Hacienda y la policía acreditan ante dos jueces la financiación ilegal del PP

• Los magistrados Ruz y Ceres reciben nuevos informes sobre la trama corrupta. El dinero opaco de empresas acabó pagando mítines de Aguirre, Camps y Rajoy

El círculo no está todavía cerrado. Pero el Ministerio de Hacienda y la policía están encajando las piezas del complicado puzle de la supuesta financiación ilegal del PP, aquella que, según los indicios, sirvió entre 2007 y 2008 para pagar actos electorales del ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la entonces y aún presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y del que fuera presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps.

El análisis de la contabilidad de las sociedades de la trama y la del propio PP está estrechando el círculo de la investigación ordenada por los jueces de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Ceres, que instruyen la causa Gürtel.

Hacienda y la policía han enviado en las últimas semanas a los jueces informes que apuntalan este desvío irregular de fondos al PP. Y se basa en dos ámbitos. Por un lado, la propia red corrupta que dirigía Francisco Correa, gran beneficiaria (directa o indirectamente) de adjudicaciones no siempre regulares y que compensó con dinero o regalos a sus aliados políticos. Por otra parte, la misma trama aprovechó a otros beneficiarios de concesiones y contratos de la Administración pública para cobrarles las deudas que el propio PP adquirió con la red Gürtel por prestación de servicios y organización de eventos.

Lo que aún no se ha definido es si fue la propia trama la que exigió a los empresarios que saldaran las deudas del PP o fue el partido el que señaló que eran estos a quienes se debían cobrar esos pagos. O es que los límites entre unos y otros se disipaban ya que, tal como aseguró el exconcejal que denunció el caso, “Correa era el séptimo hombre con más poder en el Partido Popular”.

Una de esas empresas que supuestamente financió al PP aparece, además, como cobradora de facturas por un importe de 600.000 euros a un Ayuntamiento popular, no solo sin mediar contrato ni adjudicación sino que los servicios que dice haber prestado no se han certificado. De los informes que hasta ahora se han aportado a la causa, la investigación sostiene que en el año 2007, el PP de la Comunidad Valenciana ocultó al fisco gastos por importe de 2,5 millones de euros y que, además, hay “terceras personas” que habrían pagado, a través de la empresa Orange Market (filial de Gürtel en Valencia), actos electorales de esta formación.

Los documentos indican también que el importe de los servicios prestados por la trama a lo largo de 2008 en decenas de actos electorales del PP se eleva a 1,7 millones de euros. Sin embargo, la firma Orange Market solo cobró a la formación 612.322 euros, es decir, un poco más de la tercera parte.

En el caso de Madrid, la evaluación de la contabilidad de las sociedades de la trama topó con que la fundación Fundescam emitió a la red corrupta facturas de trabajos en los que “el cliente real era el Partido Popular”. Esta es una fundación del PP de Madrid que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados que acabaron financiando campañas electorales. La detección de este desvío de dinero cayó en saco roto ya que el posible delito había prescrito pero, ante las evidencias, el juez ordenó la revisión de las cuentas en 2007 y 2008, años en los que se celebraron varias elecciones, y ante la posibilidad de que se hubiera repetido el mismo modus operandi con delitos que no habrían prescrito.

Han pasado tres años desde que se inició la investigación de los manejos de la más extendida trama de corrupción, la red Gürtel. Respecto al PP valenciano, la policía, hasta ahora, había presentado informes que indican que una de las sociedades a las que se acusa de financiar ilegalmente al PP, Facsa, pagó al partido hasta 470.000 euros, a través de las firmas Orange Market y de Easy Concept, entre 2006 y 2007.

La investigación atribuye a otro de los empresarios imputados, Enrique Ortiz, el pago de 300.000 euros. Los últimos informes señalan que los pagos del resto de empresas acusadas de financiar ilegalmente al partido de los populares valencianos son Sedesa, con una aportación de 150.684 euros; Grupo Vallalba, con 199.520 euros, y Lubasa, con 110.200 euros.

A todas ellas hay que unir la sociedad Piaf, ahora en concurso de acreedores, que podría haber abonado 27.000 euros para gastos del Partido Popular. Sin embargo, a esta firma se le atribuye otra operación irregular de mayor calado ya que facturó al Ayuntamiento de Vila-real un total de 600.000 euros por trabajos que según los departamentos y funcionarios responsables de dichos departamentos para los que se trabajó, no se realizaron. Esta empresa, además, fue concesionaria del Ayuntamiento de Castellón, al que facturó, durante siete años, 19 millones de euros por servicios y obras realizados al margen de los contratos, sin que hubiera una consignación presupuestaria para ello, ni fiscalización previa, ni un procedimiento de contratación reglado.

Entre los primeros informes remitidos a los jueces, figuraba uno de los elaborados por la brigada antiblanqueo del Cuerpo Nacional de Policía que indica que estas sociedades lograron cerca de 800 millones de euros en contratos solo del Gobierno valenciano que presidía el popular Francisco Camps en concursos a los que se presentaron solos o junto a otras empresas.

El problema no son los mercados financieros



Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 35 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España

Una de las conceptualizaciones de la realidad económica que está más generalizada en la cultura mediática y política del país, incluyendo en amplios sectores de las izquierdas, es la de dividir el panorama político existente hoy en el mundo entre las derechas, a las cuales se les asume estar a favor de los mercados y en contra de las intervenciones de los Estados, y las izquierdas, que están más a favor del Estado y de su intervencionismo que a favor de los mercados. Según tal interpretación, el punto divisorio del espectro político es cómo las fuerzas políticas perciben al Estado. Las derechas ven al Estado, como decía el presidente Reagan, el gurú político de los neoliberales, como “el problema”, mientras que las izquierdas lo ven como “la solución”.

Este análisis de la realidad aparece ahora en la versión de la crisis percibida por amplios sectores de las izquierdas, que la ven causada por los mercados financieros. Así, autor tras autor subrayan la centralidad de los mercados financieros como los responsables de la situación actual. En realidad, existe casi un consenso entre autores de derecha y autores de izquierda, que tales mercados financieros son los que configuran el orden internacional. La única diferencia entre ellos es que mientras los primeros, las derechas, lo celebran (atribuyéndoles haber traído un gran progreso al mundo en los últimos quince años), los segundos, las izquierdas, lo lamentan (considerándoles responsables de la crisis). Pero por lo demás, los dos espectros políticos –derechas e izquierdas- parecen coincidir: los nuevos amos del mundo son los mercados financieros. En esta interpretación, los Estados casi han desaparecido. Y el intento de las izquierdas es ahora recuperarlo.

El problema con tal consenso es que es profundamente erróneo. Y es fácil de demostrarlo. Comencemos por lo que pasó durante el gobierno Reagan de EEUU, supuestamente el gobierno más neoliberal que aquel Estado haya tenido, aunque los datos muestran una situación muy diferente. En realidad, la Administración Reagan fue una de las más intervencionistas que EEUU haya tenido. El gasto público del gobierno federal aumentó considerablemente (a través, predominantemente, del gasto militar) y los impuestos (aunque bajaron para el 10% de renta superior del país) subieron para la gran mayoría de la población, siendo tal gobierno el que subió los impuestos de manera más acentuada en tiempos de paz en aquel país. Tales datos hablan por sí mismos. La Administración Reagan fue claramente intervencionista, aumentando considerablemente su sector público. Disminuyó el gasto público social, pero aumentó muy espectacularmente el gasto militar (como bien dijo el Secretario de Defensa, Caspar W. Weinberger, EEUU desarrolló la política industrial más avanzada de los países de la OCDE, a través de la inversión militar). Además bajó los impuestos de los ricos y de los súper ricos, pero los subió a todos los demás.

Las instituciones públicas del establishment europeo

Otro ejemplo es la crisis actual. Los Estados han gastado como nunca antes lo habían hecho a fin de salvar a la banca, tanto en EEUU como en la UE. Desde diciembre, el Banco Central Europeo, el BCE, se ha gastado la friolera cantidad de un billón de euros públicos ayudando a la banca (la mitad de ello a los bancos españoles e italianos). El BCE es Estado, es decir, es una autoridad pública, que es a la vez la que determina los intereses de la deuda pública. Estos intereses no los determinan los mercados financieros (repito, no los determinan los mercados financieros), sino el BCE. Cuando no compra la deuda pública, los intereses suben y cuando la compra, bajan. El BCE tiene el poder de controlar los intereses de la deuda pública. El hecho de que los intereses de tal deuda se hayan disparado no tiene nada que ver (repito, nada que ver) ni con el tamaño del déficit ni con el de la deuda pública, sino con el hecho de que el BCE no ha comprado desde hace ya tres meses deuda pública, y no la ha comprado a fin de forzar al gobierno español a “hacer los deberes” que son, según el BCE, la reducción de la protección social y de los salarios, siguiendo el proceso que mi amigo Noam Chomsky ha definido correctamente como la guerra de clases unidireccional del capital (hegemonizado por el capital financiero) contra el mundo del trabajo.

Hoy, el sistema financiero europeo está centrado en el capital financiero alemán, que se está beneficiando enormemente de la situación actual. Estamos viendo un flujo de capitales de la periferia (de los países llamados en los círculos anglosajones como GIPSI -Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia-) hacia el centro, que está descapitalizando la economía de estos últimos. Sólo en los últimos tres meses, 98.000 millones de euros han dejado España (equivalente a un 9% del PIB español), buscando lugares mas seguros (Financial Times – 06.01.12). Entre ellos está Alemania, cuyos bonos públicos del Estado se consideran segurísimos (con lo cual los bonos a diez años pagan unos intereses bajísimos de 1,56%). Existe una acumulación de capital en Alemania a costa de la descapitalización de los países GIPSI. Y todo ello se realiza a través de las políticas que la troika (Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional) está imponiendo a los Estados, sin que haya existido ningún mandato popular para ello. (No es sorprendente, pues, que en la última encuesta Pew Global Attitudes sobre como la población de varios países de la UE valora la creación de la Eurozona, sólo en Alemania la mayoría de la población aprueba tal integración económica. En los países GIPSI la desaprobación es generalizada. Financial Times. 06.01.12).

Las políticas públicas del establishment europeo

Esta situación está contribuyendo también a una grave crisis del sistema bancario periférico (estimulado en España por el colapso de Bankia). De ahí que la troika esté ahora presionando para que se transfieran fondos del European Stability Mechanism –ESM- (que, por cierto, no ha sido todavía aprobado por los 17 países de la Eurozona, destinados en principio a apoyar a los Estados en situación difícil) a fin de ayudar a la banca, añadiéndose así más fondos de ayuda pública a estas instituciones bancarias. (En España, hasta este momento, la ayuda pública a la banca alcanza una cantidad equivalente al 10% del PIB español, ayuda que no ha significado el mejoramiento en la disponibilidad del crédito, una de las razones sociales de su existencia). Y aunque las izquierdas gobernantes en la UE han contribuido a esta situación (los gobiernos del canciller Schröder y el Primer Ministro Blair jugaron un papel clave en desarrollar este sistema de intervención pública para ayudar a la banca), han sido las derechas (Merkel-Sarkozy-Rajoy) las que han acentuado todavía más el intervencionismo público para favorecer intereses financieros particulares.

Todos estos datos muestran que el debate no debería ser sobre si Estado o no Estado, sino sobre el tipo de intervención del Estado y para el beneficio de quienes son estas intervenciones del Estado.

Hay que entender que hoy los Estados continúan jugando el papel clave en la configuración de la crisis. El Estado alemán, instrumento del capital financiero, está configurando, con la ayuda de los Estados periféricos (instrumentalizados por intereses financieros locales) cambios orientados hacia transformar la Europa Social en la Europa Neoliberal. Hablar de los mercados es un escapismo que pone el centro de la atención en los síntomas en lugar de las causas de la crisis actual, la guerra de clases unilateral. No es sólo la burguesía en contra de la clases trabajadora (aunque este conflicto continúa existiendo) sino el dominio por parte de una minoría (el capital, centrado en el capital financiero, en contra de la gran mayoría de la población). Y las minorías están entrelazadas en lo que Jeff Faux, el fundador del Economic Policy Institute de Washington, llamó en su día la alianza de las clases dominantes a nivel internacional. El problema es que tal alianza existe entre las élites gobernantes, pero no entre las clases populares.

Las universidades españolas ya son de las más caras de Europa

Un estudio del Observatorio del Sistema Universitario demuestra que los alumnos pagan entre el 19% y el 20% del coste de sus estudios. 

Los universitarios españoles pagan, de media, entre el 19 % y el 20 % del coste de sus estudios. Se trata de uno de los precios más altos de la Unión Europa (UE), según un informe del Observatorio del Sistema Universitario. Con las excepciones de Portugal, Holanda, Italia, Irlanda y el Reino Unido, la posición del sistema universitario español se sitúa en la franja más alta, por lo que se refiere a lo que paga cada curso el estudiante, según el estudio.

El documento estima que el nivel de contribución de los estudiantes españoles es "alto" en términos comparativos con otros países de nuestra área cultural europea, especialmente teniendo en cuenta aspectos como la práctica inexistencia de becas-salario, el nivel "modesto" de las becas de estudio y su "limitada" cantidad.

Así, mientras en Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y la República Checa los estudios son gratuitos, en Francia un estudiante pagaba unos 300 dólares (240 €) en el curso 2008-2009, en Bélgica 580 (464 €), en Austria 853 (683 €) y en España, 1.038 (832 €), de media.

Por autonomías, los estudiantes catalanes contribuían con el 15,19% el citado curso a la financiación de la actividad docente, sin considerar tasas, un porcentaje bajo frente a otros territorios, como Andalucía (20,91 %), Asturias (21,66 %), Balears (24,65 %), Castilla-León (20,15 %), Extremadura (29,92 %), Madrid (22,71 %) y Murcia (26 %). En la franja baja estaban en el curso 2008-2009 también Aragón (18,11 %), Canarias (18,42 %), Cantabria (16,17 %), País Valencià (16,76 %), Galicia (18,91 %), Navarra (18,47 %), País Vasco (17,02 %) y La Rioja (17,11 %).

El informe, que ha tomado datos publicados por la OCDE, ha sido presentado hoy en la Universidad de Barcelona (UB) por su coordinadora, la profesora de Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) Vera Sacristán, y por el doctor en Salud Pública por la John Hopkins University y profesor de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Joan Benach, además del rector de la UB, Dídac Ramírez.

Ramírez ha indicado que presentará las conclusiones de este informe en la reunión extraordinaria de mañana del Consejo de Universidades, en la que se abordará el incremento de precios de las tasas universitarias, contemplado en el Real Decreto Ley 14/2012 aprobado por el Gobierno del PP en abril. Esta norma, ha considerado Sacristán, comportará un cambio en profundidad del sistema actual de fijación de precios y, por primera vez, remite los precios a "los costes de prestación de servicios", unos costes que, ha añadido, no están determinados con precisión ni tampoco de manera homogénea en España, ya que no existe una contabilidad analítica.

A juicio de los autores del informe, si el estudiante ya cubre actualmente casi el 20 % de los precios de sus estudios y el decreto ley admite cualquier valor de incremento entre el 15% y el 25%, "su aplicación permitiría una reducción de precios". "Pero parece más realista situarse en la hipótesis del mantenimiento del aumento de precios de los últimos años, con lo que se prevé un incremento de hasta el 66 % respecto del curso 2011-2012", indican.

Este es el primer informe elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario, una plataforma independiente de investigación, análisis y debate compuesta por profesores y estudiantes.

ESTA ES OTRA DE LAS PERLAS QUE NOS HA IMPUESTO POR REAL DECRETO EL SR. RAJOY SIN NEGOCIAR CON LAS PARTES IMPLICADAS.

ESTÁ CLARO QUE LA DERECHA DE ESTE PAÍS, NUNCA A QUERIDO QUE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES ACUDIERAN A LA UNIVERSIDAD CON SUS HIJOS, ELLOS SIEMPRE HAN CONSIDERADO QUE EL FORMARSE Y ESTUDIAR UNA CARRERA SOLAMENTE ERA PRIVILEGIO DE ELLOS Y QUE LOS TRABAJADORES CONTRA MÁS IGNORANTE FUERAN MÁS DÓCILES Y FÁCILES DE MANEJAR.

Los ciudadanos ven la situación de la economía peor que nunca

El último barómetro del CIS revela que el 72% de los encuestados cree que Rajoy no mejorará la coyuntura económica en un año.

El 90% de los ciudadanos cree que, en la actualidad, la situación económica general de España es mala o muy mala, una cifra que supone el mayor porcentaje en la serie histórica de esta encuesta, informa Efe. Asimismo, el 72,7% no confía en que las reformas que está emprendiendo el Ejecutivo tengan recorrido a corto plazo, pues considera que la coyuntura económica será igual o irá a peor dentro de un año. Con la vista puesta en el pasado, el 93,7% también considera que la situación de la economía es igual o peor que hace un año. 

Estas son algunas de las conclusiones que arroja el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente a mayo de 2012 y que se ha hecho público hoy. La encuesta se elaboró entre los días 3 y 11 de mayo, un espacio de tiempo marcado por la nacionalización de Bankia, las tensiones en los mercados y el repunte de la prima de riesgo. 

Los ciudadanos también se muestran muy críticos con la situación política de España. Así, el 64,8% considera que es mala o muy mala, frente a un 24,9% que cree que es regular y un 5,6% que la estima buena o muy buena. Asimismo, el 82,4% determina que es peor que hace un año. Tampoco hay valoraciones optimistas de cara al futuro, pues el 70,6% piensa que la situación política será, dentro de 12 meses, igual o peor de lo que es ahora.

Tras el paro, el primer problema para el 81,7% de los españoles, y los problemas económicos, citados por el 51% de los encuestados, la clase política aparece como la tercera preocupación de los ciudadanos. Al menos, así lo considera el 22,5% de los ciudadanos, una cifra que está 4,4 puntos por encima del resultado obtenido en el barómetro de abril.

En este sondeo, la sanidad pasa a ser el cuarto problema para los ciudadanos. Lo citan el 10,6% de los encuestados, lo que hace que esta preocupación se coloque por delante de la corrupción y el fraude, al que alude el 9,3% de los consultados.

La educación (7,3%) continúa en sexto lugar,  seguida de la inmigración (6,2%) y los recortes, que son citados por el 5,1% de las personas consultadas. 

"LOS ESPAÑOLES RECONOCEN LA INCAPACIDAD DEL GOBIERNO"

La secretaria de política económica del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, ha asegurado que los resultados del barómetro del CIS demuestran que "los españoles reconocen la incapacidad del Gobierno para sacar a España de la crisis y que el Ejecutivo de Rajoy no es capaz de ofrecer ni presente, ni futuro a los ciudadanos de nuestro país".

En su opinión, la encuesta deja claras tres evidencias: "que nunca hasta ahora los españoles calificaban tan negativamente la situación económica del país, que la mayoría de la gente reconoce que estamos peor que hace un año, y, lo que es peor, que mayoritariamente se cree que dentro de un año aún estaremos peor".

Las colas de la pobreza se alargan

• El fuerte crecimiento de valencianos que no tienen ni para la alimentación básica dispara las alarmas

Largas colas de ciudadanos se forman horas antes de la apertura del Banco de los Pobres de Valencia (calle de Santa Cruz de Tenerife) para recibir alimentos básicos.

Una jubilada cuenta entre sollozos que come todos los días gracias a la caridad. No se lo ha dicho a sus tres hijos parados, porque reparte su pensión de 540 euros entre ellos. Un matrimonio tenía una empresa de alquiler de maquinaria para obra pública. Con ella se hizo un tramo del AVE. Ahora guardan cola para recibir arroz, aceite y leche. Él, autónomo, no cobra nada. Ella, 426 euros de la renta activa de inserción. Tienen cinco hijos.

Ellos pertenecen a los 200.000 hogares de la Comunidad Valenciana en que todos sus miembros están en paro. Los indicadores asustan. Una de cada cuatro familias valencianas está bajo el umbral de la pobreza (renta mensual inferior a 627 euros). Uno de cada tres ancianos vive en la miseria. La gente forma colas, que crecen y se multiplican, para recibir alimentos de primera necesidad. Ya no tienen por qué ser mayoritariamente inmigrantes, como antes de la crisis. El 23% de las personas que en 2007 atendió Cáritas en Valencia era española; el pasado año esa cifra se elevó al 40%. Y la escalada continúa. La pobreza se ha extendido y acosa a los que antes pertenecían a la clase media, a mayores que no tenían cargas, a parejas con niños que trabajaban, a los jóvenes preparados. Como la enfermera veterinaria que vivía sola con sus tres gatos. Se quedó sin trabajo y ha vuelto a la casa de sus padres pensionistas. También ella hace cola para llevar algo al hogar.

Junto a los ancianos y los inmigrantes, los jóvenes valencianos son los más castigados por la crisis. Uno de cada tres (258.000) está en riesgo de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y la recesión ha duplicado las penurias de un colectivo que sobrevive, en buena parte, gracias al colchón familiar.

Hace tiempo que las organizaciones asistenciales e instituciones benéficas levantan la voz de alarma. Pero el problema se ha recrudecido en los últimos meses. La constante destrucción de trabajo y el fin de las prestaciones por desempleo han provocado un notable aumento de personas que han de echar mano de la ayuda social.

La Casa de la Caridad de Valencia ha repartido en el primer trimestre de este año un 9,5% más de raciones que en el mismo periodo de 2011, alcanzando su récord. En ese mismo periodo, la Encuesta de Población Activa (EPA) de finales de marzo refleja un incremento del 5,2% de los hogares valencianos con todos sus miembros en paro. El paro creció dos puntos hasta llegar al 27,3% en ese intervalo. La espiral de datos, a veces tan fríos, encuentra su correlato inmediato en el drama que se vive en las calles.

Para Cruz Roja, la situación es de “emergencia”. Ha lanzado una campaña para paliar la “extrema vulnerabilidad” con entrega de comida básica, paquetes de higiene e incluso ayudas para pagar el recibo de la luz, el material escolar o los medicamentos.

REFLEXIÓN:

ESTO QUE VEIS EN LA FOTO DE ARRIBA NO ESTA PASANDO EN NINGÚN PAÍS DEL MAL LLAMADO TERCER MUNDO, ESTO ESTÁ PASANDO POR DESGRACIA EN NUESTRA COMUNIDAD, UNA COMUNIDAD QUE HASTA NO HACE MUCHO EL SR. CAMPS (el de los trajes) NOS DECÍA  QUE ERAMOS UN REFERENTE MUNDIAL EN CASI TODO. Y AHORA Y GRACIAS A  SU MALA GESTIÓN Y A LA DE SU PARTIDO SOMOS UN REFERENTE MUNDIAL EN DEUDAS,  PARO Y POBREZA.

TRAS 17 AÑOS DE GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR NUESTRA COMUNIDAD ESTÁ A LA COLA EN TODO, EN SANIDAD, EN EDUCACIÓN, EN SERVICIOS SOCIALES, ADEMÁS HAN SAQUEADO Y UTILIZANDO PARA SUS DERROCHES, CAPRICHOS Y GRANDES EVENTOS RUINOSOS  LAS CAJAS DE AHORRO Y BANCOS VALENCIANOS HASTA QUEBRARLAS. HAN MAL VENDIDO PROYECTOS COMO TERRA MÍTICA QUE NOS COSTÓ 375 MILLONES DE EUROS  POR 65 MILLONES DE EUROS, LA CIUDAD DE LA LUZ ES UNA RUINA QUE NO SE PUEDE MANTENER POR MUCHO TIEMPO, HAN CONSTRUIDO AEROPUERTOS SIN AVIONES, SEGUIMOS MANTENIENDO LA FORMULA I QUE NOS CUESTA 35 MILLONES DE EUROS AL AÑO, Y CERRAMOS LAS URGENCIA EN LOS CENTROS DE SALUD, HAN PAGADO A ARQUITECTOS RENOMBRADOS COMO CALATRAVA MILLONES DE EUROS POR PROYECTOS QUE NO SE HAN REALIZADO Y UN LARGO ETC. QUE SERÍA IMPOSIBLES DE ENUMERAR AQUÍ, EN DEFINITIVA ESTE ES EL TRISTE BALANCE DE UN GOBIERNO QUE HA SIDO INCAPAZ DE LLEVAR A ADELANTE NUESTRA COMUNIDAD. HAN GOBERNADO DERROCHANDO Y SAQUEANDO EL DINERO DE LOS VALENCIANOS EN PLENA BONANZA ECONÓMICA Y CUANDO HAN LLEGADO LAS VACAS FLACAS NOS ENCONTRAMOS EN LAS MÁS ABSOLUTA RUINA DEBIDO A LA MALA GESTIÓN Y EL SAQUEO DE LAS ARCAS PÚBLICAS.

Miembros del Partido Popular colocados en puestos de la entidad bancaria, ahora nacionalizada por el Gobierno. Esta es la lista completa:

Santiago Alarcó Canosa. Consejero de Deoleo en representación de la Sociedad de Promoción y Participación Empresarial Caja Madrid. Alarcó es excuñado del presidente de Bankia, Rodrigo Rato y hermano de Ángeles, recientemente nombrada Presidenta de Paradores Nacionales, quien a su vez es prima de Antonio Alarcó, senador del Partido Popular de Tenerife.

Claudio Aguirre Pemán. Consejero de Caja Madrid. Primo de Esperanza Aguirre. Fue el responsable de Merrill Lynch en España y Portugal.

Juan Chozas Pedreño. Director de Recursos de Bankia. Exsecretario general de Empleo y Relaciones Laborales durante los gobiernos de Aznar. Colaborador entusiasta de la FAES.

Jesús Pedroche Nieto. Vocal Banco Financiero y de Ahorros del Grupo Bankia. Expresidente de la Asamblea de Madrid. Exconsejero del Gobierno Regional de Madrid.

Ricardo Romero de Tejada.Vocal Banco Financiero y de Ahorros del Grupo Bankia. Ex secretario General del PP en la Comunidad de Madrid. Exalcalde de Majadahonda.

Mayte Jiménez. Esposa de Salvador Victoria, Consejero de Asuntos Sociales del Gobierno de Esperanza Aguirre. Fue nombrada consejera de Caja Madrid Pensiones, empresa participada por Bankia, el 9 de junio de 2009.

Nieves Alarcón Castellanos. Esposa del exsecretario General del PP madrileño, Francisco Granados y actualmente Senador. Fue nombrada en el año 2008 Consejera de Caja Madrid Pensiones, empresa participada por Bankia.

Ángel Acebes. Exministro del Interior del Gobierno de Aznar. Exdiputado por Ávila. Vocal Banco Financiero y de Ahorros del Grupo Bankia.

Manuel Lamela. Consejero de Cibeles Corporación. Exconsejero de Sanidad y de Transportes de Esperanza Aguirre. Exdirector de Gabinete de Rodrigo Rato en su etapa de Ministro de Economía. Presidente del Comité de Auditoría de Bankia.

Carmen Cavero Mestre. Cuñada de Ignacio González, Vicepresidente del Gobierno de Aguirre. Vocal del Consejo de Caja Madrid Cibeles. Consejera de Bankia.

Mercedes de la Merced. Exeurodiputada y exteniente de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Vocal Banco Financiero y de Ahorros del Grupo Bankia.

Estanislao Rodríguez- Ponga. Exsecretario de Estado de Hacienda con Rodrigo Rato. Vocal Banco Financiero y de Ahorros del Grupo Bankia.

José Manuel Fernández Norniella. Expresidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Exsecretario de Estado de Comercio y Turismo. Vocal Banco Financiero y de Ahorros del Grupo Bankia.

Mercedes Rojo Izquierdo. Vocal Banco Financiero y de Ahorros del Grupo Bankia.Exasesora de Esperanza Aguirre.

Maria Zaplana Barceló. Hija de Eduardo Zaplana. Becaria en Caja Madrid.

Elena Pisonero. Consejera de Caja Madrid. Exjefa de Gabinete de Rodrigo Rato. Exdiputada y en la actualidad Presidenta de Hispasat

Nuevo escándalo en Bankia: pensión de 14 millones de euros para uno de sus directivos

Aurelio Izquierdo, actual director financiero de Bancaja fusionada con Caja Madrid para crear Bankia, tiene derecho a una pensión millonaria de casi 14 millones de euros cuando cese. La escandalosa cifra se dio a conocer en el mismo momento en el que se difundían los activos tóxicos de la entidad que ascienden a la astronómica cifra de 41.785 millones.

En la imagen, el director financiero de Bancaja, Aurelio Izquierdo 

Al mismo tiempo que las antiguas cajas de ahorros afloran sus pérdidas y desastrosa gestión se conocen también las pensiones millonarias que se pusieron a sí mismos los directivos. Son cantidades bochornosas que no deben abonarse una vez que Bankia ha sido nacionalizada porque se tendrían que pagar con dinero de todos los españoles a los que, además, nos han subido los impuestos y nos recortan derechos como Sanidad o Educación.

Escándalo con marca valenciana

Aurelio Izquierdo es director financiero de Bancaja, fue director general de esta misma entidad (la más importante de la Comunidad Valenciana) y ex director general del Banco de Valencia que ya ha quebrado. Persona cercana al Partido Popular valenciano, quien controló con mano de hierro todo lo que hacían las cajas de ahorros de esa Comunidad Autónoma.

Izquierdo nació en Murcia en 1961, es licenciado en Económicas y en octubre de 2011, José Luis Olivas, presidente de Bancaja, le pidió que asumiera el cargo de consejero del Banco de Valencia para enderezarlo. No lo consiguió, el Banco de España tuvo que intervenirlo y Aurelio Izquierdo pidió ser readmitido en Bancaja. No solo fue readmitido, sino que fue nombrado director financiero de Bancaja, ahora incluida en Bankia. Hasta ahora ni ha pedido el cese ni ha sido cesado y quiere continuar en la entidad.

Indemnizaciones millonarias

El escándalo se ha desvelado al hacerse público el informe anual del Banco Financiero y de Ahorros (BFA) de 2011. El BFA, matriz de Bankia, fue creado por Rodrigo Rato para “aparcar” en esa sociedad todos los activos tóxicos, es decir, todo los créditos de dudoso cobro concedidos a inmobiliarias y promotoras. En el BFA Bankia metió todo el “ladrillo” que ha financiado y que ahora no se puede vender.

En el informe anual del BFA se reconoce que Aurelio Izquierdo tiene reconocido el derecho a cobrar  13,8 millones de euros en concepto de pensión si cesa en el cargo y porque lleva trabajando en Bancaja desde 1988.

De acuerdo con ese informe, el ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, cobró 2,4 millones de euros en 2011 y el ex vicepresidente (y presidente de Bancaja), José Luis Olivas, 1,7 millones de euros.

El PP se niega a que se den "ahora" explicaciones por Bankia

Alonso no aclara si en un futuro aceptará las comparecencias por la entidad. Los socialistas insisten en que se negarán a que las declaraciones se produzcan a puerta cerrada

Que el gobernador del Banco de España o los gestores de Bankia, entidad en la que el Estado inyectará un total de 23.500 millones de euros de dinero público, comparezcan "ahora" en el Parlamento, resultaría "contraproducente" en un momento como el actual, en el que la economía española atraviesa enormes dificultades. Eso es lo que ha venido a decir este martes el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, en una rueda de prensa celebrada en el Congreso de los Diputados tras la Junta de Portavoces. Sin embargo, los conservadores no han aclarado si en futuro apoyarán estas intervenciones en la subcomisión del FROB, siempre sin fijar una fecha.

El PP, como ayer confirmó su jefe de filas, Mariano Rajoy, se mantiene en sus trece y no permitirá por el momento que nadie dé explicaciones en el Parlamento acerca del mayor rescate bancario de la historia de España, justo cuando la crisis financiera no remite y se especula con la posibilidad de que Europa salve a la banca española. Los conservadores se escudan en la "confrontación política" e insisten en que este debate debería plantearse en términos "de mayor serenidad".Hacerlo en este momento, concluyen, "no es conveniente". Aunque aseguran que "no han rechazado nada", su voluntad de retrasar lo más posible las comparecencias que ha solicitado el PSOE del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y de su antecesor en Caja Madrid, Miguel Blesa; la del expresidente de Bancaja José Luis Olivas, la del gobernador del Banco de España y la de algún representante del Gobierno, podría suponer que estas tuvieran lugar después del verano, cuando arranque el nuevo periodo de sesiones y cuando la crisis de la entidad ya esté algo más atenuada. En la práctica, supone enterrar toda posibilidad de dar explicaciones. El PP recuerda que sus objetivos pasan ahora por "garantizar los depósitos", continuar con su calendario de reformas y avanzar en la "generación de confianza".

Como viene siendo habitual en el discurso del partido del Gobierno, los conservadores han vuelto a tirar de la herencia socialista para justificar que la subcomisión del FROB, en la que comparecerá el presidente de este fondo y subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, la semana que viene, sea a puerta cerrada. "Lo que nosotros conocemos es el modelo socialista de subcomisión del FROB, y en ese modelo de acuerdo, lo que es habitual en esta casa, las subcomisiones se celebran a puerta cerrada y con deliberación secreta", ha asegurado Alonso. En este sentido, ha recordado que cuando con José Luis Rodríguez Zapatero en el poder se intervinieron otras entidades financieras como CajaSur o Caja Castilla La Mancha, no comparecieron en la subcomisión del FROB ni la vicepresidenta Elena Salgado, ni el secretario de Estado de Economía.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, ha vuelto a dejar claro que su grupo no aceptará que las comparecencias que ha solicitado sean en privado, en el caso de que la subcomisión del FROB las acepte en su reunión de mañana. "A puerta cerrada, ni hablamos", ha dicho. "A oscuras, nada", ha reiterado.

Los socialistas han dejado ese compromiso negro sobre blanco en un escrito que han presentado a la presidenta de la Comisión de Economía, la conservadora Elvira Rodríguez. Han solicitado que en el caso de que la citada subcomisión acepte sus comparecencias, estas se celebren "en condiciones similares a las previstas" para las sesiones de las comisiones, "en cuanto a transparencia, información y publicidad de sus sesiones".

En concreto, piden que exista la posibilidad de que asistan "todos los miembros" de la Comisión y que a las comparecencias puedan asistir "redactores y taquígrafos", que se puedan grabar las sesiones y que "pueda levantarse acta de las mismas" con su consecuente publicación en el Diario de Sesiones de la Cámara.

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), por otro lado, ha tratado de superar el veto del PP a su propuesta de creación de una comisión de investigación sobre la crisis de Bankia. En rueda de prensa, ha presentado la interpelación que se debatirá en el pleno de mañana, instando al Gobierno a abrir una comisión de investigación sobre la crisis financiera. Su primer portavoz adjunto, José Luis Centella, ha señalado que esa iniciativa obligará tanto a PSOE como a PP a pronunciarse a favor o en contra de la mencionada comisión.

Valencia deja de ingresar este año 848.000 euros de IBI de la Iglesia

• Esquerra Unida en el Ayuntamiento critica que a los vecinos se les ha subido un 10%

El grupo municipal de Esquerra Unida (EU) en el Ayuntamiento de Valencia ha denunciado hoy que se han dejado de ingresar casi cuatro millones de euros en concepto de exenciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia católica, órdenes y congregaciones religiosas en los últimos cuatro años.

En un comunicado, la concejal de EU Rosa Albert lamenta que "mientras que se exime a la Iglesia católica del pago de 848.752 euros, el resto de la ciudadanía ha soportado un aumento del 10% en el recibo del IBI de 2012".

Según EU, que se remite a los datos facilitados por el equipo de gobierno del PP a su grupo en el pleno del pasado abril, en 2008 había un total de 430 inmuebles exentos del pago del IBI.

De ellos, añade, 290 lo estaban en concepto de Iglesia católica, con una cuota exenta de 452.469 euros, 115 por el concepto de entidades religiosas, con una exención de 267.231 euros, y 25 por otras confesiones religiosas, con 23.422 euros exentos.

"Para el año 2012 las exenciones se encuentran agrupadas bajo un mismo epígrafe siendo el número de inmueble exentos 440, y con una cuota exenta de 848.752 euros", asegura Albert.

Según EU, entre 2008 y 2011, el Ayuntamiento de Valencia habría dejado de percibir un total de 3.892.983 euros en concepto de IBI no pagado en inmuebles, "mientras que el resto de ciudadanos y ciudadanas de la ciudad ha tenido que soportar un incremento de este tributo de un 10%", declara Albert.

Respecto a las exenciones concedidas por centros docentes concertados, añade la concejal, la mayoría de titularidad religiosa, "ascienden a un total de 30 inmuebles los que no han tributado el IBI por un importe que alcanza desde el 2008 los 760.745 euros".

Albert considera que "en estos momentos de crisis el gobierno local del PP debería instar a sus homólogos en el gobierno central a plantearse el cambio de la ley que permite a estas entidades religiosas la exención de este tributo".

El cerco de la financiación ilegal se estrecha sobre el PP valenciano

• Los informes, los argumentos y las declaraciones van cerrando el círculo de la acusación

Conclusiones de la investigación policial, sobre la trama de financiación ilegal del PP Valenciano

El intento de la anterior cúpula del PP valenciano por salvarse de las acusaciones de financiación ilegal es cada vez más complicado. El cerco se estrecha sobre quienes, bajo el mandato de Francisco Camps, aceptaron, según la investigación, endosar a empresarios varias facturas de deudas contraídas durante dos campañas electorales con latrama Gürtel. De esa forma, habrían financiado, de manera ilegal al PP valenciano.

Tres son las líneas desde las que se va cerrando el círculo. Por un parte, los informes policiales atestiguan que la filial de la red corrupta Gürtel en Valencia, Orange Market, cambiaba el concepto de sus facturas “a conveniencia, parece que para no mostrar el origen real de los fondos”. Y pone como ejemplo una factura emitida al PP de la Comunidad Valenciana “transformada” en otra emitida a Enrique Ortiz, “que es la pagadora real del acto del partido”. U otra factura emitida al PP de Castellón que “se cambia por otra emitida a Facsa, quien efectúa el desembolso del evento del partido”.

Ambas empresas, junto a otras siete, están implicada en la causa de financiación ilegal que investiga el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana por las prácticas detectadas en las elecciones autonómicas de 2007 y la campaña de las generales de 2008.

Los informes policiales también hacen referencia a la campaña de las elecciones generales de 2008, en la que se investiga si el Grupo Sedesa, propiedad de la familia del exconsejero de Camps y actual presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. La policía ya ha averiguado que cuatro facturas abonadas por el grupo a Orange Market no respondieron en realidad a “operación económica subyacente” alguna.

La policía y la Agencia Tributaria detectaron el endoso a empresarios de deudas del PP por actos electorales

También la Agencia Tributaria se ha pronunciado sobre estas prácticas. "De los documentos indicados (...) se infiere que algunos servicos prestados al PP habrían sido pagados no por este, sino por terceros (Ortiz, Facsa, Sedesa, Lubasa, Piaf)", explicaba Hacienda en un informe elaborado en 2010 en el que se reclamaba que “habría que examinar documentación que permitiera saber si los trabajos facturados a las constructoras se hicieron”. También la Agencia Tributaria llegó a la conclusión de que el PPCV ocultó al fisco gastos por importe de 2,5 millones de euros y que había "terceras personas" que pagaron, a través de Orange Market, actos electorales del PPCV.

El hilo del círculo sigue por los argumentos escritos del propio PP, por una parte el nacional y, por otra, el regional. Y, pese a manifestar que son un único partido, se contradicen. De los informes requeridos por el juez y remitidos desde las calles Génova (Madrid) y Quart (Valencia), se concluye un choque en la exposición sobre cómo se organizaban las cuentas en el partido. En Valencia aseguran que era Madrid quien las perfilaba mientras que en Madrid mantienen que las cuentas regionales nunca se han tocado sino que, simplemente, se consolidan para la contabilidad global del partido.

El exvicesecretario del PPCV ha admitido que "el de las galletas" es el empresario Enrique Ortiz

Ayer se cerró más el círculo después de que el ahora ex vicesecretario general del PP valenciano, David Serra, admitiera que el de “las galletas” y “las magdalenas” del que habla en sus conversaciones grabadas con Álvaro Pérez El Bigotes, es el constructor alicantino Enrique Ortiz, uno de los empresarios a los que, supuestamente, endosaron facturas de deudas del PP. “El viernes tendrás un talón con lo que hemos dicho, lo de mañana, y ya fetén lo tendrás listo a primera hora para cobrar el mismo viernes. El viernes está previsto que le presentéis al de las galletas la factura igual que la otra”, se le oye decir a Serra en una de ellas. El exvicesecretario argumentó que de lo que trataba con El Bigotes se limitaba a una mediación para que la trama cobrara una deuda que tenía con Ortiz. Afirmó, en su declaración como imputado, que no hablaban de un acto del PP sino de un servicio prestado por Orange Market al Grupo Ortiz. Y mantuvo que su intervención se debió a que era amigo de El Bigotes. Es decir, su teoría es que el vicesecretario general del PP valenciano, como amigo de uno de los cabecillas de la red Gürtel, medió para que la trama cobrara una deuda de uno de los más importantes grupos empresariales valencianos.

La juez destapa la relación de Blasco con el saqueo de los fondos de cooperación

• El sumario explica cómo se captaron seis millones de euros de las ayudas a ONG 
• Varios imputados destacan el intervencionismo del exconsejero en los concursos
• La juez imputa a 22 personas por el fraude de cooperación

Las conversaciones telefónicas intervenidas en el caso de la Cooperación demuestran que el empresario Augusto César Tauroni, único imputado por la juez que está en prisión desde febrero pasado, tenía una estrecha relación con el actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, cuando en el seno de la consejería que este dirigía, la de Solidaridad y Ciudadanía, se creó la trama que permitió saquear los fondos destinados a países en desarrollo.

Blasco siempre negó esta relación, al asegurar que solo conocía a Tauroni de vista puesto que ambos eran de Alzira. Sin embargo, el sumario recoge mediaciones para contratar a personas, intercambio de sobres mediante citas de sus secretarias y hasta el interés del consejero por negocios que parecen propios: “Bueno, tú míralo, míralo, sólo falta que se desaprovechen las oportunidades”, le dice a Tauroni tras pasarse el plazo de una convocatoria.

La llegada en 2007 de Blasco a la consejería supuso un vuelco en la manera de otorgar los fondos de cooperación al desarrollo que otorgaba la Generalitat. Un vuelco que implicó la creación en su seno de una trama que captó al menos seis millones de euros de las subvenciones concedidas a las organizaciones no gubernamentales (ONG), de los que más de 1,5 millones, según la juez, acabaron en las manos de Tauroni y de sus socios.

La magistrada Nieves Molina, que ha investigado desde el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia el saqueo a las ayudas a países en desarrollo entre 2008 y 2010, ha ido hilvanando durante un año, junto a los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres, un sumario que describe cómo en el seno de la consejería se orquestó una trama que captaba ONG afines, apartaba a los técnicos críticos, adjudicaba fondos incluso saltándose los informes y luego desviaba los fondos a empresas de España y en Estados Unidos. Y aunque el sumario ha evitado en todo momento citar a Blasco, todo apunta a que ha sido adrede (es diputado y está aforado), y una vez construido el armazón de la causa, será imputado.

De hecho, la juez ha acabado señalando a toda la cúpula de la consejería. A todos, menos a Blasco. Así, entre los 22 imputados en la causa por los presuntos delitos de malversación de caudales, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental figuran Josep María Felip, que fue director general de Inmigración y Cooperación; Marc Llinares, jefe de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo; Alexandre Català, que fue subsecretario de la consejería; Maria Dolors Escandell, al cargo en su día de la jefatura de programas de Cooperación; y Tina Sanjuán, entonces secretaria general de Administración de la consejería.

Blasco decidía a quién se adjudicaban los proyectos

La juez corroboraba así la existencia de la trama denunciada en octubre de 2010 por las diputadas de la oposición Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Mollà, de Compromis. Y dos años después, las maniobras corruptas en la consejería pueden acabar con Blasco ante un tribunal.

El sumario describe perfectamente cómo funcionaba la trama. Y las declaraciones de los diferentes imputados y testigos han dado peso a lo denunciado. Por ejemplo, varias personas han constatado cómo Blasco apartó directamente a tres técnicos de la consejería que cuestionaron la adjudicación a Fundación Cultural y Estudios Sociales (Cyes, que no está relacionada con la constructora del mismo nombre) de ayudas para dos proyectos en Nicaragua. Según algunos testimonios Blasco “montó en cólera” cuando una firma externa excluyó a Cyes en la primera criba. No pasó nada, se solventó el problema y la ONG consiguió las subvenciones.

Dos proyectos que sumaron subvenciones por 1,6 millones de euros pero que solo llevaron al país centroamericano 43.000 euros. El grueso del dinero (casi un millón) se destinó a la compra de inmuebles en Valencia y otra parte se la llevó una firma vinculada a Tauroni.
También hay testimonios sobre la adjudicación a dedo de otros proyectos. Así, por ejemplo, la jefa de Gestión de Programas de Cooperación,

Los técnicos críticos con la actuación del consejero eran apartados

María Dolors Escandell, explicó a la juez que participó en el expediente para construir por cinco millones de euros (el 80% lo aportaría la Generalitat) un hospital en Haití después del terremoto que asoló el país el 12 de enero de 2010. Y confesó que desde el inicio se sabía que se iba a adjudicar a Esperanza sin Fronteras, ya que así se lo transmitieron Llinares y Felip, que le informaron además de que también Blasco sabía que así era.

Escandell también declaró que era evidente que Fernando Darder, presidente de Esperanza sin Fronteras, no había redactado el proyecto y que era sabido por todos que quien realmente lo presentaba, aunque se usase el nombre de la ONG, era la Fundación Hemisferio, la organización creada por Tauroni como eje de la trama. En su declaración ante la juez, la jefa de Proyectos reconoció que días antes de que finalizara la convocatoria del hospital hubo incluso una reunión para ver cómo iba el proyecto de Esperanzas sin Fronteras. Allí estuvieron Felip, Llinares, Sanjuán y, entre otros, Arturo Tauroni, hermano del cerebro de la trama y persona encargada, según la juez, “de gestionar todo lo relativo a la preparación y presentación de los proyectos”.

Esta declaración resume cómo se cocinaban las ayudas en Solidaridad y Ciudadanía: los proyectos se confeccionaban entre los responsables de Hemisferio y la cúpula de la consejería sin que los responsables de las ONG tomaran parte. De hecho, en medio de la reunión Blasco apareció con Darder y dijo que estaba enfadado porque a éste no se le había dado información sobre el proyecto. Es decir, que el consejero ya sabía que se iba a adjudicar el proyecto a Esperanzas sin Fronteras antes de concluir la tramitación.

Otra de las declaraciones clave del sumario es la del propio Darder, que confirma lo dicho por Escandell. Según su declaración ante la juez Molina, Blasco anunció en aquella reunión a los responsables de Cooperación que a partir de ese momento tenían que contar con él. En aquella reunión, en la que Darder sitúa a los dos hermanos Tauroni, quedó pues claro que el proyecto lo elaboran al alimón responsables de Hemisferio y de la consejería, y no la ONG beneficiaria.

El diseño del hospital de Haití se hizo por Hemisferio y la consejería

En la consejería se velaba por los intereses de Tauroni. Incluso este y Llinares tenían sendos teléfonos que solo empleaban entre sí, o así ocurrió al menos durante las escuchas. En informes policiales elaborados a raíz de las conversaciones intervenidas incluso se constata la presión ejercida por Blasco y Tauroni sobre Felip para destinar nuevos proyectos las ONG relacionadas con Hemisferio, que era quien realmente, tal y como reconoce Escandell, gestionaba los proyectos de las ONG Esperanza sin Fronteras, Ceiba, Asamamu o Asade África.
Y de todas ellas obtuvo la trama dinero, bien a través de firmas afines en España o bien en empresas, hasta ocho distintas, ubicadas en Estados Unidos.
“A raíz de la información tributaria, la investigación policial ha puesto de relieve que detrás de estas sociedades americanas”, dice la juez en el auto principal de la causa, “están bien Augusto César Tauroni, bien personas vinculadas al mismo”. Y la instructora asegura que el cerebro de la trama, el amigo de Blasco, se ha llevado gran parte del dinero captado de las subvenciones adjudicadas a ONG. “De esa cantidad, más de un millón y medio de euros se habría destinado a sociedades relacionadas con Augusto César Tauroni y con alguno de sus socios entre España y Estados Unidos”.

LA FRASE MÁGICA

Nos hallamos ante una de las más brillantes y exitosas operaciones de manipulación de la opinión pública de la historia moderna de España. Se puso en marcha tras detectarse los primeros efectos de la crisis y se fue extendiendo como la peste, conforme avanzaban la debacle económica y el paro. Los líderes que habían conducido a esta sociedad a la miseria llegaron a la conclusión de que no podían afrontar en solitario las responsabilidades del desastre y encontraron una salida imaginativa para evitar que la gente arruinada les persiguiera a pedradas por las calles: disolver las culpas entre todos, repartir el marrón entre administradores y administrados, haciendo creer a las personas corrientes que el país se había ido al garete por su imperdonable manía de viajar en vacaciones o de comprarse un coche nuevo. Por extraño que parezca, millones de españoles se tragaron esta mercancía averiada y desde entonces, somos el único lugar del mundo en el que los pobres se sienten culpables de su pobreza, ya que están totalmente convencidos de que han cometido algún tipo de pecado para merecerla.

Este milagro del encubrimiento y de la falacia habría sido imposible sin el afortunadísimo hallazgo de la frase mágica: "Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades". Políticos incompetentes, banqueros ladrones y todo tipo de bocazas profesionales repiten cada mañana este mantra en todas las tribunas públicas del país, aplicando aquella vieja ley de la lógica de garrafón, que asegura que si uno repite muchas veces una mentira, al final acaba convirtiéndose en una verdad. Sea por la insistencia en la repetición o por algún inexplicable mecanismo de autoflagelación colectiva; lo cierto, es que este mensaje ha funcionado con una pasmosa efectividad. Presidentes autonómicos que han arruinado sus territorios construyendo aeropuertos sin aviones o levantando palacios faraónicos pueden enfrentarse a un auditorio de pensionistas esquilmados y decirles que "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades", sin que nadie haga el más mínimo intento de romperles la cara. Ejecutivos que han gestionado las cajas de ahorro como mandriles anfetaminados recurren al "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades" para emboscar su caradura, sin que se resientan sus brillantísimos currículums de economistas y, lo que es peor, sin que los juzgados abran ninguna investigación sobre sus saqueos.

Con el paso del tiempo y conforme las administraciones aplican recortes contra la crisis, los españoles hemos empezado a sentir en nuestras carnes el verdadero significado de la frasecita de marras. No hay que ser un fino analista para entender ahora lo que querían decir nuestros políticos: vivir por encima de nuestras posibilidades era ir a un hospital con una pierna rota y que te la escayolaran sin tener que empeñar el coche, llevar a nuestros hijos a un colegio público y que tuvieran las mismas posibilidades de futuro que los que van a uno privado, trabajar en unas condiciones laborales algo mejores que las de los huerfanitos de la fábrica de betún de Charles Dickens o aspirar a que nuestros padres con Alzheimer acaben sus días decentemente atendidos en una residencia geriátrica.

Una vez descubierto el truco, la frase mágica se desmorona como un castillo de naipes y pierde toda su efectividad. Se llega a la conclusión de que aquí, los únicos que han vivido por encima de sus posibilidades (y seguirán viviendo) son los componentes de una exclusiva cofradía de dirigentes políticos y económicos, cuya capacidad para el despilfarro y el robo ha reducido a escombros una comunidad cuya prosperidad parecía protegida a prueba de balas.

Hay que resistirse al engaño, rechazar cualquier tentación masoquista de culpabilizarse. Los responsables de este desastre tienen nombres y apellidos y aunque no nos va a sacar de pobres, nadie nos puede privar del placer de señalarlos con el dedo y de abroncarlos por su irresponsabilidad. Este triste desahogo es el único consuelo que nos queda a las víctimas de este gigantesco tocomocho.

La juez imputa a 22 personas por el fraude de cooperación

• La instrucción no ha podido precisar el dinero supuestamente defraudado en Solidaridad
• La causa está abierta por malversación, fraude, blanqueo, cohecho y falsedad documental
• Al menos 14 detenidos por el fraude de las subvenciones de Blasco
• La juez envía a prisión al jefe de la trama del fraude de la cooperación
• El fiscal y la juez investigaron en secreto la trama de cooperación

Rafael Blasco exconseller de Solidaridad y Ciudadanía

La magistrada Nieves Molina, que instruye la causa que investiga el fraude en las ayudas a la Cooperación de la Generalitat, ha imputado a 22 personas por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. La juez, titular del juzgado de Instrucción número 21, ha levantado hoy el secreto de las diligencias previas de la causa, que persigue un supuesto fraude de las subvenciones concedidas por la entonces denominada Consejería de Solidaridad y Ciudadanía entre 2008 y 2011, cuando su titular era el popular Rafael Blasco.

La investigación no ha podido precisar la cantidad de dinero sustraído, aunque la dinámica empleada era hinchar las facturas que justificaban el dinero concedido. Según la juez, los imputados habrían desviado diversas cantidades concedidas a las organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias a través de fundaciones y empresas.

Entre las 22 personas imputadas, seis de ellas han sido cargos de la administración. Además, hay personas implicadas que estaban integradas en al menos seis ONG, entre las que figura la Fundación Hemisferio, que según la investigación sería la matriz a raíz de la cual se orquestó el fraude. De hecho, la única persona que permanece en prisión es Augusto César Tauroni, que según la policía es el presidente de Hemisferio, antes conocida como Fundación Entre Pueblos hasta que tuvo que cambiar de nombre por coincidir con el de otra veterana ONG.

La investigación, que arrancó en mayo de 2011 y ha sido llevada en secreto durante un año por Molina y el fiscal Anticorrupción Jesús Carrasco, estrechó el cerco a la cúpula directiva de la consejería que entonces dirigía Rafael Blasco, actual portavoz de las Cortes Valencianas. De hecho, en la operación policial que desveló el caso el pasado 23 de febrero, entre los detenidos figuraron varios cargos de la administración.

La investigación ha estrechado el cerco a la cúpula de la consejería que entonces dirigía Rafael Blasco.

Así, en la operación han quedado imputados varios miembros de la administración del PP, entre ellos Alexandre Catalá, subsecretario de la consejería de Blasco, y Josep María Felip, que fue director general de Cooperación al Desarrollo. En el momento de su detención eran, respectivamente, subsecretario de Sanidad y director general de Cooperación. Después de conocerse su detención y, tras prestar declaración ante Molina, su posterior imputación, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, forzó su destitución inmediata.

Después se conoció que también estaban imputados Marc Llinares, que fue jefe de área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, y estaba destinado en el Servicio de Innovación y Planificación Estratégica de la Consejería de Hacienda.

Días más tarde, tras regresar de Alemania, fue detenida María Dolores Escandell, funcionaria del área de Justicia que fue jefa de servicio de Gestión de Programas de Cooperación. Por último, Molina también ha imputado a la ex secretaria general administrativa de aquella consejería, Tina Sanjuán.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, la instructora del caso ha decretado diversas medidas cautelares para todos los imputados que están en libertad provisional, como la obligación de presentarse periódicamente en los juzgados, la retirada del pasaporte o la obligación de solicitar autorización para salir del país o cambiar de domicilio.

A tres de los imputados, según el TSJ, no se les ha podido tomar declaración. Durante las últimas semanas ha trascendido la información de que al menos dos de ellos estaban fuera del país y se habría dado orden a la policía de localizarlos para darles noticia de su imputación.

Dos denuncias de diputadas de las Cortes Valencianas dieron origen hace año y medio a la investigación de la trama de los fondos de cooperación. Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Mollà, de Compromís, detectaron algunas maniobras que le parecieron oscuras en la consejería. Según las diputadas el fraude en las subvenciones al desarrollo internacional podría rondar entre los siete y los nueve millones de euros.