EN ESTA PUBLICACIÓN SE RECOGEN LOS 100 PRIMEROS DÍAS DEL "GLORIOSO" GOBIERNO DE MARIANO RAJOY Y DE COMO MINTIÓ A TODOS LOS ESPAÑOLES ANTES Y DURANTE SU CAMPAÑA ELECTORAL.

LOS 100 DÍAS DE RAJOY

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ESTE LIBRO DESCRIBE CLARAMENTE QUE HAY OTRAS ALTERNATIVAS ANTES QUE LOS RECORTES PARA SALIR DE ESTA CRISIS PROVOCADA POR LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES QUE NOS ESTÁN APLICANDO, SIN QUE HASTA EL MOMENTO HAYA SERVIDO PARA NADA, ÚNICAMENTE PARA CREAR MÁS PARO, MÁS RECESIÓN, MÁS POBREZA Y MUCHO MÁS SUFRIMIENTO A LOS CIUDADANOS QUE VEMOS COMO DÍA A DÍA NO VA BAJANDO NUESTRO PODER ADQUISITIVO Y SE VAN RECORTANDO NUESTROS DERECHOS Y NUESTRO ESTADO DEL BIENESTAR SIN QUE PODAMOS HACER NADA PARA EVITARLO.

HAY ALTERNATIVAS

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El secreto de Milagrosa, la Perla de Gürtel

Milagrosa Martínez, conocida como La Perla en el sumario Gürtel, es la presidenta de las Cortes Valencianas y se ha hecho nacionalmente conocida por aceptar un reloj de 2.400 euros de El Bigotes en su etapa de consejera de Turismo. Previamente, su departamento le había asignado contratos por varios millones de euros para que le montase con una cuadrilla las estanterías de Fitur.

Igual que Tony Blair llamaba “eh, tío” a los periodistas cuyos nombres no recordaba, Milagrosa hacía lo mismo con todo el mundo, pero en versión valenciano-castiza. Si le llamaba un informador, ella le decía “eh, Perla”; si le llamaba el presidente de la Generalitat, ella le respondía “¡qué tal Perla!”, y si le llamaba El Bigotes, pues lo mismo.

La aparición de Martínez en el sumario Gürtel no es poca cosa,tanto por la enorme relevancia pública por el cargo que ocupa (segunda autoridad autonómica) como por la metáfora con la que este personaje sencillo evoca la raíz podrida del entramado.

Milagrosa Martínez era la alcaldesa de Novelda, un pueblo alicantino modélico, porque no tiene de nada pero sus habitantes lo hacen bien todo. A saber, en Novelda no hay canteras, pero están las mayores empresas de mármol de Europa que, durante décadas han alicatado los palacios saudíes. Ni crece un mísero hierbajo, pero está la especiera más importante de España, que trae el azafrán de Irán. Y así, en un buen puñado de sectores. Pocos escándalos urbanísticos y mucha iniciativa empresarial.

Eso, en el mejor de los casos, debió pensar Francisco Camps cuando la nombró consellera de Turismo, pese a que el pueblo que gobernaba no acoge a ningún turista ni ella tenía repajolera idea de este negociado. O quizá el polémico nombramiento obedeció a que fue de las primeras alcaldesas alicantinas que juró fidelidad al presidente autonómico en pleno fragor de la batalla por el control del partido con Eduardo Zaplana.

El caso es que, no contento con haberla elevado a una de las carteras más importantes de su Gobierno, y sin que, aparentemente, hubiese destacado en esta etapa más que por su gracejo, Camps la invistió como presidenta de las Cortes tras guillotinar a otro insigne zaplanista, Julio de España.

Y ahora nos enteramos de que Milagrosa, política incorrupta y llana,repartió como si fuese un aspersor un reguero de millones a Orange Market y demás satélites purulentos de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana. Y lo hizo con extrema diligencia, pagando en los legales 90 días, en una autonomía que tarda cinco meses en pagar a sus proveedores, así se estén asfixiando por falta de crédito.

Conocí a Milagrosa Martínez y no me entra en la cabeza que se dejase corromper por un peluco de lujo. Simplemente, y teniendo en cuenta la espiral de irracional éxito en la que había entrado su carrera,debió pensar que el que un adjudicatario le regalase un reloj que cuadruplicaba el salario mínimo interprofesional era lo normaldentro del paisaje de amiguismo, lujo y estulticia con el que Camps tenía decorada su administración. Lo que me extraña más de este personaje sencillo, es que no se haya marchado a su casa, abochornado.

L@S ENCHUFAD@S POR EL PP

Tener vínculos familiares o de amistad con algún miembro del Gobierno parece, hoy por hoy, un valor seguro. Y cotizando al alza. La lista de enchufados, formada por hijos, hermanos, cuñados, esposas, amigos y conocidos de ministros, secretarios de Estado y altos cargos del PP, es casi inabarcable. Y cada día se van conociendo nuevas incorporaciones. Entre las últimas, la de Eva Miquel Subías, esposa del recién nombrado presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar.

Soraya Sáenz de Santamaría y esposo

Eva Miquel ha sido nombrada asesora corporativa del organismo público Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento que encabeza Ana Pastor, pese a que no cuenta con experiencia alguna en el sector. Licenciada en Historia, la esposa del presidente de Renfe procede del Ayuntamiento de Madrid, donde ha sido consejera técnica de varias concejalías desde 2004. También ha hecho pinitos en el periodismo, publicando habitualmente una columna en Libertad Digital. Llama también la atención que, pese a la nula experiencia de Eva Miquel en el sector portuario, el Ministerio de Fomento haya preferido fichar a la mujer del presidente de Renfe antes que a otros reconocidos gestores en esa especialidad. Sobre todo teniendo en cuenta que Puertos del Estado, al igual que el resto de organismos públicos de la Administración, ha visto recortada su estructura de altos cargos.

"En línea con las directrices del Gobierno para racionalizar y ajustar el gasto público, se han reducido de cuatro a tres las direcciones operativas", asegura Fomento en relación al nuevo organigrama de Puertos del Estado, "y se ha decidido amortizar las plazas de las personas que accedan a la jubilación este año, que afectan al segundo escalón de subdirectores, lo que permitirá reducir el número de los mismos a la finalización de 2012".

Más enchufad@s

Pero el de Eva Miquel no es, ni mucho menos, el último enchufe conocido. Raquel Catalá, hermana del secretario de Estado de Fomento y mano derecha de la ministra Pastor, Rafael Catalá, también ha engrosado la lista de familiares de miembros del Gobierno agraciados con un alto cargo. La hermana del número dos de Fomento es ahora la flamante delegada especial de la Agencia Tributaria en Madrid. Raquel Catalá cobrará más de 100.000 euros anuales, un salario muy superior al del propio presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Y hay más. La esposa de José Canal, secretario general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es ahora directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. Sonia Ramos, gallega de 42 años, sí tenía experiencia previa en ese ámbito de gestión: anteriormente fue subdirectora general de ayuda a las víctimas. En este caso lo que más llama la atención, por inusual, es que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha mantenido a su marido en el mismo cargo que ya ocupaba en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Parejas sentimentales, hijos...

A estos últimos casos hay que añadir los ya conocidos de Carmen Gámir, pareja sentimental del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo. Gámir, periodista de profesión, ha encontrado un hueco en la Administración como jefa de prensa en la Secretaría de Estado de Presupuestos. Mientras que Ángela Alarcó, ex mujer de Rodrigo Rato, fue designada presidenta de la red de Paradores del Estado. Precisamente a este organismo ha llegado como director de Comunicación Ramón Ongil, hermano de Gádor Ongil, vicesecretaria de Organización del PP de Madrid.

En el ámbito de los cuñados existen ejemplos como el de Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, cuyo concuñado, José Ramón Bujanda, preside la Sociedad Estatal de Caución Agraria desde el pasado 6 de marzo. En Loterías y Apuestas del Estado se halla otro alto cargo con ese vínculo familiar, José Miguel Martínez, en este caso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

También hay que recordar que Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre, hijo de Esperanza Aguirre, ha sido contratado como asesor en la Secretaría de Estado de Comercio. Su experiencia previa como abogado en el bufete Pérez Llorca de Madrid refuerza el vínculo de la presidenta madrileña con Carmen Pérez Llorca, hija del fundador del despacho, quien ejerce como viceconsejera de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid.

Sin olvidar que María Zaplana, hija del ex ministro Eduardo Zaplana, trabaja como asesora en la Secretaría de Estado de Turismo. O que Teresa Lizaranzu, esposa de Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica de La Moncloa, compatibiliza la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro con la presidencia de la Comisión de Propiedad Intelectual y la de la Sociedad Estatal de Acción Cultural. Ni, por supuesto, que el frustrado fichaje por Red Eléctrica de Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, no impidió que Telefónica contratara a Iván Rosa, esposo de Soraya Sáenz de Santamaría.

El particular caso de Castilla La Mancha… nepotismo en la Ínsula Barataria 

María Dolores de Cospedal y su esposo

De nada han servido los comunicados y las protestas de la Asociación de la Prensa; de nada vale la denuncia realizada por el sector de medios de comunicación de CCOO de Castilla-La Mancha. Nada ha impedido, ni siquiera la indignación de los “silentes” periodistas castellano-manchegos, que el Partido Popular haya enchufado a numerosos allegados que desde hace unos días desarrollan las labores de comunicación que desempeñaban con anterioridad profesionales cualificados e independientes y que han sido despedidos. Y entre todos los colocados por María Dolores Cospedal llama la atención el esposo de la presidenta de la Diputación de Guadalajara, Ana Guarinos, que en la pasada legislatura anunció la presentación de una iniciativa parlamentaria en las Cortes de Castilla-La Mancha para impedir que matrimonios pudieran cobrar dos sueldos públicos. Dos años después, su marido, Ángel Recio, alcalde de la localidad alcarreña de Fuentelahiguera, ha sido nombrado para un puesto de asesor en la Subdelegación del Gobierno de Guadalajara reservado para periodistas que realizaban esta labor. Un tanto de lo mismo ha sucedido en la Subdelegación del Gobierno de Albacete, donde la mujer del presidente de la Diputación, el “popular” Francisco Núñez, hace las veces del periodista que ocupaba ese puesto antes de la llegada del PP al poder. Lo más significativo es que Fátima Torija, esposa del líder albaceteño, es fisioterapeuta, una digna profesión que, sin lugar a dudas, es la más idónea para comunicar. Por cierto, Núñez tiene un sueldo próximo a los 5.000 euros mensuales.

Pero aquí no termina la lista de enchufad@s en Barataria. No, la lista es más amplia. Así las cosas, la secretaria regional de Nuevas Generaciones, la alcarreña Cristina Molina, realiza las veces de la periodista María José García en la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real. Molina tampoco es profesional de la comunicación y, además, es ajena a la provincia manchega, pero, eso sí, es del PP, suficiente para ser colocada. El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, “expulsado” por Cospedal de su Ejecutivo (por algo será), Jesús Labrador, no iba a ser menos a la hora de abrir las puertas del emblemático edificio de la Plaza de Zocodover para la llegada de nuevos fichajes. A saber: un guardia civil que hace las veces de jefe de prensa, si bien este profesional realizó las mismas labores, y con éxito, en la Comandancia toledana, o la mujer de un periodista fichado por el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y secretario general del PP, Vicente Tirado. 

LAS RAZONES PARA UNA HUELGA GENERAL

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Mírese como se mire, muchas de las políticas públicas del gobierno del Partido Popular tienen como objetivo disminuir los salarios y reducir la protección social. Tal objetivo se justifica con el argumento de que hay que recuperar la confianza de los “mercados financieros”, temerosos éstos de que el elevado déficit del Estado español imposibilite el pago de los intereses de la deuda pública, creando un grave problema para tal Estado, pues no podrá conseguir dinero prestado de tales mercados para realizar sus funciones. Esta justificación ha adquirido la dimensión de dogma, impuesto por las autoridades que rigen la Eurozona y la Unión Europea. En realidad, tales autoridades ya han nombrado un supervisor que instruya al gobierno español sobre cuándo y cómo alcanzar tales objetivos, convirtiendo a España en un protectorado, con escasa soberanía y capacidad de decisión nacional. Tal argumento requiere para su sostenibilidad que la población crea que tales medidas, que son altamente impopulares, son necesarias para recuperar su bienestar, presentándolas como las únicas posibles. Lo que la ciudadanía debería conocer (y no es fácil que conozca, debido a la escasísima diversidad ideológica existente en los medios de información y persuasión del país) es que cada uno de los supuestos que sostienen tal justificación es erróneo. La evidencia científica ampliamente disponible muestra los siguientes hechos:

- La falta de confianza de los llamados mercados financieros hacia la economía española no se debe, en este momento, al “excesivo déficit” o a la “excesiva deuda pública” (más baja que la de Alemania), sino al escaso crecimiento económico, que empeorará con las medidas de recortes de gasto público (incluyendo gasto público social) y de empleo público, y con la reducción de los salarios. La evidencia de que tales medidas empeorarán la situación económica es abrumadora. Ha pasado en Grecia, está pasando en Portugal, y ocurre también en España.

- Los intereses de la deuda pública están altamente influenciados por el comportamiento del Banco Central Europeo (BCE), el cual es, en realidad, más un lobby de la banca que un banco central. El BCE está ayudando masivamente a la banca europea (incluyendo la banca española) a costa de no ayudar a los Estados. Si el Banco Central Europeo fuera un banco central, España y los otros países periféricos de la Eurozona no tendrían el problema que tienen en poder vender deuda pública, pues tal banco compraría tanta como fuera necesario para bajar sus intereses. Ahora bien, el hecho de que el Banco Central Europeo no intervenga y ayude a los Estados comprando deuda pública directamente, es precisamente para beneficiar a los bancos. La evidencia de que esto es así es también abrumadora.

- En realidad, el elevado desempleo de España no se debe ni a las “supuestas” rigideces del mercado de trabajo ni a la “excesiva” protección social. España fue, en 2011, el país junto con EEUU e Irlanda, donde proporcionalmente se despidieron más trabajadores, tanto fijos como temporales. Y el gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español). La evidencia científica de que los recortes sociales y las reformas del mercado laboral no solo no crearán empleo sino que lo destruirán, es contundente y abrumadora.

La pregunta que el lector se hará es: ¿por qué, entonces, el Partido Popular hace tales políticas? La respuesta es que los intereses que representan –la banca y la gran patronal- sí que se están beneficiando de estas políticas. En realidad, están consiguiendo lo que siempre han deseado. Están utilizando la crisis que ellos crearon (y muy en especial, la banca) para alcanzar lo que siempre quisieron, es decir, bajar los salarios, disminuir la protección social y privatizar el Estado del Bienestar. Y lo están haciendo sin que hubiera un mandato popular. En realidad, habían negado que harían cada una de las medidas que están ahora implementando. Este insulto democrático debe denunciarse en una democracia. Y la manera de responder es con una huelga general. Una última observación. No es casualidad que los países que tienen mayores problemas económicos y financieros en la Eurozona son aquellos países que han estado dominados por periodos más largos de su historia, por las fuerzas conservadoras: Grecia, Portugal y España. En estos países, los Estados han sido influenciados en gran manera por la banca, la gran patronal y las grandes fortunas, que explica la regresividad de sus políticas fiscales y el gran fraude fiscal. Según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español, el 72% de todo el fraude fiscal en España lo realizan estos grupos, cuya influencia sobre el Estado es enorme. Esta situación explica la pobreza del Estado español (tanto central, como autonómico y municipal), su deuda pública y el subdesarrollo de su Estado del Bienestar. Son estas mismas fuerzas financieras y económicas las que ahora están imponiendo tales políticas, con el apoyo de las elites gobernantes de la Eurozona. De ahí que una huelga general es también una continuación de una larga historia para recuperar la democracia y el bienestar de la ciudadanía, denunciando los responsables, dentro y fuera de España, de su escaso desarrollo social.

NI DESALADORAS, NI TRASVASES

 Con la llegada a la Moncloa de Mariano Rajoy en la Comunidad Valenciana se acabó el victimismo de los últimos años del Gobierno de Zapatero, ahora ya nadie del Gobierno Valenciano del PP se manifiesta con lo regante pidiendo agua para todos y ni tan siquiera exigen al presidente del Gobierno el Trasvase del Ebro, que tanto reclamaron al gobierno socialista.  Tan poco cuestionan la llegada del AVE a Alicante y Castellón ni tan siquiera critican la financiación autonómica que según ellos castigaba sobre manera a nuestra Comunidad al no reconocer la población real de la Comunidad Valenciana, en fín paraece que ha sido milagrosa la llegada del Sr. Rajoy a la presidencia del Gobierno y desaparecer  automáticamente el victimismo al que nos tenían acostumbrados el Gobierno de la Generalitat Valenciana

El próximo 18 de junio se cumplirán ocho años de la derogación del trasvase del Ebro. No habrá manifestaciones multitudinarias. Ni dirigentes del PP valenciano que apelen a la II República, que ya planeó la infraestructura. Previsiblemente, la fecha pasará desapercibida en la agenda del jefe del Consell, Alberto Fabra. El vuelco electoral autonómico popular, la victoria de Mariano Rajoy, y la alianza de facto con CiU han modulado el lenguaje de la Generalitat, que ha sustituido el término trasvase por “conexión entre cuencas”, como recoge una respuesta a EL PAÍS de la Consejería de Agricultura. Ocho años después, la guerra del agua ha perdido intensidad, el trasvase resulta incómodo y la alternativa hídrica del Ejecutivo socialista, las desalinizadoras, descansa en dique seco.

En la Comunidad Valenciana, la autonomía con más consumo por hogar de España, hay dos plantas de desalar operativas mientras que las cinco planeadas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a través de Acuamed, la empresa pública de Medio Ambiente, a partir de 2005 están en fase de construcción o pruebas. Ninguna funciona y se desconoce la fecha exacta en la que producirán agua más allá de un impreciso “a lo largo de este año”. La razón principal, los retrasos de los permisos del Consell. La Generalitat tiene autorizaciones pendientes en tres de las cinco plantas que contemplaba el Programa Agua del Ejecutivo socialista. “Las desalinizadoras están acabadas pero no pueden funcionar a causa de las trabas que la Generalitat”, explica el expresidente de la Sociedad Española de Infraestructuras Agrarias del Sur (Seiasa), el socialista Francisco Rodríguez Mulero. El antiguo responsable del Ministerio de Agricultura sostiene que el Consell siguió una hoja de ruta para boicotear las obras. “Los exconsejeros de Medio Ambiente José Ramón García Antón y Juan Cotino sabían que debían poner pegas para que las desalinizadoras no funcionaran”, relata.

La inversión de las factorías paralizadas —sin incluir los gastos de mantenimiento— supera los 450 millones y su capacidad de producción rebasará los 132 hectómetros cúbicos anuales, el equivalente a 132 estadios como el Santiago Bernabeu. La Unión Europea, que subvencionó con hasta 55 millones la factoría de Torrevieja, exige al titular de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que ponga en marcha las obras. El ministro reveló ante el Congreso que las 17 desalinizadoras de España trabajaban al 16,45%.

Los hogares de la Comunidad Valenciana son los que más agua gastan

En las inmediaciones del Saladar y los Arenales de Agua Amarga (Alicante), operan las dos únicas desalinizadoras de la Comunidad. La primera se concibió para abastecer a una población de medio millón de habitantes de Elche, Santa Pola, Alicante y San Vicente del Raspeig, que se dispara en verano, y funciona desde 2003. Fue inaugurada por la exministra de Medio Ambiente popular Elvira Rodríguez, y Francisco Camps, durante el mandato de José María Aznar. Las dos plantas de Alicante, donde el 80% del agua consumida es desalada, forman parte de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Ministerio de Agricultura), que también acoge dos instalaciones en San Pedro del Pinatar (Murcia), ideadas para cubrir 17 municipios alicantinos como Pilar de la Horadada, Rojales, San Fulgencio o Guardamar.

Las fábricas de agua proyectadas por Acuamed en Mutxamel, Sagunto, Torrevieja, Cabanes y Moncofa permanecen paradas, pese a que su construcción comenzó a partir de 2006, el Gobierno desembolsó las inversiones correspondientes y Bruselas repartió con generosidad subvenciones que superaron de media el 20%. Salvo Torrevieja, de carácter mixto, todas se pensaron con vistas al abastecimiento humano y preveían la posibilidad de su ampliación. Pertenecen a un modelo que buscaba la producción estable y generar agua in situ y desterrar el fantasma de las tensiones territoriales, que fue justo lo que no se consiguió. El Ejecutivo socialista prometió como alternativa al trasvase una inyección para Cataluña, Comunidad Valenciana, Almería y Murcia de unos 1.000 hectómetros cúbicos anuales, de los que más de la mitad (600) llegaban del mar. Se aspiraba a inculcar una nueva cultura el agua, que contemplaba el ahorro (la Comunidad Valenciana es líder en fugas de agua), la modernización de regadíos, la reutilización de aguas residuales y el aprovechamiento sostenible de los acuíferos.

La inversión en las desalinizadoras paralizadas representa los 450 millones

Los planes de la ministra Narbona no contaban la llegada de un invitado inesperado, la crisis. Las desalinizadoras de Cabanes y Moncofa encaran desde 2008 el obstáculo del desplome inmobiliario. Los municipios se comprometieron a abonar a Acuamed los costes de explotación y amortización de las plantas, que habían sido concebidas para una avalancha de población que no llegó. La fábrica de agua de Cabanes prometía hasta 42,9 hectómetros cúbicos al año y Moncofa, 19,8.

La caída de los ingresos y el principio de rigidez presupuestaria impuesto por el Gobierno, despertó del sueño y modificó las prioridades de pago. Y ahora los Ayuntamientos afectados se quejan de que no pueden asumir la factura inicial de esa agua que requerían para levantar sus quimeras de crecimiento. “El PAI no se ha desarrollado y de momento no existe necesidad alguna de agua desalada”, admite el Ayuntamiento de Cabanes, que preside el popular Vicente Artola, en referencia a la evaporación del parque temático Mundo Ilusión, que afectaba a 18 millones de metros cuadrados y por los que el municipio se comprometió a pagar a Acuamed 800.000 euros anuales.

Sagunto, Mutxamel, Cabanes, Moncofa y Torrevieja tienen las plantas paralizadas.

En el mismo aprieto se encuentran Oropesa, Benicàssim y Xilxes, que pactaron en marzo un frente común para negociar sus convenios con Acuamed. Moncofa, gobernado por el PSPV, defiende la desalación mientras que Xilxes, que planeaba un campo de golf y 6.500 viviendas, dice que ya no necesita el agua. La asfixia económica y la caída de las previsiones de crecimiento dejan en el aire también las desalinizadoras que no han comenzado a construirse, como la prevista en Dénia. La localidad de La Marina, gobernada por el PP, prefiere comprar agua de la vecina Xàbia, donde ya existe una planta, a levantar una nueva obra cuyo coste rebasaría los 22 millones de euros.

Los próximos meses se revelarán cruciales. Acuamed confía en que el Ministerio revise las actuaciones “caso por caso” pero recuerda que los municipios se comprometieron en los años de bonanza a sufragar a escote las desalinizadoras. El departamento que dirige Miguel Arias Cañete ha declinado responder a EL PAÍS al respecto.

Los ayuntamientos no pueden pagar el coste de mantener las factorías

Los socialistas valencianos, que pagaron con una sangría de votos la impopular defensa de las desalinizadoras, mantienen la vigencia del plan Agua. “Le hemos planteado al Gobierno que ponga en marcha las obras”, explica el senador por Castellón Enric Navarro. Pero admiten que el cargo de las actuaciones llega en época de vacas flacas y con la tijera sobrevolando sobre las arcas locales. “La situación económica actual no permite asumir unos costes tan altos”, explica José María Ángel, alcalde de L’Eliana y responsable de política municipal del PSPV, que apunta que los pagos a Acuamed no atenazan solo a los municipios con desalinizadoras. L’Eliana, con un presupuesto de 15 millones, negocia una rebaja de las cuotas de amortización y explotación de una desnitrificadora instalada para mejorar la calidad de los recursos hídricos y que podría suponer cuando funcione un gasto de 800.000 euros anuales. “No nos negamos a pagar, pero necesitamos una cifra asumible y adaptada a las circunstancias”, dice el regidor.

La evolución del sueño hídrico de José Luis Rodríguez Zapatero —en España sólo se han construido 17 de las 51 desalinizadoras previstas— , las reticencias de los Ayuntamientos en crisis a asumir la factura de Acuamed, y la dependencia de un urbanismo en dique seco suscita una pregunta. ¿Hacía falta tanta agua? “Un empresario me dijo que una cosa son las necesidades reales y otra las del papel, que sirven para renegociar proyectos”, explica el profesor José Luis Sánchez, del Departamento de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante. Sánchez está especializado en el estudio y control de los vertidos de salmuera al mar (agua con una gran proporción de sal) y ha seguido de cerca la evolución de las plantas de Alicante o Murcia. Sostiene que las desalinizadoras generan un impacto que la tecnología puede evitar. Como el resto de técnicos consultados por EL PAÍS, estima que el agua se transmutó en un ariete político, que las administraciones actuaron movidas por la euforia de la construcción, y que los partidos se embarcaron en planes que concebían la política hídrica como ejes de su estrategia para azuzar al adversario. De todo eso ya no queda nada. Salvo las facturas.

Con la guerra amainada, Mariano Rajoy en La Moncloa y el proyecto del trasvase del Ebro en el cajón, el Consell se despoja del lenguaje de la crispación y promete lealtad al Ejecutivo del PP, que no incluyó el trasvase en su programa electoral. “Contamos con un nuevo Gobierno en España, que ya ha demostrado su predisposición para alcanzar un pacto nacional para la gestión del agua y el diseño de un nuevo PHN”, indica la Consejería de Agricultura. Arias Cañete admitió a inicios de marzo que no habrá planificación hídrica hasta dentro de dos años.

Problemas en la mayor fábrica de agua

Transformada en un símbolo de la política hídrica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la desalinizadora de Torrevieja, será “en breve” una de las mayores fábricas de agua de Europa, según Acuamed, que no precisa cuándo empezará a funcionar. La capacidad de la fábrica de agua, 80 hectómetros cúbicos al año, permitirá abastecer a más de 400.000 personas de Murcia y Alicante.

Desde el primer ladrillo, la planta de Torrevieja, que figuraba entre las primeras infraestructuras para sustituir el derogado trasvase del Ebro, fue objeto del vía crucis de zancadillas administrativas del Con-sell. Durante la construcción, una empresa contratada por la Consejería de Infraestructuras bloqueó el acceso al recinto de los camiones de la obra. La penúltima traba, un permiso de toma de agua que se retuvo porque atravesaba un puerto competencia de la Generalitat, se desbloqueó en noviembre, en vísperas de la victoria de Mariano Rajoy.

La instalación se encuentra acabada, el grueso de la obra concluido, a falta de una actuación menor, la toma y vertido de mar. La puesta en marcha de la mega factoría de agua depende ahora de una autorización ambiental, que Acuamed solicitó a la Generalitat en 2009. “No sabemos la fecha exacta en la que entrará en funcionamiento, pero será a lo largo de este año”, dicen desde el organismo que depende del Ministerio de Agricultura. La planta ha costado 300 millones, 55 de ellos en subvenciones de la UE.

El Consell sigue mirando con recelos a Torrevieja. Asegura que su puesta en funcionamiento dispararía un 35% la factura hídrica de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que nutre a una parte de los municipios del sur de Alicante. “El elevado coste hace que el agricultor no pueda asumir su explotación”, sostienen desde la Consejería de Agricultura. El impacto ecológico del vertido de la salmuera es otro de punto de fricción, que critica la Generalitat. “Es cierto que las desalinizadoras tienen un impacto ambiental, pero se puede evitar y existen fórmulas para hacerlo de un modo eficiente. Además, en la zona de vertido de Torrevieja no había praderas de posidonia, que es donde se puede dar el problema”, explica el profesor José Luis Sánchez Lizaso, del Departamento de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante. “Lo del impacto medioambiental es otro rollo más que se han inventado los del PP para retrasar la obra, ya que la depuradora de Pinedo es bastante más agresiva que una desalinizadora”, añade un consultor ambiental que trabaja para Acuamed y pide el anonimato.

El PP entierra la guerra del agua

Abrazado al patriotismo hidrológico, el Consell se fijó como prioridad la reclamación del trasvase del Ebro derogado en 2004. El Gobierno de Francisco Camps alentó —cuando no sufragó directamente— manifestaciones, paellas, fundaciones y campañas de publicidad en Canal 9 para reclamar una infraestructura hídrica que encendía a los ecologistas. El Consell selló una alianza de facto con su homólogo murciano Ramón Luis Valcárcel para cargar contra la ministra Cristina Narbona, que encajaba insultos y salía escoltada como un árbitro tras sus encuentros con agricultores. El Rajoy jefe de la oposición defendía los trasvases en Murcia y Valencia y ejercitaba el malabarismo dialéctico en Aragón y Castilla-La Mancha, en manos de los socialistas. En Cataluña gobernaba un tripartito de izquierdas con presencia independentista. La ecuación resultaba perfecta para el PP, que presumía de un discurso autonómico monocorde.

Ocho años después, el escenario se ha transformado. El azul tiñe el mapa regional. Los conservadores, que borraron el trasvase de su programa electoral nacional, gobiernan en 12 de las 17 autonomías. El PP pilota Aragón y Castilla-La Mancha, donde Dolores de Cospedal, que además es la número dos del partido, plantó cara en diciembre a Valencia y Murcia al recurrir contra el último trasvase del Tajo al Segura del Gobierno. La alianza entre PP y CiU entierra la reivindicación del trasvase. Y para completar el círculo, el nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que depende del Ministerio de Agricultura, es Xavier de Pedro, del Partido Aragonesista (PAR), socio de la popular Luisa Fernanda Rudi. “El trasvase del Ebro no está en estos momentos sobre la mesa”, advirtió recientemente De Pedro.

Ante el nuevo escenario, el Consell modula el tono. Critica las desalinizadoras pero pasa de puntillas sobre el trasvase. “El programa Agua no fue más que una marca acompañada de un listado de obras de las que no se analizó su viabilidad”, dice en un correo la portavoz de la consejería de Agricultura, que sustituye la reivindicación del trasvase —término que no aparece en la respuesta— por la necesidad de considerar la “conexión entre cuencas”. El departamento de Maritina Hernández culpa al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de “ocho años de crispación” en materia hídrica. Los antiguos responsables socialistas, difieren. “Todo respondió a una operación de marketing político, que los trasvases fueron una falacia y que el PP consiguió engañar a los valencianos”, explica el expresidente del Seiasa, Francisco Rodríguez Mulero.

El paro sube a 5,6 millones y marca un nuevo máximo en el arranque de 2012

n        La tasa se eleva al 24,44% y roza el anterior récord, alcanzado en 1994

n        La cifra total de parados se ha incrementado en 729.400 en un año

La recaída en la recesión de la economía española ha provocado un fuerte aumento del paro en el arranque de este 2012. Según los datos de la Encuesta de Población Activa que ha publicado hoy el INE, el total de personas sin trabajo ha subido en 365.900 personas entre enero y marzo, lo que ha dejado el total de desempleados en 5.639.500, un nuevo máximo histórico. Del lado del empleo, en este periodo se han destruido 374.300 puestos de trabajo, con lo que el total de ocupados baja a 17.433.200.

Tanto para el empleo como para el paro, este trimestre es el peor desde el inicio de 2009, periodo en que España atravesaba la peor fase de la Gran Recesión. Además, el persistente deterioro del mercado laboral también ha elevado la tasa de paro al 24,44%, con lo que roza el récord de 1994, cuando llegó al 24,55%.

Además, con vistas al futuro, las previsiones estiman que el deterioro del mercado laboral se prolongue durante algún tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que el impacto de los nuevos ajustes aprobados para reducir el déficit y recortes apenas se han puesto en marcha. Este hecho se hace patente en que el empleo público, que registró su primer descenso en términos interanuales en la EPA del cuarto trimestre de 2011, mantiene prácticamente su caída.

Para el Gobierno, en 2012 se destruirán un total de 630.000 puestos de trabajo a tiempo completo, lo que dejará la tasa de paro en el 24,3%, por el impacto de la recesión en el empleo. No obstante, los servicios de estudios privados auguran que el desempleo seguirá subiendo también en 2013.

Por sexos, el descenso de la ocupación es casi tres veces mayor entre los varones (278.300 menos) que entre las mujeres (96.000 menos). Por el contrario, el aumento del paro afecta prácticamente por igual a varones y mujeres.

En cuanto al impacto de la crisis por ramas de actividad, la ocupación desciende en todos los sectores y sube el paro. En los servicios hay 147.900 desempleados más, en la Agricultura 59.700, en la Industria 49.800 y en la Construcción 29.500. También crece el paro entre las personas que perdieron su empleo hace más de un año (66.200 más) y entre quienes buscan su primer empleo (12.800).

COMPROBACION INSCRIPCIÓN CENSO ELECTORAL Y RECLAMACIONES

A partir de hoy día 4 y hasta el día 11, podéis consultar en el Ayuntamiento si figuráis inscritos en el censo electoral y hacer la reclamaciones pertinentes de no figurar. Igualmente los ciudadanos extranjeros con derecho a votar que no manifestaron en su momento su intención de votar en Relleu lo pueden hacer ahora mediante reclamación que se debe de presentar en el Ayuntamiento (la página está también en inglés).

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LA DESVERGUENZA DEL SR. CAMPS NO TIENE LIMITES

En la Foto 1: Un señor firma un manifiesto del PP contra la corrupción.
En la Foto 2: Un mapa que muestra los casos de corrupción del PP en toda España. En ese mapa se ve cómo la Comunidad Valenciana es la que más casos acumula.

Parece mentira, pero el señor de la Foto 1 es el mismo que preside la Generalitat Valenciana y el partido que protagoniza los casos de corrupción de la Foto 2.

Sí, sólo Camps puede llegar a avergonzarnos tanto a todos los valencianos y las valencianas. Por cierto, es la segunda vez que el PP firma un texto contra la corrupción.Ya presentó otro papel igual en 2009. Si el primero no lo cumplió, ¿por qué lo va a hacer ahora?

Este fin de semana, él solito ha demostrado que la firma y la palabra de nuestro President tienen muy poco valor, como bien saben los proveedores de la Generalitat Valenciana, a los que debe 45.000 millones de euros. ¡Incluso a los que le pusieron los urinarios durante la visita del Papa en 2006 les debe aún 2 millones de euros!

Por cierto, el mapa de la imagen es de la iniciativa PPLeaks, que denuncia los casos de corrupción del PP en toda España. ¡Echadle un vistazo!

EL ALCALDE DE RELLEU LEGALIZA SU CHALÉ CONSTRUIDO COMO CASA DE APEROS

El regidor del PP adjudicó el PGOU a una firma del arquitecto municipal

El alcalde de Relleu, Santiago Cantó, del PP, ha dado apariencia de legalidad al chalé ilegal en el que vive, levantado con una licencia para casa de aperos, una casa llamada La Vinya construida sobre una propiedad de suelo rústico que no alcanza la superficie mínima legal de 10.000 metros cuadrados.

El alcalde de Relleu, Santiago Cantó, del PP, ha dado apariencia de legalidad al chalé ilegal en el que vive, levantado con una licencia para casa de aperos, una casa llamada La Vinya construida sobre una propiedad de suelo rústico que no alcanza la superficie mínima legal de 10.000 metros cuadrados. El chalé del alcalde se construyó sobre una parcela de 8.918 metros de almendros, olivos y agrios si se consulta el catastro o de 2.402 metros de regadío según el Registro de la Propiedad. En todo, caso, de forma ilegal. Y la vivienda ni siquiera aparece en la ficha registral de la parcela, es decir, no existe.

La Junta de Gobierno Local de Relleu, formada por el mismo Cantó y los concejales Elisa Lloréns y José Luis Sellés, aprobó el 4 de junio de 2010 concederle una "licencia de obra para la legalización de caseta de aperos como vivienda". La solicitud fue presentada el 19 de mayo, solo dos semanas después de que EL PAÍS publicara que el concejal de Urbanismo, Antonio García Doménech, vivía en un chalé con piscina que también se construyó con licencia para casa aperos.
La licencia se concedió con la abstención del alcalde, como es preceptivo por resultar directamente afectado, con un informe favorable del técnico municipal y la aportación de un justificante de pago de impuesto y tasas de licencia de obras, el estado actual de la edificación visado y un presupuesto de ejecución material de 26.819,88 euros.

Según el acta de la sesión de la junta de gobierno, "señala el peticionario que según reciente medición, la parcela 36 cumple con la superficie mínima exigible de 10.000 metros cuadrados. Además, dicha parcela se corresponde con dos fincas registrales las cuales están vinculadas a la construcción y van a actualizarse en cuanto a superficies reales".
Con esta simple declaración de intenciones y una medición del terreno que no se aportó a la documentación, el alcalde consiguió la licencia de obras para intentar legalizar una vivienda ilegalizable.

La particular forma de entender el urbanismo del alcalde de Relleu le llevó a adjudicar un contrato para la "elaboración de la información para el planeamiento y la definición del modelo territorial del PGOU de Relleu" a una empresa del mismo arquitecto municipal, Juan Carlos Oliva Bielsa.
El contrato se le adjudicó a Oliva Arquitectos, SL -de la que es administrador único- y CDM, CB, por 29.896 euros tras un procedimiento negociado sin publicidad al que fueron invitadas otras dos empresas.

El alcalde justificó la adjudicación de esos trabajos en que "lo que hay que tener en cuenta es que cualquier arquitecto con su equipo que viene de fuera a redactarlo no conoce la problemática. Por ello si se contratara a otros, se generarían más problemas".

20.000 NUEVOS VECINOS

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Relleu, un pequeño municipio del interior de la comarca de La Marina Baixa, lo aprobó finalmente el Ayuntamiento en el año 2006. No obstante, cuatro años después el documento sigue varado en la comisión territorial de Urbanismo de Alicante.

Empresas del sector inmobiliario compraron miles de metros cuadrados de suelo antes de ser aprobado el nuevo planeamiento urbanístico y ya han firmado numerosos convenios con el Consistorio para que en la redacción del plan esos terrenos se incluyeran como suelo urbanizable.
El nuevo planeamiento urbano de Relleu contempla la reclasificación de tres millones de metros cuadrados de suelo hasta ahora no urbanizable en cinco sectores. Cuatro de estos nuevos programas urbanísticos están alejados del casco urbano de la localidad, y en total suman casi 600.000 metros de techo residencial y hotelero. Ello supondrá un nuevo parque de viviendas capaz de albergar a casi 20.000 nuevos habitantes. El censo actual del municipio es de 1.200 vecinos.

El País, ARTUR BALAGUER - Benidorm - 17/01/2011

EL ALCALDE DE RELLEU, DEL PP, VERANEA EN UN CHALÉ ILEGAL EN SUELO RÚSTICO

Políticos, ediles y afiliados populares ocupan casas en suelo no urbanizable

EL PAÍS ARTUR BALAGUER - Benidorm - 17/08/2010

Una de tantas viviendas construidas ilegalmente diseminadas por el término municipal de Relleu, en Alicante, está habitada por el alcalde de la localidad, Vicente Cantó, del PP. Esta residencia, de poco más de 70 metros cuadrados, denominada La Vinya, está todavía a nombre de Santiago Cantó, el padre del regidor. Vicente Cantó ejerce como alcalde desde 1995.

Una de tantas viviendas construidas ilegalmente diseminadas por el término municipal de Relleu, en Alicante, está habitada por el alcalde de la localidad, Vicente Cantó, del PP. Esta residencia, de poco más de 70 metros cuadrados, denominada La Vinya, está todavía a nombre de Santiago Cantó, el padre del regidor. Vicente Cantó ejerce como alcalde desde 1995. Hasta entonces había sido taxista en Alicante, donde tiene fijada su residencia habitual.

Aunque hay diferencias entre la superficie de la parcela donde se ubica el chalé, según se consulte el Catastro o el Registro de la Propiedad, en ningún caso se acerca a los 10.000 metros de parcela mínima que exige la legislación para poder construir en suelo rústico no urbanizable. El Catastro le otorga una dimensión de 8.918 metros cuadrados de almendros, olivos y agrios, mientras que el registro ubica el chalé en una parcela de 2.402 metros de regadío "con derecho a los sobrantes de las aguas del riego mayor cuando le toquen en el turno, y por lo mismo el riego eventual", sin que ni siquiera conste como registrada la construcción que Cantó ocupa como vivienda. Es decir, el chalé ni existe como propiedad.

Vicente Cantó se negó a hacer declaraciones; ni confirmó ni desmintió que el chalé estuviera dentro de la legalidad y amenazó con acciones judiciales si se publicaba la información de la que fue advertido. Fuentes del Consistorio confirmaron que hace casi 10 años, cuando Cantó ya era alcalde, el padre del regidor obtuvo una licencia para construir una casa de aperos que ha acabado convirtiéndose en una residencia veraniega.

No es el primer caso en que un miembro del gobierno relleuense habita una construcción fuera de la ley. Este periódico ya publicó que el actual concejal de Urbanismo de Relleu, Antonio García Doménech, utiliza como residencia desde principios de 2007 otro chalé de 150 metros cuadrados de superficie con piscina, construido ilegalmente en una parcela de suelo rústico que es propiedad de su suegro, Vicente Brotons Sirvent, que fue levantado también con una licencia para casa de aperos. En este caso, la vivienda estaba en un terreno de 15.474 metros, pero ya tenía una construcción de 452 datada en 1900 que agotaba la superficie edificable (que es el 2% de la parcela), lo que impedía que hubiera podido concedérsele la licencia de obras que obtuvo. El portavoz del Grupo Socialista de Relleu, Antonio Fuster, intentó preguntar en el último pleno por la vivienda del concejal de Urbanismo, pero el alcalde se negó a responder públicamente sobre el asunto. Se refirió a los hechos como contados por "radio macuto".

Relleu, como otros municipios del interior de La Marina Baixa, tiene decenas de viviendas ilegales en suelo rústico. Un Plan General, aprobado provisionalmente en 2006, sin validar por la Generalitat, ha permitido al gobierno del PP manejar el suelo no urbanizable a su antojo. Así, hay multitud de construcciones ilegales de familiares políticos o directos de concejales y afiliados populares que el Consistorio ha consentido, tolerado y, en algunos casos, avalado.

UN PLAN MULTIPLICADOR

Los socialistas ya denunciaron en su día que el suegro del alcalde tenía cuatro hectáreas en uno de los sectores que pretende reclasificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio y que el marido de la primera teniente de alcalde, Elisa Lloréns Font, había comprado suelo durante su redacción. También recordaron que el plan se aprobó sin justificar la existencia de recursos hídricos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar y que empresas del sector inmobiliario que habían comprado miles de metros cuadrados antes de tramitarse el PGOU firmaron convenios con el Consistorio para que se incluyera ese terreno en la redacción del plan como suelo urbanizable. La mayoría de estos promotores tenían vinculaciones con dirigentes o técnicos municipales de diferentes municipios populares de la comarca, sobre todo de Benidorm. Y el alcalde presumió de que la redacción del nuevo plan iba a ser financiado por estas empresas.

El nuevo PGOU contempla la reclasificación de tres millones de metros cuadrados en cinco sectores, cuatro de ellos alejados del casco urbano, que suman casi 600.000 metros de techo residencial y hotelero, es decir, viviendas para casi 20.000 habitantes, lo que multiplicaria por 15 la población del pueblo.

EN DEFENSA DE NUESTRAS SOCIEDADES MUSICALES

El grupo municipal socialista, presentó para su debate y aprobación una moción para que fuera incluida en el orden del día del Pleno del pasado 30 de julio, relativa a los recortes de más del 34% en los presupuestos de la Generalitat Valenciana de este año en la partidas de Cultura y Educación, relativa a las ayudas que reciben las Sociedades Musicales y de un recorte del 55% a las escuelas de música, pasando estas de recibir 4,4 millones el pasado año a poco más de 2 millones este

La moción presentada instaba al Gobierno Valenciano a que hiciera marcha atrás en los recortes de las ayudas, por que si estos llegaran a materializarse, se pondrían en serio peligro la supervivencia de muchas de nuestras Sociedades Musicales (actualmente existen más de 500 federadas), pudiendo incluso con tal aptitud, llegar a la desaparición de muchas de ellas debido a la difícil situación económica en que quedarían como consecuencia de dichos recortes, especialmente las escuelas de música que serian las más perjudicadas, provocando el despido del 70% de los 3.000 profesores que imparten sus enseñanzas y el cierre del 25% de las 280 escuelas de música existentes.

El preámbulo de la ley valenciana de la música dice así: La Música forma parte de la cultura valenciana, siendo además una de las artes que más nos identifican como pueblo.

Por lo tanto las Sociedades Musicales de nuestros pueblos y ciudades como así lo reconoce la propia ley valenciana de la música, son sin duda una parte muy importante de nuestro patrimonio cultural por lo que deben de ser conservadas, protegidas y para que sigan desarrollándose y sean un referente cultural de nuestra Comunidad, deben de ser subvencionadas dignamente con los fondos públicos de la Generalitat Valenciana. Además el Gobierno Valenciano debe de tener muy en cuenta, que nuestras Sociedades Musicales participan de una forma muy notable en el mantenimiento de la industria cultural (instrumentos, partituras, autobuses, nóminas de profesorado y directores, etc. etc.).

Además estos recortes supondrán dejar al mínimo el desarrollo de la Ley Valenciana de la Música, un instrumento legislativo aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en 1998 y que a día de hoy sigue sin desarrollarse.

También desde aquí queremos reivindicar la declaración de las Sociedades Musicales de nuestra Comunidad como Bien de interés cultural (BIC) con el fin de compensar de alguna forma los recortes presupuestarios impuestos por la Generalitat a nuestras Sociedades Musicales.

Así mismo, animamos a todos los ciudadanos a que participen el próximo día 17 de octubre en la gran manifestación que tendrá lugar en Valencia convocada por la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) y donde se preve que se reunirán más de 20.000 personas para protestar por lo recortes del Consell y en defensa de nuestras Sociedades Musicales.

Pues bien, a pesar de todos estos motivos y los expuestos en nuestra moción y el perjuicio económico que puede suponer para nuestra Sociedad Musical, incomprensiblemente el Gobierno Municipal del Partido Popular con el señor Alcalde a la cabeza y sin mediar palabra alguna por parte del Concejal de Cultura en contra de los recortes impuestos a las ayudas de las Sociedades Musicales por parte del Consell , nuestra moción no fue admitida para que formara parte del orden del día, siendo por lo tanto, rechazada por todos y cada uno de lo Concejales del equipo de gobierno del Partido Popular.

Luego el señor Alcalde que no nos venga con chanzas, repitiendo constantemente en los plenos "nosaltres fem poble" señor Alcalde, ya vemos como hace Ud. pueblo, anteponiendo los intereses de su partido a los intereses culturales de Relleu.

LAS PRÁCTICAS DEL PP

Los grandes escándalos de corrupción no sólo generan un perjuicio merecido al partido que los protagoniza, sino que también dañan de forma injusta la credibilidad de la democracia en su conjunto. El resultado es el desprestigio de la política y el triunfo de la idea de que “todos son iguales”, con el lógico corolario de que da igual votar a unos que a otros. Y la verdad es que no da igual.

A pesar de que el PP y su coro mediático se empeñen en lo contrario, lo cierto es que el caso Gürtel es el mayor escándalo de corrupción en tres décadas de democracia. Y lo es por varios motivos: porque las decisiones de diversos cargos del PP permitieron transferir 75 millones de euros de las arcas públicas a los bolsillos de una red mafiosa, porque hay pruebas sólidas de financiación ilegal del partido en tres comunidades y porque nunca antes un presidente autonómico había sido imputado por dejarse sobornar por una banda de corruptos a los que benefició.

Pero con ser graves estos hechos, lo peor para el prestigio de la democracia ha sido la reacción de la cúpula del PP. Por un lado, se lanzó a una cacería contra los jueces, los fiscales, los policías y hasta los funcionarios de Hacienda que se atrevieron a investigar el caso, en una actitud propia de un partido antisistema. Y, por otro, pretendió blanquear su imagen aprobando con gran publicidad un Código de Buenas Prácticas que ha resultado ser una burla a los ciudadanos, ya que cinco meses después de su presunta puesta en marcha sigue siendo papel mojado. Las únicas prácticas del PP fueron definidas perfectamente por el propio Rajoy, cuando garantizó su apoyo a Camps “diga lo que diga la Justicia”.

EL EDIL DE URBANISMO DE RELLEU VIVE EN UN CHALÉ ILEGAL

La vivienda unifamiliar es propiedad de su suegro - El consistorio modificó el catastro para intentar legalizar el chalé

El actual concejal del área de Urbanismo de Relleu, Antonio García Doménech, del PP, utiliza como residencia desde principios del año 2007 un chalé ilegal de alrededor de 150 metros cuadrados de superficie, con piscina, construido en una parcela de suelo rústico que es propiedad de su suegro, Vicente Brotons Sirvent.

La citada vivienda unifamiliar se construyó con una licencia para casa de aperos que tampoco podía haberse concedido porque la parcela donde se levantó ya tenía una superficie construida de 450 metros cuadrados que databa de principios del siglo XX.

El propietario de la finca obtuvo el 21 de diciembre de 2005, sólo dos días después de haberla solicitado, una licencia para construir una caseta de aperos agrícolas en la parcela 235 del polígono 4 de la partida de Margelet de Relleu, que tenía una superficie de 15.474 metros.

Sin embargo, según la documentación del catastro, en esa misma parcela existía ya una construcción de 452 metros con dos casas levantadas desde el año 1900, que agotaban la superficie edificable, ya que en suelo rústico sólo está autorizada la ocupación del 2% de la totalidad de cada parcela. Es decir, ni siquiera habría podido serle concedida la licencia que pidió.

García accedió al cargo de concejal en las elecciones de 2007 y en fecha de 20 de abril de 2009 el Ayuntamiento le notificó al familiar del regidor la necesidad de legalizar la vivienda ejecutada por no ajustarse a la licencia de obras concedida. Relleu, ubicada en La Marina Baixa, tiene 1.262 habitantes, según el último censo.El Ayuntamiento de Relleu sólo actuó tras la denuncia de un particular presentada el 25 de febrero de 2009 ante la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. El 1 de junio de 2009 el propietario presentó el proyecto de legalización redactado por un arquitecto y visado por el colegio profesional, que fue informado favorablemente por los servicios técnicos municipales, a cargo del regidor. Se inició así el procedimiento administrativo de legalización que aún está pendiente de resolución final.

El chalé dispone del servicio de luz y agua potable, gestionado por el Ayuntamiento, pero el gobierno local, del PP, no ha procedido al corte de ambos suministros tras detectar la ilegalidad. Los suministros sólo pueden restablecerse cuando se haya procedido, en su caso, a la legalización de las obras, según establece el régimen sancionador de la Ley Urbanística Valenciana (LUV).

Casi al mismo tiempo, y sólo para legalizar la licencia de casa de aperos que se le concedió en 2005, el Ayuntamiento de Relleu consintió la segregación catastral de la casa de 452 metros, que ha quedado registrada en la parcela contigua, la número 256, con una superficie de 1.526 metros, aprovechando un convenio firmado con SUMA-Gestión Tributaria a finales de 2005 para la actualización del catastro de las edificaciones en suelo no urbanizable, que desde entonces depende del propio Ayuntamiento.

Esta operación ha permitido liberar el resto de la parcela y darle rango de legalidad a la licencia de casa de aperos, aunque en ningún caso a la vivienda unifamiliar con piscina donde vive el regidor de Urbanismo. Además, la edificación de la vivienda invadió un azagador, cortando un camino de ovejas y cabras con el que lindaban las parcelas, que podría ser público.

Antonio García Doménech se negó a hablar por teléfono o personalmente con este periódico, limitándose a decir en diversas ocasiones que "del dicho al hecho, hay un trecho", aunque el asunto ha trascendido ya al Síndic de Greuges por la reclamación de un vecino y está publicado en su página web. El número de queja 92.834 se tramitó porque uno de los propietarios colindantes denunció la invasión del azagador. La petición de documentación por parte de la Sindicatura que dirige José Cholbi al Ayuntamiento alicantino deja al descubierto un informe del arquitecto municipal de Relleu que recoge la ilegalidad cometida en la parcela.

El Síndic de Greuges aconseja al Consistorio que inicie un expediente de investigación para determinar la titularidad pública o privada del camino objeto de la reclamación, pero en su solicitud, el organismo también incluye una recomendación para que "continúe con la tramitación de los expedientes de restauración de la legalidad urbanística, disponiendo la demolición de las obras ilegalizables"

Artur Balaguer EL PAÍS 03/04/2010