LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN RECURRIRÁ EL AUTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

El auto ignora que la trama Gürtel la integran "profesionales del cohecho"

La Fiscalía Anticorrupción anunciará hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia que va a presentar recurso de casación ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, por entender que la decisión del tribunal que preside Juan Luis de la Rúa ha infringido la legalidad vigente y ha vulnerado el artículo 24 de la Constitución, que establece el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales.
La Fiscalía Anticorrupción anunciará hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia que va a presentar recurso de casación ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, por entender que la decisión del tribunal que preside Juan Luis de la Rúa ha infringido la legalidad vigente y ha vulnerado el artículo 24 de la Constitución, que establece el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales. La decisión de la Fiscalía deja al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en situación de interinidad hasta que el Supremo se pronuncie.
El recurso lo preparará la Fiscalía del Tribunal Supremo, en coordinación con Anticorrupción, durante las próximas semanas, dado que el mes de agosto es inhábil en el Tribunal Supremo. Por tanto, el recurso contra los argumentos del TSJ de Valencia no se presentará físicamente ante la Sala Penal previsiblemente hasta septiembre.
Fuentes fiscales valoraron que la resolución del tribunal valenciano es "muy frágil", porque para contradecir la tesis del juez instructor, José Flors, de que existen indicios de delito de cohecho impropio y que Camps y los demás imputados del PP valenciano deberían ser sometidos a juicio, el Tribunal hubiera debido pronunciarse por unanimidad.
Pero frente al criterio del magistrado instructor, la Sala, que reconoce paladinamente que "no ha realizado acto de investigación" y "no ha tenido conocimiento directo de los hechos", concluye dictando una resolución sobre el fondo del asunto en la que uno de los tres magistrados, Juan Montero Aroca, declara que "no está convencido" de que los hechos atribuidos a Camps, Campos y Betoret no sean constitutivos de delito. Y además, discrepa de que los dos magistrados que han resuelto el sobreseimiento, De la Rúa y Ceres, hayan interpretado adecuadamente la jurisprudencia que reseñan en la resolución.
Según las fuentes consultadas, la Fiscalía esgrimirá en su recurso que la decisión del tribunal valenciano no tiene en cuenta la existencia de la "relación negocial" entre el entramado de la Gürtel y la Administración valenciana, que es dirigida por Francisco Camps.
Además, en las actuaciones que se siguen en el Tribunal Superior de Madrid, que el instructor Antonio Pedreira ha remitido al tribunal valenciano, consta que las personas y empresas que regalaban trajes a Camps están integradas por cohechadores profesionales, que despliegan su actividad a base de pagos y dentro de un contexto de entrega de dádivas de manera continuada. Es decir, que el modus operandi de la trama Gürtel consistía en hacer regalos a alcaldes, diputados de la Comunidad de Madrid y altos cargos del PP, entregando dádivas obviamente para obtener contratos y fondos.
La interpretación del tribunal valenciano lleva a un "vaciamiento del delito" de cohecho pasivo impropio, según las fuentes consultadas.

UN AUTO JUDICIAL QUE INSULTA A LA INTELIGENCIA

El auto que archiva la causa contra Camps y otros tres dirigentes del PP valenciano no merece el mínimo respeto y sienta un precedente muy grave para enjuiciar en el futuro los excesos de los cargos públicos. El tribunal confirma que el president recibió regalos de la trama corrupta Gürtel y, por lo tanto, que mintió ante la justicia y el Parlamento autonómico al asegurar que los había pagado de su bolsillo.

Sin embargo, en una pirueta argumental que insulta a la inteligencia, el escrito añade que no se puede colegir que recibiera esas dádivas en consideración de su cargo, con lo cual lo libra del delito de cohecho impropio.

Camps había pronosticado que le faltaba un “escaloncito” para poner fin a su calvario judicial. Ese peldaño era el tribunal que preside Juan Luis de la Rúa, de quien dijo en cierta ocasión que habría que buscar otra palabra en el diccionario que describa la “íntima y sentida” relación que los une. De la Rúa y su colega Ceres, con el honroso voto discrepante del magistrado Montero, han dado un abrupto carpetazo al expediente sin atender las peticiones de la fiscalía anticorrupción y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que llamase a declarar a los que dieron las dádivas.

De hacerlo, quizá el cohecho impropio se habría convertido en una figura delictiva mucho más grave. La fiscalía anticorrupción ha anunciado que recurrirá. Queda esa esperanza.

MARCO SCHWARTZ