La obra más cara de la Ciudad de las Artes cuadruplicó los costes

• El PP cambió una torre de comunicaciones de 97 millones por un Palau de 434
• El PP incrementó a Calatrava sus honorarios y los vinculó a los costes

Santiago Calatrava, el día de la presentación del Palau de les Arts, dos días antes de su inauguración el 9 de octubre de 2005

La decisión del Gobierno de Eduardo Zaplana, cuando el PP llegó a la Generalitat Valenciana, de modificar el proyecto de la Ciudad de las Ciencias que había impulsado el socialista Joan Lerma desde la presidencia del Consell disparó los costes de construcción del complejo de ocio. Los populares transformaron en Ciudad de la Artes y las Ciencias el proyecto y sustituyeron una torre de telecomunicaciones prevista inicialmente por lo que es actualmente el Palau de les Arts, es decir, una ópera. La maniobra ha hecho que el principal edificio del complejo haya más que cuadruplicado sus costes, al pasar de cerca de 97 millones de euros (84,3 más IVA) a 434,2 millones, a los que hay que sumar los 44,3 cobrados por Santiago Calatrava.

Los contratos a los que ha tenido acceso el diputado Ignacio Blanco, de Esquerra Unida del País Valencià, en la sede la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA (Cacsa) revelan que el cambio se resolvió mediante una novación del contrato inicial, de manera que la misma adjudicataria de la torre, una unión temporal de empresas formada por Cubiertas y Mozv y Dragados y Construcciones, asumió la modificación del objeto del contrato sin que se produjera un nuevo concurso.

Concretamente, el contrato para la ejecución de la Torre de Telecomunicaciones de Valencia fue firmado en febrero de 1995 por el entonces consejero de la Generalitat y presidente de la empresa pública València, Ciència i Comunicació, SA (Vacico), Aurelio Martínez, con un presupuesto de 14.026 millones de pesetas (84,3 millones de euros) a los que había que sumar el IVA, lo que elevaba la cifra a unos 97 millones de euros.

En noviembre de 1996, Miguel Navarro, como responsable de la nueva empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA (Cacsa) suscribió una “novación modificativa del contrato” con la UTE de manera que la adjudicataria, que ya había ejecutado trabajos de cimentación, se comprometía a adaptar esa cimentación a los nuevos usos y a ejecutar “las obras de construcción del Palacio de las Artes, según anteproyecto redactado por Calatrava Valls, SL y los demás documentos que, a medida que se vayan redactando, pasarán a formar parte integrante del presente contrato”.

"No se licitó de nuevo la obra ni se fijó un nuevo presupuesto”, destacó ayer Ignacio Blanco"

Fue el inicio de un proceso que culminó en octubre de 2005, ya con Francisco Camps en la presidencia de la Generalitat, con la inauguración del edificio. El Palau de les Arts se convirtió en la más cara de las obras del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ya que su construcción ha costado 478,5 millones de euros, incluyendo los sustanciosos honorarios del arquitecto.

“No se licitó de nuevo la obra ni se fijó un nuevo presupuesto”, destacó ayer Ignacio Blanco, en cuya opinión el procedimiento fue manifiestamente irregular y tuvo consecuencias económicas de envergadura. “Los sobrecostes exceden todo lo aceptable”, señaló el parlamentario, para quien la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia ha sido “un pozo sin fondo por dos razones fundamentales: la falta de definición de los proyectos de Santiago Calatrava, que hace poco fiables los presupuestos, y la improvisación y los caprichos durante las obras”.

Según Blanco, que ha levantado una gran polvareda al dar a conocer los contratos de la Generalitat Valenciana con Calatrava, —por los que el arquitecto obtiene hasta un 12% de los costes finales de las obras, una práctica que se ha traducido en ganancias de más de 94 millones de euros en la Ciudad de las Artes—, “la culpa fundamental no es de Calatrava sino de quien lo ha permitido”.

La documentación que ha conseguido consultar el diputado evidencia que los sobrecostes fueron notables en la ejecución de todo el complejo, hasta el extremo de que prácticamente ninguno de sus edificios se ha librado de duplicar los costes previstos en los contratos de adjudicación de las obras. Blanco destacó especialmente el caso del Ágora, un elemento de la Ciudad de las Artes y las Ciencias que todavía está inacabado pero que ya alcanza los 93 millones de euros de coste (sin incluir los 9,3 millones de honorarios de Calatrava), cuando fue adjudicado a una UTE de Lubasa, Cyes y Rover Alcisa en 2006 por 41,3 millones de euros más IVA.

Las denuncias de Esquerra Unida por el “derroche” en el emblemático complejo de ocio de Valencia han suscitado la reacción del propio Calatrava, que salió a defender su obra hace unos días, y de la Generalitat. También del PP valenciano. Ayer mismo, el portavoz parlamentario popular, Rafael Blasco, reiteró las cifras con las que justificó la semana pasada el vicepresidente del Consell, José Ciscar, la inversión de más de 1.102 millones de euros en el complejo: 47 millones de visitantes desde su inauguración, 342 millones de euros de ingresos y 40.000 puestos de trabajo generados. A Esquerra Unida no le parece de recibo lo que ha ocurrido con el más llamativo de los “grandes proyectos” de la Generalitat y su diputado Blanco asegura que exigirá “responsabilidades a quien dio manga ancha a Calatrava de forma injustificable”.

Bruselas certifica la muerte lenta de los estudios Ciudad de la Luz

• La Comisión exige la devolución de los 265 millones invertidos por la Generalitat
• Declara ilegales las ayudas del Consell por vulnerar el principio de la libre competencia
• Europa obligará a la Ciudad de la Luz a devolver las ayudas públicas

Ciudad de la luz

 

La Ciudad de la Luz existe porque la Generalitat invirtió en los estudios cinematográficos de Alicante más de 300 millones de euros. La paradoja es que esas mismas subvenciones pueden suponer el final de los platós que se levantan en Aguamarga. El comisario europeo de la Competencia, el español Joaquín Almunia, le comunicó ayer al presidente del Consell que “la línea” que mantiene la Comisión Europea es que “existe una posibilidad” de que se tengan que devolver esas ayudas. El reembolso a las arcas autonómicas de ese dinero pondría en muy serio riesgo el futuro de los estudios. La Comisión Europea estudia el caso desde febrero de 2008.

Fuentes de la Generalitat se esforzaron ayer en quitar importancia al mensaje que Almunia transmitió al presidente Alberto Fabra, pero lo cierto es que este no pudo ocultar su inquietud tras la entrevista: “Eso [la devolución de las ayudas por parte de la Ciudad de la Luz] nos preocupa”. No es para menos.

La Administración autonómica tiene serios problemas para hacer frente a los vencimientos de crédito que tiene que afrontar por su elevado endeudamiento y cada vez le cuesta más pagar la refinanciación de los mismos. El pasado jueves tuvo que ofrecer un interés del 7% para colocar una emisión de deuda de 500 millones. Si la Ciudad de la Luz, que es una empresa 100% pública, tiene que devolver una cifra que muy probablemente esté alrededor de los 200 millones a las arcas autonómicas, la ya maltrecha economía del Consell puede sufrir un auténtico colapso.

La decisión última de la Comisión Europea se conocerá de forma inminente, probablemente dentro de unos 30 días. Un fallo que culminará un expediente que se abrió hace algo más de cuatro años a raíz de una denuncia.

"Las noticias no son buenas"

“Las noticias no son buenas”. Alberto Fabra salió preocupado de su entrevista con Joaquín Almunia. El presidente de la Generalitat había viajado hasta Bruselas para acudir a la sesión del Comité de las Regiones donde defendió el corredor mediterráneo y enmiendas sobre la Política Agraria Común, varias de las cuales obtuvieron el respaldo de las regiones europeas. Pero el tema más urgente que llevaba en cartera era conseguir mitigar la más que probable sanción de la Comisión Europea por las ayudas a la Ciudad de la Luz.

El conflicto entre los intereses de la Generalitat con Europa comenzó hace cinco años cuando dos empresas del sector cinematográfico, entre ellas la británica Pinewood, el principal estudio europeo, denunciaron al Gobierno valenciano por conceder a la Ciudad de la Luz subvenciones públicas ilegales que distorsionaban la competencia en el sector. Como consecuencia de estas denuncias la Comisión Europea inició una investigación pormenorizada con el objetivo de determinar si las ayudas eran compatibles con las normas de la Unión Europea.

Neelie Kroes, que en aquella época ocupaba el cargo de comisaria de la Competencia, ya manifestó su “preocupación porque la importante financiación pública haya permitido a la Ciudad de la Luz falsear la competencia leal en el mercado europeo de los estudios cinematográficos”. En el expediente abierto en su día por el organismo europeo los fondos públicos dispuestos se cuantificaban en 200 millones, aunque la cantidad última es mucho mayor. José Camarasa, que en aquel tiempo era portavoz socialista de Grandes Proyectos en las Cortes Valencianas, aseguró que el Consell había invertido más de 300 millones de euros en las instalaciones de Aguamarga.

El expediente abierto por Europa hace años está a punto de sustanciarse y, como adelantó ayer Almunia a Fabra, las noticias no son buenas. El presidente de la Generalitat ya adelantó que su gobierno va “a seguir defendiendo los intereses de los valencianos porque nuestros servicios jurídicos nos dicen que obramos correctamente en la concesión de las ayudas. Hemos insistido en que nuestro proceso estuvo amparado por la ley, que no hemos hecho competencia desleal y que no hemos actuado fuera de lo que son los criterios de inversión privada dentro de una economía de mercado”.

El PP señala a Costa como responsable en la causa de la financiación ilegal

• La dirección del partido detalla al juez las funciones del ex secretario general

“GIMENO, TRILERO, DEVUELVE YA EL DINERO”. Decenas de trabajadores de Canal 9 increparon ayer a su exdirector Pedro García Gimeno a las puertas de la Audiencia Nacional. Gimeno negó ante el juez Ruz el amaño del concurso de la visita del Papa y dijo que los regalos de El Bigotes eran “los normales entre amigos”.

La dirección del PP valenciano ha señalado ante el juez que instruye la causa de financiación ilegal de la formación, enmarcada en el caso Gürtel, a su ex secretario general Ricardo Costa como responsable total de la gestión del partido en el periodo investigado: 2004-2009. El escrito remitido al magistrado José Ceres por la formación que preside Alberto Fabra señala que al secretario general le correspondía “la coordinación, a través de los vicesecretarios generales y vicesecretarios ejecutivos, de las áreas de actividad del partido”, así como “la dirección de todos los servicios del partido y la jefatura de su personal”, tal como indicaban los estatutos vigentes en aquel momento.

El ‘ex número dos’ del PP valenciano intentó salpicar a la dirección regional

Costa, que sigue siendo diputado autonómico, está imputado junto a otros destacados miembros del PPCV y de la Generalitat por presunta financiación ilegal —delito electoral— y falsificación mercantil en las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y en las generales de 2008. Según la investigación, ocho empresas constructoras que habían recibido millonarias adjudicaciones de obra civil del Gobierno valenciano sufragaron diversos actos electorales. Dichas aportaciones habrían sido camufladas a través de Orange Market, la empresa de la trama Gürtel en Valencia al frente de la cual estaba Álvaro Pérez, El Bigotes. Los actos electorales del PP los hacía Orange Market, pero en vez de pagarlos el partido los cobraba de las constructoras emitiendo para ello facturas por servicios ficticios, según considera acreditado la Fiscalía Anticorrupción.

El escrito de la dirección regional contiene consideraciones duras hacia quien fuera su número dos. Y responde a uno anterior presentado por Costa ante el juez, en el que solicitaba que se llamara a declarar en calidad de testigo al actual secretario general del PPCV, Antonio Clemente, y que se requiriera al partido una batería de documentos que podrían servir para exculparlo. El magistrado denegó la citación de Clemente, pero accedió a reclamar la documentación.

Uno de los puntos solicitados por Costa consistía en que la dirección regional indicara “las tareas concretas que desarrolla en la actualidad la persona encargada de la gestión ordinaria de la tesorería del PPCV, así como su identificación”.

La respuesta de la dirección, que firma Antonio Clemente, da idea de la tensión que acumula el partido en Valencia: “Cabe en primer lugar preguntarse qué es lo que debe entenderse por ‘gestión ordinaria de la tesorería’, al ser este un concepto jurídico indeterminado”, arranca la contestación.

Más información:

Un testigo confirma el amaño del contrato del viaje del Papa a Valencia, Milagrosa Martínez responsabiliza a los técnicos de los contratos con 'El Bigotes'

A continuación, el PPCV señala que las operaciones “de cobros y pagos” de la formación se realizan a través de una cuenta bancaria del partido en la que actualmente figuran cuatro personas como autorizadas, entre las que se cuenta el secretario general, que es el cargo que ocupaba Costa en el periodo investigado. El escrito señala que bastan “dos firmas indistintas de cualesquiera de ellos” para efectuar una operación.

Entre los autorizados hoy se hallan igualmente otros dos responsables del PPCV imputados en la misma causa de financiación ilegal: Yolanda García, que es tesorera y diputada, y Cristina Ibáñez, administradora. A la dirección no le constan, en cambio, “cuentas autorizadas con su firma por Ricardo Costa” entre 2004 y 2008.

El juez también ha recibido, sin embargo, una comunicación del Santander en la que el banco indica que Costa era apoderado con firma mancomunada (eran necesarias dos) para operar en una cuenta del PP valenciano en los años 2007 y 2008.

 

 

Socios minoritarios de Aqualandia denuncian a la Generalitat por la venta de Terra Mítica

•  Los demandantes acusan al Consell de "prevaricación" y "malversación de fondos públicos" por no sacar las acciones a subasta

Un grupo de socios minoritarios de Aqualandia España S. A., empresa que ha cerrado la compra del 22,31% de las participaciones del Gobierno valenciano en el parque Terra Mítica, ha denunciado al Consell ante la Fiscalía Anticorrupción por dos presuntos delitos de "prevaricación" y "malversación de fondos públicos" al considerar, por un lado, que las acciones de la Generalitat en Terra Mítica debían haber salido a concurso o subasta pública por ser de titularidad pública y según marca la Ley de Patrimonio, y entender, por otro lado, que con esta operación se está procediendo a la "sustracción" de patrimonio público con "ánimo de lucro", lo que podría ser constitutivo de un presunto delito de "malversación de fondos".

Así consta en la demanda interpuesta por algunos de los socios minoritarios del grupo Aqualandia, que está ahora mismo reuniendo los 65 millones necesarios para formalizar la compra del parque temático. Los demandantes, de la familia Puchades, conocidos constructores de la provincia de Alicante, consideran que sus intereses como accionistas minoritarios se ven perjudicados con esta operación de compra-venta que califican de "arbitraria", de "vulnerar abiertamente los principios constitucionales de imparcialidad, de igualdad de oportunidades y de legalidad", así como de "irregular" e "injusta".

En la denuncia, los perjudicados piden a la Fiscalía Anticorrupción de la Comunidad Valenciana que investigue los hechos para "esclarecer la gravedad de los mismos y la relevancia pública de sus responsables, tomándoles declaración como imputados", así como que se acuerde "la suspensión de la venta" de las acciones de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana. Los socios minoritarios piden que se remita además la información al juzgado competente para iniciar un "procedimiento penal" contra los implicados.

#basadoenhechosreales: Rubalcaba vaticinó los recortes de Rajoy

Seis meses después del debate electoral entre Rajoy y Rubalcaba, el PSOE recuerda a través de un vídeo que el líder de los socialistas no erró en sus pronósticos sobre las políticas que desarrollaría el número uno del PP si ganaba, como sucedió, las elecciones.

El vídeo, titulado #BasadoEnHechosReales, recoge imágenes del cara a cara en las que Alfredo Pérez Rubalcaba. “Si usted cuenta lo que tiene en la cabeza, ni sus propios electores le darán el voto”, dijo en alusión a posible subida del IVA que plantearía un Gobierno liderado por el PP. “Con ustedes, la sanidad pública y la educación pública no está garantizada”, zanjó Rubalcaba.

Las 264 páginas con las que el Gobierno del PP desmonta el modelo social en España

Nueva tribuna.es ha tenido acceso al documento que el Gobierno del Partido Popular ha presentado a la Comisión Europea. 264 páginas de un documento que supone un autentico desmontaje del modelo social. El informe recoge las medidas de fuertes recortes que ya ha puesto en marcha el Gobierno y otras muevas programadas para los 'viernes' del 2012 que profundizan en todos los frentes condenando a este país al deterioro económico y social en la batalla ideológica puesta en marcha por el Partido Popular. 

PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS ESPAÑA 2012

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El Plan enviado por el Gobierno de Rajoy a la Comisión Europea, incorpora tanto las reformas que se han venido aprobando desde hace tres meses, como el anuncio de las próximas reformas.

El gobierno comunica a Bruselas que la reforma laboral, que en los próximos días debatirá el Parlamento, supondrá a partir de 2014 un abaratamiento generalizado del factor trabajo.

Sostiene el gobierno que las reformas que se han ido realizando, más la reforma financiara, supondrá una reducción a corto plazo, de 100 puntos básicos de la prima de riesgo.

Para el desarrollo de la línea de financiación para favorecer en las Administraciones Autonómica y Local, el pago a los proveedores, contempla que deberá ir acompañada del necesario Plan de Ajuste, que entre otras cosas incorpore un análisis de los costes de los servicios públicos y la reconducción de los mismos y la modificación de la organización local.

Anuncia que en los 15 grandes Ayuntamientos se deberán ahorrar algo más de 7.500 millones de euros, así como contemplar un incremento de tasas y precios públicos en el ámbito local para alcanzar ingresos superiores a 1.100 millones de euros.

Los Ayuntamientos deberán establecer, allá donde no existan, las tasas de basura, eincrementar la cuantía de las mismas donde éstas ya estén operando.

Se incide en una línea, sobre la que el ejecutivo de Rajoy ya ha venido reclamando decisión a los gobiernos autónomos, para que las Comunidades Autónomas a la hora de elaborar y presentar Presupuestos Económicos que incorporen la reducción de personal.

Con relación a los empleados públicos, insiste en la reducción de las compensaciones complementarias por Incapacidad Temporal, de las dotaciones de los planes de acción social, señala jubilación obligatoria a los 65 años, sin que puedan ser sustituidos, y la reducción de las retribuciones de los conductores en el Parque Móvil.

En materia sanitaria incorpora la reducción de la cartera de servicios, reducción de las sustituciones, ampliación de la jornada laboral, reducción de las guardias medicas, cierre parcial de hospitales y reducción de los planes de atención bucodentales a la población infantil.

En educación mantiene la puerta abierta a la reducción de plantillas, ampliación de jornada e incremento de alumnos por aula y así como la supresión de aulas y programas de convivencia.

Abre un amplio capitulo sobre reducción de las estructuras administrativas por duplicidades y la supresión y fusiones de empresas publicas y fundaciones.

Plantea una inminente reforma del Sistema de Dependencia, que contempla larevisión de las cuantías de ayuda, demorar la incorporación de nuevas personas, crear nuevas formulas de copago y potenciar el papel del sector privado.

La justicia dejara de ser gratuita por el abuso que se realiza de la misma, creándose un sistema de tasas.

Incorpora el desarrollo de un Plan contra el fraude en las prestaciones por desempleo.

Anuncia una Ley de Mutuas.

Plantea una nueva gestión del modelo de transporte ferroviario, basada en la colaboración publico-privado.

El documento deja entrever un nuevo incremento en el precio del gas y de la electricidad.

Se endurece la nota de corte para acceder a las becas universitarias al igual que el acceso a las lenguas extranjeras.

El documento remitido a Bruselas anuncia el incremento de los precios de los peajes, y abre una puerta a la creación de una tasa por utilización de autovías.

Con relación a la función pública anuncia la disminución de la contratación de interinos y la retribución de los empleados públicos durante los 90 primeros días por baja por enfermedad.

Miles de valencianos claman contra “los recortes y las privatizaciones”

• Más de 40.000 manifestantes recorren Valencia, Alicante, Castellón, Elche, Alcoi y Elda

Manifestación 1º de Mayo en Alicante

Alrededor de 25.000 personas, según los cálculos realizados por este diario, han participado esta mañana en las calles de Valencia en la manifestación que, bajo el lema Quieren acabar con todo: Trabajo, dignidad y derechos, conmemora la festividad del Primero de Mayo. La marcha pretende expresar la protesta contra la reforma laboral, así como contra "los recortes y la privatización" de servicios sociales. Según los sindicatos convocantes, han participado 60.000 personas en las manifestación de Valencia.

Las marchas han sacado a la calle, según las cifras aportadas por los organizadores -UGT y CCOO-- un total de 100.000 personas en la Comunidad Valenciana -60.000 en Valencia, 25.000 en Alicante y 10.000 en Castellón--. Frente a estos números, la Policía Local ha cifrado la asistencia en 7.000 asistentes en la ciudad del Turia, 10.000 en Alicante y 1.500 en la capital de la Plana. Por su parte, otras fuentes oficiales han elevado, en declaraciones a Europa Press, estas cantidades a 8.000 en Valencia, 10.000 en Alicante y 3.500 en Castellón. Además, en Alcoi salieron uno 3.000 personas y en Elda, unas 7.000, según los sindicatos.

Los secretarios generales de CCOO PV y UGT PV, Paco Molina y Conrado Hernández, organizaciones que han convocado cinco manifestaciones en la Comunitat, tres de ellas en las capitales de provincia --Valencia, Alicante y Castellón, a las 11.30 horas-- y otras dos en las poblaciones alicantinas de Elche y Alcoi, a las 11.00 horas, han explicado antes de la marcha en Valencia sus criticas a las medidas acometidas por las administraciones.

Medidas que van goteando día a día en forma de malas noticias para los trabajadores. Y precisamente el anuncio del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de que el Consell va a privatizar la gestión de toda la sanidad valenciana, ha sido una de las más criticadas a lo largo de la marcha.

A la manifestación en Valencia, que ha salido de la Plaza San Agustín, se han unido representantes políticos de los grupos de la oposición en las Corts y algún dirigente nacional, como es el caso de la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano.

La marcha se ha abierto con una sonora traca y suelta de globos. Los participantes han comenzado a recorrer el centro de la capital del Turia con sus pancartas y haciendo sonar silbatos.

En sus intervenciones finales, Paco Molina y Conrado Hernández han dirigido unas palabras a los asistentes, en primer lugar de agradecimiento por la participación; y en segundo lugar para pedir que no dejen de reivindicar sus derechos y de exigir lo que les corresponde.

Molina ha explicado el significado del lema de la manifestación: "Trabajo, dignidad y derechos". Respecto al trabajo, ha resaltado que es la primera fuente de la riqueza, de la emancipación y de la prosperidad económica. Por ello, se ha dirigido a los parados y les ha reiterado el compromiso de su sindicato para defender, luchar y buscar su reinserción en el mercado laboral. "Cuantos más parados hay, más dejados de la mano de Dios están", ha dicho.

Conrado Hernández ha criticado que el Gobierno "imponga" duras políticas de recorte y, además, "actúe con cobardía". "Dicen que lo hacen porque es la herencia recibida, porque no hay alternativa. Se esconden, son cobardes. Saben de sobra que hay alternativas, pero lo que ocurre es que esto es cuestión de prioridad política y la política del PP es una política de desigualdad y de destrucción de derechos", ha comentado.

"Nos dicen --ha añadido-- que para no ir a peor, hay que bajar los salarios; que para crecer, tenemos que perder derechos laborales. Quieren que seamos más pobres para que ellos sean más ricos de lo que ya son", ha alertado.

LAS MENTIRAS MASIVAS DEL PP

¿Quién está detrás de la privatización de los sistemas sanitarios?

LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

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Es un documento muy interesante sobre la privatización de la Sanidad Pública sus consecuencias, las mentiras de su menor coste y la verdad de quien esta de detrás de las privatizaciones de la Sanidad.

PRIVATIZAN LA SANIDAD, ¿QUE SERÁ LO PRÓXIMO?

Los políticos del PP valencianos son cínicos, deshonestos no tienen pudor ni vergüenza, han dilapidado, malgastado y saqueado las arcas publicas valencianas, con una nefasta gestión económica y con casos de corrupción vergonzosos como La trama Gürtel, Burgal, caso Fabra, caso Emarsa etc. etc. 

Han gastado miles de millones de euros en  obras faraónicas que no han servido para nada como Terra Mítica, (costó 377 millones de € y se ha vendido por 65 millones un negocio redondo), La Ciudad de la Luz, (costó 300 millones de € y hoy está  a punto de cerrar por quiebra), la Ciudad de las Artes y las Ciencias, (1.300 millones de € con un sobre coste de el 500%), o eventos deportivos internacionales multimillonarios como la Copa América de Vela (2.000 millones de € con las instalaciones abandonadas), la Formula l (35 millones €), el mundial de Motociclismo (4,7 millones de €),  la Volvo Ocean Race, (4,16 millones de €), el Torneo de Tenis Open 500 (3.1 millones de €), Torneo de golf Castellón Master Costa de Azahar (3,1 millones de €) o el viaje del Papa (11 millones de € pagados por la TVV a la trama Gürtel) etc. etc.  Claro está después de haber dilapidado tal cantidad de dinero público, por narices tenemos el mayor déficit público de todas las CC.AA. y además y por añadidura tenemos un paró del 27,32%  tres puntos más que la media nacional.

Con este panorama económico tenemos todas la papeletas para en breve ser intervenidos por el Gobierno de España. Pues bien, estos "señores" no conformes con los recortes tan injustos y salvajes que nos están imponiendo a los valencianos por su mala gestión económica, ahora nos vienen con el cuento de que para ahorrar  unos cuanto millones de euros nos van a privatizar la Sanidad, cosa que por otra parte ya habían conseguido en parte, pero que ahora tienen la excusa perfecta con el déficit y la crisis económica y además buscando el SHOCK de los ciudadanos que les permita desmantelar el Estado del Bienestar para regalar a sus “amiguitos del alma” la Sanidad Pública que tanto nos ha costado conseguir a los ciudadanos. 

Y después de todo lo que nos está pasando a los valenciano  me pregunto ¿hasta cuando vamos a permitir este expolio de nuestro estado del bienestar? Creo que ya ha llegado el momento de decirles ¡BASTA!¡QUE SE VAYAN!,  los  Valencianos nos merecemos otros políticos, políticos que nos gobiernen honrada y honestamente y no corruptos sin escrúpulos que gobierna únicamente por su propio interés.

Terra Mítica: una venta a precio de saldo

• El Consell y las dos cajas venden por 65 millones un parque que costó 377, y en el que dilapidaron fortunas, y ceden un suelo que en su día fue público.

Doce años después de su apertura, y tras un carrusel de vicisitudes que daría para escribir una enciclopedia, Terra Mítica se vende. Y casi a precio de saldo. Lejos quedan aquellos tiempos de oropeles de principios de este siglo, cuando bajo la tutela de Eduardo Zaplana el complejo de Benidorm fue inaugurado con la aspiración de convertirse en el mayor parque temático de Europa y sus gestores vivían en hoteles de lujo y derrochaban en vinos caros y regalos. Ahora, la Generalitat, Bancaja y la CAM, los tres socios de referencia del parque con el 70% de las acciones, respiran aliviados al saber que están a punto de vender sus participaciones a la empresa Aqualandia España S.A. por 65 millones de euros. La cifra es pírrica. El complejo costó al menos 377 millones -hay fuentes que elevan esta cifra a más de 400- y obligó tanto a las entidades bancarias como a la administración autonómica a realizar constantes inyecciones económicas para compensar sus pérdidas. Jamás tuvo los visitantes previstos.

En realidad, los 65 millones de la operación de venta apenas servirán para tapar agujeros: equivalen, más o menos, a la deuda acumulada por el parque entre 2006, cuando se levantó una suspensión de pagos, y 2010. Y en realidad, tampoco se sabrá con exactitud la cantidad de fondos que las arcas públicas del Consell destinaron a esta auténtica quimera, digna de otros tiempos, cuando no había ninguna crisis que pusiera freno al gasto del dinero de los contribuyentes.

La Generalitat comenzó a invertir en el parque antes de su construcción: en 1997 expropió alrededor de 10 millones de m2 con el fin de crear un gran área lúdica con Terra Mítica como epicentro. La cosa ya fue mal desde entonces. Con una triple excusa -buena parte de esa superficie había sido arrasada por un incendio en 1992, los terrenos estaban catalogados como "no urbanizables" y la operación se calificó de "interés general"-, la administración autonómica pagó por las expropiaciones forzosas precios a la baja. Sin embargo, posteriores sentencias del TSJ le obligaron a elevar aquel desembolso en 73 millones de euros más de los previstos.

En aquellos terrenos se ubicaron campos de golf, el complejo Terra Natura, hoteles de lujo y el propio parque temático en sí, que ocupó cerca de un millón de m2 que están a punto de acabar en manos privadas en su totalidad a través de dos procesos: uno, el que va a concretarse ahora con el desembarco de Aqualandia, toda vez que la compra de las acciones de los tres socios de referencia incluye también el control sobre los aproximadamente 750.000 m2 de suelo que ocupan las atracciones. Es verdad que éste ya estaba en manos de una empresa -Parque Temático de Benidorm y Finestrat- pero al fin y al cabo esa mercantil tenía participación de la Generalitat y hasta verano de 2010 la gestión también fue pública. Cuando se concrete la venta a Aqualandia, ya no será así de ningún modo.

El segundo proceso afectó a otros 216.000 m2 que también eran propiedad de Terra Mítica y que se habían reservado para una hipotética expansión del complejo que nunca se podrá llevar a cabo. Porque en julio de 2006, con el fin de hacer frente a la angustiosa situación del parque, que se encontraba en suspensión de pagos desde hacía dos años, bordeaba la quiebra y arrastraba una deuda de 240 millones de euros, sus gestores decidieron vender esos terrenos a través de una subasta que se adjudicó una empresa del promotor Enrique Ortiz por 85 millones. Con la intervención de Ortiz, quien por cierto luego vendió la mitad de esos terrenos a dos empresas por 42 millones, se abrió otro capítulo de la rocambolesca historia urbanística del parque: el suelo sobre el que se asienta el mismo sigue siendo hoy "no urbanizable", pero siempre se toleraron los usos turísticos para los que fue destinado. Sin embargo, el conocido empresario alicantino logró aún más "tolerancia": obtuvo del Consell dos modificaciones de esos usos, primero para poder construir en los terrenos apartamentos turísticos, y después para aumentar la densidad urbanística de los mismos.

Más allá de todas esas tribulaciones -y también de los dos procesos judiciales vinculados al parque con investigaciones por presunto fraude fiscal-, lo cierto es que a lo largo de estos últimos doce años el complejo también naufragó en su principal cometido que, para que nadie lo olvide, era turístico, era captar clientes. En este sentido, la lista de infortunios también es dilatada: su construcción a toda prisa en 1999, que acabó costando 96 millones más de los previstos; la inauguración en julio de 2000, con presencia del príncipe Felipe y algunas atracciones sin funcionar; la estéril entrada de Paramount en 2002, que costó otros 4,2 millones; la dimisión del director general John Fitzgerald en 2008, una anualidad en la que el recinto acumuló pérdidas por 15 millones; el enfrentamiento político en el seno del PP después de que los zaplanistas, padres de la criatura, criticaran la posterior gestión del gabinete de Camps; o el clamor de los hoteleros exigiendo un gran pacto que ayudara a reflotar la situación.

Ahora, Aqualandia quiere devolver a Terra Mítica el prestigio perdido. Lavar su imagen. De hecho, está en eso desde agosto de 2010, cuando comenzó a gestionar, a través de la mercantil de su propiedad Ocio y Parques Temáticos, las instalaciones a través de un contrato de arrendamiento con una opción de compra que es la que, como confirmó ayer la consellera de Turismo, Lola Johnson, está a punto de cristalizarse. Para hacerlo, Aqualandia ha ampliado su capital social en 31,76 millones.

Durante su año y medio de gestión, Aqualandia, controlada por el empresario francés Georges Pierre Santa-Maria, ha renovado las atracciones, ha disminuido pérdidas -aunque aún son demasiadas- y ha aumentado visitantes -aunque no son suficientes-. También ha reducido a menos de 200 trabajadores la plantilla después de dos expedientes de regulación de empleo.

En su nueva aventura, la empresa no estará sola. Si bien, el Consell y las dos cajas se van, no harán lo mismo los pequeños accionistas, cuyo número asciende a 280 y que tienen un 30% de las participaciones del parque que han decidido mantener. No quieren perder la inversión realizada en el mismo y confían en que la gestión de Santa-Maria ayude al complejo a levantar el vuelo. Eso sí, será el empresario galo el que a partir de ahora estará a los mandos de todo.

"Vamos a seguir al pie del cañón"

El empresario Francisco Ronda, portavoz de los pequeños accionistas que seguirán ligados al parque, señaló que "estaremos al pie del cañón para defender a capa y espada Terra Mítica y lograr que se convierta en un atractivo turístico para Benidorm". "Estamos aquí por eso, no por negocio". Ronda confió en que la entrada de Aqualandia sirva para cumplir con ese objetivo, "aunque los dos primeros años serán duros", y señaló que ya ha mantenido conversaciones con Santa-Maria. De estos empresarios, algunos de peso, partió la idea de crear el parque que, eso sí, se configuró después con la estructura actual, con lo que no participaron en las grandes decisiones de su gestión.

Declaran los primeros imputados por la financiación del PPCV

• Jorge Guarro, Isaac Vidal y Dora Ibars, tres altos cargos de la Generalitat, comparecen hoy

Francisco Camps y Alvaro Pérez "El bigotes"

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana acoge hoy las primeras declaraciones de imputados en la causa abierta por supuesta financiación irregular y delito electoral del PPCV relacionada con la trama Gürtel.

Los primeros en comparecer ante el magistrado instructor serán el jefe de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo, Jorge Guarro, citado a las 9.30 horas, y el exjefe de área de Mercados de este organismo Isaac Vidal, llamado a las 12.15 horas.

Posteriormente, a las cuatro de la tarde, le tocará el turno a la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars.

Los tres figuran como imputados en una causa que tiene su origen en la investigación iniciada por la Audiencia Nacional en 2009 sobre una presunta trama de corrupción, la red Gürtel, cuyo avance dio lugar a piezas separadas en distintos órganos judiciales.

Dos de estas piezas recayeron sobre el Tribunal Superior de Justicia valenciano: la primera, conocida como "la causa de los trajes", concluyó el pasado mes de enero con la absolución de Francisco Camps y Ricardo Costa; la segunda avanza en su instrucción con el comienzo de las declaraciones.

El magistrado la ha dividido en tres piezas: supuesta financiación irregular; presunto delito electoral en los comicios de 2007 y 2008; y posible prevaricación en la contratación de la Generalitat con Orange Market por el pabellón de Fitur entre 2005 y 2009, en la etapa de gobierno de Francisco Camps.

Entre mañana y el 30 de mayo prestarán declaración ante instructor una treintena de imputados, entre los que figuran los responsables de la red corrupta, empresarios y varios cargos del PP, entre ellos seis diputados autonómicos.

Las declaraciones previstas para esta semana se completarán mañana con la exadministradora de varias empresas de la trama, Isabel Jordán, y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, condenado en la "causa de los trajes" por aceptar regalos de la red que dirigía Francisco Correa.

El Consell paga 35 millones más por la F-1 que iba a costar cero euros

• Un cambio presupuestario revela que la deuda de Valmor supera los 41 millones



Francisco Camps saluda a Jorge Martínez 'Aspar' en presencia de Francisco Roig y José Luis Olivas en 2008.

El Consell ha tenido que pagar otros 35 millones por la organización de la carrera de fórmula 1 en el circuito urbano de Valencia. Un evento que anunció en 2007 el entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps y que, según se hartaron de pregonar los populares con Ricardo Costa a la cabeza, iba a tener un coste cero.

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicó ayer una modificación de crédito por la que detrae 34,8 millones de euros de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana para pasarlos a la empresa Circuito del Motor, que gestiona las instalaciones de Cheste.

Este dinero se destinará a cubrir las deudas heredadas de Valmor Sports, la sociedad participada por Jorge Martínez Aspar, Bancaja y el propietario del Villarreal CF, Fernando Roig. Esta firma tenía los derechos para organizar el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 y fue comprada por el Consell el pasado 9 de diciembre al precio simbólico de un euro.

En los presupuestos de 2012 de Circuito del Motor ya se destinaron seis millones de euros para cubrir deuda de Valmor, que sumados a los 35 adicionales alcanzan ya un total de 41 millones de euros.

Fabra reordena los grandes eventos sin dar cuenta de la gestión hecha

El dinero para asumir las deudas que arrastra Valmor Sports completa el proceso de reordenación de la fórmula 1 por parte del Consell que dirige Alberto Fabra. El presidente de la Generalitat constató desde un principio que el evento del que había hecho bandera Camps era insoportable económicamente.

Así, buena parte de los esfuerzos se han dirigido a intentar reducir el coste de la carrera de fórmula 1 que se celebra en Valencia, lo que lo ha distanciado de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Fabra y su vicepresidente José Ciscar han rebajado el gasto con tres actuaciones. Primero, el Consell aceptó la oferta del Gobierno catalán de alternar cada año el premio de fórmula 1 en España. Segundo, han roto el contrato que tenía Canal 9 para retransmitir las carreras del campeonato de fórmula 1 en valenciano. Y, tercero, han acabado con los intermediarios que Camps utilizó como pantalla para justificar que la carrera de coches “no le iba a costar a las arcas de la Generalitat ni un solo euro”. A cambio, eso sí, Fabra se ha tenido que hacer cargo de los 41 millones de deudas acumulados por Valmor Sports. Y todo ello sin dar cuenta de la gestión realizada en un evento que ha ofrecido notables réditos electorales al Partido Popular.

Los socialistas, a través del diputado José Manuel Sánchez, afirmaron ayer que la modificación presupuestaria “desenmascara una nueva mentira de la Generalitat y del PP y supone un duro castigo para el sector turístico, que ha visto reducidos sus presupuestos en más de un 30%”.

Valmor acumuló deudas desde la primera carrera hasta su venta en diciembre.

“Dijeron que iban a comprar Valmor Sports por un solo euro, lo que al final ha sido una mentira más”, dijo Sánchez, que recordó que el presupuesto de la Agència Valenciana de Turisme para este año se ha quedado en 44 millones de euros”.

Los grupos de la oposición han solicitado, hasta ahora sin éxito, acceder a los contratos y las cuentas de la fórmula 1.

Valmor Sports firmó con el patrón de la Formula One Administratio Limited, Bernie Ecclestone, el contrato para organizar las siete ediciones de la carrera entre 2008 y 2014. Tan solo llegó a abonar el canon correspondiente a la primera carrera celebrada en Valencia, ya que al año siguiente asumió el pago de los 20,5 millones de euros la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, perteneciente a la Generalitat.

Valmor Sports incorporó a finales de 2007 a Vicente Cotino, sobrino del presidente de las Cortes, a través de la sociedad Worldwide Circuit Management, pero los costes de la carrera fueron inasumibles para esta sociedad desde el primer día. Y ello, pese a que las obras de acondicionamiento del circuito urbano de Valencia corrieron a cargo del erario público, que también asumió trabajos necesarios para la organización de la carrera.

Valmor ya cerró 2008 con unas deudas de 15,8 millones, según los datos depositados en el Registro Mercantil, que al año siguiente (2009) ya ascendían a 25,7 millones. Las inyecciones de dinero realizadas por la Generalitat a través de la sociedad Circuito del Motor han permitido saber que dos años después las pérdidas se habían doblado y ahora se cubrirán a cargo del erario público.

Definitivamente si el Consell gobernado por el PP se sigue empeñando en mantener grandes eventos como la F1 que no puede asumir debido a la descomunal deuda que acumula más 4.000 millones de euros, la más grande de las CC.AA. y  prefiere seguir recortando en Sanidad y la Educación  a los ciudadanos, esta situación puede desencadenar por una partes el descontento social y graves incidentes con los ciudadanos y por otro lado y debido a la quiebra en que nos encontramos, la intervención de nuestra comunidad por parte del Estado de la Nación, lo que sería nefasto para el auto-gobierno de los valencianos que perderíamos todas las competencias que hoy disfrutamos.

La asistencia sanitaria a partir de ahora

¿Qué medicamentos quedarán fuera? No se sabe. Va a haber dos vías para sacar fármacos de la financiación pública. Por un lado, se excluirán los obsoletos, cuya función ya ha sido superada por otros más modernos. Esto no debe de suponer ningún ahorro, ya que si se han quedado anticuados lo lógico es que no se estén usando. El otro es el que se refiere a medicamentos para síntomas leves. No hay una lista. Lo que sucede actualmente es que hay algunos preparados (antidiarreicos, antitusivos) que están catalogados de dos maneras: como medicamentos de prescripción (con receta) y de venta libre. El propósito de Sanidad es dejarlos en un solo grupo, los de venta sin receta (que así no tiene que subvencionar la Administración). El problema es que hay productos que sirven a la vez para síntomas leves y para otros más graves, indican fuentes de la patronal de los medicamentos sin receta, Anefp. Por eso habrá que ir caso a caso.

¿Qué copago habrá para ambulancias, prótesis y dietoterápicos? La escala que fija el real decreto es la misma que para medicamentos. Pero en estos casos no va a haber un tope de copago para el usuario. Lo que se desconoce es cómo actuará cada comunidad. Ya hay copago para estos productos o servicios en muchas de ellas. En unos casos es mayor, y en otros, menor. El decreto solo puede fijar el mínimo que subvenciona la Administración (el 90% en el caso de pensionistas, por ejemplo), pero una comunidad puede financiar el resto. Eso sí, tendrá que informar de ello. Lo mismo sucede si una comunidad quiere dar más prestaciones que las de la cartera mínima común (por ejemplo, pagar las gafas de todos). En ese caso lo pagará con sus medios, no con fondos del Estado.

¿Habrá que renovar la tarjeta sanitaria? No. El cruce de datos con Hacienda para ver cuánto tiene que pagar cada uno será invisible para el usuario. El nivel de renta quedará en los ordenadores de las Consejerías de Salud, y, en función de eso, se calculará lo que se abona por los medicamentos.

¿Cuánto deben pagar los pensionistas? En general (los que ganen hasta 100.000 euros), el 10% del precio de los fármacos. Pero ese copago tiene un tope mensual: si excede de 8 o 18 euros al mes (según la escala de renta) la diferencia será reembolsada por las comunidades, que tienen seis meses para hacerlo. Por ejemplo, si gasta 200 euros en medicamentos, paga 20. Si su tope es de 8 euros, los 12 restantes tendrán que devolvérselos antes de seis meses. Con rentas por encima de 100.000 euros, el pensionista paga el 60%, pero nunca más de 60 euros al mes.

¿Y quien no tenga ingresos? Como hasta ahora, cabe la posibilidad de que acuda a la Seguridad Social con el certificado correspondiente de Hacienda para que, si es español o extranjero con papeles, le den la tarjeta.

¿Quiénes quedan fuera? Hay dudas sobre qué pasará con personas de más de 26 años que nunca hayan cotizado (estudiantes, rentistas, grupos como algunos monjes y monjas). Sanidad dice que habrá una solución.

¿Y los extranjeros? Solo tendrán tarjeta sanitaria los que residan legalmente en España. Al resto solo se les tratará en urgencias, aunque puede haber excepciones, como los enfermos infecciosos.

Johnson confirma que la compra de Terra Mítica está ´en la recta final´

• La consellera afirma que Aqualandia está ultimando los detalles para concluir la operación

La consellera de Turismo, Lola Johnson, ha confirmado este miércoles que se está "en la recta final" de la compra de Terra Mítica por parte de Aqualandia España S.A, que en estos momentos gestiona el complejo lúdico de Benidorm (Alicante) en régimen de arrendamiento.

Al respecto, tras la reunión de la Comisión Interdepartamental de Turismo, ha señalado que la compra de Terra Mítica es "un tema que está cerrado y zanjado" y que en estos momentos "se está ultimando".

"Está en la recta final y es una empresa que está trabajando allí la que se hace cargo", ha apuntado.

Johnson ya informó, el pasado 6 de diciembre, de que la Generalitat había vendido a Aqualandia la participación de la empresa Sociedad de Parques Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) en Terra Mítica --22,31%-- por 65 millones de euros, de los cuales 15 ya se han invertido en el parque y el resto se destinará a resolver la "deuda histórica" de la entidad.

¡Si señor magnifica gestión del PP valenciano,! la construyó con nuestros impuesto y ahora la malvende por cuatro chavos. Por culpa de estos "grandes gestores" somos la comunidad con más déficit de España y estamos a punto de ser intervenidos por el gobierno de España.

Los socialistas llevan al fiscal toda la depuración de aguas valenciana

• Martínez asegura que el saqueo de la depuradora de Pinedo "no es un caso aislado"
• "El mismo patrón se está repitiendo de manera generalizada en todo el sistema"

 

 

 Carmen Martínez explica la denuncia ante la Fiscalía  

“El de la depuradora de Pinedo no es un caso aislado”, ha señalado esta mañana la diputada socialista y secretaria general del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, Carmen Martínez. “El caso Emarsa ya es elcaso Epsar”. Martínez ha anunciado en las Cortes Valencianas que su grupo presentará hoy o mañana una denuncia ante la fiscalía de Valencia sobre todo el sistema de depuradoras gestionado por la Generalitat a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), cuyo exgerente, José Juan Morenilla, y exdirector de explotación, Ignacio Bernácer, están imputados por el juez Vicente Ríos, que investiga el saqueo de la depuradora de Pinedo.

Martínez ha revelado que Enrique Albors Camps, actual gerente de la depuradora de Pinedo, cuya explotación se otorgó a Aguas de Valencia tras la liquidación de la sociedad pública Emarsa, procede de Incivsa, SL, empresa que en unión temporal con Iva Leying tiene adjudicado el control y la supervisión de la explotación de depuradoras de la zona 3, que incluye la planta metropolitana de Valencia. También está en esa UTE Juan Carlos Girbés, una persona vinculada asimismo a Aguas de Valencia, la empresa explotadora de Pinedo. Otra relación que ha destacado es la de Consomar y Red Control, empresas relacionadas por la presencia en ambas de Miguel Ángel Martínez Muro, que a su vez es hermano de José Luis Martínez Muro, la persona que sustituye a Morenilla al frente de la Epsar como gerente. Un hermano habría participado, por tanto, en la concesión de zonas de control a sociedades en las que participa el otro.

La diputada ha explicado que las empresas que estuvieron encargadas del control de Emarsa en los años en que se produjo el saqueo millonario que investiga el juzgado número 15 de Valencia, precisamente Consomar, hasta 2005, y Red Control, hasta 2009, han vuelto a ser adjudicatarias a partir de 2009 de la supervisión de depuradoras en otras zonas pese a lo ocurrido.

“El mismo patrón de Emarsa se está repitiendo de manera generalizada en todo el sistema”, ha destacado Martínez, quien ha explicado a los periodistas un gráfico en el que se revelan las conexiones entre empresas explotadoras y empresas controladoras de las depuradoras y en el que se refleja un reparto en la explotación de las estaciones de depuración en el que Aguas de Valencia cuenta con el 52%, Facsa con el 25%, Aguas de Barcelona con el 15% y otros, como Aqualia o Lubasa, con el resto. A facsa es precisamente donde se fue a trabajar José Juan morenilla cuando dimitió como gerente de la Epsar tras estallar el escándalo de Emarsa. La diputada socialista recordó que desde la entidad dependiente de la Generalitat Morenilla otrogó contratos a Facsa por más de 30 millones de euros.

La parlamentaria del PSPV-PSOE señaló que en el sistema que su partido denuncia ante la fiscalía Morenilla “ha manejado unos 4.000 millones de euros” y que “al menos tres de los cinco principales imputados del caso Emarsa” han declarado ante el juzgado que las irregularidades se extendían a la gestión de las depuradoras desde la Generalitat. Esas irregularidades, en el caso de Emarsa, consistían presuntamente en que desde la Epsar se hinchaban los precios que la Generalitat pagaba a la sociedad pública dependiente de la Entidad Metropolitana de servicios Hidráulicos (Emshi) por el tratamiento de lodos de la depuradora de Pinedo.

Martínez ha vuelto a insistir en la responsabilidad que el que fuera consejero de Meido Ambiente y hoy es presidente de las Cortes, Juan Cotino, tienen en lo ocurrido y ha ido. Incluso, más allá, ya que ha señalado que Manuel Reyes, de la UTE Iva Leying-Incivsa, que tiene hoy en día adjudicado el control de la depuradora de Pinedo, está vinculado con las empresas de la familia Cotino. El actual presidente de la Cortes era el consejero del área y, por tanto, presidía la Epsar cuando se concedió a esa UTE la supervisión de la zona 3.

“Desde la Epsar no sólo se gestionó Emarsa”, ha apuntado Martínez. “La entidad gestiona la 460 depuradoras valencianas”. En su opinión, la negativa del PP a que comparezcan ante la comisión de investigación de Emarsa los responsables políticos y el rechazo a que se estudie en ella la documentación de la Epsar “inducen a pensar que se están ocultando muchas cosas”.

Los socialistas optan por llevar a la fiscalía sus sospechas de que se han inflado los costes de la depuración de aguas en otras depuradoras porque consideran que el juez Vicente Ríos centra su trabajo sobre el caso Emarsa.