Derrumbe de una era. Un
cartel de «Se vende o se liquida: razón, Alberto Fabra» en un paisaje lunar por
el que deambulan dos expresidentes (Camps y Olivas) judicialmente tocados y
políticamente hundidos. Es la foto de una C. Valenciana asolada por la corrupción
y la deuda. El cierre de Canal 9 es el último episodio del fiasco. Los grandes
proyectos (Cacsa, Terra Mítica o Ciudad de la Luz) con sobrecostes astronómicos se privatizan o
se venden como saldos. Si hay comprador. Las cajas se evaporaron por un euro y
los caprichos de nuevo rico, como la
Fórmula 1, ofenden en plena crisis. En la serie que arranca
en estas páginas se retrata la expansión y decadencia del imperio de cartón
piedra que impulsó Zaplana, continuó Camps y Levante-EMV denunció desde el minuto
cero.
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Las cenizas de la Falla
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FRANCESC
ARABÍ | VALENCIA El altavoz que pregonó
las excelencias del régimen sin escatimar recursos ni reparar en métodos, Canal 9, ha sido
fundido por el Consell, que decidió liquidarla en extrañas
circunstancias; el parque de atracciones que iba a convertir un erial donde no
crecía ni el esparto en una mina de oro, Terra Mítica, tuvo que venderse a
precio de saldo (65 millones, tras invertir más de 400); el coste de las
pirámides de la Ciudad
de las Artes casi triplicó el presupuesto y alcanzó un sobrecoste de 600
millones....
La tercera y la cuarta cajas de ahorros
españolas y un banco centenario „Bancaja, la CAM y el Banco de Valencia„ se multiplicaron por
cero en una década; el sueño de construir el Hollywood valenciano, la Ciudad de la Luz, se ha convertido en un
thriller de serie B que está en venta y sin comprador y ha de devolver 265
millones por subvenciones ilegales de la Generalitat; el banco público que avaló muchos de
los sueños megalómanos del Consell del PP, el Institut Valencià de Finances
(IVF), está al borde de la quiebra (ha multiplicado por seis sus pérdidas); el
Instituto Valenciano de la
Exportación (IVEX), que pagó la fotografía promocional del
expresidente Zaplana con Julio Iglesias y en parte bajo mano ha sido ya
borrado del mapa; el Aeroport de Castelló no ha despegado aún y la Fórmula 1 que colmó todas
las ínfulas de glamur de nuevo rico deja como legado una resaca de 260 millones
dilapidados y unos cuantos kilómetros de vallas y neumáticos abandonados.
El «motor» del desarrollo
Es el paisaje de cenizas de la gran falla levantada desde 1995 en tres
secciones: grandes proyectos de hormigón (en tiempos de Eduardo Zaplana),
grandes eventos de euforia (con Francisco Camps) y grandes escándalos de
sobrecostes y corrupción (común denominador en toda la etapa popular). La falla
tuvo dirección general propia y hasta secretaría autonómica para canalizar las
ocurrencias faraónicas. En este panorama devastador y en mitad de la Plaça de la Mare de Déu se levanta cada
día 3 un monolito intangible a la dignidad del duelo, a la memoria del
accidente de metro y como testimonio de la vergüenza de un presidente Camps que
no supo ni acunar el desgarro de las víctimas. En este paisaje lunar de la
nada, lo que queda cuando pasa la vacuidad y las corruptelas, Carlos Fabra Carreras, nombre y apellidos con los que
durante lustros actuó la ley en Castelló, ha sido condenado a 4 años de prisión por fraude fiscal.
El exvicepresidente Gerardo Camps cifró en
2008 en más de 5.000 millones el coste de los grandes proyectos y eventos. «Son
el motor del desarrollo económico de la Comunitat. Valenciana»,
presumía. El motor ha gripado. Los proyectos han crecido entre la indiferencia,
la complacencia, el clientelismo y un silencio atronador del que no han
escapado gran parte de los medios de comunicación, en especial en los años en
los que el Consell popular fue mutando a régimen, penetrando en los poros de la
sociedad civil, chequera pública en mano. La crisis incubó el estallido crítico
en la calle. El 12 de febrero de 2012 una manifestación recorrió
la ruta de los símbolos del despilfarro y
de una corrupción que se ha cobrado ya 250 políticos y empresarios imputados.
Pero los pilares de barro que se están
desmoronado no se levantaron en 2009, ni en 2007, ni siquiera en 2003. Es en
1995 cuando empieza a instaurarse el nuevo modelo económico. Desde el minuto
cero, Levante-EMV ha informado críticamente sobre el mal uso del dinero público
y ha denunciado comportamientos políticos escandalosos, lo mismo que hizo en la
etapa socialista, por ejemplo en el primer caso Blasco o el caso Cosistel.
La hemeroteca y el hostigamiento del Consell
al periódico y a sus periodistas, con condena firme del Supremo al Gobierno de
Zaplana (11 de diciembre de 2003), acreditan la línea del diario desde tiempos
en los que otros que hoy lideran manifestaciones y llenan trincheras ocultaban,
cuando no combatían como abanderados del Consell, el episodio del día aquí
publicado de Terra Mítica, al IVEX o la penúltima actuación clientelar y
presuntamente corrupta del hoy universalmente repudiado Rafael Blasco.
CIUDAD DE LAS ARTES
Un pozo sin fondo y 100 millones para
Calatrava
Para el candidato popular, Eduardo Zaplana, la Ciudad de las Ciencias (así se llamaba) proyectada por Lerma
no era cara, era «carísima». Unos 180 millones de euros iba a costar el complejo
concebido por el Consell socialista. El precio final ha rondado los 1.300
millones, incluidos equipamientos. «Es una obra descomunal sin rentabilidad»,
lamentó en septiembre de 1995 el primer conseller de Economía del PP, José Luis
Olivas, que con los años haría una decisiva contribución a hundir Bancaixa.
Cambio del proyecto
El PP anunció que paralizaría y archivaría el proyecto, pero al final optó por
darle una denominación de origen popular. La torre de telecomunicaciones se
cayó del plano, pese a que un estudio del Consell la consideraba
infraestructura básica (según se publicó el 29 de septiembre de 1995) y a que
el Ayuntamiento de Valencia usó ese pirulí como pretexto para autorizar fincas
de 18 plantas o más (como la
Torre de Francia) para armonizar un entorno de altura. En
unos meses se pasó de denunciar el despilfarro que auguraba esa obra a anunciar
que se ampliaba el proyecto incluyendo el Palau de les Arts y l´Oceanogràfic.
Olivas aparcó la ocurrencia de incorporar una
fuente, bautizada como el «chorrito», en una revisión del proyecto parida en
una noche que fue un cúmulo de despropósitos, según denunciaron arquitectos de
prestigio. La polémica del Consell del PP con el artista Santiago Calatrava
duró poco. El ya de por si ventajoso acuerdo que el arquitecto de Benimàmet
tenía con Lerma fue mejorado por el nuevo Consell para que cobrara el 12% del
coste de ejecución en vez del 11% sobre el presupuesto. Este sistema de primar
errores y modificados para incluir elementos que encarecen el proyecto permitió
a Calatrava cobrar 42 millones más de los previstos y rozar los 100 millones de
emolumentos. 2,7 por el inédito centro de convenciones de Castelló y 15 por el
proyecto de las tres torres que tampoco se han levantado. El cómputo lo hizo el
diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco a partir de la revisión de contratos
de obras en la sede de la empresa pública. El presupuesto ejecutado fue ganando
distancia sobre el previsto. Y la deuda empezó a crecer. El 14 de noviembre de
1998, se publicó en estas páginas que Cacsa alcanzaba ya un pasivo de 265,6
millones de euros. La empresa pública había firmado un crédito sindicado de
210,3 millones con cinco bancos.
La gran necrópolis de dinero público del viejo
cauce del Turia fue acumulando sobrecostes de obra y de emolumentos para
Santiago Calatrava. Los delirios de grandeza han llevado a disparar el coste,
solamente en obra, del Palau de les Arts de 97 a 434 millones. El Ágora ha
costado cinco veces más de lo previsto (de 20,7 a 93 millones); el Pont
de l´Assut de l´Or pasó de 26,7
a 62,5 y el Museo Príncipe Felipe, de 71,3 a 154,3 millones... En
total, unos 600 millones de sobrecoste. Para muestra de descontrol, el millón
gastado en obras para montar un restaurante debajo del puente de Serrería
cuando el PGOU de Valencia prohíbe locales debajo de la vía pública.
La proliferación de contratos a dedo y
anómalos denunciada reiteradamente por el Síndic de Comptes (49 de 66 en el año
2009) ha sido práctica habitual y recogida en estas páginas. Como las
irregularidades en modificados. El 24 de diciembre de 2010, se informó de la
alerta del Síndic sobreirregularidades en un
modificado de 35,6 millones en el Ágora. En los años de
ejecución de las obras hay un sinfín de pruebas de la arbitrariedad en las
adjudicaciones. El 29 de febrero de 2000 se publicó la concesión de las obras
de l´Oceanogràfic a Civis Project por 2,7 millones y sin mediar concurso. Otra
muestra: Calatrava entregó los proyectos de l´Assut de l´Or, del Ágora y
de las tres torres que no se construyeron meses antes de tener el encargo
oficial. Muy confiado en sus posibilidades debía de estar el arquitecto
residente en Zurich.
Constatado el fracaso, ahora se va a privatizar la gestión
de Cacsa, salvo l´Oceanogràfic, único elemento del complejo
cuya explotación resulta rentable. Antes de ceder el negocio a manos privadas,
el Consell ha aligerado la carga de nóminas echando a 141 trabajadores (casi la
mitad de la plantilla) para que Cacsa pueda ser efectivamente un negocio. Tras
ejecutar y pagar el ERE, se ha adjudicado por 290.000 euros a una ETT la gestión
de contratos temporales en 2014. Para que los expulsados por una puerta vuelvan
por otra cobrando la mitad, filosofía que inspira el adelgazamiento del sector
público valenciano.
PARQUE DE BENIDORM
El negocio del suelo, la ruina de las cajas y
foco de corrupción
Si hay un icono que concentra todos las perversiones, irregularidades y
presuntas ilegalidades que han desvalijado la C. Valenciana ese es
el parque de ocio de Benidorm. Sintetiza los sobrecostes (en casi 150 millones
de euros, sobre más de 400 que costó), las inversiones ruinosas de las cajas de
ahorro instrumentadas por el Consell, la concesión de contratos de forma
irregular, las facturas de obras que acabaron en los tribunales, el enchufismo
o la reclasificación de suelo adquirido a bajo coste por amigos del poder. El
auténtico negocio del parque lo hicieron los propietarios de suelo, como el
empresario farmacéutico y expresidente de la patronal alicantina Coepa, Eliseo
Quintanilla, quien, a través de Explotaciones Turísticas Finestrat, compró por
8 millones de pesetas y, tras la reclasificación, ganó 9 millones de euros en
la venta. El notario benidormí Antonio Magraner, también próximo a Zaplana, o
accionistas de Los Almendros de Alicante, entre ellos la suegra del
expresidente, también lograron pingües beneficios.
Al promotor Murcia Puchades le cayeron 700.000 metros
dentro del plan director del parque, encargado en 1997 al entonces director
general de Urbanismo Fernando Modrego, un ilustre de la peña festera Picarol,
muchos de cuyos miembros acabaron enchufados en la Generalitat o en el
propio parque, junto a familiares y amigos. Levante-EMV lo contó. El
expresidente colocó a su cuñado Justo Valverde en el complejo de ocio en 1999
como jefe de compras y luego de personal hasta 2005. Además de Quintanilla y
Magraner Duart, otro de la peña cuyo lema era «no et calfes el perol, picarol»
fue Roberto Botella, el abogado que dio cobijo en su despacho a Zaplana para
que se foguease como letrado. El expresidente le pagó el favor años después
nombrándole asesor de Terra Mítica,
proyecto impulsado desde el Consell a través de Parque Temático de Alicante
(SPTA). La construcción de un macroproyecto que se demostró inviable y
desproporcionado respondía a una voluntad política, travestida de oportunidad
empresarial a base de fabricar informes a la carta para justificar la inversión
pública.
Tras dos estudios de mercado que no casaban
con los aires de grandeza del presidente, Price Waterhouse elaboró uno a la
medida, que auguraba los 3 millones de visitantes soñados y amparaba la
inversión de 270 millones prevista inicialmente. Parte importante de la
explicación del sobrecoste puede leerse en sendos sumarios del juzgado de
Instrucción número 9 de Alicante y del 3 de Valencia. En el primer caso se
abrieron diligencias contra la
SPTA por delitos contra la hacienda pública, malversación y
falsedad documental. En el juzgado de Valencia se inició una investigación
por supuesto fraude fiscal. Se hincharon los costes de obras en
viales, asfaltado, excavaciones o canalización de agua e incluso se falsificaron
íntegramente las facturas.
Fiscalía señaló a exdirectivos y empresarios
como Vicente Conesa o José Herrero. El primero fue acusado de ser el cabecilla
de una trama para defraudar en el IVA e impuesto de sociedades por 4,4 millones
en los años 2000 y 2001, una causa que implica a 17 empresas y tiene a 24
imputados. Este diario ha informado de las novedades en los casos judiciales,
lo mismo que explicó la evolución del parque y sus problemas de viabilidad
desde que se concibió como macroproyecto.
Conesa, abonado al escándalo
Fue protagonista del caso Sanz y viejo conocido del PP y de Zaplana. Siendo
alcalde de Benidorm, le adjudicó en 1992 los mapas sonoro y verde a sus
empresas Delta Ingenieros y CRC Ingeniería Cartográfica por 180.303 euros, más
del doble del precio de mercado.
Los contratistas del parque Antonio Moreno y
José Herrero explicaron al diputado José Camarasa (PSPV), durante una
conversación grabada, que Conesa les comentó que pagaba comisiones a Zaplana.
«El señor Conesa decía que se repartía la pasta con el señor Zaplana». «Yo vi
como el señor Conesa se metía la bolsa en el maletero». Levante-EMV contó
ampliamente el episodio. Lo empresarios se desdijeron y acusaron al socialista
de haberles prometido 1,8 millones a cambio de acusar a Zaplana. Éste interpuso
una querella y Herrero pidió perdón (en marzo de 2007) al presidente, pero el
juez no dio crédito a la versión de que el PSPV intentó comprar el testimonio.
No le pareció verosímil la grave imputación formulada por los dos contratistas
del parque.
El 1 de agosto de 2000 se informó de la
accidentada inauguración, que obligó a cerrar el parque unas horas entre gritos
de clientes insatisfechos. En el momento de más éxito (el año 2001) Terra
Mítica apenas rebasó los dos millones de visitas. Al igual que los ingresos
(80,9 millones ese año), la progresión dibujó una caída en picado „en 2004, se
registraron 990.000 visitantes y entraron en caja 25,4 millones„ que abocó al
concurso de acreedores, al que se acogió el 26 de mayo de 2004 al no poder hacer
frente al pago del crédito sindicado de 111 millones firmado con la CAM,
Bancaja y el Banco de Valencia, entre otros. La empresa pública
Proyectos Temáticos, la originaria SPTA asumió todos los proyectos de ocio de la Generalitat, era la
avalista.
A los tres años de la apertura, las pérdidas
acumuladas ya superaban los 200 millones. Los tres grandes accionistas (las dos
cajas y la Generalitat)
inyectaron en balde fondos para reflotar el sueño del presidente y los
hoteleros de Benidorm, algunos de ellos padrinos políticos del salto de Zaplana
a Valencia. En diciembre de 2002, Bancaja prestó otros 30 millones a Terra
Mítica y esa política de inyección de créditos llevó la caja a duplicar los
quebrantos extraordinarios por su gestión de 39,6 millones a 79 millones entre
2002 y 2003. Visto el riesgo acumulado con el parque también por la CAM, el Banco de España ordenó
a la caja entonces alicantina que dotara sus pérdidas en Terra Mítica. Los tres
accionistas de referencia (CAM, Bancaja y Generalitat, que controlaba el 22%)
pusieron en venta el parque nada más levantarse el concurso de acreedores. A
finales de 2011, Aqualandia se quedó el complejo por 65 millones, la sexta
parte de lo que costó.
RTVV
Traslado de comisarios del Palau al Pirulí,
deuda de 1.300 millones y plantilla triplicada
De prometer en campaña electoral «democratizar» Canal 9 a proponerse acabar con «el
último bastión socialista». Esa fue la evolución del expresidente Zaplana en su
política respecto al Canal 9 que fue desconectado de la máquina el viernes a
las 12.19, tras una larga agonía desde que el Consell, trasanular el TSJ el ERE, decretó el cierre y
le aplicó la eutanasia sin siquiera demostrar con datos que el enfermo no tenía
solución. El PP triplicó la plantilla (de 650 a 1700) y multiplicó por 81 su deuda.
El primer capítulo de confusión entre
políticos y periodistas fue la designación del diputado Josep V. Villaescusa
como jefe de informativos, tras las elecciones de mayo de 1995. A Villaescusa lo
sucedióPedro García, que fue jefe de prensa de
Zaplana y de Camps. Por la dirección de Canal 9 pasaron, entre otros, Jesús
Sánchez Carrascosa, responsable de campaña de Zaplana, o Genoveva Reig,
directora general de medios de comunicación y jefa de prensa del presidente
cuando era alcalde de Benidorm. La secretaria de comunicación de Camps, Nuria
Romeral, fue nombrada directora de Ràdio 9 y Lola Johnson pasó de dirigir Canal
9 a
consellera y portavoz del Consell campsista. Como en un macabro concurso de
traslados, las jefaturas de prensa del Palau y las del pirulí siempre fueron
intercambiables. Era el mismo aparato de propaganda con dos puestos de mando.
En tiempos en que habitualmente no había
suficientes manos para sostener la pancarta por una «RTVV pública, en valencià
i de qualitat», este diario fue de los pocos medios que ofreció la mejor de las
coberturas a los sucesivos informes del comité de redacción, que lideró Julià
Àlvaro, denunciando la manipulación informativa. Hasta 2003. Hartos de los
informes, ahogaron al comité. El 7 de octubre de 1997 se publicó el dictamen
sobre la zaplanización de Canal 9, con desmesurada presencia del presidente. Y
el 29 de septiembre de 1998, se difundió la segunda de las radiografías a los
«Notícies 9». Revelaba que la presencia del jefe del Consell quintuplicaba a
todos los líderes de la oposición juntos. El 13 de diciembre de 2001, el informe
que se hizo público hablaba de 328 apariciones de Zaplana en el período
estudiado frente a las 37 de Ignasi Pla (PSPV) y las 16 de Joan Ribó (EU),
líderes de la izquierda parlamentaria. El 23 de marzo de 1999, el comité de
empresa denunció fraude de ley en 400 contratos y el 9 de octubre de ese año CC
OO llevó a la
Audiencia Nacional la contratación fuera de bolsa. Es sólo
una pequeña muestra de las informaciones que Levante-EMV y algún otro medio
ofrecieron mientras la gran mayoría guardaba silencio. Detrás y delante de la
cámara en algún simulacro de debate.
En Canal 9, miembros del comité de empresa de
entonces como Vicente Melo, Sergio Capelo, Natxo Àngel o José Manuel Alcañiz,
junto a Àlvaro, Josep Lluís Fitó... se significaban públicamente con sus críticas.
«Siempre hemos sido 300 en la protesta», subraya un trabajador generoso en la
cuenta.
La primera purga para depurar la plantilla de
supuestos desafectos se produjo en forma de despido de 45 trabajadores del Bon
dia y del A mitjanit, inmediatamente después de las generales de 1996. Los
populares no estaban satisfechos con el trato recibido en una campaña que
coronó con la amarga victoria de un PP que no alcanzó la soñada mayoría
absoluta. En abril de ese año, hubo un conato de elaborar listas negras, pero
el jefe de programas y exredactor de esta casa, Pasqual Martorell, y el
director de la radio, Francisco Mora, abortaron el intento de los directivos
Santiago Lumbreras y José Ramón Varó, a las órdenes de Genoveva Reig.
El acuerdo de Canal 9 con
Teconsa, constructora usada como firma pantalla por la red
Gürtel para lograr el contrato de 7,5 millones para la cobertura audiovisual de
la visita del Papa, es el más suculento y escandaloso de los contratos
conocidos, pero hay desmanes anteriores. El 26 de abril de 1997, el sector
audiovisual denunció que el director, Sánchez Carrascosa, sólo adjudicaba a productoras
afines a él y al PP. Como Cartel, a la que le llovieron 3 millones de euros
para producir Entre naranjos. O Producciones 52, que se llevó 2,16 millones en
un trimestre por el Tómbola.
El plató flotante de 3,6 millones
Entre los episodios más rocambolescos y relatados en estas páginas figura la
adquisición a la naviera Boluda de un paquebote, el Elisa B, que estaba
condenado al desguace. Por aquel amasijo de chatarra se pagaron 3,6 millones de
euros para convertirlo en plató flotante del veraniego De nou a la mar. Era la
etapa del todo por la audiencia.
A partir de las informaciones de este
periódico, el PSPV llevó a los tribunales (11 de julio de 1999) el presunto uso
de medios públicos en beneficio de una televisión privada, Valencia Te Ve, a la
que Canal 9 prestó sus enlaces para retransmitir la ofrenda a la Mare de Déu y la inauguración
de l´Hemisfèric, en 1998. El gerente de la emisora, propiedad de María Consuelo
Reyna y en la que recaló luego Carrascosa, era Francisco Aura, que fue jefe de
producción de Canal 9. El subdirector de informativos de TVV Vicente Andreu la
dirigió, tras tomarse una excedencia. Aura y Andreu hicieron negocios en RTVV
intermediando en la emisión de corridas de toros a través de su empresa Astel
Producciones. A esta firma le adjudicaron el infantil Babalà, tras
privatizarlo. Se llevaron 3 millones en un semestre por realizar un espacio de
producción en plató y con poca exigencia de medios.
Del primer intento de privatización, en el mes
de mayo de 2002, y de la censura de RTVV a una noticia que era vital para ella
misma se informó el 16 de noviembre. También de la ratificación por el Tribunal
Supremo, en febrero de 2007, de la ilegalidad que suponía,con la ley de
entonces, ceder informativos, programas, deportes y publicidad a manos
privadas.
Mientras tanto, la plantilla y la deuda iban
creciendo. En 2005, el agujero alcanzó los 678 millones. Entre otras razones,
por las pérdidas en la intermediación de los derechos del fútbol. Canal 9
vendía a las distribuidoras a precio mucho más barato del pagado a los clubes.
Una forma de financiarlos. En junio de 1996, el Consell tuvo que encargar un
informe jurídico a la carta para acelerar la defenestración del primer director
general popular, Juan José Bayona. Con vistas a que su sucesor, Josep Vicent
Villaescusa, firmara, dentro de la
Forta, la compra al Valencia por 72 millones de euros de los
derechos entre 1998 y 2003. El 12 de enero de 2005, se publicó que el Síndic no
veía justificado que RTVV perdiese 13,8 millones en la reventa de la
explotación de la imagen televisiva del Valencia CF y el Villarreal CF.
La Sindicatura insistió en el
siguiente informe en que la práctica de revender perdiendo carecía de toda
lógica. Al final, han sido 235 los millones que la televisión pública ha
regalado a los clubes en esta insólita reventa de derechos a la mitad del
precio por el que fueron adquiridos.
Cuando el escándalo Gürtel aún no había
estallado, este diario publicó que la visita del papa generó en RTVV gastos
extras por 12 millones. Entre el aluvión de noticias sobre las andanzas
valencianas de la red de Correa en torno a Canal 9, hay una que sintetiza la confusión
de intereses públicos y privados y sitúa juntos en la misma escena a algunos
ilustres de Gürtel y concesionarios de la Generalitat y del
canal público. «Álvaro Pérez y contratistas del Consell dieron una fiesta en
Marrakech al director de RTVV». A la fiesta sorpresa del 40 cumpleaños de Pedro
García, entonces director general y acusado de cobrar 500.000 euros de comisión
de Correa, asistieron el constructor Vicente Cotino (Sedesa), Álvaro Pérez «El
Bigotes», de Orange Market, o el productor Miguel Perelló, entre otros.
Ataviados con camisetas con la emotiva inscripción «Peter´s Birthday 40».
CASO GÜRTEL
Las primeras informaciones de Orange Market,
cuatro años antes de la operación de Garzón
«Una empresa relacionada con paraísos fiscales organiza actos para el PP
valenciano». «Los responsables de Orange Market, Álvaro Pérez y Luis de Miguel
Pérez comparten sociedades con Pablo Crespo». Eran informaciones de apertura
publicadas el 19 y 20 de mayo de 2005. Faltaban cuatro años para que estallara
la operación Gürtel, ordenada por el juez Garzón el 6 de febrero de 2009. En
esos y otros textos de días sucesivos se explicaba la circunstancia de que la
firma que montaba los actos del PP había sido adjudicataria del pabellón
valenciano en Fitur. «Turismo adjudica de nuevo el stand de Fitur a la empresa
que organiza los actos del PP», se destacaba en titular el 20 de enero de 2006.
En las cinco ediciones consecutivas en las que se le encargó el montaje del
pabellón valenciano facturó 5,3 millones.
Tardaría tiempo en descubrirse que a esas
alturas, Francisco Correa había decidido trasladar a Valencia la capital
Gürtel. Salvando las distancias, igual que se trasladó el Gobierno de la República en noviembre
del 36. Por estrategia de supervivencia y visto que la calle Génova (sede
nacional del PP) ya no representaba el caudal de ingresos de la etapa de Aznar,
cuando Gürtel operaba con la marca Special Events. En abril de 2004, al año de
constituirse, Orange Market pasó de ser afluente del caudal B de Gürtel, a convertirse
en río madre.
Se amortizó de sobra la máquina de contar
dinero que «El Bigotes» compró, por 540 euros, el 17 de octubre de 2005. El
diario detalló en 2005 los vínculos de esa red con paraísos fiscales,
concretamente con la Isla
de las Nieves o Islas Vírgenes Británicas.
A la trama no gustaron las informaciones
ofrecidas durante años. No en balde, en su declaración ante Garzón el 12 de
febrero de 2009, «El Bigotes» lamentaba: «Hay un periódico en la C. Valenciana, que
es Levante-EMV, que en cuanto saco la cabeza me machacan». En una grabación, se
le escucha repartir insultos a redactores de esta casa.
Desde el estallido del caso Gürtel, que
sepultó la carrera política de Francisco Camps „absuelto judicialmente pero
condenado política y socialmente„, se aportaron nuevas revelaciones. En estas
páginas se desgranaron las docenas de contratos pescados a dedo en la práctica
totalidad de las consellerias y empresas públicas como Vaersa, que montó un
paripé de procedimiento negociado sin publicidad entre tres firmas Gürtel para
simular haber consultado varias ofertas.
Orange Market era la gran fábrica de dinero
negro para Correa, quien tejió un entramado societario para que el euro cobrado
en negro en Valencia acabara en cuentas de Jubilate Holding BV o Bangtone
Limited, en Antillas Holandesas, y, de vuelta en España, era blanqueado a
través de la compra de terrenos, por ejemplo en la Nucia, y ampliaciones de
capital de patrimoniales como Caroki, Cresva o Castaño Corporate, todas de la
trama.
La financiación del PP
Este diario tasó los contratos de la Generalitat recibidos por las ocho constructoras
acusadas de financiar al PP pagando mítines a través de facturas falsas
emitidas por Orange Market. La firma Gürtel cobraba a las constructoras
(Sedesa, Lubasa, Enrique Ortiz u Hormigones Martínez) servicios ficticios que
jamás les prestó y que camuflaban trabajos para el PP. Unos 937 millones
lograron esas empresas, solas o en UTE. La Brigada de Blanqueo de capitales de la UDEF citó al diario como
fuente en sus informes.
La Agencia Tributaria destacó en un informe
de abril la aportación de 3 millones en dinero negro a las campañas del PP de
2007 y 2008, cuestión que copa una de las seis piezas Gürtel que instruye el
juez Ceres en el TSJ valenciano. El 29 de septiembre de 2009, se publicó: «La
trama Gürtel cobró al PP en negro por las principales campañas locales de 2007».
En la rama textil del caso, el jurado popular
absolvió a Camps y a Ricardo Costa, por cinco votos a
cuatro, del delito de cohecho, tras ser acusados de recibir trajes regalados
por la trama. Tras 26 sesiones de juicio, el 25 de enero se leyó la sentencia
absolutoria. Pero políticamente habían sido condenados. Como mínimo, por
permitir que la banda entrara en la cocina de la Generalitat y
exprimiera la teta pública para cobrarse el estilismo del PP. Cuando no por la
presunta financiación en dinero B al PP por parte de la trama Gürtel.
