17 enero 2013

Fiscalía pide 11 años de cárcel para una exconsejera de Camps por Gürtel

    Anticorrupción excluye al exvicepresidente Rambla, para quien pide el sobreseimiento provisional

    Las adjudicaciones de Fitur fueron el negocio más lucrativo para la trama corrupta en Valencia


    Los cabecillas de la trama también se enfrentan a elevadas penas de prisión. Un total de 10 años en el caso de Francisco Correa por delitos continuados, como autor o cooperador necesario, de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho. Y 11 años y medio de cárcel para Pérez y Pablo Crespo (considerado número dos de la red) porque a los delitos atribuidos a Correa se suma el de falsificación de documento oficial. El escrito de acusación incluye igualmente a tres empleados de sus empresas: Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños.
    Milagrosa Martínez exconsejera de Turismo de la Generalitat Valenciana
    a su entrada al TSJ de Valencia e pasado mes de Mayo.l 
    La Fiscalía Anticorrupción presentó este miércoles su escrito de calificación para el primer gran juicio de la vertiente valenciana del caso Gürtel. Se trata de la pieza separada que ha investigado las adjudicaciones por cinco millones de euros a la red corrupta de la organización del pabellón de la Generalitat en la feria turística Fitur entre los años 2005 y 2009. Anticorrupción acusa a 13 personas. La más destacada:Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo, expresidenta de las Cortes Valencianas, actual diputada autonómica y alcaldesa de Novelda (Alicante), muy cercana al expresidente de la GeneralitatFrancisco Camps, para quien solicita 11 años de prisión.
    El ministerio público considera a Martínez y al que fuera su jefe de gabinete, Rafael Betoret, condenado en el caso de los trajes, máximos responsables del inicio de la cadena de irregularidades y delitos cometidos en la Agencia Valenciana de Turismo desde 2005 hasta la desarticulación de la trama. Una actuación que, según el fiscal, tuvo “el inequívoco propósito de hacer posible la adjudicación a la empresa Orange Market”, dirigida por uno de los cabecillas de la red, Álvaro Pérez, El Bigotes.
    Sin la ayuda de Martínez, Betoret y otros cargos públicos de menor rango, sigue Anticorrupción, Orange Market “no solo no habría podido lograr ser adjudicataria de contrato alguno, sino incluso ser admitida como empresa participante en el concurso, por carecer de la necesaria solvencia técnica”.
    La fiscalía acusa a Martínez de los delitos continuados de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, así como de un delito de cohecho. Junto a la pena de prisión, pide para ella 34 años de inhabilitación (16 de ellos, absoluta). Los mismos años de cárcel, 11, pide para quien fue su jefe de gabinete, aunque en el caso de Betoret la pena de inhabilitación solicitada se eleva a 38 años.
    La relación de acusados por la fiscalía incluye a la sucesora de Martínez al frente de la Consejería de Turismo, Angélica Such (10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación). Al jefe del Servicio de Promoción del departamento, Jorge Guarro (siete años de cárcel). Al jefe del área de Mercados, Isaac Vidal (11 años de prisión). A la coordinadora de ferias, Ana Grau (siete años de cárcel). El ministerio público acusa también a otros funcionarios, pero solicita el sobreseimiento provisional para el exvicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, puesto que los indicios de delito contra él “no han podido concretarse suficientemente tras la investigación”.
    El ministerio público no acusa al exvicepresidente Vicente Rambla
     Rambla sigue imputado, sin embargo, en la pieza separada del mismo caso que indaga la supuesta financiación ilegal del PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008.
    Solicita 10 años de cárcel para Correa y 11 y medio para Crespo y El Bigotes
     La fiscalía destaca múltiples indicios del amaño. Entre ellos, la “remisión subrepticia y anticipada” de documentos del concurso. O el hecho de que la trama hiciera “sugerencias durante la elaboración de las bases” por parte de los funcionarios hasta dejarlas a su medida.

    El reloj de La Perla

    Las penas solicitadas por Anticorrupción para Milagrosa Martínez son altas porque le atribuye, además del delito de prevaricación, los de malversación de caudales públicos y cohecho. Mientras respecto a otros imputados (como Angélica Such y Vicente Rambla) el ministerio público no ha confirmado los indicios de que aceptaron regalos, en el caso de Martínez, a quien la trama se refería familiarmente como La Perla, sí considera acreditado el soborno: “Con la finalidad de mantener en las siguientes convocatorias de concursos el mismo trato de favor por parte de la presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo, decidieron regalarle a Martínez un reloj de la marca Hublot por importe de 2.400 euros que Francisco Correa adquirió en el establecimiento Joyería Suárez, sita en la calle Serrano número 63 de Madrid”, señala el fiscal.
    Uno de los indicios del cohecho consta en una afirmación de Álvaro Pérez grabada por la policía. “Tenemos que comprar un reloj a la consejera de... Porque se lo compré a la hija de puta de La Perla, ¿no se lo voy a comprar a la de ahora, a la de Turismo?”, dice El Bigotes en aparente referencia también a Such.

    20 noviembre 2012

    Diez indicadores económicos que evidencian el fracaso de Rajoy


    Cuando se cumple un año de su arrollador triunfo electoral en la noche del 20-N, los grandes datos macroeconómicos demuestran que, en contra de lo que dijo el presidente, la economía española no sólo no ha mejorado sino que ha ido a peor


    Rajoy ha incumplido la mayoría de sus promesas económicas.
    Rajoy ha incumplido todas y cada una de las promesas electorales que hizo a  los 
    españoles para llegar a la Moncloa

    Mariano Rajoy y el PP hicieron de la crisis y de la deteriorada situación económica su trampolín para llegar a la Moncloa. Aunque durante la campaña electoral de noviembre de 2011 moduló su discurso diciendo que no tenía "una varita mágica" o aquel famoso "no puedo prometer nada", el actual presidente del Gobierno se pasó tres años y medio —prácticamente toda la legislatura anterior— prometiendo milagros. Llegó incluso a decir que con él al frente del Gobierno el paro se reduciría a la mitad. Cuando se cumple un año de su arrollador triunfo electoral en la noche del 20-N, los grandes datos macroeconómicos demuestran que la economía española no sólo no ha mejorado sino que ha ido a peor.
     01. Paro desbocado
    Rajoy no paró de repetir durante toda la campaña que la prioridad de su Gobierno era que la economía creciera y crear así empleo. Un año después se puede concluir que el Gobierno del PP ha fracasado en este terreno: en el tercer trimestre de 2011 la tasa de paro se situaba en el 
    Evolución del paro
     21,52%, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Entonces había 4.978.300 parados. Un año después la tasa ha superado la barrera psicológica del 25% —en concreto está en el 25,02%— y el número de parados se acerca peligrosamente a los seis millones: ya son 5.778.100 personas sin empleo. 
    Pero lo más grave de todo es que a los pocos meses de llegar al poder el Gobierno reconoció su incapacidad para frenar el desempleo: en abril el ministro de Economía, Luis De Guindos, anunció que en 2015 la tasa de paro llegará al 22,3% en 2015 —año en el que termina la legislatura— y será casi tan alta como la de 2011, año que cerró con un desempleo del 22,85%.
    02. Familias cada vez más pobres
    El paro acarrea exclusión y menos riqueza. En los primeros seis mese de 2012 la riqueza de las familias bajó un 18,5%. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) son demoledores: según la encuesta de condiciones de vida, el porcentaje de familias que pasan muchas dificultades para llegar a final de mes ha pasado del 27,3% en 2011 al 33,2% en 2012
    03. Prima de riesgo al alza
    Evolución de la prima de riesgo española Durante muchos meses, cuando estaba en la oposición, el PP hizo de la prima de riesgo y de los problemas de España para financiarse en los mercados un caballo de batalla para desgastar al Ejecutivo socialista. "La prima de riesgo se llama José Luis Rodríguez Zapatero" llegó a decir en noviembre de 2010 la actual vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. 
    En el PP se vendía la idea de que el diferencial de la deuda con Alemania bajaría nada más pisar Rajoy el palacio de La Moncloa. Nada más lejos de la realidad: el 18 de noviembre de 2011, viernes, la prima de riesgo cerró en 441 puntos básicos, un año después, el 19 de noviembre de 2012, el diferencial está en 454 puntos básicos. Durante el primer trimestre de 2012 el riesgo país llegó a bajar ligeramente, pero a partir de abril se disparó y alcanzó su máximo histórico en julio, cuando superó ampliamente los 600 puntos básicos.
    04. Contracción del PIB
    Otro de los mensajes que Rajoy repite machaconamente es que la economía española tiene que crecer. Sin embargo, la política económica del Gobierno ha sido y es una apuesta clara por la austeridad: en el último año Rajoy no ha aplicado ni una sola medida de crecimiento. El Producto Interior Bruto (PIB) se ha resentido ante los drásticos recortes aprobados por el PP. Los datos así lo avalan: hace un año la economía española aún crecía aunque ya empezara a ofrecer síntomas de estancamiento. Ahora no lo hace: el PIB español registró en el tercer trimestre de 2011 un crecimiento interanual del 0,8%; en el tercer trimestre de 2012 ha sufrido una caída interanual del 1,6%.
    05. Déficit público: difícil de controlar
    "No podemos gastar lo que no tenemos". Otro de los mantras de Rajoy antes, durante y después de la campaña electoral que le encumbró. El PP recriminó duramente al PSOE que fuera incapaz de cumplir con los objetivos de déficit público. De hecho, el Gobierno ha articulado toda su política en el control del déficit y no se ha cansado de repetir que reducir la diferencia entre los gastos y los ingresos es el primer paso para lograr el crecimiento. Pero por ahora, el PP también fracasa donde antes lo hizo el PSOE. En el otoño de 2011 el déficit público alcanzó el 3,42% del PIB y ahora, un año después, es incluso mayor: el último dato conocido lo sitúa en el 4,39%. Las previsiones en este campo son pesimistas: la UE y buena parte de los analistas creen que el déficit público a final de año estará en el entorno del 8% cuando el objetivo marcado por la UE es del 6,3%.
    06. Aumento de la deuda pública
    Hay otro indicador que denota la profunda degradación de la economía española: el aumento imparable de la deuda pública. En el tercer trimestre de 2012, justo antes de la llegada del PP al poder, la deuda pública alcanzaba el 66% del PIB. El año lo cerró en el 68,5%. Nueve meses después —segundo trimestre de 2012— la deuda pública ya roza el 76%. A finales de 2013 superará el 90% según todas las previsiones.
    07. Crece la inflación 
    Ni la inflación ha dado una alegría al Gobierno del PP. En octubre de 2011 el Índice de Precios al Consumo (IPC) estaba en el 3%, mientras que en octubre de 2012 ha llegado al 3,5%. La subida del IVA aprobada por el Gobierno en julio —otra promesa incumplida de Rajoy— ha contribuido decisivamente al aumento de la inflación. A cuenta de este indicador, el Gobierno tendrá que tomar en menos de un mes una de sus decisiones más delicadas: si actualiza las pensiones conforme el desvío del IPC, lo que le obligaría a desembolsar 5.000 millones de euros, o si lo deja pasar y permite que los pensionistas pierdan poder adquisitivo.
    08. La fuga de capitales se dispara
    Rajoy aseguró a todo aque que quiso escucharle que bajo su presidencia se recuperaría la confianza en la economía española. Tampoco ha sido así: en el último año la fuga de capitales se ha multiplicado por 620. Los inversores están retirando su dinero ante la parálisis económica en la que está inmersa España. Sólo hasta agosto la salida neta de capitales alcanzó los 247.172,7 millones de euros. En el mismo periodo de 2011 el saldo era también negativo, aunque sólo de 398 millones, de acuerdo con los últimos datos de la balanza de pagos publicados por el Banco de España.
    09. La morosidad bate récords
    La banca ha sido una de las grandes protagonistas del año económico. No sólo por el rescate que se aprobó el pasado mes de junio, o por la inyección de dinero público para tapar los agujeros de varias entidades, entre ellas la más importante, Bankia. En lo que se refiere al ciudadano medio,este año ha sido el año de los desahucios y de la morosidad, que no ha dejado de batir récords mes tras mes. Ayer mismo, lunes, la morosidad de la banca y de las entidades financieras alcanzaba el 10,71%. Es decir, uno de cada diez créditos no se paga. El volumen de estos créditos dudosos y de difícil cobro llega a 182. 226 millones de euros. En el último año la morosidadah crecido un 42%: en octubre de 2011 la morosidad estaba en el 7,41%, casi tres puntos y medio por debajo de la tasa actual.
    10. Desahucios: 526 dramas diarios
    Estrechamente ligado al problema de la morosidad aparece el problema de los desahucios. Han tenido que pasar casi 400.000 desde el inicio de la crisis para que el Gobierno tome cartas en el asunto. El problema de los desalojos ha copado la agenda política en las últimas semanas después de dos suicidios casi seguidos. El problema se ha agudizado en los últimos meses adquieriendo tintes dramáticos: en el segundo trimestre de 2012 los desahucios se dispararon hasta alcanzar una media de 526 al día, una cifra nunca antes vista. Ya en 2011 los desahucios tocaron su techo: se tramitaron 58.241 ese año, pero ha sido 2012 cuando la ciudadanía ha dicho basta. 

    La calle acorrala a la mayoría absoluta de Rajoy


    El descontento social desborda a un Gobierno prisionero de la austeridad de Merkel y el rescate de los bancos


    Una pancarta electoral de Mariano Rajoy a la que han lanzado pintura.- AP Photo/Emilio Morenatti
    Cartel electoral con la foto de Rajoy al que han arrojado pintura

    Un año después de su triunfo absoluto sobre Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE), con una mayoría parlamentaria de 185 diputados, la calle se ha convertido en el principal temor de Mariano Rajoy y su Gobierno. En estos 365 días, se ha demostrado que, lejos de contener el malestar social, las políticas del PP lo han disparado y, a la vista de los nulos resultados positivos, van camino de incrementarlo. El escenario de fuerte movilización en Grecia (el país heleno lleva 25 huelgas generales en tres años) es el enemigo a batir por el Ejecutivo y, aunque insiste por activa y por pasiva en que "España no es Grecia", las imágenes de indignación, desesperación ciudadana y pobreza  (más de 21% de la población española vive por debajo de ese umbral) se adueñan cada día con más fuerza de la prensa nacional e internacional.
    ¿Qué ha hecho Rajoy para generar este descontento, incluso, entre sus propios votantes? Losrecortes en el sector público y la privatización paralela de servicios hasta ahora gratuitos y universales constituyen una de las claves del deterioro de la confianza social en Rajoy y su Gobierno.

    Recortes sin precedentes 

    Un mes después de su victoria, el jefe del Ejecutivo anuncia una subida de impuestos (IRPF e IBI) y un recorte del gasto público, con los que espera reducir el déficit en 15.000 millones. En marzo de 2012, los Presupuestos Generales para este año incluyen el mayor recorte del gasto público de la democracia (13.400 millones). El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anuncia más impuestos a las grandes empresas para recaudar 27.000 millones al tiempo que decreta la amnistía fiscal para que afloren 25.000 millones defraudados.
    El gasto social es el más afectado por los recortes este año
    Tras acordar las condiciones para el rescate del sistema bancario español y la entrada de la troika en España(Comisión Europea, BCE y FMI) para supervisarlas, Rajoy anuncia el mayor ajuste de la democracia: 65.000 millones en dos años. El presidente asume el derribo de sus líneas rojas y el incumplimiento total de sus compromisos electorales en materia económica: sube el IVA, se reduce parcialmente el subsidio por desempleo, se suprime la paga extra a los funcionarios, se elimina la desgravación por vivienda en IRPF y se aumentan los impuestos medioambientales. Rajoy se disculpa asegurando que no ha cambiado de "criterio" respecto a su programa electoral, pero "las circunstancias", sí, por lo que "no hay más remedio" que hacerlo.

    El gasto social es el más afectado por los recortes en este año, pues a los 27.000 millones de los PGE de 2012, se suman otros 10.000 millones adicionales en Educación y Sanidad que se anuncia en abril. Por otro lado, el Gobierno decreta el copago farmacéutico, otra de las líneas rojas que prometiera en campaña no cruzar jamás. Lo mismo ocurre en Educación con el incremento de las tasas universitarias o la introducción de otras nuevas, por ejemplo, en Fomación Profesional.
    Los recortes, asimismo, se ceban con el llamado cuarto pilar del Estado de Bienestar, los dependientes, por ejemplo, cuando las Comunidades Autónomas anuncian que se reducirá un 15% como mínimo el salario del que disponen estas personas para pagar a los familiares que las cuiden.

    Los bancos sí tienen quien les salve

    Con la sociedad en movilización diaria e in crescendo y su Estado de Bienestar bajo mínimos, el Ejecutivo sigue volcado en salvar el sistema financiero y aprueba hasta tres reformas sobre el mismo (la última, el pasado viernes con la configuración definitiva del banco malo). Estos cambios del sector van llegando junto a la solicitud y aprobación por parte de la UE de un rescate bancario de hasta 100.000 millones con condiciones y bajo la vigilancia estricta de la troika. Las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger, contratadas por Economía y el Banco de España, recogen en un informe que las necesidades reales de nuestra banca se sitúan entre 51.000 y 62.000 millones.
    El rescate bancario de la UE asciende hasta 100.000 millones
    Ni Rajoy ni su ministro quisieron hablar de rescate bancario, tampoco sobre si se pedirán los 100.000 millones íntegros y sí anunciaron un "préstamo en condiciones muy favorables", presentándolo ante los medios con un tono triunfalista que colisionó frontalmente con los medios europeos (el Timestituló, en inglés, "Tú dices tomate, yo digo rescate") y, lo peor de todo, con los mercados. Contrariamente a lo que pensaba el presidente del Gobierno, que, tras anunciar la luz verde al rescate de la banca, se fue visiblemente satisfecho a ver el partido de la final de la Eurocopa a Kiev, el mes de julio que empezaba con su rueda de prensa en positivo, dio paso a un julio mucho más negro que el de su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, superando la prima de riesgo los 640 puntos básicos y el interés del bono a diez años un nivel récord del 7,5%. Al fin y al cabo, el propio Montoro había reconocido que un rescate bancario que no fuese directamente a las instituciones, sino que se hiciese a través del Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB) del Estado, equivalía a más deuda en las maltratadas arcas públicas.

    Ciudadanos a la calle

    La reforma laboral del PP que el presidente del Gobierno presentó en su programa electoral como la panacea para la creación de empleo no sólo no lo ha logrado, sino que tampoco ha frenado la destrucción de puestos de trabajo, además, con un significativo abaratamiento del despido. El paro está a punto de alcanzar a seis millones de personas, según la última Encuesta de Población Activa, y el número de afectados por los EREs que facilita la nueva legislación aumenta también de forma alarmante.
    Además, los recortes en Sanidad, Educación y Dependencia amenazan con quebrar la protección universal en estas áreas, especialmente, a los más desprotegidos (por ejemplo, la tarjeta sanitaria ha sido retirada a los inmigrantes sin papeles desde septiembre). A todo ello, se suma un drama largo en el tiempo pero que ha reventado en el Gobierno de Rajoy [en la imagen, la semana pasada en Valencia. EFE] con toda su crudeza en forma de suicidios: los desahucios por impago de hipotecas.
    Los dirigentes asumen que cualquier movimiento en público va acompañado de abucheos
    Así las cosas y ante la falta de perspectivas a corto y medio plazo, los ciudadanos han optado por echarse a la calle en un año de movilizaciones sin precedentes y que incluye dos huelgas generales convocadas por los sindicatos y de seguimiento irregular. No así las manifestaciones y movimientos ciudadanos, que encuentran cada vez más seguidores y tienen realmente preocupados al Gobierno central y de las Comunidades Autónomas, cuyos miembros asumen que cualquier movimiento suyo en la calle va acompañado de protestas y abucheos.
    La valoración de los líderes políticos cae en picado en territorio nacional, ya sea del Gobierno o de la oposición, pues ninguno aprueba, según coinciden en recoger las últimas encuestas del CIS y de medios privados. Además, y a pesar de estar haciendo todos los deberes que le han impuesto la UE, la troika y la canciller Angela Merkel, la imagen de Rajoy tampoco ha mejorado este año.
    Ningún líder político aprueba en las encuestas del CIS
    Al presidente del Gobierno le han llegado de los medios extranjeros todo tipo de opiniones negativas sobre su figura política y su gestión de la crisis a lo largo de su primer año. El más amable, tal vez, llegó de The Economist hace unas semanas, cuando tildó de "misterioso" a un presidente que desespera a sus colegas por su empeño en no informar sobre sus planes ni a quienes les afectan, como a los Veintisiete de la UE. Los más duros, tal vez, llegaron de EE.UU. precisamente, cuando Rajoy y el rey estaban allí participando en la Asamblea anual de la ONU. El medio de referencia, The New York Times criticó con un duro reportaje la "pobreza" a la que estaban llevando a los españoles la "austeridad" de Rajoy. La prensa alemana, que apenas recogió la visita de Merkel a España, tildó al presidente español de "simpatizante" de la canciller, argumentando la absoluta disposición de aquél para cumplir los deseos de la alemana. Por su parte, la prensa francesa fue de las más contundentes en sus reproches y, en todos sus diarios (Le MondeLibération o Le Figaro), criticó con dureza la "imprecisión" de Rajoy, su ambigüedad y ese misterio con que solía actuar desconcertando a sus colegas europeos.
    Con tres años por delante -si decide agotar la décima legislatura-, Rajoy sigue con el mismo interrogante con el que empezó su mandato: el rescate completo a la economía española. Tras las sugerencias de Alemania para que resista y la imposibilidad de doblegar a Europa sobre las estrictas condiciones que se le impondrían, el presidente resiste sin intención alguna de variar su hoja de ruta: cumplir el objetivo de déficit público cueste lo que cueste y a pesar del "sufrimiento de los ciudadanos" que él mismo reconoció ayer.

    06 noviembre 2012

    Pobreza severa en la “tierra del paraíso prometido”


    Uno de cada tres atendidos por la Cruz Roja está en riesgo de exclusión social


    Cola frente al Banco de Alimentos de Valencia.
    “A mí me da igual, trabajar en limpieza o picando piedras”, sostiene sin titubear Manuel, parado de 41 años y oriundo de Vigo pero residente en Valencia desde hace años. “Ahora mismo no tengo ningún ingreso. ¡Es muy frustrante!”. Manuel es un emprendedor, que busca activamente empleo. Planifica su vida diaria en función de encontrar trabajo, cualquiera. Pero su estado de ánimo empieza a venirse abajo tras cuatro meses sin éxito. El escenario apunta a un “callejón sin salida” para este joven que empezó sus estudios de Filología Árabe en Granada y a los veintipocos años se desanimó y empezó a compatibilizar trabajo y estudios, hasta que los dejó.
    La severa crisis económica en “la tierra del paraíso prometido” como afirmaban los gobernantes valencianos en la “precrisis” es “peor” que en el resto de España, insiste Fernando del Rosario, el presidente regional de Cruz Roja. Según el informe anual Vulnerabilidad en la Comunidad Valenciana en 2012, presentado ayer en Valencia, esta Organización No Gubernamental (ONG) ha atendido este año a 152.805 personas, un 17% más que el año anterior.
    Manuel está pensando si seguir buscando trabajo en la Comunidad Valenciana o mudarse a otra autonomía. La situación de desempleo y crisis económica en la Comunidad Valenciana, en opinión de Del Rosario se ve agravada por la “euforia” que vivió en los años de “precrisis”, cuando esta autonomía era “la sociedad que prometía ser el paraíso”. La crisis actual “agudiza”, por tanto, la crisis social y económica de las familias porque “el paraíso no se vislumbra”.
    Los datos del paro del mes de octubre evidencian el fracaso de las políticas activas de empleo en la Comunidad Valenciana con un total de 578.040 personas paradas, lo que supone 47.333 más que en el mismo mes de 2011. Este aumento del 9% confirma el peor escenario. “Uno de cada tres ciudadanos atendidos por la Cruz Roja en la Comunidad Valenciana está en riesgo de exclusión social”, advierte con preocupación Del Rosario.
    La crisis económica en “la tierra del paraíso prometido” es “peor”
    que en el resto de España, insiste Fernando del Rosario

    Con todo, la vulnerabilidad tiene rostro y género: el perfil medio de persona atendida por Cruz Roja es el de mujer de entre 25 y 49 años, española, con estudios primarios o secundarios, desempleada, casada o con pareja, que tiene a su cargo uno o dos hijos. Aunque el estudio precisa que, a pesar de que hay más mujeres atendidas con estas características, los hombres padecen mayor “riesgo de vulnerabilidad”, con un 21,8% de los atendidos frente al 15,7% de mujeres en riesgo de exclusión.
    Lo sabe bien Laura, hondureña de 33 años que vive en España desde hace ocho años y lleva tres desempleados, compaginando algunas horas de limpieza ocasional a domicilio. Laura vive en una casa de Acogida de la Cruz Roja de Valencia. Sus problemas graves empezaron cuando se quedó sin trabajo, con residencia irregular en España y peleando por la tutela de su hijo. Su discurso se debate entre: “seguir luchando” o “tirar la toalla”.
    “A mí me da igual, trabajar en limpieza o picando piedras”, sostiene sin titubear Manuel, parado de 41 años

    Las personas en casas de acogida de la Cruz Roja reciben 200 euros al mes para alimentos. Entre ellas se organizan los turnos de comida, plancha y el cuidado de los niños, que suele ser individual.
    De hecho, entre los principales problemas que señalan las personas atendidas por Cruz Roja el primero es “estar sin ingresos (28%)” e inmediatamente después le sucede la preocupación por atender a los hijos a su cargo (27,4%). Cuando no encuentran trabajo empiezan a entender que la baja cualificación profesional (25,3%) es otro drama, además del de tener que vivir en “una vivienda temporal” (14,5%) y en algunos de los casos tener “una enfermedad grave”, como el Sida o Alzheimer, lo que preocupa al 13,8% de personas atendidas por la ONG.
    El programa que acumula mayor número de beneficiarios es, pues, sin duda el de Lucha contra la pobreza, que atendió a 48.665 personas, cinco puntos por encima de la media nacional; seguido por el de personas mayores, a 43.511 personas; y el de inmigrantes, que atendió a otras 20.585 personas. Esta claro que “la tierra del paraíso” se ha esfumado. O fue humo.

    Informe sobre la vulnerabilidad en la Comunidad Valenciana en 2012

    Hogares con desempleados. Existe un total de 201.900 hogares con todos sus miembros desempleados. Un 15,54% más que en el primer trimestre de 2011.
    Tasa de hogares con todas las personas activas paradas. Es decir, la proporción entre viviendas con todos los miembros desempleados y el total de vivienda censada, llega a ser del 14,27%. Más del doble de la cifra recogida en 2009 por la tasa AROPE (por sus siglas en inglés At risk of poverty and exclusion).
    Susidio por desempleo. Solo 138.353 personas están percibiendo el subsidio en la Comunidad Valenciana. Esto supone una cobertura de solamente el 24,16% del total de desempleados reales.
    Variación interanual de cobertura por desempleo. El número de personas que perciben el subsidio de desempleo se ha reducido en un 7,53% respecto de 2011. Por provincias, descensos se acumulan en Valencia (con un 0,25% menos de población parada que cobra el subsidio por desempleo) y Alicante, con un descenso del 1,62. Castellón acumula la caída interanual más acusada con un 10% menos de parados con subsidio de desempleo.
    Renta activa de inserción. Es la única prestación por desempleo que ha visto aumentado el número de personas beneficiarias, con un 39,06% más que el año anterior. Aún así, solo da cobertura a 31.428 personas. Es decir, a un 5,49% de personas inactivas.
    Riesgo de exclusión social. Según la Tasa AROPE de 2010, en la Comunidad Valenciana el 26,30% de la población está en riesgo de exclusión. Esto es 1.307.433 personas. Y 996.512 ciudadanos, el 20,10%, viven bajo el umbral de la pobreza.

    05 noviembre 2012

    “Se amañaban contratos en Madrid, Valencia, Baleares y Castilla y León”

    • Daniel Mercado detalla al juez cómo se hacían las adjudicaciones irregulares
    DEL EJE DE LA PROSPERIDAD AL EJE DE LA CORRUPCIÓN. Han pasado ocho años desde esta imagen que reunió a los presidentes de Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana para promocionar lo que denominaron el eje de la prosperidad que supuestamente representaban sus autonomías. Ocho años después, los tres son expresidentes. Matas y Camps están implicados en gravísimos casos de corrupción. Esperanza Aguirre obligó a dimitir a uno de sus consejeros y a varios alcaldes por el mismo motivo. / MONTSERRAT T. DÍEZ (EFE)

    Los Gobiernos del PP en Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla y León amañaron contratos a favor de la empresa de publicidad Over MC mediante procedimientos irregulares negociados sin publicidad, según confesó al juez Daniel Mercado, dueño de esa firma que recibió por esa vía decenas de adjudicaciones de esas administraciones entre los años 2003 y 2007.

    Al finalizar su declaración ante el juez José Castro, que también instruye el caso Urdangarin, el publicista Daniel Mercado, que había detallado sus relaciones con cuatro Gobiernos del PP que le habían contratado para hacer autobombo de la gestión de ese partido político al frente de las instituciones, resumió así su experiencia: “La práctica de invitar a tres empresas de mi grupo en los contratos negociados sin publicidad ha ocurrido en Baleares, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana y en la Junta de Castilla y León”.

    La denuncia de Mercado viene a corrobar unas prácticas corruptas que desde 2009 se investigan en los cuatro tribunales de justicia de esas comunidades autónomas. Los Gobiernos del PP despilfarraron millones de euros en campañas de publicidad para ensalzar su gestión al frente de las cuatro comunidades.

    El Gobierno autónomo de Madrid, por ejemplo, llegó a facturar con la red corrupta de Francisco Correa hasta tres actos a la semana, a razón de 25.000 o 30.000 euros por acto, con la única intención de hacerse autobombo por obras públicas iniciales, o proyectos estrella de algunas consejerías, e incluso llegó a pagar por montar actos para contar a la prensa lo bien que lo habían hecho durante sus años de gestión.

    Para estas campañas de autopublicidad pagada con dinero público, los Gobiernos autónomos del PP tenían dos grupos empresariales de cabecera, la red Gürtel, dirigida por Francisco Correa, y la trama Over MC, que encabezaba Daniel Mercado, a los que adjudicaban numerosos contratos mediante sistemas aparentemente legales pero fraudulentos.

    Por un lado, según han acreditado las distintas investigaciones judiciales abiertas, troceaban contratos de manera que evitaban el concurso público adjudicando determinados servicios por menos de 12.000 euros.
    Daniel Mercado ha reconocido esta práctica y otra algo más compleja pero igual de fraudulenta. En los contratos que por su cuantía era imposible adjudicar a dedo, se inventaban un procedimiento de urgencia para adjudicarlos y ponían en marcha el mecanismo del contrato negociado sin publicidad. Eso implicaba que había que invitar a tres empresas y elegir la mejor oferta. Según ha confesado Daniel Mercado al juez y según consta en las investigaciones abiertas tanto en la Comunidad de Madrid como en la Comunidad Valenciana y en Baleares, el sistema elegido por los Gobiernos del PP para adjudicar esos contratos a la red de Correa o a la trama de Mercado era que se invitase a tres empresas del mismo grupo empresarial para, de esta forma, evitar que la adjudicación fuera a parar a una empresa distinta de la que deseaban los dirigentes políticos.

    Este sistema corrupto propiciado por políticos del PP, del que se beneficiaban Correa y Mercado, tenía siempre una contrapartida. En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la contrapartida eran comisiones ilegales a los alcaldes o consejeros autonómicos que facilitaban la contratación, según ha acreditado documentalmente la investigación abierta hace más de tres años.
    En el caso de Baleares, según el publicista Mercado, el primer beneficiario de estas prácticas era el Partido Popular, que conseguía financiar sus actos gracias al empresario que recibía los contratos de la Administración pública. El propio Mercado se lo cuenta así al juez: “Yo no he pagado comisión alguna por esos contratos. Quizás el beneficio que podían obtener es que las personas que me contrataron no facturasen la totalidad de las dos campañas electorales del PP en 2003 y 2007. Además de esas compañas, mi empresa Over ha cubierto actos, a los que han acudido líderes del PP, por los que no ha cobrado absolutamente nada. El beneficio lo ha obtenido el Partido Popular”.

    Durante ese cuatrienio, la empresa de Daniel Mercado tenía barra libre para contratar con las principales consejerías del Gobierno balear, según ha confesado él mismo al juez. La inmensa mayoría de los contratos que recibió en esa etapa estaban amañados. El entonces presidente balear, Jaume Matas, que puso la publicidad de la campaña electoral de 2003 en manos de Mercado, le facilitó después que su empresa fuera adjudicataria de decenas de contratos públicos de la comunidad autónoma que presidía.

    En todos estos casos de corrupción descubiertos en las comunidades autónomas gobernadas por el PP hay dirigentes políticos imputados. En la Comunidad de Madrid tuvieron que dimitir un consejero del Gobierno deEsperanza Aguirre y cinco alcaldes; en la Comunidad Valenciana, el escándalo se llevó por delante a su presidente, Francisco Camps, que fue absuelto por un jurado popular (cinco votos frente a cuatro) del delito de cohecho impropio. En esa autonomía hay abierta una causa por financiación ilegal con excargos del Gobierno valenciano imputados. En Baleares, el expresidente Matas fue condenado a cárcel en primera instancia en una de las numerosas causas que tiene abiertas por corrupción.

    Over Marketing contra el clan Gürtel

    Daniel Mercado, propietario de Over Marketing, se topó con un obstáculo mayor al negociar contratos con Gobiernos del PP. El clan Gürtel se cruzó en su camino y le dificultó lograr más contratos públicos. En su declaración ante el juez, cuenta así sus encontronazos:

    El Bigotes avisa.
    “Una vez iba por la Plaza de la Reina, en Valencia, y me encontré con Álvaro Pérez [El Bigotes], delegado de Orange Market [la empresa de la red Gurtel en la Comunidad Valenciana], y le comenté de manera ingenua que estaba satisfecho porque me habían adjudicado un contrato. Y él me dijo: ‘Estás totalmente equivocado si te crees que vas a trabajar con la Comunidad Valenciana y no vas a hacer la creatividad de la consejería de Familia’. Yo no le di importancia, pero días después recibí una llamada de la consejería de Familia anulando el encargo”.

    Correa no le quiere en Madrid.
    “En 2008, me encontré con Francisco Correa en la calle Goya y me amenazó si seguía intentando trabajar con organismos públicos de comunidades gobernadas por el PP. Sentí miedo”.

    31 octubre 2012

    El PP rechaza en el Congreso crear un fondo de 1.000 millones para rescatar personas de la pobreza



    Cola de ciudadanos a la espera de recoger alimentos en la Cruz Roja

    La portavoz del PP en materia de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha avanzado que su grupo parlamentario rechazará en el Congreso este martes una propuesta del PSOE de crear un fondo dotado con 1.000 millones de euros para rescatar a las personas de la pobreza. Por tanto, la iniciativa no saldrá adelante puesto que los “populares” cuentan con mayoría absoluta en el arco parlamentario.


    Se trata de una moción, consecuencia de una interpelación que fue defendida a comienzos de octubre por la responsable de Políticas Sociales del PSOE, Trinidad Jiménez, y debatida con la ministra del ramo, Ana Mato. No obstante, el PSOE ha pactado una enmienda con CiU y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), aunque finalmente no saldrá adelante.

    En ella, se planteaba entre otros puntos la creación de ese fondo, a repartir entre ayuntamientos y tercer sector, en coordinación con las comunidades autónomas, así como destinar subvenciones a actividades de interés social, en la forma que reglamentariamente se establezca, el 1 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2013, correspondiente a los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido.

    También, se planteaba la realización de estudios para delimitar los umbrales de pobreza, con arreglo a los criterios fijados por la UE, al objeto de reorientar las políticas públicas dirigidas a su erradicación, así como la promoción ante las instituciones europeas de la creación de un Fondo Europeo de estas características.

    MIL MILLONES PARA CIUDADANOS

    En su argumentación, la secretaria de Política Social del PSOE ha defendido que si se pueden destinar 60.000 millones de euros para rescatar a la banca, se podrá disponer de 1.000 millones de euros para rescatar a los ciudadanos.

    Según ha explicado, se trataría de un fondo coyuntural "para contribuir a paliar la situación de extrema necesidad de cada día más ciudadanos, afectados por situaciones dramáticas, como el paro o los desahucios, que está poniendo en riesgo la cohesión social".

    En su turno de réplica, Susana Camarero, del PP, ha dicho que los datos "lo dicen todo" y por ejemplo, más de dos millones de niños en España están bajo el umbral de la pobreza. Eso sí, ha acusado al PSOE "de este drama y de los miles de personas que, a su juicio, no se merecen ser utilizados para conseguir un voto".

    "Mientras que su Gobierno arruinaba a los españoles y ponía el sistema del bienestar al borde del precipicio, para este Gobierno es una prioridad y, son muchas las medidas que está tomando para la recuperación económica y salir de la crisis", ha defendido.

    Así las cosas, las declaraciones de Camarero han suscitado un ´rifirrafe´ entre ella y su homóloga socialista, que le ha pedido que no responsabilice al PSOE de la pobreza en España porque ella ha defendido su propuesta "desde el máximo respeto". "Le pido que no haga alusiones a un supuesto cinismo, que en ningún momento he mantenido y en un tema que afecta a tantas personas", ha recalcado Jiménez.

    Por su parte, Camarero ha avisado a Jiménez de que es "corresponsable" de la situación de crisis y pobreza que España vive en la actualidad. "Entiendo si le molesta su etapa de ministra y no se puede sentir satisfecha", ha sentenciado.

    Desde la Izquierda Plural, su portavoz, José Luis Centella, ha dicho que "la gente no puede esperar más" y son ya miles los españoles que hoy ven cómo su mundo se derrumba.

    Mientras que Carles Campuzano, de CiU, ha puesto de manifiesto que en los Presupuestos Generales del Estado, actualmente en tramitación, algunas de las decisiones afectan a los derechos más débiles de la sociedad.

    Desde luego con esta actitud el PP demuestra la catadura moral a que nos tiene acostumbrado. Ni  tan siquiera desea ayudar a los ciudadanos que se encuentran en la pobreza debido a los recortes que han propiciado, pero si auxilian a la Banca con miles de millones de euros es vergonzoso e inhumano .


    El Gobierno aprueba la barra libre para los despidos colectivos en la Administración


    • Como ya adelantó ELPLURAL.COM, el sector público podrá equipararse al privado gracias a la reforma laboral
    El Gobierno aprueba la barra libre para los despidos colectivos en la Administración

    Lo adelantó ELPLURAL.COM en julio pasado y lo confirma ahora el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los trabajadores públicos ya no cuentan con la estabilidad laboral de la que gozaban. La reforma laboral les equipara a los del sector privado cuando hay dificultades. Los organismos y entidades públicas podrán aplicar despido colectivo, con indemnizaciones de 20 días por año trabajado, si hubieran tenido déficit presupuestario en el ejercicio anterior y si su crédito presupuestario se hubiera reducido en un 5% en el ejercicio en curso y en un 7% en los dos ejercicios anteriores.

    La medida está incluida en el reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada que fue aprobado por el Consejo de Ministros, el pasado viernes, y ha sido publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El reglamento entrará en vigor desde este miércoles y describe los pasos a seguir cuando las empresas privadas quieran llevar a cabo un ERE de extinción (despidos colectivos), de suspensión y de reducción de jornada. También regula el procedimiento que deberá utilizar el sector público en estos mismos casos.

    ELPLURAL.COM dio pistas en julio de lo que vendría
    En el caso de las administraciones públicas se podrá aplicar cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria “sobrevenida y persistente” para la financiación de los servicios públicos, considerándose que es persistente si se alarga durante tres trimestres consecutivos. En julio pasado, ELPLURAL.COM adelantó por dónde irían los derroteros en materia laboral para las administraciones públicas, y cómo se irían equiparando al sector privado.


    Las circunstancias
    La disposición del Gobierno explica que existe insuficiencia presupuestaria cuando se den las siguientes circunstancias: que la Administración Pública en la que se integra el departamento, órgano, ente organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario en el ejercicio anterior y “que los créditos del departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores”.


    Despidos colectivos
    Según el reglamento aplicado por el Ejecutivo se podrá iniciar un procedimiento de despido colectivo en el supuesto en el que, en un periodo de 90 días, el ERE afecte al menos a diez trabajadores en departamentos con menos de 100 trabajadores en ministerios y organismos dependientes de la Administración General del Estado, consejerías de las comunidades autónomas o entes vinculados a las mismas y entidades de la Administración Local. También se podrá poner en marcha el despido colectivo si los afectados son el 10% de los laborales de una plantilla compuesta por entre 100 y 300 trabajadores o si el número de afectados es de 30 trabajadores en una plantilla de más de 300 trabajadores.


    El personal fijo tendrá prioridad
    El personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo tendrá prioridad de permanencia en los entes públicos afectados por el despido colectivo. Si la entidad promotora del procedimiento no hubiera establecido esta prioridad, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o autoridad autonómica equivalente podrán aplicar dicha prioridad si lo ven adecuado a las circunstancias.

    Este Reglamento deja vía libre a todas las administraciones públicas como Ayuntamientos, Diputaciones, Administración Central, Autonómicas y Empresas Públicas para poder efectuar ERES es decir despidos colectivos con el personal laboral que prestan sus servicios en dichas administraciones, equiparándose de esta forma con el personal de las empresas privadas y todo ello gracias a la REFORMA LABORAL del PP que para lo único que ha servido es para generar más paro y desesperación entre los trabajadores de nuestro País que ven con impotencia como pierden su puesto de trabajo sin que el  gobierno haga algo para evitarlo.