19 febrero 2014

La Comunidad Valenciana cae en el pozo de la pobreza en cinco años

La región alcanzó uno de los peores registros de España entre 2007 y 2011


Manifestación contra la pobreza por las calles de Valencia en octubre de 2010. 
La Comunidad Valenciana ha sido una de las regiones más castigadas por la crisis en el período comprendido entre el segundo trimestre de 2008 y el primero de 2013, según el último número de Papeles de Economía Española editado por la Fundación de las Cajas de Ahorros(Funcas). Los indicadores la sitúan en el grupo de las comunidades más afectadas, junto a Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, frente a País Vasco, Madrid, Navarra y Castilla y León, que han sido las menos castigadas por la crisis.
En este período, la caída acumulada del Producto Interior Bruto (PIB) se ha situado cerca del 9%, la destrucción del empleo ha sido del 21% y la tasa de paro prácticamente se ha triplicado al aumentar del 10% al 29% en la población activa. La Comunidad Valenciana contaba con un índice de desarrollo de humano ligeramente inferior a la media española. Sin embargo, entre 2007 y 2011 es una de las comunidades que sufre mayor deterioro de dicho índice (seis puestos, del siete al 13) en el que se combinan indicadores de salud, educación y bienestar material, motivado por la fuerte caída de la renta y el gasto medio de las familias.
Asimismo, ha experimentado “un gran deterioro” en el índice de pobreza económica (pobreza material más exclusión social). Mientras que la pobreza se ha disparado 15 puntos por encima de la media nacional, la pobreza económica, que ha aumentando un 98% en España, alcanza en la Comunidad Valenciana el 171%. El porcentaje de hogares pobres, que tuvo un incremento del 2% en España, en la Comunidad Valenciana se elevó un 8%. El dato la sitúa entre las regiones con peores registros por la ampliación de la brecha relativa de pobreza como por la intensidad con la que se manifiesta el desempleo de larga duración.
La estructura productiva de la Comunidad Valenciana presentaba un peso muy elevado de las actividades inmobiliarias y de construcción (el 22,2% del PIB), y este ha sido uno de los factores que más negativamente han contribuido a la caída del PIB. El informe incide en que las consecuencias de la recesión sobre el nivel de vida de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana “van más allá” de la evolución observada en el PIB per cápita y la tasa de paro y afectan a factores relacionados con el desarrollo humano o la pobreza económica.
En lo que se refiere a la dotación de factores productivos, la ratio de capital por habitante, la Comunidad Valenciana “está por debajo de la media del país”. Y al segregar el componente residencial (de gran importancia por el desarrollo del turismo) y tomar en consideración solo el capital no residencial (más relevante como capital productivo) “todavía se ahonda más” la distancia con la media nacional, aunque se detecta “una elevada productividad de ese capital no residencial”. El informe señala que una mejora de las dotaciones del capital no residencial, equiparándose con la media de España, produciría un impacto muy positivo sobre la producción.
En relación con el factor trabajo, la Comunidad Valenciana contaba, antes de esta gran recesión, con una tasa de paro similar a la media nacional (del 8% de la población activa), pero las consecuencias de la crisis la han situado “entre las regiones con mayor destrucción de empleo y superando la ya de por sí elevada tasa media de paro nacional”. Al tener una tasa de paro tan elevada, señala el estudio, la educación, cuyo nivel es equiparable al resto del país, tiene un impacto bastante superior a la media nacional en su capacidad para reducir la probabilidad de desempleo de la población, aunque sus efectos sobre los salarios son algo menores.
                                 Pobres visibles e invisibles
PILAR ALMENAR, VALENCIA

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la fundación BBVA, alertaron el pasado mes de diciembre de que el 28% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social. La renta per cápita ha retrocedido a los niveles de hace una década y en la Comunidad Valenciana, según las estadísticas oficiales, existen medio millón de pobres con perfiles diversos y pocas perspectivas de encontrar empleo.

La crisis ha hecho evolucionar el tipo de pobreza, que ha pasado de ser visible a invisible. “El aspecto que encontramos más novedoso es el empeoramiento de la situación de los mayores y de los jóvenes”, explicó ayer Ana Gómez, portavoz de Cruz Roja en la Comunidad Valenciana. “Los mayores están soportando económicamente el peso de segundas y terceras generaciones familiares. A esa presión económica, se añade el empeoramiento de sus condiciones de salud derivadas de una dificultad creciente para costear sus medicamentos”.

Cruz Roja lo define como “pobreza invisible”. “De enero a octubre de 2013 ayudamos a 1.777 familias valencianas con alimentos básicos o ayudas para paliar sus situaciones de impago de luz, agua o gas”, precisó. Las personas que acuden a pedir ayuda “están muy desesperadas” pero Gómez hace una reflexión: “Hay muchísimos casos de gente que no viene y eso nos preocupa”.

                        Y el pleno empleo se desvaneció
JOAQUÍN FERRANDIS, VALENCIA

El pleno empleo fue un sueño que el Gobierno valenciano acarició en pleno apogeo de la burbuja inmobiliaria. En junio de 2006 la tasa de paro estaba en el 7,8% en la Comunidad Valenciana, el desempleo en los hombres no alcanzaba el 6% y el de las mujeres superaba por poco el 10%. Y el PP especulaba con llegar al 5,5%, que es la tasa que, en teoría, permite encontrar trabajo en un corto plazo de tiempo.

Pero la burbuja se pinchó pese al discurso triunfalista de la Generalitat. El año pasado acabó con una tasa de paro del 27,9%, más de 20 puntos por encima de aquel sueño que se tocaba con la punta de los dedos. Un porcentaje de desempleo que fue de 27% para los hombres en 2013 y del 29,1% para las mujeres. Por edades, la desocupación en los jóvenes alcanzó casi el 60%.

El cierre de 2013 no ofreció, pese a lo que pueda parecer, los peores datos de desempleo conocidos, que se alcanzaron en el primer trimestre de ese año con una tasa del 29,2% (del 28% en hombres y del 30,9% en mujeres). Desde entonces los índices han logrado una progresiva pero lenta mejora de poco más de un punto. Todavía muy poco para que que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, pueda mantener que la Comunidad Valenciana liderará la salida de la crisis en España, pero lo suficiente como para que venda el discurso de la recuperación.

Diez infectados de hepatitis por una negligencia en Alicante

La infección masiva se produjo en diciembre de 2011 en el centro de La Vila Joiosa

Una paciente afectada ha demandado a la Generalitat este mes de febrero

El informe epidemiológico apunta a la manipulación inadecuada del suero fisiológico


El hospital Marina Baixa (La Vila Joiosa, Alicante) 

La denuncia de una paciente de 35 años que se infectó de hepatitis C durante su ingreso en el hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa (Alicante) en diciembre de 2011 ha destapado la existencia de un contagio por negligencia —así lo apunta el informe oficial— que también afectó a otras nueve personas del mismo centro y que no había trascendido.
Una revisión médica de rutina fue la que detectó que las transaminasas estaban altas y que algo en el hígado no iba bien. La paciente relacionó de inmediato los resultados del análisis con la operación a la que se había sometido meses antes en el centro alicantino. Este es el punto de partida de una investigación que concluyó con la detección de la infección. Y que llegó a la conclusión de que la causa más probable del contagio múltiple fue la falta de medidas de asepsia al usar un envase de suero fisiológico multidosis para tratar a distintos pacientes, en lugar de emplear frascos individuales, como aconsejan los protocolos de buena praxis médica para evitar casos como este.
El informe de los servicios de epidemiología de la sanidad valenciana que describe los detalles del brote tiene fecha del 30 de agosto de 2013, pero no se hizo público. Ayer, la asociación El Defensor del Paciente denunció los hechos y trasladó que ha presentado una demanda a la Consejería de Sanidad valenciana por el contagio del primero de los pacientes en advertir la infección, la paciente de 35 años. “Está muy fastidiada anímicamente, le han hecho polvo la vida, tiene pánico de contagiar a su marido, a las relaciones sexuales...”, relata su abogado, Ignacio Martínez.
Fuentes de la Generalitat admiten los hechos e indican que existen siete procedimientos abiertos por denuncias de los pacientes afectados, tanto por la vía administrativa como por la judicial.
El informe es concluyente: “Se confirma la existencia de un brote epidémico nosocomial de VHC genotipo 2q con 11 casos, 10 de ellos presentando una hepatitis C aguda y otro siendo un portador asintomático [la teórica fuente del contagio]”. Podrían ser más, pero otros 13 pacientes ya habían fallecido en el momento del estudio y hay un ciudadano británico al que no se ha localizado.
Todos ellos estuvieron ingresados en el centro hospitalario de La Vila Joiosa, de la red pública, el 1 de diciembre de 2011, por lo que “la fecha de exposición fue probablemente entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre”, añade el documento. La hipótesis “más plausible” que manejan los especialistas de la sanidad valenciana es que el mismo envase de solución salina que se empleó para el paciente portador del virus de la hepatitis C se usó para el resto.
La noche del 29 al 30 de diciembre de 2011 el enfermo contagiado de origen sufrió una hemorragia digestiva. Los profesionales sanitarios le canalizaron una segunda vía intravenosa para una transfusión de urgencia. “Es posible que para la permeabilización de la vía [procedimiento para que no se ocluya la cánula] se usara un frasco SSF (solución salina fisiológica) multidosis”, indica el escrito. Es probable que durante la estabilización del paciente se tuviera que permeabilizar la vía del enfermo varias veces, continúa el relato. Este proceso implica usar una jeringuilla para extraer el suero del envase e inyectarlo en la vía del paciente. “Si para ello se utilizó de manera inadvertida la misma jeringa, se contaminaría el frasco de SSF multidosis, y si después se usó para la permeabilización de la vía de otros pacientes, se explicaría la transmisión al resto de casos del virus”, concluye el escrito.
La enfermedad puede cursar sin síntomas y provocar cirrosis o cáncer de hígado

De los 10 pacientes afectados, a fecha de agosto del año pasado, tres habían requerido tratamiento y uno estaba pendiente de iniciarlo. Otro había fallecido por su patología de base. Sanidad trasladó ayer a este diario que todos los que necesitan asistencia la están recibiendo, “cada uno en función de su sintomatología”. También indicó que ya no se emplean envases monodosis.
“Estos casos son muy infrecuentes”, comenta el vicepresidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, Rafael Cantón. “Las tasas de infecciones nosocomiales [hospitalarias] han bajado de forma muy importante en España”.
La hepatitis C puede cursar sin síntomas, de ahí su peligro, ya que a largo plazo existe el riesgo de que provoque daño hepático grave en forma de cirrosis o cáncer de hígado. En el 20%-25% de las personas que han estado en contacto con el virus, el patógeno desaparece de forma espontánea. En el resto de la población, cuanto más pronto se trate, mayores son las probabilidades de erradicar la infección, como apunta Enrique Ortega, jefe de la unidad de enfermedades infecciosas del hospital General de Valencia.
Si se ataca con ribavirina e interferón durante los seis meses después del contagio, en la llamada fase aguda, la posibilidad de éxito son hasta del 90%. En caso contrario, al cronificarse la infección, depende del genotipo. Uno de los más raros en España —los más comunes son el 1 y el 4— y de los más fáciles de combatir es el genotipo 2, el que tenían los pacientes infectados. Tras seis meses de tratamiento, la paciente que ha denunciado la infección cuenta ahora con una carga viral muy baja, según su abogado. “Pero está hecha polvo”, insiste.

07 febrero 2014

PRIMARIAS 2014 PSPV-PSOE


Ya esta abierta desde hoy día 7 de febrero y hasta el 1 de marzo, la inscripción de todos aquellos ciudadanos que quieran participar en la elección del candidato del PSPV-PSOE  a la presidencia de la Generalitat Valenciana





05 febrero 2014

El gobierno aprueba legalizar los chalés ilegales del alcalde y la familia del edil de Urbanismo

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Chalet del Alcalde del PP de Relleu
El alcalde de Relleu, Santiago Cantó, y la familia política del concejal de Urbanismo, Antonio Vicente García Doménech, han aprovechado esta legislatura para tramitar la legalización de sendas viviendas ilegales que construyeron en parcelas de suelo no urbanizable donde en ambos casos solicitaron la construcción de una casa de aperos porque no reunían los los 10.00o metros necesarios, según la legislación, para levantar una casa.

En ambos casos ha sido a través de la correspondiente aprobación en la Junta de Gobierno Local (JGL) de la licencia de obras para conseguir legalizar la primigenia y supuesta casa de aperos. El alcalde solicitó el 19 de mayo de 2010 la realización de una obras “consistentes en la legalización de caseta de aperos como vivienda, situada en la partida La Viña nº 3, localizada según el Catastro de Rústica de Relleu en la parcela 36 del polígono 4. Señala el peticionario que según reciente medición la parcela 36 cumple con la superficie mínima exigible de 10.000 m2. Además, dicha parcela se corresponde con dos fincas registrales las cuales están vinculadas a la construcción y van a actualizarse en cuanto a superficies reales respecto a las superficies que constan en título público inscrito en el Registro de la Propiedad”.

Sin embargo, no fue hasta la JGL del pasado 21 de junio de 2013, tres años después, que el órgano que él mismo presidió aprobó “por unanimidad” -según consta en el acta de la reunión- la licencia de obras referida. Al acto acudieron el mismo alcalde, los tenientes de alcalde Elisa Lloréns y José Luis Sellés y el representante socialista Enrique Cabot como invitado. El regidor también se aprobó en la misma junta las “obras consistentes en la construcción de pérgola cubierta anexa a vivienda existente de dimensiones 6×4 m. en vivienda localizada en la partida La Vinya nº 3. Presupuesto de ejecución material de 3.065,16 euros” que realizó en su casa. Y en ambos casos y para mayor gloria, “de acuerdo con los informes técnicos municipales emitidos”.

Sin embargo, una simple visita al Catastro confirma que la parcela sobre la que se ubica el chalé de algo más de 70 metros cuadrados del alcalde de Relleu tiene una superficie de 8.918 metros de almendros, olivos y agrios, mientras que el Registro de la Propiedad ubica la casa en una superficie de 2.402 metros de regadío con derecho a sobrantes de agua de riego, pero no consta la vivienda. En cualquier caso, el acta de la JGL solo especifica que el propio alcalde “señala” que “según reciente medición la parcela 36 cumple con la superficie mínima exigible de 10.000 metros cuadrados”, sin que aclare nada más.

La primigenia casa de aperos ha acabado convertida unos 15 años después de su construcción en una residencia de verano, sin que conste que el Ayuntamiento le haya abierto al alcalde un expediente de infracción urbanística. Claro que, en este caso, se lo debió abrir a sí mismo, ya que Cantó preside la Corporación desde 1995.

Esta es la segunda ocasión en que la Junta de Gobierno Local de Relleu aprueba la legalización del chalé del alcalde. Ya aprobó lo mismo que ahora el 4 de junio de 2010 tras la solicitud que presentó el 19 de mayo del mismo año. La fecha es solo dos semanas posterior a que el periódico El País publicara que el concejal de Urbanismo, Antonio García Doménech, vivía en un chalé con piscina que también se construyó con licencia para casa aperos.

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Chalet del Concejal de urbanismo arriba a la izquierda
García Doménech utiliza otro chalé construido ilegalmente, en este caso de 150 metros cuadrados con piscina, propiedad de su suegro. Y también consiguió en esta legislatura que la JGL que celebró el gobierno local el 27 de enero de 2012 le aprobara las “obras consistentes en la legalización de vivienda unifamiliar aislada y piscina, en la partida Margelet, localizada según Catastro de Rústica de Relleu en la parcela 235 del polígono 4″.

En este caso, el suegro del edil aportó “justificante del pago de impuesto y tasas de la licencia de obras, proyecto técnico de visado formado por: memoria descriptiva, memoria constructiva, ficha resumen de la justificación urbanística de las condiciones urbanísticas, Declaración sobre el cumplimiento del art. 486.6.2º.a) del Decreto 36/2006 de 19 de mayo del Consell por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial Urbanística, cumplimiento de la normativa en cuanto a la habitabilidad y diseño, presupuesto, pliego de condiciones, planos y justificación de existencia de sistema de depuración de aguas mediante fosa séptica con pozo filtrante. El presupuesto de ejecución material es de 59.624,8e euros”. La concesión de esta licencia también fue aprobada por unanimidad y con un informe favorable del técnico municipal.

El edil de Urbanismo utiliza como residencia desde principios de 2007 este chalé que también fue levantado con una licencia para casa de aperos. En este caso, la vivienda estaba en un terreno de 15.474 metros, pero ya tenía una construcción de 452 metros cuadrados en la parcela que se levantó en 1900. Esta casa agotaba la superficie máxima edificable, el 2% de la parcela, lo que impedía que hubiera podido concedérsele una licencia para otra vivienda. 

Estos ejemplos forman parte de la realidad física del término municipal de Relleu y afecta a la práctica totalidad de los vecinos. La inmensa mayoría de las familias de la localidad tiene en su entorno una vivienda ilegal, así que la especie de oferta en la que vive instalado el municipio condiciona que quienes dirigen el Ayuntamiento estén lejos de ser un ejemplo para el resto de vecinos.

Además, la localidad, de unos 1.300 habitantes censados, tiene pendiente de aprobación definitiva su Plan General, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento en 2006 y todavía sin el visto bueno de la Generalitat, lo que ha permitido al gobierno del PP manejar suelo no urbanizable sin ningún criterio. Ese nuevo PGOU contempla la reclasificación de tres millones de metros cuadrados en cinco sectores, cuatro de ellos alejados del casco urbano, que suman casi 600.000 metros de techo residencial y hotelero, es decir, viviendas para casi 20.000 habitantes. En este PGOU hay grandes nombres del PP de la comarca imbricados en la compra y venta del suelo y en la redacción de un documento que supone una de las más relevantes salvajadas urbanísticas que se han cometido durante la burbuja inmobiliaria.

La Marina Plaza 04/02/2014

http://lamarinaplaza.com/2014/02/04/el-gobierno-aprueba-legalizar-los-chales-ilegales-del-alcalde-y-la-familia-del-edil-de-urbanismo/