 de mayo con un gobierno progresista.

Grupo Municipal PSPV-PSOE

EL OBISPADO EN CONTRA DEL DESARROLLO URBANÍSTICO INSOSTENIBLE

La Diócesis considera «inmoral» que haya 400.000 viviendas vacías mientras que hay gente sin techo y apuesta por la intervención del Estado en el mercado

a Delegación de Acción Social y Caritativa de la Diócesis de Orihuela-Alicante ha calificado el desarrollo urbanístico de la provincia de «insostenible». Los responsables del Obispado han tachado de «inmoral» que en Alicante existan unas 400.000 viviendas vacías mientras muchas personas no disponen de un techo digno y «los jóvenes y numerosos desfavorecidos se las ven y se las desean para acceder a una vivienda digna. Se trata de una inmoralidad objetiva, como lo es que el precio medio de la vivienda haya crecido entre 1987 y 2004 trece veces y media más que los salarios», aseguraba ayer el delegado diocesano de Acción Social y Caritativa, el reverendo Lucio Arnáiz. La anterior afirmación la realizaba durante la presentación del documento «El actual proceso urbanizador en la provincia de Alicante», que analiza «La Doctrina Social de la Iglesia en nuestros pueblos y ciudades». La Delegación de Acción Social y Caritativa de la Diócesis, que ya había tratado en otros estudios asuntos como la mujer, el problema del agua en Alicante o la inmigración, entiende que «el urbanismo no está siendo un tema menor o colateral en la provincia, por lo que la Iglesia no podía dejar de decir lo que tenía que decir, para iluminar la conciencia de los cristianos con criterios éticos y morales que les ayuden a juzgar los acontecimientos», afirma el delegado episcopal de Cáritas Diocesana, el sacerdote Antonio Esteve. La Diócesis considera que es necesaria una intervención del Estado, a través de sus Administraciones. Arnáiz señala que «la Iglesia tiene muy claro que el mercado es importante, pero debe ser regulado convenientemente desde el criterio del bien común». No puede dejarse todo en manos «de un mercantilismo sin freno, no podemos idolatrar al mercado, que debe estar sometido al Estado y a las necesidades de la sociedad». Entre las medidas que el Estado debe adoptar, la Diócesis apunta a la rehabilitación de los cascos tradicionales, a la construcción preferente en vertical, a la promoción de viviendas de protección oficial, al apoyo a las viviendas de alquiler o a la penalización fiscal de las viviendas vacías. Para Lucio Arnáiz no es necesario llegar al extremo de la propuesta de la Generalitat de Cataluña de «confiscar» las viviendas vacías, «una medida un tanto exagerada», pero sí es necesario «penalizarlas». A juicio de Arnáiz, «la vivienda es necesaria para que los ciudadanos tengan un buen nivel de vida» y «el derecho a la propiedad del suelo debe ser compatible con el derecho a una vivienda digna». Además, el responsable de la Diócesis expone que el suelo «es un bien escaso y, por tanto, debe ser abordado con criterios de solidaridad». La institución eclesiástica aboga por una concepción del suelo como «patrimonio histórico, social y cultural», y no como un recurso económico especulativo. Según Arnáiz, el actual crecimiento urbanístico «no tiene en cuenta factores medioambientales, sociales ni de futuro». Estamos ante un «crecimiento desaforado que parece no tener límites. Y no podemos perder de vista factores medioambientales ni de futuro, y no podemos dejar de lado problemas de responsabilidad social y laboral que se desprenden de esta situación», apunta el director del Secretariado de Migraciones, Fidel Romero, quien considera que un modelo sostenible e integral de la vivienda «facilitaría la integración social y posibilitaría una mayor cohesión social». Fidel Romero opina que «en estos momentos el urbanismo se rige por unos principios de mercado y no por el servicio al bien común, por lo que dejar la regulación urbanística sólo al mercado es un grave error». De ahí que «si seguimos a este ritmo», Romero se pregunta «¿con qué recursos vamos a vivir en un futuro próximo?». La Diócesis también plantea una cuestión: «¿Qué modelo de ciudad queremos y cómo va a influir este modelo en los ciudadanos?». En este sentido, el Obispado rechaza la construcción de «urbanizaciones cerradas, donde la relación entre las personas es prácticamente nula», explica el responsable del Secretariado de Migraciones. Los autores de este estudio del mercado urbanístico e inmobiliario consideran que entre las soluciones se encuentra la necesidad de «propiciar un amplio debate social, serio y riguroso, sobre todas las cuestiones de fondo relacionadas con el urbanismo», apunta Antonio Esteve. Además, consideran preciso promover otros valores públicos para que no sea el beneficio económico inmediato el primero de los valores. «El territorio no puede ser un mero recurso económico especulativo». Además, alertan de que «mientras los Ayuntamientos sigan teniendo como principal fuente de financiación los impuestos por el urbanismo, va a ser muy difícil que no terminen doblegándose ante los ingresos que genera una construcción masiva», concluyen los redactores del documento.
V. L. DELTELL INFORMACION 21/12/2006