Un ´Ja n´hi ha prou!´ masivo contra el PP

Miles de personas se manifestaron ayer en Valencia -50.000 según la organización; 2.300, según la Policía local- para exigir un "cambio de rumbo" en la gestión del Consell. Un grito multitudinario -"Ja n'hi ha prou!", era el lema de este año- que los asistentes hicieron extensivo a la política del PP en el Cabanyal, pero también a la política lingüística, a la gestión del territorio, a la situación de los servicios sociales, a los medios de comunicación públicos o a las sospechas de presunta corrupción.

La marcha reivindicativa del 25 d'Abril, convocada tradicionalmente por Acció Cultural del País Valencià (ACPV), contó este año con un llamamiento unitario de sindicatos -UGT, CC OO, Intersindical-, grupos ecologistas como Xúquer Viu, entidades en defensa de la ley de Dependencia o colectivos como Salvem el Cabanyal y No a la Corrupció, entre otros.

El manifiesto, que este año leyó el actor Toni Agustí -el colectivo también está en pie de guerra por los recortes de apoyos públicos al sector teatral-, reivindicó "las instituciones, la lengua y la cultura propia" de los valencianos. Aunque también se criticó "el uso político del agua y del territorio, la corrupción, un modelo económico que ha agravado la crisis, la censura y la erosión de los derechos sociales". "Una situación de excepcionalidad", resumió.

Antes del inicio de la marcha, los representantes políticos y sociales destacaron la "unidad" de las entidades en la marcha de este año como "alternativa" a la "indefensión" generada por los gobiernos del PP, denunció Maribel Doménech, portavoz de Salvem el Cabanyal. Muy crítico también se mostró Paco Sanz, de Xúquer Viu, quien pidió el "fin de las políticas irracionales, demagogia y de enfrentamiento territorial" en materia de agua. Eliseu Climent, presidente de Acció Cultural, destacó la necesidad de "detener la degradación del territorio" y denunciar la situación de "degradación ética" en la política valenciana, opinó.

Por el lado de los políticos, la diputada y coordinadora general de EU, Marga Sanz, exigió al jefe del Consell, Francisco Camps, que "intervenga" ante la crisis y denunció la "nefasta situación social" de la Comunitat, con 600.000 parados. Por su parte, la diputada de Compromís Mònica Oltra destacó que el "Ja n'hi ha prou!" de la marcha es un grito contra la "podredumbre del Gobierno de Camps".

LAS SOCIEDADES MUSICALES, CONTRA EL PP

La Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) acusó ayer al PP de desentenderse de la delicada situación económica que atraviesan a causa de los recortes introducidos por el Consell y los incumplimientos en acuerdos alcanzados con la Generalitat.

La Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) acusó ayer al PP de desentenderse de la delicada situación económica que atraviesan a causa de los recortes introducidos por el Consell y los incumplimientos en acuerdos alcanzados con la Generalitat. Después de varias semanas de desencuentros, el portavoz parlamentario popular, Rafael Blasco, reunió a los representantes de la federación para tratar de llegar a una solución. En ese marco, la FSMCV aceptó renunciar a una parte de sus reclamaciones, aceptando el aplazamiento de 7,6 millones de euros de la cantidad que reclamaba inicialmente. Pero mes y medio después, Blasco ha vuelto a remitir a la federación a las consejerías de Cultura y Educación al entender que el asunto "supera" sus competencias, afirmó la entidad en un comunicado. El recorte en las partidas destinadas a las sociedades musicales en el presupuesto de la Generalitat para 2010 supone el 35% del total.

La FSMCV nació hace más de 40 años. Representa a un colectivo integrado por 525 sociedades musicales (la mitad de las que existen en el Estado), 200.000 socios, 40.000 músicos y 60.000 alumnos, según datos de la federación. En el manifiesto Més que música que ha puesto en circulación, la FSMCV denuncia la "inadecuada política educativa y cultural" de la Generalitat "que no apoya ni garantiza el desarrollo" de las sociedades. La federación ha remitido su nueva propuesta a las consejerías y, de momento, ha obtenido una respuesta positiva del Instituto Valenciano de la Música.

ESTAS SON LA CELEBRES FOTOS CESURADAS POR EL PP DE VALENCIA EN LA EXPOSICIÓN DE FOTOPERIODISTAS

EL PARTIDO POPULAR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CON SU FORMA DE PROCEDER ANTE ESTE HECHO A DEMOSTRADO SU TOTAL DESPRECIO POR EL DERECHO DEMOCRATICO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS FOTOGRAFOS DE PRENSA QUE EXPONIAN SU TRABAJO EN VALENCIA.

EL PP CENSURA UNA EXPOSICIÓN DE FOTOPERIODISTAS EN VALENCIA

Las imágenes del 'caso Gürtel', vetadas en el Muvim, dependiente de la Diputación de Valencia

La prensa libre no ha durado ni un día en el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (Muvim) de Valencia, el museo dependiente de la Diputación de Valencia consagrado a las ideas. 24 horas después de la inauguración de la exposición Fragments d'un any, promovida por la Unió de Periodistes Valencians y que recoge en 91 imágenes lo mejor del fotoperiodismo valenciano de 2009, las imágenes más políticas, aquellas que en particular molestan al Partido Popular y en concreto a su presidente Francisco Camps por las referencias al caso Gürtel, han sido vetadas en las paredes del último piso del museo.

"Entendemos que es una decisión tomada desde la esfera política del museo, que depende de la Diputación de Valencia, y nos parece un burdo acto de censura intolerable en una sociedad democrática", ha declarado Joaquim Clemente, presidente de la Unió de Periodistes Valencians. A mediodía, se ha celebrado una reunión urgente en la sede de la organización en la que se ha decidido la retirada total de la muestra y la búsqueda de una nueva sede de exposición.

Exigen explicaciones

En un comunicado, la Unió recuerda que las 91 fotografías expuestas son una muestra de lo publicado en diferentes medios de comunicación y exige explicaciones tanto al presidente de la Diputación, Alfonso Rus, como al diputado de Cultura, Salvador Enguix, de qué ha motivado la retirada de 10 de las instantáneas. Al mismo tiempo, desde la institución provincial se comunicaba que Enguix y el director del Muvim habían decidido la retirada de todas las fotos.

Entre las imágenes vetadas figuran la instántanea aportada por el fotógrafo de El Mundo Vicent Bosch en la que se ve a Camps, a Vicente Rambla y a Ricardo Costa, salpicados por el caso Gürtel, abrochándose sus trajes en las Cortes Valencianas, o la de Ricardo Costa compungido la noche que cesó de todos su cargos en el PP, disparada por Miguel Lorenzo, de El Periódico.

También se vetan dos fotografías de Rita Barberá arropando a Camps a su salida del TSJ cuando fue a declarar, una de Carles Francesc (EL PAÍS) y otra de Benito Pajares (El Mundo). Entre las imágenes que han levantado ampollas también figura una de Camps con el arzobispo Carlos Osoro, también de Lorenzo, y otra de Mikel Ponce (Abc) en la que se ve la investidura de José María Aznar en la Universitat Cardenal Herrera (CEU).

Desde presidencia de la Diputación negaban por la mañana que se hubiera dado la orden de retirar las imágenes. Y el director de la institución, Romà de la Calle, aseguraba que en ese museo nunca se habría tomado una decisión semejante.

CAMPS DEJA EN EVIDENCIA A RAJOY

La gestión del Consell no soporta las propuestas económicas del líder del PP

Una cosa es predicar, y la otra dar trigo. Las propuestas económicas del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, formuladas en el debate monográfico sobre la crisis que tuvo lugar el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados han puesto en un brete al Consell que preside Francisco Camps.
Una cosa es predicar, y la otra dar trigo. Las propuestas económicas del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, formuladas en el debate monográfico sobre la crisis que tuvo lugar el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados han puesto en un brete al Consell que preside Francisco Camps. Tanto que el PP se opone de plano a celebrar en las Cortes Valencianas un pleno similar al del Congreso y el propio Camps ha rechazado la oferta socialista para consensuar medidas contra una crisis que registra ya 576.000 parados en la Comunidad Valenciana.
Con una deuda que en septiembre del año pasado ascendía a 16.787 millones de euros (2,8 billones de las antiguas pesetas), según el Banco de España y tras haber cerrado 2009 con un gasto que ha superado en 2.000 millones de euros los ingresos, el Consell no quiere ni oír hablar de los techos de gasto y límites de endeudamiento que predica Mariano Rajoy. "¿Qué colegio tendremos que cerrar el mes que viene?", se preguntaba el consejero de Economía, Gerardo Camps, en un acto de partido diseñado para rechazar cualquier recorte del gasto previsto. "El Gobierno quiere responsabilizar a las comunidades autónomas de los recortes sociales", asegura el consejero.
Mariano Rajoy también reclama al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que reduzca en un 25% el número de altos cargos y en 10.000 millones los gastos de funcionamiento. El jefe del Consell y su consejero de Economía anunciaron hace casi cuatro meses un plan de austeridad para 2010, que preveía un ahorro del 5% en los gastos de funcionamiento, una disminución de las subvenciones en programas que no fuesen de gasto social del 35% y la reducción del número de empresas y fundaciones. A fecha de hoy el plan sigue sin presentarse y poco se sabe de los recortes del plan de austeridad anunciado. La culpa, nuevamente, es del Gobierno que, según Camps, todavía no les permite explicarse. Sin embargo, el consejero asegura, sin especificar nada, que ya ha puesto en marcha buena parte de las medidas.
Lo que no se ha tocado es la estructura de altos cargos del Consell. Sus miembros, igual que los del Gobierno, se congelaron el año pasado los sueldos pero los puestos de libre designación lejos de reducirse han aumentado con la decisión de incluir a los conductores de los consejeros y secretarios autonómicos.
La austeridad que pide Rajoy choca, además, en la Comunidad Valenciana con la política de grandes eventos y planes plurianuales elefantiásicos.La evolución de la deuda pública de los valencianos revela que los sucesivos gobiernos del PP al frente de la Generalitat no han sido austeros nunca. Cuando la burbuja inmobiliaria estaba en fase expansiva y generaba lo que Francisco Pérez, director del IVIE, ha calificado como "una sensación de riqueza colectiva", entre 1997 y 2007, la deuda de la Generalitat se multiplicó por tres, desde 3.707 millones en enero de 1997 hasta 11.550 en diciembre de 2007. La deuda de las empresas públicas pasó de 190 a 1.764 millones de euros. Y ha seguido creciendo entre recreaciones de cabalgatas medievales o carreras de fórmula 1.
Con la crisis, el Consell no ha ha invertido la tendencia al alza del endeudamiento. Y ello, pese a que el Ministerio de Economía ya obligó a la Generalitat a cumplir con un plan de estabilidad.
Una de las traducciones de este elevado nivel de deuda es la demora en el pago a los proveedores. El Consell responsabiliza también de este problema al Gobierno por no darle financiación adecuada. Si en la Administración general del Estado los pagos se hacen con retraso medio de 139 días, en la Generalitat las demoras pueden duplicarse y hasta triplicarse. Según distintas organizaciones empresariales la Administración Valenciana llega a pagar con retrasos que pueden llegar a 270, 340 o 380 días, lo que ha colocado en situación dramática a los proveedores.
En este apartado, el Ejecutivo de Francisco Camps tampoco es un buen ejemplo para Mariano Rajoy que exige que se paguen las facturas de la Administración a los 60 días. El presidente nacional del PP considera de tal gravedad el efecto que tienen los retrasos de las distintas Administraciones sobre las empresas que ha solicitado al Gobierno que el segundo plan E de inversión municipal se destine a mitigar la morosidad del Gobierno.
Una medida que Francisco Camps, en caso de hacer caso al presidente de su partido, difícilmente podría ejecutar. De hecho, mientras el primer plan E de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido prácticamente ejecutado -865 millones de euros para los municipios valencianos-, el plan Confianza de inversión productiva en los ayuntamientos -dotado con 1.020 millones de euros- apenas se ejecutó el año pasado. Un retraso que se ha unido a las dificultades financieras del Consell que exige a los municipios que adelanten el dinero de la compra de suelo si es necesaria para realizar el proyecto.
El consejero de Economía reconoce el retraso en este programa pero asegura que la línea de apoyo a los sectores productivos se ejecutó casi en su totalidad. En total, según Camps, el año pasado el Consell gastó cerca de 450 millones de euros en el plan Confianza. Un grado de ejecución que fue muy bajo en lo que respecta a la línea de 360 millones de euros dedicada al fomento de empleo. Otro apartado en el que la gestión del Consell ofrece dudas es el alto nivel de paro, superior a la media española. Rajoy aboga por nuevos modelos de contratación. Gerardo Camps, que tiene la mayoría de competencias en materia de políticas activas de empleo, insiste en la bondad de su gestión. "Ahora estamos por encima, en junio estaremos en la media estatal de paro y a final de año la habremos rebajado", argumenta el responsable de Economía. "Las medidas para combatir el paro ya están tomadas lo único que se puede hacer es intensificarlas", sentencia. Lo cierto es que buena parte de las subvenciones a la contratación tuvieron muy poca demanda.
A las deficiencias de la economía valenciana se suma, además, el deterioro del sistema público en servicios sociales básicos que lastran la salida de la crisis. Escenario que explica el temor del Consell a que las autonomías tengan que ser corresponsables del plan de austeridad que propone el Gobierno.

LA GESTIÓN DE FRANCISCO CAMPS
- La austeridad ignota: El Consell anunció en octubre del año pasado un plan de Austeridad cifrado en 380 millones de euros. A fecha de hoy, no se conoce. Por el contrario, la política de grandes eventos -como la reciente concentración de Ferrari en Valencia- se mantiene y se anuncian inversiones multimillonarias por doquier.
- La deudas se multiplican: Los proveedores de la Generalitat cobran con un retraso cercano al año, mientras la media del Estado es de 139 días. Las facturas pendientes de pago a finales a 31 de diciembre de 2009 rondaban los 3.000 millones de euros. La deuda de la Generalitat es del 16,3% del PIB y la media autonómica del 8,3%.
- Ayudas al empleo con magros resultados: El Consell tiene transferidas todas las políticas activas de empleo. Los incentivos a la contratación indefinida no han funcionado como se esperaba y los sindicatos denuncian que se ha recortado el presupuesto del Servef en 1,6 millones. Hay 576.000 parados.
- Deterioro público: Los retrasos en los pagos, las ocurrencias de Alejandro Font de Mora en Educación, la extensión del sistema de gestión privada en Sanidad y el retraso en la aplicación de Dependencia, lastran el sistema productivo.

LAS PROPUESTAS DE MARIANO RAJOY

- Programa de austeridad en el gasto: Reducir en 10.000 millones de euros durante 2010 el gasto de funcionamiento del Estado. Disminución del 25% de altos cargos. Modificación de la ley de austeridad presupuestaria para establecer techos de gasto y límites al endeudamiento de todas las Administraciones públicas.
- Planes de inversión por eliminación de deuda: Transformar la totalidad del Fondo de Inversión Local de 5.000 millones en una línea de crédito para el pago de facturas pendientes a esos proveedores. Nueva ley contra la morosidad que establezca un límite de 60 días para el pago de las facturas.
- Reforma del mercado laboral: El líder del PP no ha especificado sus propuestas, pero pide otro modelo de contrato, más flexible que los existentes, y que no haya un 30% de trabajadores con contratos temporales con indemnización cero.
- Otras reformas necesarias: El PP no ha aclarado qué defiende pero quieren hablar del sistema de pensiones, de planes para aumentar la competitividad y de otras cuestiones como la reforma del sistema educativo y del sistema energético.

ALICANTE NO ES EL BASURERO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Por primera vez, los vecinos de varios municipios de Alicante en cuyo término hay una planta de tratamiento salieron a la calle juntos para denunciar la mala gestión de los residuos y contra la llegada de basura de Valencia y Castellón. La protesta, convocada por la Asociación de Vecinos del Sector Norte de El Campello en la localidad, fue animada pero no masiva, con algo más de medio millar de asistentes.

Por primera vez, los vecinos de varios municipios de Alicante en cuyo término hay una planta de tratamiento salieron a la calle juntos para denunciar la mala gestión de los residuos y contra la llegada de basura de Valencia y Castellón. La protesta, convocada por la Asociación de Vecinos del Sector Norte de El Campello en la localidad, fue animada pero no masiva, con algo más de medio millar de asistentes.

Pero eran todos los que estaban y la protesta discurrió acompañada de pitos y consignas pero también plagada de pancartas, camisetas y carteles. No a los vertederos. No enterremos las basuras. Sí al reciclaje, No queremos ser el vertedero de Valencia, SOS Cañada Fontcalent grita no a los vertidos ajenos a la ciudad de Alicante o Xixona y Villena con Campello. Ni más basura ni más olores. Por nuestra salud. No a la incineradora, eran algunas de las leyendas.

"Pensamos que nuestra salud peligra", aseguraba una vecina de Xixona minutos antes del inicio de la marcha. Vecinos de varias poblaciones coincidieron en señalar que las plantas de tratamiento son en la práctica vertederos que apenas reciclan. En 2008 en la planta de Villena, por ejemplo, se reciclaron el 4,4% de los residuos que llegaron, detalló Fernando Úbeda, portavoz de la Plataforma en defensa del Medio y el Entorno de Villena. El resto se entierra, con los consiguientes olores. Por ello, la futura llegada de más basura de otros puntos hace saltar todas las alarmas. Úbeda criticó que el Consell en diez años solo haya sido capaz de construir ocho de las 17 plantas de tratamiento proyectadas. "Alicante no es el basurero de la Comunidad Valenciana", apostilló.

La protesta contó con la presencia de vecinos de Xixona, Villena, Alicante y también de Llanera de Ranes (Valencia), donde se proyecta un macro-vertedero. Pero se sumaron igualmente partidos políticos, asociaciones cívicas y ecologistas y sindicatos. Entre los primeros estaban los ediles que recientemente abandonaron el PP de Villena. Representantes de Ecologistes en Acció, de Esquerra Unida de Alicante, del Bloc, el PSPV de Alicante o Mutxamel, de CC OO, de Salvem Fontcalent o de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas secundaron el acto.

La protesta discurrió por la tarde entre la estación del Tram en el centro de El Campello y la plaza de la Constitución, donde hubo varios parlamentos. La organización denunció "falta de sensibilidad de los políticos" a los que acusó de decantarse por los "pingües beneficios económicos" que reportan las plantas. Y alertaron de las afecciones que están apareciendo desde la inauguración de la planta de El Campello, el año pasado.

EL TSJ DE VALENCIA VE INDICIOS DE DELITOS EN LA FINANCIACIÓN DEL PARTIDO POPULAR Y DICE QUE SE INVESTIGUE EN MADRID

El tribunal se declara no competente para analizar la querella de los socialistas contra Camps y otras 16 personas por el "caso Gürtel"

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano no investigará de momento la supuesta financiación ilegal del PP. La Sala de lo Civil y Penal ha decidido declararse no competente para investigar los hechos descritos en la querella presentada por el PSPV-PSOE contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, seis altos cargos de su gobierno y del partido, cinco presuntos miembros de la trama corrupta del caso Gürtel y cinco empresas constructoras. Los magistrados consideran que la denuncia, que se dirige contra un total de 17 personas por los delitos de falsedad, financiación ilegal de partido político, malversación, prevaricación y cohecho, no debe deslindarse de la causa que instruye el TSJ madrileño en relación con el caso, al menos mientras no afecte a un aforado valenciano. No obstante, los magistrados destacan que el informe policial en el que se apoya la querella contiene "hechos de posible significación delictiva" sobre la financiación del PP que "necesariamente se han de investigar".
Según señala el TSJ valenciano en una nota, los magistrados se han acogido a los argumentos de la Fiscalía, que consideró que no era el momento de investigar en Valencia la supuesta financiación ilegal del PP por la posible "duplicidad" con las pesquisas del juez del TSJ madrileño Antonio Pedreira. De hecho, el auto destaca párrafos del informe policial citado en la querella socialista que subrayan la necesidad de una "visión global" de las actividades imputadas a la organización delictiva que supuestamente encabezaba Francisco Correa, en prisión.
Los socialistas valencianos presentaron la querella el pasado noviembre a partir de un informe de la Brigada Policial de Blanqueo que recogía indicios de la supuesta financiación ilegal del PP con facturas de actos del partido que habrían pagado las empresas constructoras a través de Orange Market, filial valenciana de la trama. La empresa dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, se encargaba de la mayoría de actos del PP valenciano. La investigación policial también revela que la trama Gürtel cobró más de un millón de euros en comisiones ilegales por la sonorización de los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006.
Analizado el informe policial, la Sala de lo Civil y Penal concluye que contiene "hechos de posible significación delictiva que necesariamente se han de investigar", pero también que el asunto debe quedar de momento en manos del tribunal madrileño para evitar la "duplicidad" de procedimientos sobre los mismos hechos, al menos hasta que se produzca una hipotética implicación de aforados valencianos. El auto califica de "cualificado" el informe policial, que el mismo TSJ ignoró cuando llegó a la sala a finales del pasado julio, justo en plena deliberación de las diligencias abiertas a Camps y otros altos cargos por supuesto cohecho pasivo impropio por aceptar trajes de la trama. Los magistrados archivaron la causa y no analizaron el informe policial, que ha vuelto a sus manos con la querella de los socialistas.
Tras presentarse el pasado noviembre la denuncia, la Sala de lo Civil y Penal pidió información a varias instituciones y al TSJ de Madrid antes de decidir su admisión a trámite. El tribunal madrileño respondió que no podía facilitar datos del caso porque aún está bajo secreto de sumario y podía frustrarse "el final legítimo" de la investigación que desarrolla. Tras esa respuesta, los magistrados valencianos se dirigieron a los socialistas y a la Fiscalía para que se pronunciaran sobre su competencia o no para instruir la querella. El PSPV considera que sí lo es, mientras que la Fiscalía mantiene que de momento la investigación corresponde al TSJ madrileño, posición en la que se han basado los magistrados para declararse no competentes para conocer la querella.
El PP ha comparecido poco después de conocerse la decisión del TSJ valenciano. Antonio Clemente, secretario general de los populares valencianos, ha afirmado que el auto "deja claro que no hay ningún aforado valenciano en ninguna trama", informa Joaquín Ferrandis. Clemente ha reconocido que sólo podía hacer una valoración política, ya que no conoce aún el contenido del auto. Aún así, el PP considera que el auto "condena de manera clara la estrategia socialista para hacer daño a personas inocentes". Clemente, que ha hecho estas declaraciones acompañado del portavoz del PP en las Cortes y consejero Rafael Blasco, ha pedido la dimisión del secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte.
Frente a la interpretación del PP, el portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, ha subrayado que el auto, "lejos de exculpar a nadie, resalta y destaca la gravedad de los hechos". La querella "es contundente porque los hechos son contundentes" y "la complejidad de la investigación aconseja mantenerla unida", ha afirmado Luna. La causa "puede afectar a aforados de otras comunidades", por lo que el caso puede acabar en el Tribunal Supremo y si éste no se hace cargo en el TSJ valenciano, ha advertido Luna.

OTRA VEZ LOS ANÓNIMOS ¿HASTA CUANDO?

Como ya viene siendo practica habitual el pasado mes de enero nuevamente los vecinos y vecinas de Relleu hemos vuelto a recibir en nuestros domicilios las ya celebres cartas anónimas donde siguiendo la tónica habitual el autor material de las mismas vuelve a arremeter contundentemente contra el Alcalde y alguno de sus Ediles, llegando esta vez incluso a ir mucho más lejos que en otras ocasiones afirmando categóricamente que el Ayuntamiento esta siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción, así como que los teléfono han estado intervenidos más de un año. Desde luego estas son acusaciones muy graves para cualquier persona pero muy especialmente para un cargo público que debieran del ser contestadas contundente desde el equipo de gobierno con el fin de disipar cualquier atisbo de duda que pudiera dar pié a pensar a los vecinos que quien calla otorga, cosa que se debe evitar por todos los medios por el bien de nuestro pueblo y de la institución que preside.

Nuestra postura, así como la de nuestro grupo municipal, desde el primer momento que aparecieron lo anónimos en el pueblo fue muy clara como ya lo pusimos de manifiesto en el escrito del mes de octubre del año pasado que dirigimos al Sr. Alcalde (reproducido en nuestro Boletín trimestral del mes de octubre nº 7), en el cual y entre otras cosas, le recomendábamos que por higiene democrática y en evitación de interpretaciones interesadas que sólo buscan alterar la normal convivencia y el enfrentamiento entre vecinos debía de dar pública respuesta a dichos anónimos de la forma que considerara más conveniente, con el único fin de desmentir contundentemente todas y cada una de las acusaciones de las que viene siendo objeto tanto él como sus Concejales y poner de inmediato el asunto en conocimiento de la autoridad Judicial para que actúe en consecuencia conforme a la ley para desmontar contra antes esta trama que tanto daño está haciendo a Relleu.

CARTA ABIERTA AL ALCALDE

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LOS DEPENDIENTES SABRÁN EN SEIS MESES QUE AYUDA LES CORRESPONDE

Las comunidades agilizarán los trámites desde la solicitud a la concesión de la prestación

Las comunidades autónomas han acordado que habrán de pasar máximo seis meses entre que la persona dependiente solicita la ayuda y se le comunica la prestación a la que tiene derecho, con lo que se agilizará el periodo que suele conllevar este trámite administrativo. Ese plazo será de treinta días en el caso de los menores de tres años, de forma que los padres podrán ampliar sus permisos de maternidad o paternidad o los correspondientes subsidios por esta razón si así lo necesitan.
El acuerdo se ha adoptado por unanimidad en el Consejo Territorial de Dependencia celebrado este lunes, si bien los representantes del Ministerio de Sanidad y Política Social y de los diferentes gobiernos autonómicos no han fijado el plazo en el que las ayudas tendrán que ser efectivas.
Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, al término de la reunión del Consejo. Jiménez ha destacado el "gran valor político" de este acuerdo, que tendrán que incorporar las comunidades autónomas a su normativa. Las comunidades tendrán que ir incorporando este aspecto a sus propias leyes en este año.
Gobierno central y comunidades también han aprobado otro acuerdo para que se revise al menos una vez al año el funcionamiento y la eficacia de las ayudas concedidas para cuidar a los ancianos y discapacitados en casa. Se trata de evaluar que el cuidador familiar tiene la salud necesaria para desarrollar esos cuidados, la formación suficiente, que la vivienda tenga las condiciones precisas, que se cumplen periodos de descanso razonables. La ayuda económica para el cuidador familiar es la más extendida de todas. Esta inspección anual deberá ir cumpliéndose en las comunidades a lo largo de 2010.
Por otro lado, se aprobó que se incorporen equipos multidisciplinares (trabajadores sociales, enfermeros, terapeutas) para valorar el grado de dependencia del solicitante. Estos equipos revisarán las valoraciones que se hacen a domicilio y harán controles periódicos para determinar el uso correcto del baremo que se emplea en toda España para determinar el nivel de dependencia de los interesados.

Una ayuda de dependencia tarda en llegar entre 12 y 18 meses

Las diferencias de gestión entre comunidades son demasiado acusadas - Canarias, Madrid, Murcia y Valencia presentan los peores datos de la tabla
Tres años después de ponerse en marcha la Ley de Dependencia, miles de personas, muy necesitadas, aún aguardan la ayuda a la que tienen derecho. El tiempo de espera desde la solicitud hasta que se recibe la prestación va de los 12 a los 18 meses, una media que engordan algunas comunidades con una gestión muy deficiente. Canarias, Madrid, Murcia y Valencia son las regiones que presentan una estadística más pobre. Sin embargo, otras como Andalucía, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco y Navarra avanzan razonablemente el desarrollo de esta ley.
La media nacional no sirve por sí sola para dar una idea de la implantación de la ley, porque las diferencias entre comunidades son muy acusadas. En Canarias, el tiempo de espera desde que un ciudadano solicita su valoración hasta que ésta se hace efectiva puede alcanzar el año o más, mientras que en Castilla y León o en La Rioja, este trámite lo tienen más avanzado.
Después hay que dictaminar la ayuda que corresponde al dependiente y ponerla en marcha. Los retrasos aquí son más desesperantes. El ciudadano ya sabe que tiene derecho a la prestación, pero tarda en llegar. Cantabria es una de las comunidades más ágiles a la hora de atender a estas personas, a pesar de que puede tardar unos 10 meses en conceder la ayuda. En el caso de Canarias y Madrid, entre las peores, esa espera puede alargarse más allá del año, incluso dos. La burocracia, mientras tanto, puede ser agotadora.
Cuando se trata de ayudas económicas, el retraso se compensa porque el pago se hará con efecto retroactivo. Pero si lo que el ciudadano necesita es un servicio (geriátrico, centro de día) nada repara esa dilación. Muchos mueren a la espera del servicio.
El último estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales pone de manifiesto todas estas diferencias. Se aprecia cómo hay comunidades que han aprovechado los tres años de vigencia de la ley para mejorar su gestión mientras que en otras apenas se ha movido nada. "Este análisis demuestra que los abusivos plazos que se venían denunciando para que las personas recibieran atención, entre 12 y 18 meses, no eran sólo fruto de la casuística individual de algún expediente atascado, sino que ha sido la lamentable norma generalizada", asegura Luis Barriga, de la asociación.
En España hay una media de 1,04% de ciudadanos atendidos respecto al total de la población, con los últimos datos oficiales del Gobierno. Pero eso no dice mucho sobre si hay distancias como la que separa a La Rioja, con un 1,76% de personas atendidas respecto a sus habitantes, de Canarias, que apenas da ayudas al 0,29% de sus ciudadanos. O Madrid, que sólo tiene atendido al 0,41% de su población mientras que Andalucía se eleva hasta un 1,74%, el volumen de personas recibiendo ayuda más alto de España.
Con todo, la estadística global presenta una tendencia preocupante: a pesar de que cada vez son más los solicitantes atendidos, la lista de espera de quienes tienen derecho a una prestación y aún no la perciben no ha disminuido. Alrededor de unas 250.000 personas están en esa situación, una cifra que se mantiene invariable desde julio de 2008, según el estudio de la asociación de gerentes de servicios sociales. "Las comunidades que han perfeccionado y engrasado la maquinaria en estos años, que son mayoría, seguro que conseguirán desbloquear el atasco. Lo grave es que otras han frenando el acceso a las valoraciones y a los servicios. Mucho nos tememos que todo 2010 no será suficiente para ponerse a un nivel de atención mínimamente aceptable", lamenta Luis Barriga. "Si comunidades como Madrid, Valencia o Canarias no dan un giro de 180 grados habrá que exigir una intervención contundente por parte de los poderes del Estado, empezando por el Ministerio de Sanidad y Política Social, para que hagan efectivos los derechos de estas personas", añade Barriga.
Los datos que transmiten mensualmente las comunidades al Gobierno para elaborar la estadística oficial siguen preocupando en la asociación de gerentes de servicios sociales porque hay "extrañezas inexplicables". Se refieren al caso de Murcia, por ejemplo, donde, "milagrosamente", el número de personas que entran en el sistema es idéntico al de valoraciones efectuadas y al de personas con derecho. ¿No hay personas que son valoradas y no tienen derecho a ayudas, como ocurre en las demás comunidades? "Queremos creer que al menos son verdad los datos de personas con derecho a una ayuda, porque de eso depende la financiación que reciben del Estado", dice Barriga.
Cada comunidad tiene sus asignaturas pendientes. Andalucía ha de acortar los plazos para valorar a sus ciudadanos y Castilla y León presenta una baja cobertura, a pesar de que tiene una población altamente envejecida. En Extremadura hay un atasco significativo en la valoración y las ayudas concedidas se comunican a los ciudadanos por teléfono, algo que la asociación encargada de este estudio achaca al sistema elegido para la gestión, "que deja de lado a los servicios sociales locales". Pero la mayoría de las comunidades, tres años después, presentan un balance de mejoría progresiva.
Sin embargo, un grupo en el que se incluyen Canarias, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana muestra una estadística tan pobre que "se podrían dar por buenas las acusaciones de boicoteo a la ley que se les hizo cuando arrancó el sistema de la dependencia. Algunos de sus datos son tan vergonzosos que deberían dar lugar a acciones legales", afirma el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. "La ministra
[de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez] no puede felicitar a Murcia, como ha hecho, ni decir que todos los territorios están haciendo un gran esfuerzo, porque eso ha dejado de ser cierto desde hace tiempo: unos hacen los deberes y otros, sencillamente, no", añade Ramírez.
En el año 2010 no se incorporarán nuevos grados de dependencia al sistema lo que supondrá un respiro para la gestión. "Este año será clave para agilizarlo definitivamente", afirma Luis Barriga. Hoy se reúne el consejo territorial en el ministerio para abordar asuntos de dependencia.

RAJOY RECORTARÁ GASTOS SOCIALES SI LLEGA AL GOBIERNO

Como no podía ser de otra forma la derechona españaola de toda la vida que tan bien representa el Partido Popular y su lider Mariano Rajoy, no ve otra forma para salir de la crisis que reducir el deficit público recortando los derechos sociales de los trabajadores. Es decir, la derecha cavernicola de este País como ha ocurrido siempre en la historia de España, se pone al servicio de los más poderosos para que el sacrificio y esfuerzo lo realicemos los más debiles, los trabajadores y trabajadoras que día a día se dejan la piel en esas empresas españolas tan "modélicas" (tanto como el presidente de su organización empresarial Diaz Ferran) con contratos precarios, salarios de miseria y cientos de expedientes de regulación de empleo injustificados.

ESTA ES LA GRAN RECETA QUE NOS PROPONE LA DERECHA ESPAÑOLA PARA SALIR DE UNA CRISIS MUNDIAL.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha desgranado su recetario contra la crisis a lo largo de esta mañana, primero en una entrevista en la Cadena Ser y posteriormente en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP. Dos comparecencias y un único argumentario reiterativo que, por otra parte, se viene escuchando desde ayer: Rajoy recortará gastos sociales si llega al Gobierno porque “no nos podemos permitir el lujo de gastar más de lo que ingresamos”. “Supongo que la reducción del gasto público no le gusta a la gente”, reconoció en la emisora, aunque insistió en que si llegase al Gobierno no dudaría en hacer recortes sociales porque no “puede vivir por encima de las posibilidades de cada uno”.El PP prescribe, por tanto, cuatro parámetros: “controlar el gasto público”, “reestructurar el sistema financiero”, “reformar el mercado laboral” y “reformar el sistema fiscal”.

Mariano Rajoy ya apostó ayer por abaratar los despidos y recortar los gastos sociales, y hoy ha reiterado sus recetas anti-crisis en una entrevista en Hoy por Hoy y posteriormente en una rueda de prensa desde la sede del PP. Ambas comparecencias tuvieron un contenido muy similar. Desde la emisora, el dirigente aseguró que estas dos políticas económicas junto con la reestructuración del sistema financiero deben ser adoptadas “con urgencia”. A su juicio, “el drama de este Gobierno es que no hace nada”, y mantiene una “inacción” esperando “a ver si deja de llover, si se da la recuperación”, algo que no puede ocurrir si no se toman medidas contundentes.

"No queda más remedio" que reducir el gasto público. El líder de la oposición reconoció que “las reducciones de gasto público no le gustan a la gente”, sin embargo, apuntó que sería la primera medida que tomaría si gobernase el país y afirmó que “en este momento no nos podemos permitir el lujo de gastar más de lo que ingresamos”, por lo que “no queda más remedio” que reducir “algunas partidas” para “disminuir el déficit y la deuda pública”. Reestructurar el sistema financiero y reformar el mercado laboralAdemás Rajoy anunció otras dos medidas para mejorar la situación económica: “reestructurar el sistema financiero” para que vuelva a haber “crédito” que genere “inversión”. “En esto vamos muy retrasados, aquí no se está haciendo nada”, lamentó, y advirtió de que “sin crédito no puede haber recuperación”. Además, abogó por una “reforma del mercado laboral” con un nuevo tipo de contratos lo que, según dijo, no tiene por qué suponer un abaratamiento del despido, ya que “hay muchísima gente con indemnizaciones de 8 días a 0 días, estos contratos temporales son los que se hacen ahora, y eso hay que estudiarlo”, argumentó. Posteriormente, en la rueda de prensa el popular volvió a enfatizar en la “dualidad” del sistema de contratación, cuyos resultados tangibles son altas tasas de paro juvenil y de contratos temporales. El popular puso como ejemplo de reforma la impulsada por Aznar en 1997.

LA CORRUPCIÓN AUGURA AL PP UN AÑO DE CALVARIO JUDICIAL

El levantamiento del secreto sobre Bárcenas y de otra parte del sumario en Madrid amenaza otra vez a los conservadores. Francisco Camps, a expensas de los jueces. Jaume Matas, cercado por su palacete.

El año horrible vivido en 2009 por el PP con el estallido de la operación Gürtel y de otros casos de corrupción, como el que ha puesto contra las cuerdas al ex ministro y ex presidente balear Jaume Matas, amenaza con verse superado por el recién iniciado 2010.
El reguero de investigaciones pendientes, la posibilidad de nuevas imputaciones de alcance en la Gürtel y el laberinto en que, por ese mismo caso, permanece atrapado el presidente valenciano, Francisco Camps, auguran un verdadero calvario judicial para los conservadores. Dividido ahora en tres partes, el caso Gürtel puede acabar en el Supremo si surgieran indicios contra nuevos aforados de otras comunidades o de ámbito estatal.
El año ha arrancado con la previsión de nuevos sobresaltos para el partido de Mariano Rajoy. Será en el último tramo de este mes cuando, según fuentes de su entorno, el magistrado Francisco Monterde, que instruye la parte investigada por el Tribunal Supremo, levante, parcial o totalmente, el secreto de lo investigado respecto a los dos aforados nacionales en el caso: el senador Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y que mantiene su acta de senador, y el diputado al Congreso por Segovia Jesús Merino, que igualmente se mantiene en su escaño.
También el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) alzará el secreto respecto a otra parte del sumario que instruye. De momento, el juez del TSJM Antonio Pedreira, encargado de toda la investigación salvo la que concierne al Supremo y al Tribunal Superior de Valencia, ha imputado a un nuevo cargo público del PP: la ex concejal de Obras de Pozuelo, Yolanda Estrada, con lo que el número de imputados asciende ya a 65.
De ellos, 16 son o fueron cargos orgánicos o públicos ligados directamente al PP. El ex eurodiputado Gerardo Galeote, recolocado por Rajoy como asesor de asuntos europeos, se librará, salvo viraje de última hora, porque los delitos que se le atribuían han prescrito.
No ha trascendido si los indicios de que la trama pagó sobornos en Castilla y León se traducirán en imputaciones de representantes públicos del PP en esa comunidad, donde los conservadores ejercen un control absoluto gracias a su demoledora mayoría electoral. Pero los datos sobre presunto pago de comisiones por parte de Teconsa, ya plasmados por Baltasar Garzón en su auto de marzo de 2009, son sólidos. El foco apunta hacia el presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, que ha negado cualquier vínculo con la trama.
Queda igualmente por desvelar si el análisis de la contabilidad de la red y de los documentos hallados en la sede de las empresas de Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag, han abierto nuevos caminos para la investigación.
La gran incógnita: Los millones de Bárcenas y las obras de Cascos
Pero ambas posibilidades, la de que la investigación salte a Castilla y León y que haya nuevos imputados en Madrid, están sobre la mesa. Como lo sigue estando un enigma: el significado de la frase pronunciada por el presunto cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, en la ya célebre grabación sobre sobre los mil millones de pesetas (seis millones de euros) que, supuestamente, había entregado a Bárcenas. "Le llevé 1.000 millones de pesetas por adjudicaciones de la época de Cascos", dice Correa citando por su nombre al ex ministro de Fomento de Aznar y ex secretario general del PP.
La rama valenciana: Camps, atrapado entre el Supremo y el TSJCV
El año arranca con la incógnita de qué nuevos datos saldrán a la luz en un caso que, de momento, ya se ha cobrado la imputación de una docena de cargos del partido. La Gürtel ha convertido además a Camps en rehén de los plazos. Primero, los del Supremo, que debe resolver sobre los recursos de la Fiscalía y el PSOE contra el archivo del caso de los trajes. Y después por los del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV), que igualmente debe decidir si admite a trámite la querella por financiación ilegal del PP, interpuesta también por los socialistas.
Ahora, la Fiscalía ha pedido al juez Pedreira que investigue las cuentas del PP valenciano. El magistrado se muestra reticente a hacerlo, dado que esa investigación podría afectar a aforados valencianos.
Camps logró en agosto que el TSJCV lo exonerase del presunto delito de cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno, en el caso de los trajes. Con el juez amigo Juan Luis de la Rúa al frente de las deliberaciones, el tribunal concluyó que aceptar ropa confeccionada a medida y valorada en 12.783 euros no entrañó delito, pese a que la figura del cohecho impropio castiga la simple recepción del soborno, sin necesidad de que exista contrapartida.
El PSOE valenciano da por seguro que el Supremo obligará a reabrir el caso. Cree que lo presagia la nítida redacción del artículo 426 del Código Penal, el referido al cohecho impropio. En ese punto, el Código establece un castigo de multa de tres a seis meses para "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función".
Los socialistas sostienen que si el Supremo validase la decisión del TSJCV, convertiría en papel mojado el citado artículo. Antes de decidir sobre el fondo del asunto, el Alto Tribunal ha de resolver si cabe aquí la posibilidad del recurso de casación. El abogado de Camps entiende que no.
Respecto a la querella del PSOE por financiación ilegal del PP valenciano, las cosas parecen menos claras. La querella reproduce casi milimétricamente el ya famoso informe policial que en julio despreció el tribunal valenciano.
Los conservadores se aferran a la esperanza de que la querella no se admitirá porque el informe policial ya fue desechado por el tribunal valenciano, que aún preside De la Rúa. Éste sigue a la espera de que el TSJM responda si está investigando las pistas contenidas en el citado dossier de la Brigada de Blanqueo.
Frente a quienes auguran nuevas imputaciones de alcance, en el entorno del juez Pedreira se asegura que no habrá grandes novedades en la parte sobre la que se levantará el secreto a final de mes. La instrucción, apuntan fuentes del tribunal madrileño, no puede eternizarse ni abrir nuevas vías indefinidamente. Y, además, lo relativo a las 24 comisiones rogatorias cursadas por el magistrado para seguir el rastro del dinero sigue aún pendiente de cierre.
Procesalmente, la gran duda estriba en si el caso permanecerá en manos de los tribunales superiores de Madrid y Valencia o si acabará bajo la tutela del Tribunal Supremo. "Si se concretan imputaciones en Castilla y León o si se reabre el caso de los trajes o se admite la querella del PSOE contra Camps, tendrá que pasar al Alto Tribunal", opina una fuente conocedora del caso.
El icono: El año en que Fabra irá al banquillo (o no)
En Valencia, Camps no es el único con problemas. 2010 puede ser el año en que Carlos Fabra, imputado por corrupción desde hace seis años, se siente en el banquillo.
No puede darse por seguro, dada la capacidad de maniobra mostrada por el presidente de la Diputación de Castellón y dirigente histórico del PP valenciano. Pero si finalmente no surgen nuevos tropiezos, Fabra deberá responder ante la justicia por un presunto delito de falsedad documental por el que el fiscal pide dos años de cárcel. Las acusaciones de soborno y tráfico de influencias tendrán que esperar.
La derivada balear: Jaume Matas, el blanqueo y el palacete
La cascada de casos de corrupción en Illes Balears ha bloqueado al Partido Popular, cuyo ex líder y también ex ministro Jaume Matas se ha visto atrapado en el caso Palma Arena.

El ex presidente del Govern deberá comparecer el 23 de marzo y en calidad de imputado ante José Castro, el juez que investiga los incrementos de precio en la construcción del velódromo palmesano, que terminó costando el doble de lo presupuestado. Castro acusa al ex presidente balear de nueve delitos cuyas penas suman hasta 30 años de cárcel. Cohecho (soborno), malversación y blanqueo de capitales figuran en la lista.
En el ojo del huracán desde que un constructor le acusó de haber pagado en dinero negro la reforma de su palacete en el centro de Palma de Mallorca, Matas no ha recibido ningún reproche público de su partido. La compra del palacete, adquirido supuestamente a un precio muy inferior al de su valor de mercado, se encuentra bajo sospecha.

Pero eso no es todo. A comienzos de año trascendió un informe de la Guardia Civil según el cual la promotora que compró, reformó y comercializó los apartamentos del palacete es, en realidad, una sociedad instrumental propiedad de Jaume Matas.
Su escándalo no es el único que zarandea a los conservadores en las islas. Casos como el Scala o el de Andratx, cuyo ex alcalde Eugenio Hidalgo ingresó en prisión el pasado 28 de diciembre, se han encadenado en los últimos años.

El PSOE DE RELLEU CONSIGUE QUE LA CHJ INVIERTA 2,7 MILLONES DE € EN EL PANTANO

La Confederación Hidrográfica del Jucar tiene en licitación la asistencia técnica para la redacción del proyecto de Recuperación ecológica y acondicionamiento paisajístico del embalse de Relleu. La inversión prevista es de 2,7 millones de euros.

En marzo de 2008, a instancias del Grupo Municipal Socialista y la Agrupación Local del PSPV-PSOE de Relleu, Leire Pajín, Agustín Navarro y Herick Campos iniciaron gestiones para que la Confederación Hidrográfica del Jucar acometiera una recuperación del antiguo embalse del Amadorio en Relleu.

La iniciativa fue recogida por la propia Confederación Hidrográfica, que la incluyó dentro de sus prioridades. La CHJ decidió incluir esta actuación en el nuevo convenio entre Generalitat y Gobierno de España para la recuperación de humedales. Así se lo traslado a los representantes del PSPV-PSOE y al propio Alcalde de Relleu.

Toni Fuster, portavoz municipal del PSPV-PSOE, lamentó que el proyecto no cuente con apoyo y financiación de la Generalitat, pues permitiría que fuera más ambicioso. Pero Fuster quiso dejar claro que el Gobierno de España sí ha atendido a las demandas históricas de los vecinos y el embalse de Relleu será un atractivo más del municipio tanto para los propios vecinos, como para los turistas y senderistas.

Fuster agradeció el apoyo que la CHJ dio desde el principio a la idea. Así mismo, agradeció al Alcalde de Relleu (del PP) que se sumara a la iniciativa, en este sentido dijo que “esperamos que el Alcalde apoye las gestiones de la CHJ y que exija al PPCV y a la Generalitat o Diputación que contribuyan al proyecto económicamente para poder complementar la actuación de la CHJ con otras”.

El Diputado Nacional del PSPV-PSOE Herick Campos informé que “el retraso de casi dos años se debe a que la Generalitat no ha cumplido y justificado el convenio anterior, ya que tampoco se ha comprometido a cofinanciar el nuevo convenio, en el que la CHJ quiere aportar 30 millones de euros. Finalmente, la CHJ va a seguir a delante con su intención de invertir cerca de 30 millones de euros en humedales de la Comunitat Valenciana, entre los cuales está el antiguo embalse del Amadorio en Relleu”.

MILES DE ALICANTINOS EXIGEN A CAMPS QUE CUMPLA LA LEY DE DEPENDENCIA APROBADA POR EL GOBIERNO DE JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO EL AÑO 2006

Más de dos mil personas llegadas desde toda la provincia desafiaron las temperaturas gélidas que ayer se registraban en Alicante con el doble objetivo de celebrar el tercer aniversario de la aprobación de la Ley de Dependencia y denunciar su incumplimiento en la Comunidad. Por una vez, los organizadores y la Policía Local coincidieron en la cifra de participantes en la marcha, que tuvo sus réplicas en las celebradas por la mañana en las ciudades de Castellón y Valencia. Bajo el lema "Aplicación de la Ley de Dependencia ya! Es tu derecho, exígelo", los manifestantes partieron de la estación de Renfe y recorrieron la avenida de Maisonnave y el paseo de Gadea, hasta llegar a la Casa de las Brujas, donde tiene su sede la delegación del Consell. Su intención era recordar a las 13.000 personas que han fallecido sin llegar nunca a percibir las prestaciones previstas y, sobre todo, a las "decenas de miles que aún siguen esperándolas", según explicó, Miguel Martorell, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alicante. En este sentido, Martorell señaló la especial situación de "más de un millar de grandes dependientes -personas que necesitan atención personal las 24 horas del día- que aún o perciben ningún tipo de ayuda" a pesar de que la norma establecía que debían ser los primeros, en el año 2007, en ser atendidos. Entre ellos está su propio hijo, de 27 años, que sufre una distrofia muscular que le impide incluso alimentarse por sí mismo y "ni siquiera tiene todavía el Plan Individualizado de Atención"."Es inmoral que la Generalitat se aproveche de las personas que no pueden valerse para hacer oposición al Gobierno central", señaló el portavoz de la Plataforma. "Los Reyes Magos podrían traerle a los políticos un poco de alma y corazón", deseaba a su lado Paqui Agulló, responsable de la asociación de Sax. La plana mayor del PSOE se sumó a la manifestación, con el portavoz del grupo municipal socialista de Alicante, Roque Moreno, y la secretaria provincial, Ana Barceló, encabezando la delegación. "Más que para exigir nada estamos aquí para demostrar el cabreo generalizado que nos provoca esta injusticia, que clama al cielo", denunciaba Barceló. También estaban presentes representantes de Esquerra Unida, la secretaria general de CC OO en l'Alacantí, Consuelo Navarro; el máximo responsable de UGT en la comarca, Óscar Llopis; miembros de la Asociación Síndrome de Marfan, de Cocemfe, del Cermi y de otras muchas organizaciones de discapacitados y sociales de toda la provincia. Los protestantes lucieron camisetas y pancartas de color naranja, el color que han elegido para simbolizar la lucha por los derechos de los dependientes. Se pudo ver carteles exigiendo el fin del "boicot" de la Generalitat a la ley y también reclamando la modificación del reglamento autonómico que establece que el silencio administrativo se entiende como la denegación de las ayudas. También hubo críticas para Avapsa, la empresa que ha creado la Generalitat para la gestión de los expedientes.Such reclama al Gobierno central más dineroLa consellera de Bienestar Social, Angélica Such, respondió a las protestas exigiendo al Gobierno central que cumpla con la financiación a las comunidades autónomas del 50% que establece la Ley de Dependencia. En una nota, la consellera señaló que "la aportación del Estado en la financiación de recursos y prestaciones es insuficiente e inadecuada". Así, según explicó, "durante este año hemos destinado al sistema de la dependencia 185 millones de euros frente a los 74 millones que ha aportado el Estado" en el mismo periodo.

CAMPS MANTIENE EN BARRACONES A 30.000 ALUMNOS

"Hay niños que han estudiado en barracones hasta el instituto". Gemma Piqué, portavoz de la Plataforma en Defensa de lEnsenyament Públic, una de las organizaciones más críticas con la política educativa del Consell valenciano, describe con este ejemplo la principal denuncia del colectivo: 30.000 alumnos valencianos se ven obligados cada día a estudiar en construcciones prefabricadas ante la falta colegios.
Las cifras oficiales del propio ejecutivo de Francisco Camps, que habla de 1.208 de estas instalaciones provisionales en la región, le dan la razón.
El colegio Max Aub, en la capital valenciana, sintetiza en pocos metros cuadrados esta realidad: barracones, deficiencias de mantenimiento y falta de instalaciones. Uno de los patios es de tierra, y en cada recreo una nube de polvo enturbia la ropa, las aulas y la salud de los escolares. Los problemas respiratorios y de piel son numerosos.
Con cinco años, Jesús toma a diario varias dosis de cuatro medicamentos distintos para el asma. "El médico le ha recomendado que no vaya al colegio", asegura su madre.
La AMPA del Max Aub está recopilando este tipo de casos para elaborar un informe médico y presentarlo en la Conselleria de Educació. El patio carece de desagüe. Cuando llueve, se inunda varios centímetros y, luego, se convierte en un barrizal. En 2007, comenzaron a exigir su remodelación y hace pocos días les llegó la respuesta de la Conselleria: "No insistan, no hay presupuesto".
Ana Noguera, portavoz de Educación del Grupo Socialista en el Parlamento autonómico, lo corrobora: "No tienen ni un duro. Por eso, Font de Mora desdeñó los portátiles del programa ministerial Escuela 2.0, porque no puede poner su 50%". El conseller aseguró el pasado lunes que las pantallas de estos ordenadores, de 10 pulgadas, "producen miopía". Para ello, se valió de un informe de la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo que numerosos profesionales censuraron por su falta de rigor.
Arma arrojadiza
"Es la última extravagancia de un conseller que utiliza Educació como arma arrojadiza y juega con jóvenes y niños sin ningún pudor", afirma Noguera. El escándalo más sonado de Font de Mora fue su empecinamiento en que Educación para la Ciudadanía se impartiera en inglés, una orden que fue prohibida por los tribunales valencianos.
Noguera denuncia que la Conselleria, a través de la empresa pública Ciegsa, arrastra un endeudamiento de 2.400 millones de euros, que supone uno de los mayores agujeros de las cuentas del Ejecutivo de Camps. Fuentes de Ciegsa consultadas redujeron la deuda a la mitad, aunque reconocieron que es "demasiado alta". La causa, según estas fuentes, es el "frenético ritmo" de construcción de colegios, "casi 500 en una década".
El PSPV recela de estos datos y asegura que Educació nunca les ha permitido acceder a las cuentas de una empresa a la que, según Noguera, cada año le llueven críticas de la Sindicatura de Comtes (el tribunal de cuentas de la comunidad) por su opacidad.
Una reciente se refiere a la falta de justificación de una partida de 800.000 euros para un programa informático. Noguera lamenta que Educació delegue en Ciegsa hasta el punto de que ésta funcione "como si fuera la Conselleria: construye escuelas, compra libros, ordenadores, las bombillas de los laboratorios... y fabrica barracones, claro".

VALENCIA SE HECHA A LA CALLE CONTRA CAMPS

Una peculiar procesión recorrió ayer las calles de Valencia. Miles de personas recorrieron el centro de la ciudad con cirios para escenificar el "entierro de la democracia" por la actitud del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, frente al caso Gürtel. En las primeras filas se pudo ver un ataúd, acompañado de dos cabezudos y una bandera a modo de cruz en la que se leía "Por las víctimas de la corrupción".

La manifestación arrancó con el grupo de tabal i dolçaina Estrella Roja de Benimaclet que interpretó la marcha Processó compuesta por Enric Gironés, seguido de la pancarta principal con el lema "No a la corrupción, Camps dimisión".

A continuación, diversos colectivos de la ciudad y de todo el País Valenciano, grupos políticos como El Bloc, Iniciativa y Esquerra Unida, portando su propia pancarta y miembros del PSOE valenciano que acudieron a título personal como el eurodiputado Andrés Perello o concejales de la corporación local, entre ellos, la portavoz en el ayuntamiento, Carmen Alborch, y el nuevo secretario del partido en la ciudad, Salva Brosetta.

Perelló apostó porque la sociedad sea quien acabe con la corrupción y "solucione la situación, si no seremos una sociedad enferma". Por su parte, Carmen Alborch emplazó a Camps a "escuchar la voz de la ciudadanía", y señaló que en el PP "no hay liderazgo, no lo tiene Mariano Rajoy, pero tampoco lo tiene Camps".

Durante el recorrido de la manifestación, de algo más de un kilómetro, el lema más coreado fue el que le pedía a Camps la dimisión. Además, hubo una importante participación de músicos que animaron la marcha e hicieron que la gente desde las aceras animase el recorrido.

Aunque hubo el habitual baile de cifras 2.200 personas para la policía local y 50.000 para la organización una vez que la cabecera había llegado hasta el final seguía saliendo gente desde la plaza de San Agustín. El número estimado de asistentes se acercaría así más a los 20.000, lo que la convierte en una de las concentraciones más numerosas que se recuerdan en la ciudad.

Recuperar la dignidad

La convocatoria había partido del Colectivo contra la Corrupción, que inició una campaña a través de la red social Face-book a la que se anotaron cerca de 13.000 personas. A la llegada de la manifestación a la plaza de la Virgen, varios grupos de batukada esperaban a los asistentes escenificando una auténtica fiesta "para buscar un futuro mejor y recuperar la dignidad del pueblo valenciano", según leyeron en un manifiesto los organizadores del acto. El Colectivo denunció que Camps "ha mentido públicamente, además de humillar a los valencianos con su continua negación y sus sonrisas".

Finalmente, reclamaron "con urgencia un cambio y una renovación de la democracia", porque la política es una dedicación digna que un grupo de políticos no tiene derecho a ensuciar". En ese momento, varias personas escenificaron la llegada de los implicados en la trama Gürtel a la boda de la hija de José María Aznar. La cabecera de la manifestación rodeó la plaza de Manises donde se ubica la sede de la Generalitat, y donde se dio por finalizada.

PRESENTACIÓN PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL 2010

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado para 2010. Estos Presupuestos se enmarcan en un contexto de crisis económica generalizada a nivel mundial, y se orientan a la estrategia de salida de la crisis, la reactivación de la economía española y la recuperación del equilibrio presupuestario. Se trata de unos Presupuestos austeros, comprometidos con el cambio de modelo productivo que nos permita crecer de forma equilibrada y sostenible y generar empleos de calidad y prioriza, por tanto, el gasto en los sectores que más pueden contribuir a este cambio, como las infraestructuras, la I+D+i o la educación. Son también unos Presupuestos con un marcado carácter solidario, que garantizan la protección social a los sectores más débiles reforzando el gasto en desempleo, pensiones y dependencia.
Además, los Presupuestos combinan un esfuerzo de contención en el gasto sin precedentes en todas aquellas partidas no prioritarias, con una reforma fiscal moderada que permitirá iniciar la senda para el cumplimiento del compromiso del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el año 2012.
UN ESFUERZO FISCAL MODERADO Y SOLIDARIO
Los ingresos no financieros del Estado, después de la cesión a los entes territoriales, alcanzarán los 121.627 millones de euros, un 21,2% por encima de la previsión de liquidación de 2009. Crecen, por tanto, a diferencia de 2009, principalmente por el comportamiento menos negativo de la economía, la revisión de algunas de las medidas adoptadas en años anteriores para hacer frente a la crisis y a la adopción de nuevas medidas impositivas.
La recaudación por IRPF alcanzará los 70.446 millones de euros, un 7,2% más que en 2009, principalmente por la eliminación de la deducción de los 400 euros, el aumento de la tributación de la renta del ahorro y el efecto en la cuota diferencial del anticipo a 2009 de parte de la deducción por inversión en vivienda habitual.
En el caso del Impuesto sobre Sociedades, los ingresos previstos disminuirán un 9,5%, descenso menor que el de 2009. Este descenso se relaciona con la rebaja de 5 puntos aplicada a PYMES que mantengan el empleo y con los menores beneficios empresariales obtenidos en 2009. En el IVA, la recaudación crecerá un 26,1%, por la desaparición del efecto del régimen de devolución mensual introducido en 2009 y el aumento de los tipos de gravamen previsto para el segundo semestre de 2010.
El ajuste fiscal que se propone en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 supone unos ingresos adicionales de casi 11.000 millones de euros, 6.500 de los cuales tendrán un efecto en caja durante el año 2010. Esto permite reducir en tres décimas el objetivo de estabilidad que se aprobó en el mes de junio para el Estado. Así, el déficit para el 2010 de la Administración Central se calcula en un 5,4%. El resto del efecto de la mayor recaudación por la reforma fiscal se traslada a las administraciones territoriales, que podrán, de esta forma, contar con mayores ingresos para una reducción equivalente de su déficit público.
AUSTERIDAD Y PRIORIDAD DEL GASTO SOCIAL
Los Presupuestos Generales del Estado para 2010 suponen un esfuerzo de austeridad en el gasto público sin precedentes, adoptando medidas de recorte en aquellas partidas no prioritarias. Así, el gasto no financiero para 2010 se situará en 185.249 millones de euros, un 3,9% menos que en 2009, en términos homogéneos. Por su parte, los ministerios verán reducidos sus recursos en aquellas partidas no prioritarias en un 5,4%, respecto al presupuesto homogéneo del 2009.
En línea con las decisiones de austeridad que ya se tomaron para este año, se congelan por segundo año consecutivo las retribuciones de los altos cargos del Gobierno y de otras instituciones del Estado y se reduce la Oferta de Empleo Público, excepto en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en el ámbito de la Justicia.
En cuanto a las prioridades de gasto, se concentran en las partidas de protección social, reforzando el gasto en desempleo, pensiones y dependencia. El gasto social representará el 51,6% del gasto total de los Presupuestos Generales consolidados, lo que se traduce en un total de 180.848 millones de euros, 6.636 más que en 2009. El Gobierno mantiene, por tanto, el compromiso de garantizar el derecho de los trabajadores desempleados al cobro de las prestaciones por desempleo, que supondrá una contribución del Estado al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) de 16.490 millones de euros.
Además, los Presupuestos dedican una especial atención a las políticas activas de empleo, que se dotan de 7.782,52 millones de euros, e incluyen también la ampliación de la prestación por desempleo de 420€ a los trabajadores que han agotado las prestaciones y subsidios previos. En definitiva, el Ejecutivo destinará importantes esfuerzos presupuestarios a afrontar la situación actual del mercado laboral español.
Por otra parte, siguiendo con el esfuerzo realizado en años anteriores, la Ley de Dependencia continuará su implantación e incrementa su dotación en un 35,9%, hasta 1.598 millones de euros. En cuanto a la política de pensiones, estará dotada con 108.282,71 millones de euros, un 2,1% más que en 2009. Las pensiones crecerán con carácter general un 1% y las mínimas, entre el 2% y el 5%, con una media del 4%.
INVERSIÓN PRODUCTIVA Y EDUCACIÓN
Ante la presente situación económica, los Presupuestos hacen un esfuerzo por mantener en los niveles actuales, ya de por sí muy elevados, la inversión pública en infraestructuras y en I+D+i, además de seguir apostando claramente por la educación como políticas clave del cambio de modelo productivo.
De esta forma, la inversión del conjunto del sector público estatal en infraestructuras ascenderá a 24.006 millones de euros. Las políticas de impulso de I+D+i estarán dotadas con 7.946 millones de euros. España ha realizado un gran esfuerzo para cerrar la brecha tecnológica respecto a los países de nuestro entorno y entre 2004 y 2010, el gasto total en I+D+i habrá crecido un 173,6%. Estas políticas, que son prioritarias de cara al futuro y a la estrategia de salida de la crisis, suponen un 6,3% del total del presupuesto de gastos consolidados.
En cuanto a los recursos destinados a educación, se incrementarán en 101 millones de euros en 2010, para alcanzar un total de 3.089 millones de euros. El Gobierno va a impulsar el cambio y la modernización del sistema universitario, además de desarrollar el Programa Escuela 2.0, continuar con el Plan Educa3 e incrementar los programas de becas.
Finalmente, hay que destacar que se aumentará la dotación para la modernización de la justicia, con 160 millones de euros más en las dotaciones presupuestarias, un 9,7% más que en el presupuesto de 2009.
Enlace (pdf): Presentación Presupuestos Generales del Estado 2010

ENLACE A LAS INVERSIONES DE LOS PGE 2010 EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

FINANCIACIÓN ILEGAL EN EL PP VALENCIANO

La cúpula del PP valenciano ha amparado y dirigido la financiación ilegal de esta formación política durante los últimos años, según el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía que investiga el caso Gürtel. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado del presidente autonómico, Francisco Camps, se niega a investigar estos hechos.
La cúpula del PP valenciano ha amparado y dirigido la financiación ilegal de esta formación política durante los últimos años, según el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía que investiga el caso Gürtel. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado del presidente autonómico, Francisco Camps, se niega a investigar estos hechos e incluso ha eliminado este informe policial del sumario sobre el supuesto cohecho impropio de cuatro altos cargos del PP.
El vicepresidente valenciano, Vicente Rambla; el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa; el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular de esta formación política, según la policía. Entre los cuatro dirigentes del PP arreglaron los problemas financieros de Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, abonando supuestas deudas con dinero de procedencia desconocida o con facturas por servicios no prestados endosadas a empresas constructoras beneficiarias de contratos de la Generalitat valenciana, según la policía.
La Sala de lo Penal ha sostenido en un auto que estos hechos no guardaban relación con la investigación abierta por cohecho impropio contra cuatro altos cargos del PP, entre ellos Costa y Camps, que recibieron cuantiosos regalos de la trama corrupta. El informe policial, de 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano y el pago de regalos.
- Doble facturación. "De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market al PP valenciano por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación Alicante [la A mayúscula se refiere a su origen legal] y otra sin factura, y por tanto sin reflejo contable y sin repercutir el IVA, bajo la denominación Barcelona [la B se refiere a dinero negro sin justificación legal]. En consecuencia, no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad Valenciana".
- Facturas de constructoras. "La investigación ha acreditado que hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market ha recurrido en ocasiones al cambio de cliente, endosando una factura por servicios prestados al PP a dos empresas constructoras que tienen múltiples contratos con la Administración valenciana: Ortiz e Hijos y Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA).
En los pagos en dinero b por actos del PP, la policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa y sobrino del vicepresidente valenciano Juan Cotino, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado".
- Costa, canalizador de los pagos. "Además, el propio PP en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas.
Este sistema de doble facturación y de financiación irregular de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa, suponiendo actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la formación política. La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo (número dos de la trama corrupta), confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordados entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra, vicesecretario general, participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono. Y Yolanda García, librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por conceptos ficticios".
- Cobros en 'b' para pagar a cargos del PP. "Los fondos procedentes de los cobros en b derivados de los actos realizados para el PP valenciano pasan a engrosar la caja b de la empresa Orange Market de donde parte de ellos llegan a la caja b de la empresa matriz en la calle de Serrano [sede principal de la trama]. Este dinero se destina al pago de los gastos de funcionamiento de la propia organización y de las entregas de dinero que realizan a cargos del PP como Luis Bárcenas, Jesús Merino, Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda...".