UN CIERRE PROVOCADO POR EL PP

• Los responsables son quienes crearon un sistema emocional, con resortes psicológicos de manipulación colectiva, para sustentar un sistema podrido de corrupción

La Comunidad Valenciana tiene demasiadas similitudes con Grecia: despilfarro, deuda, corrupción y desempleo, y ahora el cierre de su televisión pública

Los problemas de Canal 9 han sido claramente provocados por el PP desde que Zaplana comenzó su gobierno pasando por el delirio de poder de Camps. Era una muerte anunciada, pero no por ello, deja de resultar indignante y desolador. Porque las causas del deterioro, la mala imagen, la ineficacia de la Televisión pública valenciana ha sido claramente provocada durante los años del PP.

Trabajadores de canal nou en el plató 

Todos los medios de comunicación privados han reaccionado a favor de mantener el ente, criticando lo que supone la desaparición de un medio de comunicación público. Sólo los medios de comunicación de la derecha han aplaudido la decisión de cerrar, porque ya estarán negociando abrir una televisión privada, por supuesto, con claros intereses mercantiles, económicos e ideológicamente conservadores. Ésa será la última puntilla de muerte a un sistema democrático que le debamos al PP.

La impunidad es la peor injusticia de una sociedad democrática. No sólo debe haber responsabilidad política, sino también judicial. Porque lo que ha ocurrido con Canal 9 ha sido una forma de gobernar chulesca e inmoral, claramente antidemocrática, con abuso de poder, uso del dinero público en beneficio privado, con despilfarro, clientelismo, mala gestión e ineficiencia, pérdida del objetivo constitucional, presión a los periodistas, mordazas y manipulación, corrupción a raudales y estafa, incluso con denuncias por abusos sexuales, hasta llegar a convertir este medio de comunicación informativa y cultural en un instrumento al servicio de lo peor y más nefasto del PP.

Es cierto, el modelo de televisión valenciana del PP es insostenible, ineficaz, despilfarradora y además no sirve ni para cohesionar y vertebrar al territorio valenciano, ni para difundir su cultura, ni para ofrecer una información plural y objetiva, ni para sostener al sector audiovisual, ni para entretener a una ciudadanía que hace mucho que no veía ni le interesaba Canal 9.

Pero eso no quita para que no nos sintamos indignados y estafados con su muerte. Porque es la muerte de un sistema democrático, de la Autonomía, de trabajos y empleos periodísticos, de la cultura y la información. Muchos lloramos porque los responsables que generaron este monstruo insostenible e incivilizado, hoy son los mismos que cierran la televisión alegando una barata demagogia, como ha dicho el presidente Alberto Fabra: “No cerraré un colegio ni un hospital para pagar la televisión”. ¡Derechos contra derechos!

Demagógico y manipulador. Lo próximo que caerá será la enorme deuda que se esconde detrás de los colegios públicos, y no porque se hayan hecho colegios, sino porque al igual que RTVV se ha robado y estafado detrás de nobles acciones políticas como la Educación. Porque además no es una cuestión de elegir derechos, mientras el PP sigue manteniendo prebendas suntuosas para lo que quiere, y porque no basta con cerrar: ¡hay que asumir la responsabilidad! Ahora, toda España se da cuenta que esta locura vivida en la Comunidad Valenciana bajo los periodos del PP no era solamente cuestión “de cuatro trajes”.

Los responsables son quienes crearon un sistema emocional, con resortes psicológicos de manipulación colectiva, para sustentar un sistema podrido de corrupción.

Ana Noguera es miembro del Consell Valencià de Cultura

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RTVV: fin a una televisión pública desnaturalizada

El anuncio del cierre de la radiotelevisión pública valenciana por parte del gobierno que preside Alberto Fabra supone el punto y final al intento de los valencianos de dotarse de un medio público independiente que los sucesivos gobiernos del PPCV condenaron al fracaso y la ruina.

Los trabajadores de la RTVV comunicaron que seguirán luchando contra el cierrde la TV pública valenciana

La noticia abría las ediciones digitales de toda la prensa autonómica y estatal, pero en Nou —nombre actual de la antigua Canal 9— los espectadores sólo podían optar entre los tiros de Brigada de mujeres, el western de saldo programado como cada tarde en el primer canal, o por unos informativos en el segundo canal —el dedicado a dar información las 24 horas del día— cuyos realizadores optaban por no darla. Cuando el gobierno valenciano anunciaba el cierre de la radiotelevisión pública,su audiencia era la última en enterarse.

No era la primera vez. Sólo un par de años antes RTVV —pese a disponer de más medios y personal que cualquier otro medio en el territorio y tener sus responsables hilo directo con el protagonista de la noticia— también fue el último medio en informar de la dimisión de Francisco Camps. Para entonces, su prestigio y credibilidad, así como el grueso de su audiencia, ya se habían volatilizado.

Mucho había llovido desde que el 4 de julio de 1984 Las Cortes valencianas, presididas por el socialista Joan Lerma, aprobaran la Ley de Creación de la Radiotelevisió Valenciana, con la intención explícita de "profundizar" en el autogobierno autonómico y posibilitar la "antigua y renovada aspiración del Pueblo Valenciano" de expresarse y comunicarse en su propia lengua "para lo cual los medios de comunicación de carácter público constituyen el soporte idóneo".

Ciscar: "RTVV es un lujo que los valencianos no nos podemos permitir" 

No sería hasta un lustro después cuando, el 9 de octubre de 1989, con la emisión de La Vaquilla de Luis García Berlanga como plato fuerte de la noche inaugural, se iniciaban oficialmente  las emisiones inaugurales en Canal 9 y Ràdio 9, por entonces los dos canales de un ente integrado por menos de 500 trabajadores. Cómo RTVV pasó de tener ese número de empleados a casi cuadruplicar la cantidad, al tiempo que su deuda se elevaba a casi 1.400 millones de euros a la misma velocidad en que se esfumaba su audiencia, es una historia que admite muchos matices. Pero cronológicamente su inicio es indiscutible: la llegada del PP a la presidencia de la

Generalitat Valenciana.

La "refundación" de Zaplana

Cuando en 1995 el murciano Eduardo Zaplana alcanzó la jefatura del Consell, después de seis años de andadura, la plantilla de RTVV (que había incrementado notablemente sus horas de emisión) había aumentado en 150 personas y la deuda del ente ascendía a 22 millones de euros. Sin embargo, "los cimientos de RTVV no eran estables". Así al menos lo recuerda Artur Balaguer, ex redactor de informativos del ente, en el que trabajaba desde su primera época.

"Cuando pudo, el PSPV no se atrevió a hacer la televisión que tocaba", opina Balaguer de una etapa en la que ni la implantación del valenciano en el ente fue rotunda ("la gente no estaba acostumbrada a escuchar valenciano normalizado y los doblajes de películas no fueron bien recibidos"), ni tampoco la vocación por ofrecer una producción  propia y de calidad, mientras en cambio programas como Carta blanca ponían el germen de lo que en adelante se conocería como"telebasura" ("se hizo una televisión comercial a más gloria de su presidente, Amadeu Fabregat, que luego se recolocaría en RTVE").

“El inicio del aumento de la deuda coincide con la llegada del PP a la Generalitat”

No obstante, el giro propagandístico no se produciría hasta casi dos años después. "La refundación de Canal 9 se da con la irrupción de Punt2, el segundo canal televisivo del ente" apunta con ironía Julià Álvaro, también redactor de informativos desde los inicios del ente, que recuerda cómo, "con la excusa de su estreno se contrataron a 53 nuevos redactores, pero todos ellos pasaron a la redacción principal, apartando a todos los que estaban antes". Álvaro, que hasta entonces había cubierto la información estatal, era relegado a la de deportes.

Un endeudamiento sin límite

"Así se entró en la etapa del PP, en la que RTVV se empezó a utilizar como un vehículo de propaganda de Zaplana, al tiempo que en una agencia de colocación para el partido y una manera de desviar dinero público a sus propios intereses", describe el periodista la etapa inicial de RTVV con Zaplana al frente de la Generalitat, que no cambió sustancialmente con el relevo del fugaz José Luis Olivas y Francisco Camps. Con esos mimbres ya nadie se la podía creer y la audiencia empezó a caer en picado, a pesar de que la televisión vendió su alma al diablo con la emisión de espacios como Tómbola o el judicialmente condenado El Juí d'Alcàsser,  en el que desde la televisión pública se cuestionaba la investigación oficial del terrible asesinato de tres jóvenes en Alcàsser en 1992.

Sin embargo, la calidad no era ya el único problema de RTVV. Porque, después de que con la toma de control del ente por parte del PP las pérdidas anuales —hasta entonces cubiertas parcialmente de manera directa por las arcas de la Generalitat— se incrementaran sustancialmente (de los 28 millones registrados los años 1996 y 1997, se pasó a los 47 de 1998), el gobierno de Eduardo Zaplana promulgó una ley para que el ente pudiera endeudarse de manera autónoma, ejerciendo la Generalitat exclusivamente como avalista. A partir de entonces, la deuda se disparó.

La audiencia empezó a caer en picado, a pesar de espacios como 'Tómbola' o 'El Juí d'Alcàsser'

Los 25 millones de euros anuales en gastos de personal de 1995 ya se habían duplicado en el año 2000. A finales de la pasada década, con 1.800 empleados entre opositores y contratados, ya superaban los 80 millones. Sin embargo, el superávit de personal no se traducía en autosuficiencia: como recogen los informes anuales del síndico de cuentas valenciano, la contratación de producción externa también se había multiplicado: sólo en cinco años también la externalización había pasado de los 18 millones de euros de 1995 a los 43 de 2000, superando los 50 millones anuales los tres cursos comprendidos entre 2006 y 2008. Precisamente en los 57 gastados en 2006, se camuflaron los 7,4 millones pagados a una empresa de la trama Gürtel por la sonorización de la visita de Benedicto XVI a Valencia, y que constituyen una pieza del caso por el que varios directivos de RTVV están actualmente imputados.

Saco de gastos

Pero el dinero destinado a la trama Gürtel no fue el único que engordó artificialmente la deuda del ente. Como recientemente recordó el grupo parlamentario de Esquerra Unida en Les Corts, RTVV fue empleada por el Consell para "subvencionar de manera encubierta" a algunos clubs de fútbol valencianos, destinando 152 millones de euros al Villareal CF, 203 al Valencia CF y 27 al Levante UD por sus derechos de retransmisión, precios "por encima de mercado, como evidencia el hecho de que luego los revendieran muy por debajo de este importe", señaló el diputado Ignacio Blanco. Del mismo modo, el pago a Bernie Eccleston por la celebración de la Formula 1 en Valencia se incrementó con 22 millones en concepto de derechos de emisión "en lengua valenciana" del campeonato para las temporadas de 2010-2013. Finalmente, el locutor estrella de las retransmisiones fue el argentino Víctor Seara, que cobró más de 10.000 euros al mes por retransmitir las carreras de las temporadas 2010 y 2011; eso sí, en perfecto castellano.

"Es normal que se cierre RTVV", dice un redactor de informativos 

"Perdido su sentido y en la medida que no existen motivos razonables para su existencia, es normal que se cierre RTVV. Ni el PP, ahora que no la ve nadie, la necesita", justifica Julià Álvaro el persianazo al ente anunciado ayer por la Generalitat, una vez que la gestión relatada condujo irremisiblemente a su ruina y el ERE de última hora, declarado finalmente nulo (lo que implicaría un nuevo desembolso en indemnizaciones no inferior a los 24 millones de euros), no podía posibilitar su reflote tras unalavada de cara basada casi exclusivamente en su cambio de nomenclatura.

¿Pero deberían estar contentos los valencianos por la pérdida? "No deberían estarlo —opina Álvaro—. Una comunidad con una identidad política y cultural propias a estas alturas de siglo necesita unos medios de comunicación que le informen desde su propia óptica y con información diferenciada. O tienes medios públicos, ejerciendo una verdadera función pública, que respondan a esa realidad social o estás condenado a estar secuestrado por medios extraños o que obedecen a intereses privados".

La opinión del vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, era en cambio más sencilla: "RTVV es un lujo que los valencianos no nos podemos permitir". Ciscar ofrecía así la versión oficial del gobierno valenciano, en ausencia de declaración alguna del presidente Fabra, bajo cuyo mandato los valencianos ya pueden sumar, junto las de las dos grandes cajas valencianas CAM y Bancaja, la pérdida de su radiotelevisión pública.

EL CONSELL CIERRA RTVV

Fabra echa la persiana de Canal 9 y Ràdio 9 siete horas después de que el TSJ anulara los despidos de más de 1.000 empleados y obligara a su readmisión - La Generalitat considera inviables los costes de la plantilla mientras los trabajadores achacan el cierre a la mala gestión del PP

Trabajadores de RTVV ocuparon ayer parte de las calles colindantes al 
Palau de la Generalitat como protesta por el cierre de RTVV

Apenas siete horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) anulara el ERE que afectaba a más de un millar de empleados en un auto que obligaba a su readmisión, el Consell cumplió con la amenaza que el vicepresidente José Císcar venía repitiendo semana tras semana: anunció el cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), el ente que daba cobertura a las emisiones de Canal 9 y de Ràdio 9. Con un frío comunicado colgado en la web institucional de la Generalitat y sin comparecencia pública ni de Císcar ni tampoco del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, –lo hará hoy– para explicar una decisión tan drástica, la Generalitat puso punto y final a 24 años de historia que se iniciaron el 9 d'Octubre de 1989 con un proyecto que, en principio, debía garantizar un sistema de comunicación público –objetivo que se quedó luego completamente desvirtuado por las presiones políticas– y colaborar en la normalización del valenciano. Canal 9 se convierte en la primera televisión pública autonómica de España que acaba echando la persiana.

«No nos podemos permitir una televisión con 1.700 trabajadores. Si el TSJ anula el ERE, habrá que cerrar Canal 9», decía una y otra vez el vicepresidente Císcar. Y la advertencia se cumplió al detalle. Con una deuda de casi 1.200 millones –más que algunas autonomías– y con una nefasta gestión política que multiplicó por tres la plantilla desde que el PP llegó al Palau, el Gobierno de Alberto Fabra decidió hace ahora un año y dos meses aprobar un ERE para despedir a 1.198 empleados –luego tuvo que salvar a 186 para garantizar las emisiones– en el mayor expediente aplicado en una empresa pública. Cuatro sindicatos –Intersindical, UGT, CC OO y CGT– impugnaron la medida. El juicio –después de un conflicto de competencias con la Audiencia Nacional– arrancó el pasado 21 de octubre en el TSJ. Finalmente, la resolución judicial –conocida ayer– confirma de facto la petición de la Fiscalía que, durante la vista, ya había solicitado la nulidad de los despidos. La Sala de lo Social del TSJ, efectivamente, suspende el ERE y reconoce el derecho de los trabajadores a ser readmitidos. El alto tribunal valenciano justifica el fallo en dos cuestiones. Primero, apunta, se produjeron «irregularidades importantes» en la tramitación. Y, en segundo término, se vulneró el principio de igualdad y se conculcaron derechos constitucionales durante el proceso de selección de los afectados por el ERE.

Conocida la sentencia, el Consell puso en marcha la maquinaria para tomar la decisión de cerrar el ente. No se valoró ni siquiera la alternativa de alargar la agonía presentando un recurso en casación ante el Tribunal Supremo, una decisión que hubiera supuesto un desembolso de 40 millones para reubicar a la plantilla y mantener abierta la herida, como poco, durante un año más. «El Consell ha querido hacer pública esta decisión con celeridad para no prolongar de manera innecesaria la intranquilidad que supondría para los trabajadores de RTVV», señala la nota del Gobierno de Fabra que ejecuta la clausura.

Mantener a los 1.700 trabajadores suponía un gasto anual de 72 millones a lo que había que añadir la factura de funcionamiento. «Un coste que la Generalitat no puede asumir en estos momentos», apunta el comunicado. El contrato-programa –documento de gestión de la nueva cadena en el que ya se aludía a la posibilidad del cierre– cifraba ahora la aportación del Consell, de hecho, en menos de 70 millones por ejercicio. La crítica situación económica de la Generalitat, apuntaron desde el PP, no permitía asumir la carga de volver a una cadena con el ritmo de gasto anterior a la ejecución del ERE. Fabra reunió a su «gabinete de crisis» y durante una convocatoria en la que también participó el vicepresidente José Císcar se acabó tomando el camino de acabar con RTVV. Los trabajadores afectados por el ERE, para entonces, ya habían pasado de celebrar a las puertas de la cadena la resolución judicial a protestar frente al Palau de la Generalitat.El proceso de cierre arranca cuando se había iniciado la privatización de la programación y justo cuando ayer mismo se presentaba la nueva temporada de l'Alqueria Blanca, la «serie estrella» de la emisora pública.

El Consell acelerará al máximo los plazos: pondrá fin a la actividad por ley mediante una tramitación parlamentaria «express» en apenas mes y medio con la intención de ahorrar los 40 millones de los costes de readmisión. A media tarde, el jefe del Consell citó en el Palau de la Generalitat a la directora general de RTVV, Rosa Vidal, –con la que el PP ya mantenía importantes diferencias pese a que llevaba pocas semanas en el cargo– y le trasladó la medida. Vidal se marchó del despacho de Fabra pasadas las siete y media de la tarde sin hacer declaraciones. Diez minutos más tarde, Frederic Ferri, uno de los presentadores de informativos, se hacía eco del comunicado de la Generalitat en el canal 24 horas de la emisora. «Es una mala noticia para la sociedad valenciana», aseguró Ferri.

Poco después, durante el noticiario vespertino de la cadena y en un plató copado como protesta por la decisión de Fabra, los trabajadores emitían la noticia con la nota pública de la Generalitat, ofrecieron la opinión de los grupos de la oposición y leyeron su propio comunicado en el que cargan contra la gestión del ente público, se quejan de los casos de corrupción ligados a directivos y piden responsabilidades políticas. Aunque no citaron ninguna sigla, la cadena permanece bajo control del PP desde 1995. A buen entendedor...

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El Gobierno relega a Alicante al puesto 41 en el reparto de inversiones por habitante

• El Ejecutivo de Rajoy destinará a la provincia 96 euros menos que la media de toda España

Los undécimos... pero por la cola. El Gobierno central ha vuelto a enviar a la provincia al «coche escoba» de toda España en el reparto de sus inversiones. Los Presupuestos Generales del Estado para 2014, presentados el lunes en el Congreso, marginan de nuevo a Alicante y la dejan en la posición 41 de entre 52 con una inversión per cápita similar a la de Málaga. Los exiguos 111 euros que se destinarán por habitante a Alicante –21 euros menos que este año y 96 menos que la media del Estado– contrastan con las aportaciones «millonarias» a varias demarcaciones de Castilla-León; y también a Ourense, provincia gallega que es la más beneficiada a la hora de confeccionar las cuentas y que percibirá una media de 1.849 euros por cada ciudadano, 16 veces más que las comarcas alicantinas. 

El peso poblacional de Alicante –es la cuarta circunscripción de España con más habitantes censados– no ha servido de argumento para el Gobierno. Tampoco que la crisis se haya dejado sentir con más fuerza en la provincia por culpa del estallido de la burbuja inmobiliaria. Y ni siquiera las quejas, de tono más duro en la Comunidad pero tibias cuando llega a Madrid, del jefe del Consell, Alberto Fabra. Nada de nada. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha vuelto a asestar un nuevo hachazo a Alicante.

La tabla adjunta evidencia las prioridades de Madrid. Sólo Navarra (ejecuta parte de sus inversiones gracias a su ventajoso sistema de financiación autonómico), Girona, Baleares, Álava, Barcelona, Córdoba, Toledo, Valencia, Tenerife y Guipúzcoa recibirán menos fondos per cápita que Alicante. Todas las comunidades a las que pertenecen esas provincias, no obstante, cuentan con un modelo de financiación autonómica sensiblemente mejor que el de la Comunidad. La excepción es Baleares, que dispone de una cantidad de dinero inferior a la media. Las autonomías gobernadas por Alberto Fabra y José Ramón Bauzá, ambos del PP, salen, por tanto, doblemente maltratadas. En inversiones y en financiación.

De la inversión por habitante resulta llamativa la pérdida de peso de Valencia. Habitualmente, siempre salía airosa en comparación con Alicante y Castellón. Rajoy, sin embargo, le ha aplicado un severo tijeretazo y ha reducido su inversión en 51,8 millones. Pasa de 292 millones este año a 240,2 el próximo. Esas cifras traducidas a inversión por habitante reflejan un gasto de apenas 93 euros. Valencia, la tercera demarcación española en peso poblacional, queda situada en el puesto 45 del ranking. Todo lo contrario ocurre con Castellón, la provincia de la que procede Alberto Fabra.

El Ejecutivo ha premiado a las comarcas castellonenses y les destinará 142,7 millones el próximo ejercicio, un 37,4% más que para 2013. Por habitante, la cifra asciende a 236 euros. Ese guarismo sitúa a esa circunscripción como la vigésimo cuarta con más inversión por cápita. Aún así, queda muy lejos de las primeras. Ese aumento, sin embargo, no tiene impacto en las cifras globales. En conjunto, de hecho, la Comunidad Valenciana contará con 605,8 millones para infraestructuras durante el año que viene, un 8,15% menos que la cifra registrada en 2013.

Los terceros Presupuestos Generales del Estado confeccionados por el equipo económico de Mariano Rajoy ahondan por tanto en la discriminación. Un dato muestra con claridad el escaso peso que tiene la Comunidad, en general, y Alicante, en particular, en La Moncloa. En 2011, el Gobierno central, capitaneado entonces por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, reservó un total de 550 millones en inversiones para la provincia. La situación económica del país ya era desastrosa. Pues bien, el Gobierno de Rajoy ha ido rebajando ese guarismo año a año, hasta llegar al extremo que las inversiones que recibirá Alicante en 2013 y 2014 no llegan en conjunto a esos 550 millones. Este año se inyectarán 256,2 millones y el próximo hay presupuestados 215,8. En total, 472 millones, 78 menos que en el ejercicio de 2011.

Pese a la evidencia del expolio, ni el PP ni tampoco el propio Fabra parecen dispuestos a alzar demasiado la voz. Al menos, eso se desprende de la reacción del titular del Consell tras conocer el reparto de fondos. Si el lunes afirmó que el nivel de inversión «proyecta a la Comunidad hacia el futuro», ayer se postuló en términos similares. «A todos nos gustaría obtener más de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, pero son austeros y realistas y cubren las cuestiones básicas para los valencianos». El líder regional del PP se manifestó de esta manera tras participar en la presentación de la Estrategia de Envejecimiento Activo de la Comunidad Valenciana.

Después del fiasco

Acto seguido, el presidente repitió el discurso del pasado año. Pero dado el fiasco de aquella reivindicación, estuvo más comedido. Apuntó, como entonces, que enmendará las cuentas en el Congreso, aunque no se atrevió a poner una cifra concreta. Hace justo 12 meses, Fabra anunció que los diputados valencianos en la Cámara Baja presentarían propuestas para obtener 140 millones de euros adicionales que paliaran, en parte, un recorte de inversiones del 35%. El Gobierno tumbó esas pretensiones y las acabó reduciendo a prácticamente nada. De ahí que el titular del Consell evitara dar cifras ayer para evitarse así una posible desautorización durante las próximas semanas.

«Vamos a intentar que en el periodo de enmienda y durante el resto del año haya compromisos directos con la Comunidad para ir resolviendo nuestros problemas, especialmente el de la financiación». Esas fueron las palabras exactas que pronunció ayer el jefe del Consell. Y concluyó: «Dentro de esa necesidad de querer más, lo que hay que poner en valor son esos compromisos con la Comunidad cumplidos como el agua y el Corredor Mediterráneo; o esas infraestructuras viarias que también suponen un bienestar para los ciudadanos».

Los dependientes censuran el «salvaje» recorte de fondos

Las plataformas en defensa de la Ley de Dependencia denunciaron ayer que los Presupuestos para 2014 y el «abandono» de la Generalitat «condenan» a los dependientes.

Los colectivos justificaron sus críticas asegurando que las cuentas del Ejecutivo recortan la partida para dependencia en «un salvaje 46,8%». Además recordaron que 16.121 cuidadoras familiares de la Comunidad ya han dejado de cotizar a la Seguridad Social y sólo quedan 1.360 cotizantes. «El Gobierno se reafirma en su modelo ideológico: dinamitar el cuarto pilar del Estado del Bienestar y hacer que el cuidado de las personas mayores y dependientes recaiga sobre las mujeres», lamentaron. Las plataformas señalaron además que el PP no apoya ninguna de sus propuestas, como la retirada del decreto que recoge un ajuste del 15% en las prestaciones por cuidados en el entorno familiar.

De operación urbanística a edificio fantasma

• Una mole de 80 viviendas por la que el Ayuntamiento de Relleu pactó un ingreso de 318.000 euros se queda a medio construir al desaparecer la promotora Los socialistas alertan del riesgo de la obra, con una grúa montada y sin vigilancia

Lo que, en un principio, era una operación urbanística para que el Ayuntamiento de Relleu ingresara 318.000 euros a cambio de construir una mole con 80 viviendas y 6 alturas, eso sí, con un notable impacto en el paisaje de este municipio del interior de la Marina Baixa se ha convertido, finalmente, en un «edificio fantasma» y abandonado al que se puede acceder sin vigilancia, con una grúa de la que se quejan los vecinos como foco de peligro y que, incluso, ha acabado en los juzgados, con una sentencia en contra de la promotora la mercantil Mosmay SL, radicada en l'Alfàs del Pi, que tuvo que indemnizar a un vecino con 180.000 euros al producirse irregularidades en el desmonte que tuvo que ejecutar más de 100 metros de la montaña arrasados para encajar el inmueble en la ladera en el mes de septiembre de 2007.

Toda esa maniobra urbanística, finalmente, se ha convertido en una auténtica pesadilla que, desde luego, marca la trama urbana de esta localidad de 1.300 habitantes, gobernada por el popular Santiago Cantó desde 1995 con mayoría absoluta. El convenio urbanístico entre el consistorio y la promotora iniciado antes de arrancar el grueso de la crisis se aprobó en el pleno municipal con los reparos de los concejales socialistas. La operación, en plena fiebre del ladrillo, era sencilla: el Ayuntamiento de Relleu se embolsaba 318.000 euros más de 50 millones de las antiguas pesetas como compensación a un cambio del uso del suelo que permitiría construir el edificio, tal y como se puede apreciar en la imagen que acompaña. Con los trabajos a medio ejecutar, sin embargo, la promotora de las obras condenada recientemente al confirmar la Audiencia Provincial al alza una sentencia previa de un juzgado de Benidorm desapareció de la localidad sin finalizar el proyecto.

La oposición socialista, representada ahora por la concejal Pilar Llinares, se queja de la falta de información del equipo de gobierno del PP sobre este asunto, se ratifica en que el inmueble no cumple con la normativa y además genera un «notable impacto paisajístico» y, finalmente, alerta del peligro de unas obras abandonadas y sin seguridad. «El acceso no está restringido. No hay vigilancia ninguna, tal y como establece la ley. Es un peligro», denuncia la edil Pilar Llinares que, además, también se hace eco de una de las cuestiones que más inquietud, según ella, origina a los vecinos: una enorme grúa-torre instalada en el inmueble. «La gente tiene temor, especialmente los días de viento, por la posibilidad de que pueda caer sobre las aceras o sobre la carretera de acceso a la localidad», concluye la regidora socialista.

Enfermos de cáncer, leucemia o hepatitis crónica pagarán el 10% de su medicación hospitalaria

• El BOE publica hoy una resolución del Ministerio de Sanidad por la que se establece el copago farmacéutico para los pacientes no hospitalizados a partir del 1 de octubre

La ministra de Sanidad Ana Mato, en la Comisión de Sanidad eb el Congreso

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Resolución de Sanidad sobre copago en farmacia hospitalaria (BOE)

Los medicamentos de dispensación ambulatoria en el hospital, es decir aquellos que "sin tener la calificación de uso hospitalario" sólo se dispensan a pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales, quedarán sometidos a partir del 1 de octubre para su dispensación al copago farmacéutico, con un límite de aportación reducida. Desde el departamento que dirige Ana Mato explican a Europa Press, que no se incluyen los medicamentos de uso hospitalario, como es el caso de los antirretrovirales para el VIH que, por lo tanto, "no tendrán aportación" por parte del paciente.

La resolución del 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, que publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE-ver pdf), es una medida ya se anunció hace unos meses y que viene motivada por la necesidad de que todas las comunidades, "que son las que lo tienen que ponerla en vigor", utilicen la asignación de aportación reducida para estos fármacos. "Se ha comprobado que no todos los fármacos dispensados tenían esta consideración y antes de que las CCAA lo pongan en vigor el Ministerio de Sanidad lo que hace es asegurarse que todos los medicamentos serán de aportación reducida", han añadido.

En total en el BOE se recogen 157 presentaciones farmacológicas de  poco más de 50 medicamentos que, según señala, "cumplen con las condiciones para ser considerados de aportación reducida, al tratarse de medicamentos de elección en el tratamiento de enfermedades graves o crónicas, y estando limitada su dispensación, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales".

Entre los fármacos incluidos se encuentra medicamentos para retrasar la progresión en cáncer de mama avanzado como el Afinitor o el Tyverb, para tratar el cáncer de riñón avanzado o extendido a otros órganos como el Votrient; o para en el tratamiento de tumores cerebrales como el Temodal; además de otros tantos fármacos prescritos para la leucemia mieloide crónica (LMC), el tratamiento de tumores malignos no resecables y/o metastásicos del estroma gastrointestinal (GIST), para reproducción asistida, la artritis reumatoide, la degeneración macular o la hepatitis C crónica, entre otros. Además, se incluye dentro de la lista el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (SIU-LNG) Mirena, que es un sistema anticonceptivo; y, por otro lado, Lactest indicado para diagnóstico de la intolerancia a la lactosa.

La aportación del usuario a dichos medicamentos, que estaban exentos del copago, será de un 10% del PVP del medicamento, con un máximo actualmente fijado en 4,20 euros, de acuerdo a la Resolución de 21 de enero de

Los pacientes pagarán, como máximo, 4,20 euros por su medicación, sea cual sea el precio de la misma

2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. "Esto significa que si el medicamento cuesta 30 euros la aportación será de 3 euros, pero si el medicamento cuesta 100 euros la aportación no será más de 4,20 euros porque ese es el tope", añaden.

En el caso excepcional de que no ajuste al envase comercial, el cálculo de la aportación se realizará de forma proporcional a la medicación dispensada. De esta forma, el cálculo de la aportación reducida en estos supuestos será el 10% del PVP del medicamento dispensado hasta un máximo de 4,20 euros por envase, y sobre la aportación que corresponda a la dispensación del envase completo, se calculará la proporción que corresponda a la medicación dispensada.

Sanidad reconoce la "gravedad y cronicidad" de las patologías para las que están indicados los fármacos con copago

En el motivo de la resolución, recuerda que "las características de gravedad y cronicidad de las patologías en que están indicados los medicamentos", que ahora serán incluidos el en la aportación farmacéutica, "aconsejan que la aportación por parte del beneficiario sea reducida pues de otro modo se producirían situaciones de inequidad por comparación a los medicamentos de aportación reducida que se dispensan habitualmente en las oficinas de farmacia".

De este modo se cumple el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, con el objeto de equiparar las dispensaciones mediante receta médica y orden de dispensación hospitalaria a efectos de la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria.

En su gran mayoría, se trata de medicamentos que sin tener la calificación de uso hospitalario tienen establecidas reservas singulares en el ámbito del SNS consistentes en limitar su dispensación a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales, pero pertenecen a grupos terapéuticos considerados de aportación reducida. No obstante, añade la disposición, "algunos de ellos pertenecen a grupos terapéuticos que no la tienen asignada. En estos casos, aunque sean medicamentos que cumplían las condiciones para ser considerados de aportación reducida, no había resultado necesario su reconocimiento expreso dado que estos tratamientos estaban exentos de aportación".

Casi dos décadas sin mejoras en los accesos

Relleu es uno de los pueblos de la Marina Baixa con vías de comunicación por carretera más deterioradas «Es un problema de dejadez», denuncia la edil socialista Pilar Llinares.

Infraestructuras locales. Los accesos al municipio de Relleu llevan casi dos décadas, concretamente desde 1994, sin apenas mantenimiento. Y eso se nota en las vías de entrada, llenas de baches y socavones. Un panorama, revela la edil socialista Pilar Llinares, que afecta a la vida diaria de los vecinos y a las visitas de turistas.

Estado de la carretera a la entrada del municipio

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Veinte años no es nada, decía el tango de Carlos Gardel. Pero, sin embargo, en el caso del municipio de Relleu son demasiados. Ese es el tiempo en el que apenas se han registrado tareas de mantenimiento en los accesos por carretera a esta localidad del interior de la Marina Baixa, como se aprecia en las imágenes que acompañan este reportaje. La edil socialista Pilar Llinares denuncia que la «mala gestión» afecta a los ciudadanos del municipio y reprocha al equipo del PP, tras casi dos décadas de gobierno, que haya sido «incapaz» de obtener ayudas tanto de la Diputación como del Consell para cuadrar una solución.

«Si damos un paseo por los municipios de alrededor como Sella, Orxeta o Finestrat, todos han arreglado sus accesos. No es un problema, por tanto, de dinero sino de dejadez y de rencillas personales en el PP», apuntó la regidora del PSPV que, además, exigió «la urgente ejecución de obras de mejora en nuestras carreteras». Este periódico intentó recabar la opinión del alcalde, el popular Santiago Cantó. En primer término, emplazó a ofrecer su versión media hora más tarde. A la segunda llamada ni siquiera atendió.

Ken Loach: "Necesitamos desesperadamente un partido de izquierdas"

El cineasta recuerda en 'El espíritu del 45' cómo el esfuerzo colectivo y la determinación de los trabajadores consiguieron levantar un país y construir un admirable estado de bienestar para sus ciudadanos.

Ken Loach  regresa a la gran pantalla con "El espiritu de 45"

"¿Remataremos nuestra victoria sobre el fascismo?" Es casi una de las primeras preguntas que se plantean en la nueva película de Ken Loach, El espíritu del 45, cine documental de valioso contenido, con el que el cineasta británico hace un llamamiento a la lucha contra el capitalismo y sus vasallos, donde proclama los males de las políticas conservadoras y desde donde advierte de la fatalidad si el gobierno (en este caso el británico) consigue privatizar la Sanidad. "Estaremos acabados -dice uno de sus protagonistas-. Hay que impedirlo haciendo lo que haga falta, incluso violando la ley".

Al más puro estilo Loach, sencillo, limpísimo y sincero, el filme recorre la historia de un país que venció al paro, la pobreza, la ignorancia, la enfermedad y la miseria con la voluntad popular de cambio. En 1945, al final de la Guerra Mundial, en Inglaterra "creíamos que nunca más íbamos a dejar que la pobreza, el desempleo o el ascenso del fascismo desfiguraran nuestras vidas", recuerda el cineasta, que reconoce que hoy, en una situación de deterioro social parecido al de entonces, el gran problema es el vacío absoluto en la izquierda, "necesitamos desesperadamente un partido de izquierdas".

"El momento de recordarlo"

En 1945, la sociedad vivía la determinación de mejorar. Si juntos habían luchado en la guerra, juntos harían casas para los que nos las tenían, juntos crearían un servicio social de salud y de transporte, juntos reconstruirían el país. "La idea central -explica Ken Loach- era la propiedad común, donde la producción y los servicios beneficiarían a todos. Unos pocos no se enriquecerían a costa de los demás. Era una noble idea, popular y aclamada por la mayoría. Era el Espíritu de 1945. Quizá hoy sea el momento de recordarlo".

"Creíamos que nunca más íbamos a dejar que la pobreza, el desempleo o el ascenso del fascismo desfiguraran nuestras vidas" 

Así,  a pesar de la fuerza política de Churchill, en las elecciones generales de 1945 en el Reino Unido se produjo una de las victorias más aplastantes que se recuerdan del Partido Laborista. Y, con Clemen Attlee a la cabeza, se inició una transformación del país, física y psicológica, que devolvió a los ciudadanos el timón de sus vidas.

Ken Loach acude a los recuerdos personales de doctores, mineros, activistas políticos, enfermeras, ferroviarios, trabajadores de correos o simplemente los que eran jóvenes en aquella época y reconstruye esta reciente historia política y social.

"Solo lo mejor es bueno para la clase trabajadora"

Uno de ellos cuenta cómo en su casa, en su infancia, él y cuatro de sus hermanos dormían en la misma cama, un colchón viejo invadido por las pulgas y las chinches. Otro explica cómo murió su madre, víctima de la pobreza en un país en el que la salud se pagaba muy cara... Los testimonios se suceden y van ganando en color a medida que en la película se van explicando los cambios producidos en el país.

La creación del Servicio Nacional de Salud y la colocación de los cimientos del estado de bienestar, gracias a la decisión y  valentía de Nye Bevan; la nacionalización del transporte -a partir de la cual ya no hubo despidos forzosos de los trabajadores del ferrocarril-, la nacionalización del gas, de los muelles, de la electricidad, del agua... -"monopolios naturales", como se denominan en la película-, y la puesta en marcha del Plan de Vivienda, que nació sobre una convicción: "Solo lo mejor es bueno para la clase trabajadora". Así, con Bevan vigilante de cada proyecto, las casas de protección que se edificaron tenían jardín privado, dos pisos, cuarto de baño en ambos...

"El capitalismo se está desmantelando"

Pero en 1979, cuando los ciudadanos disfrutaban de un admirable estado de bienestar, todo se torció con la victoria de Margaret Thatcher. Todo lo que había pasado a estar bajo el control público volvió a manos privadas. El afán privatizador de aquel gobierno, que vendió absolutamente todo lo que pudo, destrozó en un abrir y cerrar de ojos el hermoso sueño colectivo que tanto esfuerzo había costado convertir en realidad.

Otras voces surgen entonces en la película de Ken Loach, a los testimonios anteriores se unen ahora los de economistas, representantes de los pensionistas, escritores, activistas políticos, profesores, antiguos y nuevos sindicalistas... Todos coinciden en lo mismo, aún queda el Servicio Nacional de Salud y hay que defenderlo por encima de todo. "Si no, estamos acabados".

"La clase trabajadora puede cambiar toda la historia, pero aún no se ha dado cuenta del poder que tiene"  

Y todos, sin una sola fisura, están también de acuerdo en que la solución es la lucha contra el sistema capitalista, responsable del deterioro de la calidad de vida de los trabajadores.

"Todos hemos oído hablar del capitalismo amable, pero nadie lo ha visto porque no existe", dice uno de ellos, que añade: "El capitalismo no es fuerte, vemos cómo hoy se está desmantelando, lo único que es fuerte es la idea del capitalismo".

"¿Recortes? Lucha" Y Ken Loach, que ha contado toda esta historia en blanco y negro vuelve al comienzo, a las primeras imágenes, donde hombres y mujeres, mayores, jóvenes, niños, celebran el final de la guerra. Pero ahora hay color, porque la mirada es positiva, porque si ellos lo hicieron un día, puede volverse a hacer. "La clase trabajadora puede cambiar toda la historia, lo único que pasa es que aún no se da cuenta del poder que tiene". 

"Necesitamos un partido de izquierdas"

Por supuesto, Loach no es ningún ingenuo, es absolutamente consciente de hasta dónde el Partido Laborista británico actual ha colaborado en la destrucción del sistema de bienestar. Su apuesta en El espíritu del 45 no es por este partido, sino por los trabajadores. Y por ellos, hace también otra petición. El cineasta reclama, casi exige, a esos veteranos que han contado su pobreza en la infancia, su entusiasmo en la época de cambios, su pesar en los días negros de la Dama de Hierro, que vuelvan a contar esta historia, que no dejen morir su recuerdo. A pesar de sus ochenta, en algunos casos, noventa años, tienen el deber de seguir luchando, de animar con su memoria a la lucha. Y sobre esa convicción ha nacido El espíritu del 45.

"La gran cuestión es que hay un vacío absoluto en la izquierda", sentenció recientemente Loach en una entrevista realizada en Londres a propósito de esta película. "Ha habido intentos de crear coaliciones. Creo que yo me he sumado a la mayor parte de ellas. Pero no han funcionado. Necesitamos desesperadamente un partido de izquierdas, un movimiento en la izquierda. Nos han fastidiado esos líderes carismáticos con vanidades demasiado grandes. O ha sido el sectarismo. Esto tiene que ser un movimiento amplio, popular y democrático que se base en una agenda política que lo primero que diga es que el sistema se equivoca".

 

El promotor de un bloque para más de 80 viviendas, condenado a pagar más de 180.000 euros por provocar daños en un desmonte

La huella del urbanismo depredador es especialmente llamativa en los pueblos del interior de La Marina Baixa. En Relleu, un pueblo de algo más de 1.3oo habitantes donde su alcalde, Santiago Cantó, del PP, gobierna desde 1995, la más llamativa es una mole de más de 80 viviendas y seis alturas llamado edificio Masmay, que ha dejado a medio construir la mercantil Promociones Mosmay, SL., una empresa con sede social en L’Alfàs del Pi, que desapareció del municipio sin acabar el edificio con una sentencia que la condenaba a pagar 181.316,78 euros a un vecino por los daños que le causó en su vivienda el desmonte de 11 metros que tuvo que hacer la promotora para poder empotrar el bloque de pisos contra la montaña.

Ahora, el edificio y la grúa que lo corona se ven desde lejos y aunque no es la única estampa que deforma la fisonomía del entorno, es ya parte del Relleu fantasma en que han convertido a esta bella localidad de interior las obras inacabadas o las casas que están por vender después de que el regidor imprimiera un impulso desaforado a la construcción en el municipio, que incluyó la aprobación de un plan general que reclasificaba tres millones de metros cuadrados en cinco sectores conveniados con los promotores, algunos de ellos muy alejados del casco urbano.

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante condenó solidariamente a la mercantil Promociones Mosmay como promotora y a la empresa que hizo el desmonte , Transportes y Excavaciones Altea, SL., además de al arquitecto y al arquitecto técnico de las obras a pagar 181.316,78 euros de indemnización por los daños causados en la propiedad de los demandantes tras derrumbar en septiembre de 2007 101 metros lineales de montaña en el linde con su parcela, en la que habían construido una casa unifamiliar con piscina.

Las obras, según la sentencia, “supusieron el vaciado de aproximadamente 11 metros de altura en la línea medianera” sin que la mercantil que lo ejecutó avisara al arquitecto de su comienzo, sin firmar el acta de replanteo y “ejecutando las obras de forma negligente, al no rematar los bataches con estructuras de contención en un talud casi vertical que finalmente provoca su derrumbamiento”.

Previamente, el juzgado de primera instancia número 1 de Benidorm había condenado a los mismos actores a una indemnización de 131.386,92 euros, una sentencia que fue recurrida por el afectado, que consiguió incrementar la valoración de los daños en casi 50.000 euros. En primera instancia el juzgador estimó los daños causados en 85 metros, pero la Audiencia los elevó a 101 y además les impuso a los codemandados las costas de ambos pleitos.