LAS MENTIRAS MASIVAS DEL PP

¿Quién está detrás de la privatización de los sistemas sanitarios?

LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

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Es un documento muy interesante sobre la privatización de la Sanidad Pública sus consecuencias, las mentiras de su menor coste y la verdad de quien esta de detrás de las privatizaciones de la Sanidad.

PRIVATIZAN LA SANIDAD, ¿QUE SERÁ LO PRÓXIMO?

Los políticos del PP valencianos son cínicos, deshonestos no tienen pudor ni vergüenza, han dilapidado, malgastado y saqueado las arcas publicas valencianas, con una nefasta gestión económica y con casos de corrupción vergonzosos como La trama Gürtel, Burgal, caso Fabra, caso Emarsa etc. etc. 

Han gastado miles de millones de euros en  obras faraónicas que no han servido para nada como Terra Mítica, (costó 377 millones de € y se ha vendido por 65 millones un negocio redondo), La Ciudad de la Luz, (costó 300 millones de € y hoy está  a punto de cerrar por quiebra), la Ciudad de las Artes y las Ciencias, (1.300 millones de € con un sobre coste de el 500%), o eventos deportivos internacionales multimillonarios como la Copa América de Vela (2.000 millones de € con las instalaciones abandonadas), la Formula l (35 millones €), el mundial de Motociclismo (4,7 millones de €),  la Volvo Ocean Race, (4,16 millones de €), el Torneo de Tenis Open 500 (3.1 millones de €), Torneo de golf Castellón Master Costa de Azahar (3,1 millones de €) o el viaje del Papa (11 millones de € pagados por la TVV a la trama Gürtel) etc. etc.  Claro está después de haber dilapidado tal cantidad de dinero público, por narices tenemos el mayor déficit público de todas las CC.AA. y además y por añadidura tenemos un paró del 27,32%  tres puntos más que la media nacional.

Con este panorama económico tenemos todas la papeletas para en breve ser intervenidos por el Gobierno de España. Pues bien, estos "señores" no conformes con los recortes tan injustos y salvajes que nos están imponiendo a los valencianos por su mala gestión económica, ahora nos vienen con el cuento de que para ahorrar  unos cuanto millones de euros nos van a privatizar la Sanidad, cosa que por otra parte ya habían conseguido en parte, pero que ahora tienen la excusa perfecta con el déficit y la crisis económica y además buscando el SHOCK de los ciudadanos que les permita desmantelar el Estado del Bienestar para regalar a sus “amiguitos del alma” la Sanidad Pública que tanto nos ha costado conseguir a los ciudadanos. 

Y después de todo lo que nos está pasando a los valenciano  me pregunto ¿hasta cuando vamos a permitir este expolio de nuestro estado del bienestar? Creo que ya ha llegado el momento de decirles ¡BASTA!¡QUE SE VAYAN!,  los  Valencianos nos merecemos otros políticos, políticos que nos gobiernen honrada y honestamente y no corruptos sin escrúpulos que gobierna únicamente por su propio interés.

Terra Mítica: una venta a precio de saldo

• El Consell y las dos cajas venden por 65 millones un parque que costó 377, y en el que dilapidaron fortunas, y ceden un suelo que en su día fue público.

Doce años después de su apertura, y tras un carrusel de vicisitudes que daría para escribir una enciclopedia, Terra Mítica se vende. Y casi a precio de saldo. Lejos quedan aquellos tiempos de oropeles de principios de este siglo, cuando bajo la tutela de Eduardo Zaplana el complejo de Benidorm fue inaugurado con la aspiración de convertirse en el mayor parque temático de Europa y sus gestores vivían en hoteles de lujo y derrochaban en vinos caros y regalos. Ahora, la Generalitat, Bancaja y la CAM, los tres socios de referencia del parque con el 70% de las acciones, respiran aliviados al saber que están a punto de vender sus participaciones a la empresa Aqualandia España S.A. por 65 millones de euros. La cifra es pírrica. El complejo costó al menos 377 millones -hay fuentes que elevan esta cifra a más de 400- y obligó tanto a las entidades bancarias como a la administración autonómica a realizar constantes inyecciones económicas para compensar sus pérdidas. Jamás tuvo los visitantes previstos.

En realidad, los 65 millones de la operación de venta apenas servirán para tapar agujeros: equivalen, más o menos, a la deuda acumulada por el parque entre 2006, cuando se levantó una suspensión de pagos, y 2010. Y en realidad, tampoco se sabrá con exactitud la cantidad de fondos que las arcas públicas del Consell destinaron a esta auténtica quimera, digna de otros tiempos, cuando no había ninguna crisis que pusiera freno al gasto del dinero de los contribuyentes.

La Generalitat comenzó a invertir en el parque antes de su construcción: en 1997 expropió alrededor de 10 millones de m2 con el fin de crear un gran área lúdica con Terra Mítica como epicentro. La cosa ya fue mal desde entonces. Con una triple excusa -buena parte de esa superficie había sido arrasada por un incendio en 1992, los terrenos estaban catalogados como "no urbanizables" y la operación se calificó de "interés general"-, la administración autonómica pagó por las expropiaciones forzosas precios a la baja. Sin embargo, posteriores sentencias del TSJ le obligaron a elevar aquel desembolso en 73 millones de euros más de los previstos.

En aquellos terrenos se ubicaron campos de golf, el complejo Terra Natura, hoteles de lujo y el propio parque temático en sí, que ocupó cerca de un millón de m2 que están a punto de acabar en manos privadas en su totalidad a través de dos procesos: uno, el que va a concretarse ahora con el desembarco de Aqualandia, toda vez que la compra de las acciones de los tres socios de referencia incluye también el control sobre los aproximadamente 750.000 m2 de suelo que ocupan las atracciones. Es verdad que éste ya estaba en manos de una empresa -Parque Temático de Benidorm y Finestrat- pero al fin y al cabo esa mercantil tenía participación de la Generalitat y hasta verano de 2010 la gestión también fue pública. Cuando se concrete la venta a Aqualandia, ya no será así de ningún modo.

El segundo proceso afectó a otros 216.000 m2 que también eran propiedad de Terra Mítica y que se habían reservado para una hipotética expansión del complejo que nunca se podrá llevar a cabo. Porque en julio de 2006, con el fin de hacer frente a la angustiosa situación del parque, que se encontraba en suspensión de pagos desde hacía dos años, bordeaba la quiebra y arrastraba una deuda de 240 millones de euros, sus gestores decidieron vender esos terrenos a través de una subasta que se adjudicó una empresa del promotor Enrique Ortiz por 85 millones. Con la intervención de Ortiz, quien por cierto luego vendió la mitad de esos terrenos a dos empresas por 42 millones, se abrió otro capítulo de la rocambolesca historia urbanística del parque: el suelo sobre el que se asienta el mismo sigue siendo hoy "no urbanizable", pero siempre se toleraron los usos turísticos para los que fue destinado. Sin embargo, el conocido empresario alicantino logró aún más "tolerancia": obtuvo del Consell dos modificaciones de esos usos, primero para poder construir en los terrenos apartamentos turísticos, y después para aumentar la densidad urbanística de los mismos.

Más allá de todas esas tribulaciones -y también de los dos procesos judiciales vinculados al parque con investigaciones por presunto fraude fiscal-, lo cierto es que a lo largo de estos últimos doce años el complejo también naufragó en su principal cometido que, para que nadie lo olvide, era turístico, era captar clientes. En este sentido, la lista de infortunios también es dilatada: su construcción a toda prisa en 1999, que acabó costando 96 millones más de los previstos; la inauguración en julio de 2000, con presencia del príncipe Felipe y algunas atracciones sin funcionar; la estéril entrada de Paramount en 2002, que costó otros 4,2 millones; la dimisión del director general John Fitzgerald en 2008, una anualidad en la que el recinto acumuló pérdidas por 15 millones; el enfrentamiento político en el seno del PP después de que los zaplanistas, padres de la criatura, criticaran la posterior gestión del gabinete de Camps; o el clamor de los hoteleros exigiendo un gran pacto que ayudara a reflotar la situación.

Ahora, Aqualandia quiere devolver a Terra Mítica el prestigio perdido. Lavar su imagen. De hecho, está en eso desde agosto de 2010, cuando comenzó a gestionar, a través de la mercantil de su propiedad Ocio y Parques Temáticos, las instalaciones a través de un contrato de arrendamiento con una opción de compra que es la que, como confirmó ayer la consellera de Turismo, Lola Johnson, está a punto de cristalizarse. Para hacerlo, Aqualandia ha ampliado su capital social en 31,76 millones.

Durante su año y medio de gestión, Aqualandia, controlada por el empresario francés Georges Pierre Santa-Maria, ha renovado las atracciones, ha disminuido pérdidas -aunque aún son demasiadas- y ha aumentado visitantes -aunque no son suficientes-. También ha reducido a menos de 200 trabajadores la plantilla después de dos expedientes de regulación de empleo.

En su nueva aventura, la empresa no estará sola. Si bien, el Consell y las dos cajas se van, no harán lo mismo los pequeños accionistas, cuyo número asciende a 280 y que tienen un 30% de las participaciones del parque que han decidido mantener. No quieren perder la inversión realizada en el mismo y confían en que la gestión de Santa-Maria ayude al complejo a levantar el vuelo. Eso sí, será el empresario galo el que a partir de ahora estará a los mandos de todo.

"Vamos a seguir al pie del cañón"

El empresario Francisco Ronda, portavoz de los pequeños accionistas que seguirán ligados al parque, señaló que "estaremos al pie del cañón para defender a capa y espada Terra Mítica y lograr que se convierta en un atractivo turístico para Benidorm". "Estamos aquí por eso, no por negocio". Ronda confió en que la entrada de Aqualandia sirva para cumplir con ese objetivo, "aunque los dos primeros años serán duros", y señaló que ya ha mantenido conversaciones con Santa-Maria. De estos empresarios, algunos de peso, partió la idea de crear el parque que, eso sí, se configuró después con la estructura actual, con lo que no participaron en las grandes decisiones de su gestión.

Declaran los primeros imputados por la financiación del PPCV

• Jorge Guarro, Isaac Vidal y Dora Ibars, tres altos cargos de la Generalitat, comparecen hoy

Francisco Camps y Alvaro Pérez "El bigotes"

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana acoge hoy las primeras declaraciones de imputados en la causa abierta por supuesta financiación irregular y delito electoral del PPCV relacionada con la trama Gürtel.

Los primeros en comparecer ante el magistrado instructor serán el jefe de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo, Jorge Guarro, citado a las 9.30 horas, y el exjefe de área de Mercados de este organismo Isaac Vidal, llamado a las 12.15 horas.

Posteriormente, a las cuatro de la tarde, le tocará el turno a la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars.

Los tres figuran como imputados en una causa que tiene su origen en la investigación iniciada por la Audiencia Nacional en 2009 sobre una presunta trama de corrupción, la red Gürtel, cuyo avance dio lugar a piezas separadas en distintos órganos judiciales.

Dos de estas piezas recayeron sobre el Tribunal Superior de Justicia valenciano: la primera, conocida como "la causa de los trajes", concluyó el pasado mes de enero con la absolución de Francisco Camps y Ricardo Costa; la segunda avanza en su instrucción con el comienzo de las declaraciones.

El magistrado la ha dividido en tres piezas: supuesta financiación irregular; presunto delito electoral en los comicios de 2007 y 2008; y posible prevaricación en la contratación de la Generalitat con Orange Market por el pabellón de Fitur entre 2005 y 2009, en la etapa de gobierno de Francisco Camps.

Entre mañana y el 30 de mayo prestarán declaración ante instructor una treintena de imputados, entre los que figuran los responsables de la red corrupta, empresarios y varios cargos del PP, entre ellos seis diputados autonómicos.

Las declaraciones previstas para esta semana se completarán mañana con la exadministradora de varias empresas de la trama, Isabel Jordán, y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, condenado en la "causa de los trajes" por aceptar regalos de la red que dirigía Francisco Correa.

El Consell paga 35 millones más por la F-1 que iba a costar cero euros

• Un cambio presupuestario revela que la deuda de Valmor supera los 41 millones



Francisco Camps saluda a Jorge Martínez 'Aspar' en presencia de Francisco Roig y José Luis Olivas en 2008.

El Consell ha tenido que pagar otros 35 millones por la organización de la carrera de fórmula 1 en el circuito urbano de Valencia. Un evento que anunció en 2007 el entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps y que, según se hartaron de pregonar los populares con Ricardo Costa a la cabeza, iba a tener un coste cero.

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicó ayer una modificación de crédito por la que detrae 34,8 millones de euros de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana para pasarlos a la empresa Circuito del Motor, que gestiona las instalaciones de Cheste.

Este dinero se destinará a cubrir las deudas heredadas de Valmor Sports, la sociedad participada por Jorge Martínez Aspar, Bancaja y el propietario del Villarreal CF, Fernando Roig. Esta firma tenía los derechos para organizar el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 y fue comprada por el Consell el pasado 9 de diciembre al precio simbólico de un euro.

En los presupuestos de 2012 de Circuito del Motor ya se destinaron seis millones de euros para cubrir deuda de Valmor, que sumados a los 35 adicionales alcanzan ya un total de 41 millones de euros.

Fabra reordena los grandes eventos sin dar cuenta de la gestión hecha

El dinero para asumir las deudas que arrastra Valmor Sports completa el proceso de reordenación de la fórmula 1 por parte del Consell que dirige Alberto Fabra. El presidente de la Generalitat constató desde un principio que el evento del que había hecho bandera Camps era insoportable económicamente.

Así, buena parte de los esfuerzos se han dirigido a intentar reducir el coste de la carrera de fórmula 1 que se celebra en Valencia, lo que lo ha distanciado de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Fabra y su vicepresidente José Ciscar han rebajado el gasto con tres actuaciones. Primero, el Consell aceptó la oferta del Gobierno catalán de alternar cada año el premio de fórmula 1 en España. Segundo, han roto el contrato que tenía Canal 9 para retransmitir las carreras del campeonato de fórmula 1 en valenciano. Y, tercero, han acabado con los intermediarios que Camps utilizó como pantalla para justificar que la carrera de coches “no le iba a costar a las arcas de la Generalitat ni un solo euro”. A cambio, eso sí, Fabra se ha tenido que hacer cargo de los 41 millones de deudas acumulados por Valmor Sports. Y todo ello sin dar cuenta de la gestión realizada en un evento que ha ofrecido notables réditos electorales al Partido Popular.

Los socialistas, a través del diputado José Manuel Sánchez, afirmaron ayer que la modificación presupuestaria “desenmascara una nueva mentira de la Generalitat y del PP y supone un duro castigo para el sector turístico, que ha visto reducidos sus presupuestos en más de un 30%”.

Valmor acumuló deudas desde la primera carrera hasta su venta en diciembre.

“Dijeron que iban a comprar Valmor Sports por un solo euro, lo que al final ha sido una mentira más”, dijo Sánchez, que recordó que el presupuesto de la Agència Valenciana de Turisme para este año se ha quedado en 44 millones de euros”.

Los grupos de la oposición han solicitado, hasta ahora sin éxito, acceder a los contratos y las cuentas de la fórmula 1.

Valmor Sports firmó con el patrón de la Formula One Administratio Limited, Bernie Ecclestone, el contrato para organizar las siete ediciones de la carrera entre 2008 y 2014. Tan solo llegó a abonar el canon correspondiente a la primera carrera celebrada en Valencia, ya que al año siguiente asumió el pago de los 20,5 millones de euros la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, perteneciente a la Generalitat.

Valmor Sports incorporó a finales de 2007 a Vicente Cotino, sobrino del presidente de las Cortes, a través de la sociedad Worldwide Circuit Management, pero los costes de la carrera fueron inasumibles para esta sociedad desde el primer día. Y ello, pese a que las obras de acondicionamiento del circuito urbano de Valencia corrieron a cargo del erario público, que también asumió trabajos necesarios para la organización de la carrera.

Valmor ya cerró 2008 con unas deudas de 15,8 millones, según los datos depositados en el Registro Mercantil, que al año siguiente (2009) ya ascendían a 25,7 millones. Las inyecciones de dinero realizadas por la Generalitat a través de la sociedad Circuito del Motor han permitido saber que dos años después las pérdidas se habían doblado y ahora se cubrirán a cargo del erario público.

Definitivamente si el Consell gobernado por el PP se sigue empeñando en mantener grandes eventos como la F1 que no puede asumir debido a la descomunal deuda que acumula más 4.000 millones de euros, la más grande de las CC.AA. y  prefiere seguir recortando en Sanidad y la Educación  a los ciudadanos, esta situación puede desencadenar por una partes el descontento social y graves incidentes con los ciudadanos y por otro lado y debido a la quiebra en que nos encontramos, la intervención de nuestra comunidad por parte del Estado de la Nación, lo que sería nefasto para el auto-gobierno de los valencianos que perderíamos todas las competencias que hoy disfrutamos.

La asistencia sanitaria a partir de ahora

¿Qué medicamentos quedarán fuera? No se sabe. Va a haber dos vías para sacar fármacos de la financiación pública. Por un lado, se excluirán los obsoletos, cuya función ya ha sido superada por otros más modernos. Esto no debe de suponer ningún ahorro, ya que si se han quedado anticuados lo lógico es que no se estén usando. El otro es el que se refiere a medicamentos para síntomas leves. No hay una lista. Lo que sucede actualmente es que hay algunos preparados (antidiarreicos, antitusivos) que están catalogados de dos maneras: como medicamentos de prescripción (con receta) y de venta libre. El propósito de Sanidad es dejarlos en un solo grupo, los de venta sin receta (que así no tiene que subvencionar la Administración). El problema es que hay productos que sirven a la vez para síntomas leves y para otros más graves, indican fuentes de la patronal de los medicamentos sin receta, Anefp. Por eso habrá que ir caso a caso.

¿Qué copago habrá para ambulancias, prótesis y dietoterápicos? La escala que fija el real decreto es la misma que para medicamentos. Pero en estos casos no va a haber un tope de copago para el usuario. Lo que se desconoce es cómo actuará cada comunidad. Ya hay copago para estos productos o servicios en muchas de ellas. En unos casos es mayor, y en otros, menor. El decreto solo puede fijar el mínimo que subvenciona la Administración (el 90% en el caso de pensionistas, por ejemplo), pero una comunidad puede financiar el resto. Eso sí, tendrá que informar de ello. Lo mismo sucede si una comunidad quiere dar más prestaciones que las de la cartera mínima común (por ejemplo, pagar las gafas de todos). En ese caso lo pagará con sus medios, no con fondos del Estado.

¿Habrá que renovar la tarjeta sanitaria? No. El cruce de datos con Hacienda para ver cuánto tiene que pagar cada uno será invisible para el usuario. El nivel de renta quedará en los ordenadores de las Consejerías de Salud, y, en función de eso, se calculará lo que se abona por los medicamentos.

¿Cuánto deben pagar los pensionistas? En general (los que ganen hasta 100.000 euros), el 10% del precio de los fármacos. Pero ese copago tiene un tope mensual: si excede de 8 o 18 euros al mes (según la escala de renta) la diferencia será reembolsada por las comunidades, que tienen seis meses para hacerlo. Por ejemplo, si gasta 200 euros en medicamentos, paga 20. Si su tope es de 8 euros, los 12 restantes tendrán que devolvérselos antes de seis meses. Con rentas por encima de 100.000 euros, el pensionista paga el 60%, pero nunca más de 60 euros al mes.

¿Y quien no tenga ingresos? Como hasta ahora, cabe la posibilidad de que acuda a la Seguridad Social con el certificado correspondiente de Hacienda para que, si es español o extranjero con papeles, le den la tarjeta.

¿Quiénes quedan fuera? Hay dudas sobre qué pasará con personas de más de 26 años que nunca hayan cotizado (estudiantes, rentistas, grupos como algunos monjes y monjas). Sanidad dice que habrá una solución.

¿Y los extranjeros? Solo tendrán tarjeta sanitaria los que residan legalmente en España. Al resto solo se les tratará en urgencias, aunque puede haber excepciones, como los enfermos infecciosos.

Johnson confirma que la compra de Terra Mítica está ´en la recta final´

• La consellera afirma que Aqualandia está ultimando los detalles para concluir la operación

La consellera de Turismo, Lola Johnson, ha confirmado este miércoles que se está "en la recta final" de la compra de Terra Mítica por parte de Aqualandia España S.A, que en estos momentos gestiona el complejo lúdico de Benidorm (Alicante) en régimen de arrendamiento.

Al respecto, tras la reunión de la Comisión Interdepartamental de Turismo, ha señalado que la compra de Terra Mítica es "un tema que está cerrado y zanjado" y que en estos momentos "se está ultimando".

"Está en la recta final y es una empresa que está trabajando allí la que se hace cargo", ha apuntado.

Johnson ya informó, el pasado 6 de diciembre, de que la Generalitat había vendido a Aqualandia la participación de la empresa Sociedad de Parques Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) en Terra Mítica --22,31%-- por 65 millones de euros, de los cuales 15 ya se han invertido en el parque y el resto se destinará a resolver la "deuda histórica" de la entidad.

¡Si señor magnifica gestión del PP valenciano,! la construyó con nuestros impuesto y ahora la malvende por cuatro chavos. Por culpa de estos "grandes gestores" somos la comunidad con más déficit de España y estamos a punto de ser intervenidos por el gobierno de España.

Los socialistas llevan al fiscal toda la depuración de aguas valenciana

• Martínez asegura que el saqueo de la depuradora de Pinedo "no es un caso aislado"
• "El mismo patrón se está repitiendo de manera generalizada en todo el sistema"

 

 

 Carmen Martínez explica la denuncia ante la Fiscalía  

“El de la depuradora de Pinedo no es un caso aislado”, ha señalado esta mañana la diputada socialista y secretaria general del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, Carmen Martínez. “El caso Emarsa ya es elcaso Epsar”. Martínez ha anunciado en las Cortes Valencianas que su grupo presentará hoy o mañana una denuncia ante la fiscalía de Valencia sobre todo el sistema de depuradoras gestionado por la Generalitat a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), cuyo exgerente, José Juan Morenilla, y exdirector de explotación, Ignacio Bernácer, están imputados por el juez Vicente Ríos, que investiga el saqueo de la depuradora de Pinedo.

Martínez ha revelado que Enrique Albors Camps, actual gerente de la depuradora de Pinedo, cuya explotación se otorgó a Aguas de Valencia tras la liquidación de la sociedad pública Emarsa, procede de Incivsa, SL, empresa que en unión temporal con Iva Leying tiene adjudicado el control y la supervisión de la explotación de depuradoras de la zona 3, que incluye la planta metropolitana de Valencia. También está en esa UTE Juan Carlos Girbés, una persona vinculada asimismo a Aguas de Valencia, la empresa explotadora de Pinedo. Otra relación que ha destacado es la de Consomar y Red Control, empresas relacionadas por la presencia en ambas de Miguel Ángel Martínez Muro, que a su vez es hermano de José Luis Martínez Muro, la persona que sustituye a Morenilla al frente de la Epsar como gerente. Un hermano habría participado, por tanto, en la concesión de zonas de control a sociedades en las que participa el otro.

La diputada ha explicado que las empresas que estuvieron encargadas del control de Emarsa en los años en que se produjo el saqueo millonario que investiga el juzgado número 15 de Valencia, precisamente Consomar, hasta 2005, y Red Control, hasta 2009, han vuelto a ser adjudicatarias a partir de 2009 de la supervisión de depuradoras en otras zonas pese a lo ocurrido.

“El mismo patrón de Emarsa se está repitiendo de manera generalizada en todo el sistema”, ha destacado Martínez, quien ha explicado a los periodistas un gráfico en el que se revelan las conexiones entre empresas explotadoras y empresas controladoras de las depuradoras y en el que se refleja un reparto en la explotación de las estaciones de depuración en el que Aguas de Valencia cuenta con el 52%, Facsa con el 25%, Aguas de Barcelona con el 15% y otros, como Aqualia o Lubasa, con el resto. A facsa es precisamente donde se fue a trabajar José Juan morenilla cuando dimitió como gerente de la Epsar tras estallar el escándalo de Emarsa. La diputada socialista recordó que desde la entidad dependiente de la Generalitat Morenilla otrogó contratos a Facsa por más de 30 millones de euros.

La parlamentaria del PSPV-PSOE señaló que en el sistema que su partido denuncia ante la fiscalía Morenilla “ha manejado unos 4.000 millones de euros” y que “al menos tres de los cinco principales imputados del caso Emarsa” han declarado ante el juzgado que las irregularidades se extendían a la gestión de las depuradoras desde la Generalitat. Esas irregularidades, en el caso de Emarsa, consistían presuntamente en que desde la Epsar se hinchaban los precios que la Generalitat pagaba a la sociedad pública dependiente de la Entidad Metropolitana de servicios Hidráulicos (Emshi) por el tratamiento de lodos de la depuradora de Pinedo.

Martínez ha vuelto a insistir en la responsabilidad que el que fuera consejero de Meido Ambiente y hoy es presidente de las Cortes, Juan Cotino, tienen en lo ocurrido y ha ido. Incluso, más allá, ya que ha señalado que Manuel Reyes, de la UTE Iva Leying-Incivsa, que tiene hoy en día adjudicado el control de la depuradora de Pinedo, está vinculado con las empresas de la familia Cotino. El actual presidente de la Cortes era el consejero del área y, por tanto, presidía la Epsar cuando se concedió a esa UTE la supervisión de la zona 3.

“Desde la Epsar no sólo se gestionó Emarsa”, ha apuntado Martínez. “La entidad gestiona la 460 depuradoras valencianas”. En su opinión, la negativa del PP a que comparezcan ante la comisión de investigación de Emarsa los responsables políticos y el rechazo a que se estudie en ella la documentación de la Epsar “inducen a pensar que se están ocultando muchas cosas”.

Los socialistas optan por llevar a la fiscalía sus sospechas de que se han inflado los costes de la depuración de aguas en otras depuradoras porque consideran que el juez Vicente Ríos centra su trabajo sobre el caso Emarsa.

#VANAPORTODO

El PSOE abre una ronda de contactos sociales para frenar el rodillo y la imposición de los recortes del PP

• El PSOE iniciará próximamente una intensa agenda de reuniones con sindicatos, educadores, personal sanitario, consumidores, pensionistas y todo tipo de colectivos sociales para intentar "parar" las medidas del Gobierno, configurar una "alternativa" que sea mayoritaria y, sobre todo, paliar la "gravísima laguna de diálogo" con que está actuando el Ejecutivo.

Así lo ha anunciado la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, en una rueda de prensa en la que ha calificado como de "máxima gravedad" social, política e institucional las últimas medidas del Gobierno de Rajoy, en particular el copago farmacéutico y los recortes educativos.

Para el PSOE, las medidas son "un ataque en toda regla al modelo de cohesión social" español que hasta ahora no estaba en entredicho, un cambio en "los planos del edificio", no una mera "reforma". "No es austeridad, porque no se exige a la gente que prescinda de lo superfluo, sino de lo imprescindible", ha remachado.

Junto al fondo de las medidas, ha criticado que el Ejecutivo esté adoptando las medidas "sin hablar con nadie", "ni siquiera entre ellos dentro del propio Gobierno". Por eso, ha pedido a Rajoy que deje de ser "más presidente del PP que del Gobierno" y que, en lugar de reunir a sus ´barones´, reúna la Conferencia de Presidentes.

A su juicio, decisiones "tan graves" como las que se están adoptando no pueden hacerse "produciendo un fax en una tarde desde Moncloa" y hacer una campaña de explicación como pretende el PP en vez de un "debate social" previo. Es más, ha acusado al PP de haberse dedicado, precisamente, a "hurtar" a los españoles ese debate durante la campaña electoral, de modo que ahora están tomando "decisiones para las que no han recibido permiso".

Para el PSOE, las decisiones son tan graves que "la sociedad española tiene derecho a reaccionar en defensa propia" y el PSOE tiene la obligación de "defender a la mayoría" y "preservar el futuro" de España. Para Valenciano, si las medidas del PP consisten en rebajar la calidad de la educación pública, y por tanto "comprometer el futuro de una generación", demuestran que no tienen "siquiera un proyecto de país".

Por eso, el PSOE se propone "hacer todo lo que el Gobierno no ha hecho" y hablar con la sociedad y los colectivos afectados, para trasladar sus demandas y preocupaciones al Parlamento. Esas reuniones con la sociedad servirán al PSOE para preparar sus enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado pero también para articular una alternativa pormenorizada que se concretará en la próxima reunión del Consejo Territorial del PSOE.

RESPUESTA A FLORIANO

La ´número dos´ del PSOE ha respondido al vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, que el Gobierno no puede esperar que la oposición se sume sin más a las medidas que los´populares´ adoptan "ellos solitos", en forma de "recorte autoritario" después de un "almuerzo en la Moncloa".

Tras tildar de "revolucionario" que Floriano hable de que la oposición dé apoyo al Gobierno, le ha respondido que los socialistas dan su apoyo a las medidas que consideran buenas para la economía, y que son una oposición "responsable", también "para saber decir ´no´" cuando hay que hacerlo.

"Si Floriano cree que una nota (en alusión al anuncio de recortes de 10.000 millones) va a tener el apoyo inmediato y sumiso del PSOE se equivoca, porque nuestra obligación es ayudar a salir de la crisis", ha avisado. A su juicio, el Gobierno está "tomando decisiones para las que no ha recibido permiso" porque durante la campaña electoral "negaban que hubiera riesgos para la sanidad y la educación".

VIAJE DE RUBALCABA A BERLÍN

Por otro lado, Valenciano ha adelantado que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, tiene previsto viajar a Berlín, probablemente la segunda semana de mayo para continuar con el trabajo de la socialdemocracia europea en favor de reclamar a la UE un enfoque distinto de salida de la crisis, que combine ajustes --con un calendario distinto-- con un plan de crecimiento.

La dirigente socialista ha saludado que otros mandatarios vayan sumándose a estas tesis y ha confiado en que una victoria de François Hollande en las presidenciales francesas allane el camino. "Fuimos los primeros, pero cada vez somos más", ha señalado, tras recordar que la necesidad de planes de crecimiento no es ya sólo una demanda de la socialdemocracia europea, sino "un diagnóstico de economistas de reconocidísimo prestigio".

CONSEJO DE MINISTROS El Gobierno asalta RTVE

• El presidente de la Corporación podrá ser elegido por mayoría absoluta en el Congreso. 
• Las CCAA tendrán la potestad de mantener sus televisiones públicas o que pasen a manos privadas

Las reacciones a la decisión del Gobierno de romper con el consenso en el Congreso para elegir al presidente de RTVE no se han hecho esperar. La protesta más enérgica ha llegado desde el PSOE que ya ha anunciado que“tratará de paralizar con todas sus fuerzas” la decisión del Gobierno. “Es algo sencillamente intolerable y un gravísimo deterioro de la calidad democrática", ha señalado Óscar López, secretario de Organización de este partido.

"El PP, por decreto y con la justificación de un supuesto bloqueo que no es tal porque ya estábamos negociando, vuelve a la televisión de partido, a la televisión del pasado", ha añadido Óscar López, que fue ponente del Grupo Socialista en la reforma de RTVE y portavoz en la Comisión de Control.

Además La Ejecutiva del PSOE estudiará la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto aprobado por el Gobierno que modifica la forma de elección de los miembros del Consejo de administración de RTVE. Los socialistas lo han anunciado en un comunicado en el que subraya que no hay razones de urgencia que justifiquen la aprobación de estos cambios por decreto ley, una iniciativa que califica de "injustificable" y de "golpe institucional". El PSOE recalca que es absolutamente falso que hubiera bloqueo en la renovación del Consejo de administración.

El PSOE estudia un posible recurso de decreto ley ante el Constitucional

Izquierda Unida, por su parte, ha señalado que este nuevo“decretazo” del Gobierno muestra su “incapacidad para llegar a acuerdos con ningún partido político”. “Durante la pasada legislatura ya bloqueó la renovación de las instituciones por su incapacidad. Ahora sigue siendo incapaz de llegar a acuerdos y recurre a la peor vía: reformar las leyes vía Real Decreto”, ha señalado a este medio Ricardo Sixto, portavoz de IU en la Comisión de Control a RTVE. 

Por su parte, Elena Valenciano, ha declarado a través de su cuenta personal en la red social Twitter que esta reforma supone un "golpe de mano" y un "golpe institucional" del Gobierno, y ha afirmado que la elección del Presidente de RTVE por mayoría absoluta en lugar de la fórmula de dos tercios que actualmente estaba en vigor supone el "fin a la televisión plural".

Reacción de los consejeros

El vocal del Consejo de Administración de RTVE Miguel Ángel Sacaluga, nombrado a propuesta del PSOE, no ha dudado en calificar esta reforma como un “golpe de Estado”. “Me parece que es un golpe de Estado en RTVE. El Gobierno lo que ha hecho es intervenir la Corporación y no precisamente para salvarla, sino para hundirla”, ha señalado Sacaluga, quien ha añadido que el Ejecutivo primero “ahogó a RTVE con el recorte económico” y ahora lo hace “de manera política”.

Por otro lado, Teresa Aranguren, vocal del máximo órgano de dirección de RTVE, a propuesta de Izquierda Unida, ha señalado que esta decisión supone un “primer paso para acabar con un modelo de televisión pública que se ha demostrado exitoso”. Asimismo, Aranguren ha añadido que quizá el PSOE y el Gobierno no han alcanzado un acuerdo para encontrar un nuevo presidente porque el Partido Popular no ha propuesto “ningún candidato de consenso”.

Miguel Santos Ruesga, miembro del Consejo de Administración de RTVE, a propuesta de UGT, ha señalado que la reforma “no es una buena noticia”. “No quiero hablar de golpes de Estado porque yo no soy político pero no es una buena noticia pensar que el Gobierno que goce de mayoría absoluta en el Congreso puede hacer lo que quiera en la televisión y la radio pública. De esta manera, las tentaciones de controlar todo se incrementan”, ha explicado.

Santos también se ha pronunciado sobre la eliminación de los vocales de los sindicatos en el Consejo de Administración de RTVE. “Los sindicatos nos hemos mantenido al margen de las disputas políticas. Ahora, parece que todo vuelve a ser política”, ha concluido Santos.

El PSPV denuncia que la subida de tasas puede dejar fuera de la Universidad a más de 40.000 estudiantes valencianos

• La diputada Pilar Sarrión recuerda que esta subida se suma a la que ya se realizó este mismo año y apunta a un ataque brutal al mundo universitario, ya que se deben más de 700 millones de euros a las cinco universidades públicas valencianas

El diputada valenciana, Pilar Sarrión, ha denunciado hoy que más de 40.000 estudiantes pueden verse fuera de las universidades valencianas a causa de la subida de tasas y de los nuevos requisitos para la obtención de becas anunciado por el gobierno Rajoy. Sarrión no ha dudado en calificar las medidas de recorte de los gobiernos del PP como “un retroceso y una pérdida de oportunidades” para los estudiantes valencianos. Unas medidas que afectan a las opciones personales de los valencianos y valencianas que ahora si no disponen de un respaldo económico no podrán acceder a estudios superiores. “Poder ir a la universidad ya no va a ser igual para todos, ahora se va primar el acceso para los más ricos”, a señalado.

En este sentido Sarrión ha recordado que este mismo año los estudiantes valencianos ya han sufrido un aumento de tasas de un 7,5%, al que ahora hay que sumar éste “que supone un 60% más”. Un aumento, además, para los no comunitarios, a los que ya se les discriminó en la ley de acompañamiento, así como también para las becas Erasmus: “Para estudiar fuera, de nuevo, habrá que ser de una familia con dinero, eso es lo que nos propone el PP”.

Para Sarrión estamos ante un ataque en toda regla a las universidades públicas valencianas a las que, recordó, se les ha recortado más de 85 millones de euros en los últimos presupuestos. Pero el desprecio del gobierno Fabra a las universidades no acaba ahí ya que “además se adeuda a las cinco universidades públicas valencianas más de 700 millones de euros”.

La diputada socialista ha destacado que en Les Corts van a presentarse diversas iniciativas para intentar paliar el maltrato al que se está sometiendo a las universidades al tiempo que ha indicado que “la Universidad, la educación y la investigación son motores clave para salir de la crisis que, en lugar de verse apoyados por el ejecutivo, sufren un ataque de las políticas de Fabra y Rajoy. Sectores clave para superar las crisis, como es el I+D+I -ha añadido- se ven especialmente afectados en nuestra Comunitat”.

Educación plantea subir hasta 540 euros las tasas universitarias

 

• El ministro fija para las autonomías el incremento máximo que podrán aplicar en sus campus

• Los alumnos, que ahora abonan unos 1.000 euros al año, deberán elevar su contribución del 15% al 25% del coste total

• El sistema penalizará a los alumnos repetidores, que llegarán a aportar el 100% de la plaza, unos 6.000 euros

Estudiar en una universidad española será sensiblemente más caro a partir del curso que viene. El Ministerio de Educación ha propuesto a las comunidades autónomas una modificación en el pago de las tasas universitarias que supone hasta 540 euros más al año en el coste de la matrícula para el estudiante recién llegado y elevar las penalizaciones a los repetidores, que podrían a llegar a asumir el 100% del coste de una plaza, entre 5.000 y 7.000 euros, según estimaciones del ministerio.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, se ha reunido este jueves con representantes de todas las comunidades autónomas en la Conferencia General de Política Universitaria para comunicarles los cambios incluidos en un Real Decreto Ley que previsiblemente aprobará hoy el Consejo de Ministros. Entre las medidas de ahorro previsto (Educación espera recortar 3.000 millones, aunque ayer no estimó cuánto pueden suponer los nuevos ajustes) se incluye el aumento de tasas, que deberá aplicar en mayor o menor medida cada comunidad autónoma.

El ministerio cambia el sistema (que hasta ahora aplicaba la subida anual del IPC más hasta cuatro puntos de diferencia en una horquilla) y establece que los alumnos paguen en función de lo que cuesta su titulación. Así, ha fijado una horquilla del 15 al 25% del coste para que las comunidades decidan qué porcentaje aplicar en función de las circunstancias de su región y de los objetivos del déficit, según señaló la secretaria del Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio. De esta forma, el incremento máximo en primera matrícula sería 540 euros anuales, según las estimaciones ofrecidas al final de la reunión por Gomendio. El ministro no compareció porque tenía un acto con Casa Real, según explica una portavoz.

La subida prevista superaría el 50% para la mayoría de afectados y representaría un 66% para los que salten del 15 al 25% del coste, el máximo de la horquilla. pero el Ministerio y las administraciones autonómicas aún están estudiando los detalles, dado que actualmente hay una gran variedad de situaciones. Algunas autonomías, como La Rioja, ya anticipan que no prevén aplicar tal alza. País Vasco anunció que sus matrículas subirían "como mucho" el IPC. Madrid señala que debe estudiarlo y Andalucía calcula que sus estudiantes cubren a día de hoy un 12% del coste real de la plaza, por lo que está obligada a aplicar una subida.

El aumento de matrícula se incrementará de forma sustancial para los repetidores, que si agotan convocatorias llegarían a abonar hasta el 100%. Los alumnos universitarios españoles pagan ahora entre 700 y 1.400 euros anuales de matrícula, según ha señalado la secretaria de Estado de Universidades. Esa cantidad cubre entre el 15% y el 17% del coste del curso, que oscila entre 5.000 y 7.000 euros.

Para los repetidores, el aumento será superior y también comenzará a aplicarse a partir del curso que viene, según señaló Gomendio, aunque durante la reunión el ministro planteó que el cambio solo afectara a los que ingresan como nuevos estudiantes el curso que viene. La segunda matrícula supondrá entonces entre el 30 al 40% del coste; la tercera, del 65 al 75% y, en caso de requerirse una cuarta, del 90 al 100%, esos más de 6.000 euros que como media cuesta una plaza al año.

El ministro Wert ha señalado en varias ocasiones que estas tasas son las más bajas de Europa y que el hecho de que se financie el 85% es, a su juicio, como dotar a todo el alumnado de una beca. La secretaria de Estado de Universidades aseguró que mantendrán las becas “al mismo nivel que hasta ahora”. Cataluña propuso ayer que el 25% de lo que se recaude con estas nuevas tarifas se destine a sufragar más becas, algo que Educación no ha incluido en el texto legal. El Ministerio se compromete a seguir cubriendo las becas como hasta ahora pero las comunidades que apliquen las subidas deberán cubrir la diferencia para los estudiantes becados.

La subida de tasas cuenta con el respaldo general de las comunidades gobernadas por el PP, como La Rioja. Su consejero de Educación, Gonzalo Capellán, consideró ayer que las medidas buscan “paliar la situación de déficit” y dejan “un margen importante” a las autonomías. Considera que ampliar la horquilla para que los alumnos paguen más tasas universitarias “no será un problema” para comunidades como la suya. “La Rioja podría no subirla porque tiene una universidad saneada y viable”.

La consejera madrileña, Lucía Figar, señaló tras el encuentro que ahora toca “hacer números” para decidir cómo aplican la horquilla fijada por el ministerio y, al mismo tiempo, cumplir el objetivo de déficit “sin perjudicar la calidad de los servicios públicos”.

Las comunidades gobernadas por el PSOE reclamaron más ayudas a los estudiantes. El viceconsejero de Universidades del País Vasco, Pedro Luis Arias (PSE), pidió un equilibrio "adecuado" entre tasas y becas, igual que el secretario general de Universidades de Andalucía, Francisco Trigueros. La partida para becas y ayudas que el Ministerio ha aprobado en 2012 para los estudiantes asciende a 1.265 millones de euros, lo que significa 166,4 millones menos que en 2011.

Colectivos de estudiantes de distintos puntos del país protestaron al conocer el incremento. El Consejo de Estudiantes Universitarios de Cataluña lo tildó de “desproporcionado e inaceptable” y criticó que se hiciera sin negociar con los alumnos. La subida anunciada “es la peor noticia que se puede dar porque solo podrá estudiar el que se lo pueda permitir”, valoró ayer María José Romero, vicepresidenta del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, que añadió una advertencia: “Haremos lo posible para que no se aplique”.

La universitaria es la segunda pata del plan de ajuste puesto en marcha por Wert. En las escuelas e institutos aumentará el máximo de alumnos por aula (en primaria de 27 a 30, y de 30 a 36 en secundaria) y se amplían las horas de clase semanales de los docentes, lo que hace seguro un recorte sustancial de las plantillas docentes.

Fabra busca ahuyentar el riesgo de intervención

• El presidente intenta justificar el enorme endeudamiento

• La oposición responsabiliza de la situación a la nefasta gestión del PP

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, no lo tuvo ayer fácil. El plan de pago a proveedores arbitrado por el Ministerio de Hacienda puso de manifiesto que la Comunidad Valenciana es, con mucha diferencia, la autonomía que más deudas acumula por este concepto. El dato hizo planear de nuevo el fantasma de una posible intervención gubernamental que el jefe del Consell intentó ahuyentar.

 La Generalitat ha solicitado créditos por importe de 4.069 millones de euros. Un dinero con el que pretende pagar más de medio millón de facturas pendientes con 10.050 proveedores que no cobran, en algunos casos, desde hace tres años. Una cantidad que representa un 23,6% del dinero solicitado por todas las autonomías al Gobierno y que casi duplica la cantidad de Andalucía, la autonomía que según los populares escondía en sus cajones cantidades ingentes de facturas impagadas.

“No nos ha importado decir que tenemos todas esas facturas pendientes”, se justificó Fabra, “Me imagino que habrá otras comunidades que, a lo mejor, no lo hayan hecho”.

“Estoy convencido de que otros no habrán puesto encima de la mesa todo lo que tienen [de deudas], pero allá ellos”, espetó el presidente de la Generalitat sin aclarar si estaba refiriéndose a Andalucía.

Fabra intentó convencer de que la situación del Gobierno valenciano no se diferencia en esencia de la de buena parte de autonomías españolas. Es decir, que si hay que intervenir, el Gobierno tendrá que intervenir no una sino la práctica totalidad de las Administraciones autonómicas.

“Lo que han hecho las comunidades autónomas es comprometerse con el Gobierno a alcanzar unos niveles de déficit que las hagan creíbles de cara al resto de países de la Unión Europea”, continuó el presidente, “Y nosotros lo vamos a hacer, pero al final el mal, vistas las declaraciones de otros presidentes autonómicos, está generalizado”.

“Nosotros hemos sido muy transparentes porque creo que es fundamental que el Gobierno conozca la realidad para que sepa los problemas y, conjuntamente, podamos trabajar en la búsqueda de soluciones y garantizar ese nivel de déficit”, remachó Fabra.

Ante la insistencia de los periodistas en saber por qué el Consell ha acumulado una deuda mayúscula, a Fabra no le quedó más remedio que responsabilizar a los socialistas. “La Comunidad Valenciana también tiene el dudoso honor de haber sido una de las peor financiadas por el Gobierno”, replicó.

La magnitud de la deuda del Consell con los proveedores provocó la reacción de la oposición.

El portavoz de la ejecutiva del PSPV, Francesc Romeu, aseguró que los 4.069 millones de euros solicitados por el Consell al Ministerio de Hacienda “demuestran la gestión catastrófica del PP, su ineficacia e incompetencia, sus permanentes mentiras y la incapacidad demostrada de este Gobierno para seguir al frente de la Generalitat”.

“Una vez más nos sonrojan ante el resto de España, puesto que prácticamente doblamos la deuda de otras autonomías como Cataluña o Andalucía”.

La diputada de Compromís Mireia Mollà explicó que la cifra de los 4.069 millones de euros “evidencia la situación de emergencia económica sin precedentes que sufre la Generalitat valenciana por la nefasta gestión de los Gobiernos del Partido Popular”.

“Esta situación no es consecuencia directa de la crisis económica”, continuó Mollà, “puesto que muchas de estas facturas son de 2008 y 2009, lo cual indica que el Gobierno valenciano se ha dedicado a hacer un derroche de recursos acompañado de las corruptelas que todos conocemos”. El anuncio de que la Generalitat ha encarrilado el pago de las deudas a los proveedores provocó las quejas de distintos colectivos angustiados por el retraso en el pago de las subvenciones y los conciertos comprometidos por el Consell.

La Generalitat costeó la defensa de tres imputados en el "caso Gürtel"

Uno de los 'protegidos' dejó el Consell meses antes de ser incluido en la causa por el juez

El abogado de la Generalitat defendió a tres imputados en una de las piezas de la causa de financiación ilegal del PP, enmarcada en el caso Gürtel, desde noviembre de 2011 hasta, al menos, mediados del mes pasado. Se trata de Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional de Presidencia de la Generalitat, Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo, e Isaac Vidal, que fue jefe de área de Mercados y Comunicación en la misma agencia. Lo más llamativo de la situación es que el último de los imputados abandonó la Administración autonómica en verano, es decir, antes de ser imputado a la causa. Vidal fue nombrado director del instituto de turismo de Elche por la nueva alcaldesa, la popular Mercedes Alonso, que ganó las elecciones en mayo. Pese a ello, la Generalitat siguió poniendo a su disposición a su letrado.

Se trata de otra incoherencia en la línea de cero imputados que ha manifestado el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Mientras en otro de los escándalos que han sacudido al Gobierno valenciano en los últimos meses, el del supuesto desvío de ayudas de cooperación a países pobres, el presidente fulminó a dos altos cargos inmediatamente después de ser imputados, los implicados por el juez en la causa de financiación ilegal no solo mantuvieron el cargo sino que han podido ahorrarse el coste de su defensa.

• El tribunal rechaza su recurso contra la decisión revisar los contratos de Fitur

Ibars, Guarro y Vidal se hallan imputados en la pieza separada que investiga la adjudicación supuestamente irregular a la trama Gürtel del montaje y organización del pabellón valenciano en la feria Fitur entre los años 2005 y 2009. Se trató del negocio más lucrativo de cuantos consiguió en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes, el delegado en Valencia de la red, ya que ascendió a cerca de cinco millones de euros. Según las pruebas que acumula la investigación, la empresa de El Bigotes, Orange Market, tenía acceso a las bases del concurso de la Consejería de Turismo antes de que fueran publicadas oficialmente, y habría obtenido la adjudicación de algunas de las ediciones de la feria a pesar de no reunir todos los requisitos o presentar las ofertas más caras.

Los tres imputados habían recurrido ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia la decisión del juez instructor, José Ceres, de solicitar a la Intervención General del Estado una ampliación del informe que realizó en su día sobre esta contratación de la trama de Francisco Correa con el Gobierno valenciano. El magistrado pedía a la intervención que comparase la tramitación de los años investigados con las ediciones anteriores, así como con la de Fitur 2010, que se celebró cuando ya se había destapado el caso Gürtel.

• El magistrado a pedido el análisis a la Intervención General del Estado

El juez también solicitó que los técnicos de la Administración General del Estado revisasen si, como ocurrió con estos concursos, “constituye una habitual o adecuada praxis de contratación administrativa” el hecho de que las mismas personas que formaban parte de las mesas de contratación hubieran participado previamente en la fijación de los criterios de adjudicación, y hubieran emitido posteriormente informes sobre las ofertas presentadas que fueron determinantes para la elección final de dicha mesa de contratación. Así como qué porcentaje de la puntuación total es “razonable” darle a los criterios subjetivos en esta clase de concursos. Orange Market se alzó con las adjudicaciones en varios casos porque en los apartados subjetivos (que a diferencia del precio ofrecido son difíciles de medir) era el mejor puntuado.

El tribunal ha rechazado el recurso de los tres imputados al considerar que el juez puede acordar las diligencias que considere adecuadas siempre que se ajusten a las reglas básicas de la obtención de fuentes de prueba. Y respalda a Ceres al considerar que el magistrado puede solicitar la ampliación del informe a la Intervención General del Estado sin estar condicionado por las peticiones pudieran plantear sobre la misma.

Antonio Torres es el nuevo portavoz socialista en las Cortes Valencianas

La ejecutiva del PSPV bajo mandato de Ximo Puig retoca la dirección del grupo parlamentario Carmen Ninet y Francisco Toledo siguen como adjuntos y Rafael Rubio releva a Cristina Moreno.

Antonio Torres (Huéneja, Granada, 1954) será el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y encargado de interpelar al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en las sesiones de control al gobierno en las Cortes Valencianas.

Torres, que fue director general de Servicios Sociales en el último Consell presidido por Joan Lerma, procede de Elche y se ha caracterizado por su severidad en la denuncia del incumplimiento de la ley de dependencia por parte de los sucesivos responsables de Bienestar Social en la Generalitat Valenciana. Fue diputado nacional en 1979 y ha sido diputado autonómico durante las tres últimas legislaturas.

Torres asume la plaza que dejó vacante Jorge Alarte, exsecretario general de los socialistas valencianos, cuando fue desbancado del cargo por Ximo Puig en el 12 Congreso del PSPV el 31 de marzo.

También se incorpora Rafael Rubio, diputado por Valencia, como portavoz adjunto. Carmen Ninet y Francisco Toledo, diputados por Valencia y Castellón, respectivamente, permanecen en sus cargos como portavoces adjuntos.

El nuevo secretario general propuso a Cristina Moreno, portavoz adjunta con Alarte, asumir el puesto de coordinadora territorial del grupo parlamentario por Valencia. Pero Moreno ha declinado el ofrecimiento.

La presidencia del grupo, que ocupaba Óscar Tena, será para Ana Barceló. Los coordinadores territoriales en Alicante y Castellón serán respectivamente, Javier Macho y Ana Besalduch.

Ángel Luna y Carmen Martínez también forman parte de la dirección del grupo parlamentario porque son miembros de la Mesa de las Cortes, vicepresidente segundo y secretaria segunda, respectivamente.