24 mayo 2013

El juez Castro pide a las Cortes valencianas que acrediten el aforamiento de Camps y Barberá





  • El magistrado abre así las puertas al posible encausamiento de los dos parlamentarios, quienes tendrían que ser investigados por la máxima instancia judicial


Rita Barberá y Francisco Camps, en un acto electoral.
Rita Barberá y Francisco Camps

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha acordado solicitar a las Cortes Valencianas quecertifiquen la condición de diputados del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa de la capital levantina, Rita Barberá, como trámite previo a elevar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia una exposición razonada de los hechos por los que podrían ser imputados en el marco de esta causa.

Mediante un auto dictado este viernes, el magistrado abre de este modo las puertas al posible encausamiento de los dos parlamentarios, quienes por su calidad de aforados tendrían que ser investigados por la máxima instancia judicial de Valencia.

Los nombres de Camps y Barberá han aparecido en varias ocasiones a lo largo de la instrucción de la causa, más en concreto en relación con la tramitación del Valencia Summit, por cuyas tres ediciones el Instituto Nóos presidido entonces por Iñaki Urdangarin percibió unos tres millones de euros -1,044 millones por cada edición, pese a que el coste real de cada una de ellas oscilaría alrededor de los 300.000 euros, según los investigadores-.

Precisamente, el exsocio de Urdangarin Diego Torres ha remitido un escrito ante el juez en el que de forma pormenorizada relata cómo se desarrolló la reunión que ambos mantuvieron con Camps y Barberà para abordar el proyecto del Valencia Summit y exponer los objetivos perseguidos por Nóos.
En su escrito, el imputado sitúa el encuentro el 29 de enero de 2004, casi nueve meses antes de que fuese firmado el convenio para la celebración del evento -el 8 de septiembre de ese año-.

El fiscal pide cárcel para la cúpula que saqueó Terra Mítica


El expresidente Esteban y los exdirectivos Navarro, Valverde y Rincón se enfrentan a altas penas

Les imputa delitos de estafa y contra Hacienda



Vista del Parque Terra Mítica


El primer icono de la política de grandes eventos del PP valenciano, Terra Mítica, también se verá sometido a juicio. La Fiscalía Provincial de Valencia fijó ayer su petición de penas para cuatro de los principales responsables de la gestión del parque temático de Benidorm y los otros 33 directivos y empresarios que participaron en una trama para cobrar en 2000 y 2001 por trabajos no realizados y defraudar al fisco importes que alcanzaron los 4,4 millones de euros.

La Fiscalía pide para el ex presidente del consejo de administración de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm Luis Esteban siete años de prisión y para el exdirector general Miguel Navarro, el ex director técnico Antonio Rincón y el ex jefe del departamento de Contratación Justo Valverde —cuñado del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana— una pena de diez años de cárcel. Para el resto de imputados solicita penas que van desde los cinco años y siete meses hasta 53 años y cuatro meses.

A quienes formaron parte de la cúpula de Terra Mítica se les imputan delitos de estafa y contra la Hacienda Pública y —a excepción de Luis Esteban— falsificación en documento mercantil.

El ministerio público considera que, pese a que se contrataron distintas empresas para dirigir las obras de construcción de Terra Mítica, Miguel Navarro y Justo Valverde se pusieron de acuerdo con el empresario Vicente Conesa —responsable de las firmas C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente y Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimientos— para sacar del control de la gerencia una parte de los trabajos del parque y conseguir colar un buen número de facturas. A estos documentos se los dotaban de “una apariencia de realidad, pese a que recogerían trabajos y suministros que no iban a ser reales, prestados por empresas que nunca iban a trabajar en dicho parque”. A Antonio Rincón, los antes citados le ofrecieron una comisión por participar en la trama.

La trama cobró trabajos ficticios y falseó facturas para defraudar el IVA

El empresario Vicente Conesa —para quien la fiscalía pide el comiso del chalet que posee la familia en Teulada, comprado con el dinero supuestamente estafado— estuvo implicado en un escándalo relacionado con la adjudicación supuestamente irregular del mapa sonoro de Benidorm en la etapa en que Eduardo Zaplana era alcalde. Para Conesa el fiscal pide una pena de 28 años y siete meses.

El propio expresidente popular se vio salpicado por los escándalos de Terra Mítica cuando dos empresarios implicados le acusaron, en una conversación con dos diputados socialistas, de cobrar comisiones ilegales durante la construcción de Terra Mítica a través de Vicente Conesa. Al final, el episodio quedó en nada.

En su calificación, el Fiscal pide que los que formaron parte de la cúpula del parque y los empresarios imputados paguen, en diferentes grados, un total de 7,8 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
El accidentado proceso judicial sobre las irregularidades relacionadas con la construcción de Terra Mítica arrancaron en abril de 2005 y, tras distintas vicisitudes, encaró su recta final el mes pasado. La Audiencia Provincial de Valencia transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado y abrió el plazo a las partes personadas para que realizasen sus peticiones.

En el escrito de calificación, el fiscal relata que los autores intelectuales de la trama establecieron tres niveles distintos de empresas. Un nivel que fingía trabajos inexistentes y proveía de material a otras empresas. Un segundo nivel que recibía las facturas, emitía pagarés y retiraba dinero de las cuentas. Y, por último, un tercer nivel de sociedades que confeccionaba operaciones ficticias entre empresas y aminoraba las cantidades de IVA que tenían que pagar a la Agencia Tributaria.


17 mayo 2013

Las políticas neoliberales de la derecha y la excusa de la crisis





Hoy con la excusa de la tan recurrida crisis económica y la cantinela de "NO HAY DINERO" nos están imponiendo recortes salvajes y políticas neoliberales de austeridad que pretenden laminar por completo nuestro estado del bienestar así como nuestros derechos y libertades que fueron conquistadas palmo a palmo  en una larga lucha que costó a los trabajadores y trabajadoras de este País sangre, sudor y lagrimas  y que hoy, sin más con la pretendida excusa de la crisis el gobierno de la derecha pretende arrebatarnos todo lo conquistado.

Ante este panorama  los ciudadanos vemos indignados como las distintas administraciones hacen oídos sordos a nuestras protestas y continúan impasibles desmontado piedra a piedra nuestro Estado del Bienestar y nuestros derechos y libertades democráticas.   

Recortan plazas de profesores en nuestras escuelas y universidades, suprimen becas y suben las tasa universitarias, se degradan y privatizan los servicios sanitarios en nuestros ambulatorios y hospitales en detrimento de los enfermos más vulnerables como son los ancianos, los niños o los inmigrantes sin papeles, acaban con la ley de dependencia, se deterioran y recortan los servicios básicos municipales, aplican el copago de medicamentos a nuestros mayores, se cierran  farmacias por las deudas de la Generalitat, vemos aterrorizados como la reforma laboral del PP destruye mes a mes miles de puestos de trabajo creando más precariedad bajada  de  salarios y bolsas de pobreza, convirtiéndose en una autentica pesadilla para nuestros jóvenes y no tan jóvenes.

 Ante este dantesco escenario, las distinta administraciones asisten impasibles a este tremendo drama ciudadano, dedicándose el Gobierno de España únicamente a legislar mediante decreto ley apoyándose en su mayoría absoluta, obviando al resto de grupos políticos de la cámara y aplicando sin miramiento a los ciudadanos sus terribles recortes y sus reformas ideológicas como la reforma Laboral, la nueva ley de Educación  o la del Aborto, entre tanto se dedican a  rescatar a los bancos con nuestro dinero, mientras estos, han estafado a millones de ciudadanos con las participaciones preferentes, han desahuciado y desahucian todos los días a miles de personas victimas de la terrible crisis económica provocada por la mala gestión y la falta de escrúpulos  de ese mismo sistema financiero que ahora rescatamos en connivencia con la troika y las políticas neoliberales aplicadas desde Europa por  la derecha, esta derecha que hoy nos gobierna, utiliza la tan manida escusa de la crisis y la falta de recursos económicos  para  subir impuestos tales como el IVA el IRPF el IBI  o las tasas municipales, atreviéndose además con todo el descaro del mundo, de acusar a los ciudadanos  de ser también causantes de la crisis económica, argumentado que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades,  y ahora se  ven en la perentoria necesidad de elevar los impuestos (aunque no lo llevaran en su programa electoral)  con la excusa de poder así hacer frente a un gasto público que según ellos es insostenible, aplicando políticas no de austeridad sino de austericidio que nos llevan a más recesión, más paro y el empobrecimiento de nuestro País por décadas.

Hoy todas las administraciones desde el Gobierno de la  Nación hasta el más pequeño de los ayuntamientos de España aplican políticas de austeridad y contención del gasto público impuestos desde la Comisión Europea y muy especialmente desde Alemania,  avaladas sin rechistar por el gobierno de Mariano Rajoy, políticas neoliberales que además ya se han demostrado no servir para nada, no crean empleo ni riqueza, hacen sufrir  a millones de familias que se encuentran al borde de la precariedad y la pobreza y nos llevan de cabeza al suicidio colectivo.

No hace mucho tiempo, desde el gobierno del PP de la Generalitat Valenciana nos decía el  Sr. Camps (el de los trajes) que nuestra Comunidad era un “referente mundial”, no sabemos en que, ¿quizás se refería a la corrupción en su partido?.

Hoy tras 18 años de sucesivos gobierno del PP en  nuestra comunidad tienen decenas de imputados en casos de corrupción, han quebrado la Generalitat, han derrochado, despilfarrado y saqueado las arcas públicas, se han vanagloriado de sus inútiles proyectos faraónicos y grandes eventos que han demostrado ser ruinosos y  no servir para nada a la ciudadanía, han quebrado a cajas y bancos emblemáticos en nuestra comunidad  como la CAM, BANCAIXA O EL BANCO DE VALENCIA, han robado a manos llenas el dinero público con tramas como la GÜRTEL, el caso BRUGAL, el caso EMARSA,  el caso  CARLOS FABRA o el caso COOPERACIÓN entre otros, sin olvidar el terrible y escandaloso caso del accidente del metro de Valencia donde fallecieron 43 personas y resultaron heridas 47 sin que hasta el momento haya un solo culpable político. Son tantos y tantos los casos de corrupción en el PP valenciano que han colapsado el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.

Lo que ocurre en nuestra Comunidad desmiente rotundamente esa  teoría que dice que “cuando gobierna la derecha crea riqueza y gestiona mejor lo público”. si nos molestamos en  leer el demoledor informerecientemente publicado por la Fundación Bancajay el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). veremos como la pobreza a aumentado un 18% en nuestra comunidad siendo la segunda de las comunidades autónomas donde más ha subido la pobreza por detrás de Canarias. Nuestra comunidad es  un fiel reflejo de cómo gobierna la derecha española, hace aumentar profundamente las desigualdades sociales la precariedad y la pobreza en nuestro País.

15 mayo 2013

Fabra deja sin comer a 260 colegiales de un barrio pobre, pero se gasta millones en proyectos faraónicos y fútbol



  • La Generalitat valenciana adeuda 180.000 euros a la empresa que presta el servicio de comedor



El colegio Isla Tabarca en una imagen de este mediodía
Colegio Isla de Tabarca donde se ha suspendido el servicio de comedor
por falta de pago a la empresa por parte de la Generalitat

“Les debe molestar nuestro progreso”, dijo Rita Barberá en diciembre pasado, cuando la cadena británica BBC2 emitió un reportaje sobre el mal manejo del dinero público en la Comunidad Valenciana por el Gobierno del PP, que se ha gastado millones en infraestructuras inservibles, como la Ciudad de las Artes y las Ciencias o el aeropuerto de Castellón, mientras la Generalitat está al borde de la quiebra, sin poder pagar a proveedores tan sensibles como el sector farmacéutico o las empresas que prestan servicios a la Dependencia o a los colegios. Precisamente una deuda del Consell de 180.000 euros con una de estas empresas ha dejado sin comer a 260 niños en una escuela situada en un barrio deprimido de Alicante.

En sus casas, a veces no tienen qué comer
Se trata de niños del colegio público Isla de Tabarca, que cuentan con una beca para comer y que pertenecen a familias en riesgo de exclusión social, con la mayor parte de sus miembros en paro y con un bajo nivel de poder adquisitivo.

El presidente de la Ampa, Josué Amador, ha explicado en declaraciones a El Mundo, que “muchos de los niños que acuden a este centro sólo cuentan con la comida que aquí les damos, en su casa hay veces que hay algo que poner en la mesa, y otras que no”.

La empresaria denuncia su asfixia
El colegio está situado en un barrio deprimido, Virgen del Carmen,  al norte de Alicante, y en el que, según puede comprobarse por las cifras, las administraciones no han puesto mucho empeño: hace unos meses, un edificio a punto de derrumbe tuvo que ser desalojado dejando sin techo a unas 157 personas. La tasa de paro se sitúa en el 28% y el índice de pobreza y exclusión, en el 1,5%. Es la zona de Alicante donde se han registrado más números de desahucios.

La gerente de la empresa que presta el servicio de comedor al colegio, María Pujalte, ha lamentado, en declaraciones a laSexta, perjudicar a “las verdaderas víctimas”, los niños, pero, según ha denunciado, la Generalitad la lleva a una situación extrema. “He tenido que reducir plantilla, había 25 trabajadores y ahora hay 17”.
María Pujalte ha asegurado que ya no se puede “endeudar más…el siguiente paso sería el embargo y no lo puedo consentir”. El Gobierno valenciano le debe 180.000 euros.

La Generalitat se compromete a pagar de 20.000 a 30.000 euros
Tras la entrevista en Al rojo vivo, de la Sexta, a esta empresaria, la Generalitat ha enviado al programa una nota en la que se ha comprometido a pagar a la empresa familiar “de 20.000 a 30.000 euros”. A la pregunta de si una vez efectuado el pago, la empresa reanudaría el servicio al colegio, María Pujalte ha contestado que sí, porque de esta manera se le da “un respiro”.

La deuda a las farmacias
La Comunidad Valenciana, en quiebra financiera, afectada por la crisis, pero también por años de derroche en proyectos baldíos durante los sucesivos mandatos populares, no puede hacer frente a los compromisos de sus proveedores. Uno de los colectivos más afectados ha sido el farmacéutico, al que la Generalitat llegó a deber en noviembre pasado 500 millones de euros. Según datos de los colegios de farmacéuticos, 200 farmacias están en concurso de acreedores y se han perdido 2.000 puestos de trabajo.

La Dependencia
La Generalitat ha dejado desatendida también a la Dependencia. A finales del año pasado, el Consorcio de Servicios Sociales de L’Horta Nord que cuenta con cinco centros que atienden a los discapacitados de 22 municipios valencianos denunció que el Consell le debía 760.000 euros correspondientes a 2012.

En enero de 2013, empresarios de Aerte, la patronal del sector de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, entregó 200 cartas a la Consejería de Bienestar Social para reclamar la deuda de 60 millones de euros que mantiene con el sector. Aerte atiende a unas 20.000 personas dependientes que precisan de ayuda diaria para todas sus funciones.

La situación de los colegios
La situación de los colegios en la comunidad no ha sido mejor. La Plataforma de Defensa de la Enseñanza Pública, que integran sindicatos de profesores, asociaciones de padres y otros colectivos educativos, denunció este invierno que muchos centros no contaban con calefacción porque la Generalitat no había pagado los servicios básicos de los colegios. Escola Valenciana desveló que alrededor de “un centenar” de centros se vieron obligados a recurrir a los fondos de las asociaciones de padres.

Los macroproyectos de la Generalitat
La Generalitat ha permitido situaciones como estas, mientras ha permitido proyectos tan faraónicos como fallidos. Por citar sólo unos pocos ejemplos, el aeropuerto de Castellón, en el que no ha despegado nunca un solo avión y por cuyo mantenimiento paga 35 millones de euros al año, sin contar los 111 millones que costó su construcción o los 300.000 euros de la escultura de bronce inspirada en el impulsor de esta infraestructura, el expresidente de Castellón, Carlos Fabra.

En esa lista se incluye la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que con un presupuesto inicial de 331 millones de euros ha terminado costando cerca de 1.300 millones de euros o los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz de Alicante que costaron 274 millones y que ahora se pretende vender por 80 millones de euros.

El dinero al fútbol
La situación de las arcas valencianas es desesperada, pero en febrero pasado, el Gobierno de Alberto Fabra pagó cerca de 5 millones de euros de intereses de la deuda de 81 millones de la Fundación del Valencia CF con Bankia. También en febrero, pero de 2012, la Generalitat pagó a la vieja CAM un préstamo desatendido por la Fundación del Elche C.F de 9 millones de euros. La Generalitat era avalista, a través del Instituto Valenciano de Finanzas. En enero de ese mismo año, desembolsó 18,8 millones de euros, como avalista ante la CAM de un crédito a la Fundación del Hércules.

08 mayo 2013

La policía confirma las prácticas de financiación ilegal en el Partido Popular


“Transformaron donaciones nominales por encima del límite legal en ingresos anónimos fraccionados por valor inferior”, señala un informe de la UDEF remitido al juez




“Se observa una actuación [del PP] persistente en el tiempo consistente en transformar donaciones nominales por encima del límite legal en ingresos en la cuenta de donativos anónimos, dividiendo la cuantía en múltiples partes por valor inferior, con lo que es imposible verificar si se incumplen los límites máximos de aportación”. Esta es la principal conclusión del informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la policía tras analizar los llamados papeles de Bárcenas (la supuesta caja B del PP de los últimos 20 años, entre 1990 y 2008) y cotejarlos con la contabilidad oficial de este partido.
El documento, de 131 folios y cinco anexos, confirma que el PP, a través de su extesorero Luis Bárcenas, vulneró supuestamente la Ley de Financiación de Partidos Políticos al ingresar en la cuenta especial del Banco de Vitoria (luego Banesto) donaciones ilegales “troceadas en pequeñas cantidades” para evitar que superasen el tope legal de los 60.000 euros, como adelantó EL PAÍS el pasado 17 de abril, y esquivar así la labor fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.
La UDEF señala, además, que las empresas donantes (OHL, Sando, Sacyr, Azvi, Aldesa o Contructora Hispánica, entre otras) recibieron contratas de administraciones públicas, algunas gobernadas por el PP y otras por el PSOE y otros partidos. La Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, que estuvo vigente desde 1987 hasta julio de 2007 —prácticamente toda la etapa que recogen los manuscritos de Bárcenas—, señalaba que “los partidos no podrán recibir, directa o indirectamente, aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores a la cantidad de 10.000.000 de pesetas al año (60.000 euros)”. Y añadía que también estaban prohibidas las aportaciones procedentes de “empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras o suministros para alguna Administración Pública”.
El informe abunda en la autenticidad de los papeles manuscritos de Bárcenas que publicó EL PAÍS el pasado 31 de enero (están escritos de su puño y letra, según el informe policial caligráfico). Y destaca que existen numerosas coincidencias entre los apuntes de Bárcenas, la contabilidad oficial del PP y los extractos que figuran en la cuenta especial del Banco de Vitoria en la que, por imperativo legal, debían ingresarse esas donaciones en aras de la transparencia.

MÁS INFORMACIÓN


Los papeles de Bárcenas reflejan una supuesta caja B del PP en los últimos 20 años. Una contabilidad paralela que recoge donaciones ilegales al partido de grandes empresarios y supuestos pagos o sobresueldos con ese dinero a su cúpula dirigente. Pagos a políticos (“complementos”, los define Bárcenas en su declaración ante la fiscalía anticorrupción) que también serían ilegales porque algunos de los beneficiarios ya cobraban sueldos como cargos de la Administración y tenían prohibida cualquier otra retribución.

La Ley de Financiación de Partido Políticos prohibía, además, que empresas donantes de dinero a partidos pudieran contratar con la Administración. La policía ha analizado las contratas que recibieron 14 de las empresas que figuran como donantes en los papeles de Bárcenas. Y cita varios ejemplos en los que sus gestores dieron donativos y recibieron obras públicas, aunque en ningún caso la policía llega a relacionar las entregas de dinero con la adjudicación de contratos, puesto que en muchos casos recibieron obras de administraciones gobernadas por distintos partidos políticos y no existen pruebas en la investigación abierta de relación directa entre el pago y la obra adjudicada. Los únicos indicios a este respecto figuran en el sumario del caso Gürtel vinculados a Constructora Hispánica.
La UDEF concluye sobre las adjudicaciones a estas empresas: “Las fórmulas de entregas [de donaciones] varían de unas cantidades a otras, si bien se observa una continuidad en las aportaciones en el caso de las sociedades Constructora Hispánica, OHL, Sando, Sacyr, Azvi y Aldesa; y en otros casos [de empresas analizadas] existe una concentración [de adjudicaciones] en un momento determinado, como es el caso de Sedesa, en el año 2004; Copasa, en 2007, y Rubau en 2004”.
Es decir, que en algunos casos coincide la entrega de donaciones con un mayor volumen de adjudicaciones por parte de administraciones públicas.
Ruz ha citado para fines de este mes a ocho de los empresarios relacionados como donantes en los cuadernos manuscritos del extesorero que publicó EL PAÍS. Pero no están todos: en los papeles de Bárcenas constan otros grandes empresarios donantes que, de momento, no han sido citados, entre ellos Ramón Aigé, de Sorigé, o Adolfo Sánchez, de Asphalt Road.
Al término del informe, la policía propone al juez  que indague las adjudicaciones de obras recibidas por empresas vinculadas a estos dos empresarios y a José Antonio Romero Polo; Joaquín Molpeceres (Licuas y Desprosa) o Ignacio Javier López de Hierro Bravo (Metrovacesa y Constructora Continental). López de Hierro es el marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Fuentes próximas al juez Ruz otorgan gran valor a este “informe preliminar” de la policía. Lo califican de “concienzudo” y “exhaustivo”,

03 mayo 2013

El Plan de Reformas prevé recortar 1.108 millones en dependencia y 700 en Sanidad


  • "Hay que adecuar las prestaciones a las necesidades reales de los dependientes y priorizar servicios profesionales sobre prestaciones económicas", dice el Plan.
  • Además, Sanidad tiene previsto recortar otro 700 millones con la ordenación de la cartera de servicios asistenciales.
  • "Nada ha conseguido la política del Gobierno, que es fallida", dice el PSOE.

Ley de Dependencia
Dos afectadas por la ley de dependencia
  
   El Plan Nacional de Reformas 2013, remitido por el Ejecutivo a la Comisión Europea, prevé un recorte de 1.108 millones de euros en el sistema de atención a la dependencia y plantea que la aportación de los beneficiarios a estos servicios se incremente en torno a un 5% en tres años.

   Estas son algunas de las medidas incluidas en el plan, publicado por el Gobierno en su página web, y que se enmarcan en el objetivo del Gobierno de "garantizar la sostenibilidad de la atención a la dependencia", lo que supondrá un ahorro de 958 millones de euros.

  Los beneficiarios tendrán que aportar a los servicios de dependencia en torno a un 5% en tres años.

   A esta cantidad hay que sumar este año otros 150 millones de euros que el Gobierno tiene previsto ajustar en la racionalización del sistema de atención a la dependencia. Por este mismo concepto, en 2014 se espera otros 168 millones de euros de ahorro.

   En cuanto a la aportación progresiva de un 5% por parte de los beneficiarios, el programa de reformas estima el impacto de la medida en 339 millones de euros para este año.

   Para "adecuar las prestaciones a las necesidades reales de los dependientes y priorizar los servicios profesionales sobre las prestaciones económicas" está previsto aprobar en 2013 dos reales decretos con los que se prevé un recorte de otros 489 millones de euros, según recoge el texto de la reforma.
   
   Sanidad recortará otros 700 millones

  Por otro lado, y según el mismo Programa Nacional de Reformas 2013, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, prevé un ajuste de 700 millones con la ordenación de la cartera de servicios asistenciales.

  El gobierno se plantea una optimización de 13 servicios y un nuevo catálogo de implante quirúrgico.

  En el programa se asegura que las reformas iniciadas en 2012 en el ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNS) van a continuar, que las del año pasado supusieron una reducción del gasto sanitario del 8% y que con las nuevas iniciativas el impacto estimado total será de 3.134 millones de euros en 2013.
   Para la ordenación de la cartera de servicios, con la que prevé ese ahorro de 700 millones, el Gobierno se plantea "la optimización de 13 servicios de especialidades médicas", la actualización del grupo de cribados y un nuevo catálogo de implantes quirúrgicos.

   A esta cantidad hay que sumar otros 175 millones que el Gobierno piensa obtener este año a través del repago en la dispensación ambulatoria de dietoterápicos y ortoprótesis y en el uso de transporte sanitario no urgente.
    En el documento, publicado en la web del Gobierno, se hace alusión a la reforma farmacéutica, en la que por primera vez los ciudadanos contribuyen en función de la renta y que ha generado un ahorro de 1.589 millones de euros desde julio del pasado año a marzo de 2013.

  De forma mensual, la reducción del gasto sanitario ha sido de casi el 20%. Por la aplicación de la reforma, la reducción del gasto farmacéutico estimada para 2013 se cifra en 1.400 millones, incluyendo la participación de los usuarios en los medicamentos de dispensación hospitalaria.

  Además de estas medidas se contemplan otras como la nueva orden de precios de referencia, que generará una reducción de gasto de 409 millones.
   
   Un Gobierno "agotado"

   La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, ha exigido al Gobierno, al que ha considerado "agotado", que rectifique su "política económica fallida" porque "mete cada vez más" al país en la recesión económica.

   Las soluciones además de ser inútiles  e ineficaces, son injustas

   La portavoz socialista ha asegurado que en este primero de mayo la situación es "mucho peor" que en el año anterior y después de "dieciséis meses de gobierno de Mariano Rajoy es dramática". "Nada ha conseguido la política económica del Gobierno, que es una política fallida", ha indicado la portavoz socialista, quien ha asegurado que la situación de los que tienen trabajo "es peor" y el número de desempleados es "mayor", con "2.600 empleos que se destruyen diariamente".

   A juicio de Rodríguez, la ciudadanía exige al Gobierno "una rectificación en toda regla de su mala política que no da ningún resultado y que mete al país cada día más y más en una recesión económica profunda". "Las soluciones y propuestas del Gobierno, además de ser inútiles e ineficaces, son injustas", ha lamentado la dirigente socialista, quien ha indicado que en un documento que les entregaron ayer están conociendo las medidas que el pasado viernes no se atrevió a anunciar el Gobierno. 

   En ese sentido, ha explicado que se trata de medidas "injustas y carentes de ética" porque plantean nuevos recortes en la Ley de Dependencia.

Gallardón privatiza el Registro Civil y habrá que pagar por todos los trámites


  • El ministro de Justicia quiere 'vendérselo' al Colegio de Registradores, al que pertenece Rajoy, por 300 millones de euros.

La voracidad de Gallardón por privatizar servicios públicos y poner nuevos impuestos a los ciudadanos no tiene límite. No hay precedentes en la historia de España que igualen lo que ha hecho el PP con la Justicia y con lo que pretende hacer con un servicio público como es el Registro Civil. Además el Gobienro está dispuesto a incumplir las más elementales normas de transparecia y se dispone a privatizar el registro sin ni siquiera sacar la adjudicaicón a concurso.

Alberto Ruiz Gallardón tiene ya un récord: es el primer ministro de Justicia de la Democracia que ha unido a todos los sectores del mundo del Derecho y la Justicia en su contra. Jueces, fiscales, abogados, sindicatos y consumidores se oponen rotundamente al “tasazo” que ha impuesto el ministro y que acaba con el concepto de justicia para todos, ahora sólo habrá Justicia para quien se la pueda pagar. Pero la obsesión de Gallardón por crear nuevos impuestos y cobrar por todo va camino de convertirle en plusmarquista mundial también de las privatizaciones. Ahora quiere privatizar el Registro Civil, y se lo quiere dar al Colegio de Registradores de la Propiedad sin que haya concurso público. Curiosamente Mariano Rajoy es, de profesión, registrador de la Propiedad.

A pagar, a pagar y a pagar
Gallardón ya tiene listo el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, que el Gobierno quiere aprobar en Consejo de Ministros de forma inminente, y estipula que el registro Civil, el registro de la Propiedad o el registro Mercantil dejarán de ser servicios públicos y pasarán a ser gestionados por una entidad privada. Y eso implica que habrá que pagar un nuevo arancel por solicitar, por ejemplo, un certificado de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, nacionalidad etc, etc.

Un negocio más para los registradores de la Propiedad
Los registradores de la Propiedad son un colectivo que goza de importantísimos privilegios porque mantiene el monopolio sobre una serie de actividades en las que además cobran lo que quieren por poner una firma en un documento oficial. Desde la Unión Europea se ha urgido a España, y se le obliga en varias directivas, a acabar con los monopolios abusivos de varios colegios profesionales como condición imprescindible para liberalizar nuestra economía y hacerla más competitiva. Nada de eso ha hecho el Gobierno del PP, que presume de ‘liberal, y ante el decreto de Gallardón la conclusión es que quiere darles más poder y más negocio.

La excusa del ahorro
El anterior Gobierno de Zapatero aprobó una Ley para la digitalización del Registro Civil, incluida en el programa de modernización de la administración, con la que se pretendía que los ciudadanos pudieran obtener los certificados a través de internet y, por tanto, sin desplazarse. El Ministerio de Justicia calcula que el presupuesto para dicha modernización es de 300 millones de euros y que debido a la crisis no hay dinero en los Presupuestos. La ‘solución Gallardón’ es privatizar el registro adjudicándoselo a dedo a los registradores de la propiedad que pagarían los 300 millones para digitalizar el Registro Civil y cobrarían a los ciudadanos.

 Se quita autoridad a los jueces y se la da a los registradores
En cuanto se apruebe, los jueces ya no tendrán competencia alguna y serán sustitudos por los registradores de la propiedad. El texto de privatización de los registros obligará a que todos los trámites se hagan primero por la oficina on line (internet), y ya por ese trámite habrá que pagar, después habrá que hacerlo otra vez por el documento que se pida.

El lobby de los registradores
Si Gallardón se atreve, no ya a privatizar los Registros, sino a adjudicarlos a dedo a los registradores de la propiedad, va a tener que responder a muchas preguntas sobre la influencia de este colectivo en el PP y en el Gobierno. Mariano Rajoy es registrador de la propiedad con plaza en Santa Pola (Alicante) -aunque obviamente está en excedencia-, pero además un hermano del presidente del Gobierno, Enrique Rajoy, también es registrador de la Propiedad. Pero hay más, dos altos cargos del Ministerio de Justicia, curiosamente el director y el subdirector general de los Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez y Javier Vallejo respectivamente, también son registradores de la Propiedad.



La moraleja de todo esto es que en cuanto se privaticen los Registros Civiles, cuando tengamos que solicitar una partida de nacimiento, de defunción, matrimonio etc. etc.. deberemos de hacerlo a través de internet o bien, nos tendremos que desplazar hasta el municipio donde esté ubicado el registro de la propiedad que atienda al municipio donde residamos, en el caso de Relleu sería  Villajoyosa y por supuesto tendremos que pagar un arancel por la expedición del certificado que hayamos solicitado (hasta ahora y durante 150 años la expedición de estos documentos ha sido gratuito) En resumen como siempre seremos los ciudadanos los perjudicados con esta nueva medida de privatización de la función pública y serán beneficiados los de siempre.

02 mayo 2013

¡Valencianos, reaccionen!

Víctimas accidente Metro de Valencia
Los familiares de las víctimas del accidente de metro de Valencia siguen
manifestándose cada mes

Si una gran mayoría de valencianos siguen votando al Partido Popular después del reportaje emitido en el programa ‘Salvados’ de La Sexta TV sobre el accidente de metro del 2006, no tienen perdón. O son corruptos como sus políticos o tienen un grave problema cognitivo, por decirlo finamente.
Todo lo que no se ha dicho nunca en Canal 9, ya que sus directivos se han encargado de censurarlo, lo pudimos ver y escuchar el pasado domingo en la Sexta TV y más concretamente en el Programa ‘Salvados’ que dirige Jordi Évole.

La televisión valenciana y gran parte de la prensa de esa comunidad ha sido cómplice de los dirigentes políticos que participaron en este escándalo. Mientras su presidente Camps iba proclamando al mundo el ejemplo en que se había convertido la Comunidad Valenciana, su propio partido y su propio gobierno tapaba un escándalo en donde hubo un montón de delitos que siguen sin enjuiciar y resolver.
La Comunidad Valencia encabeza todos los rankings de corrupción y aunque sus grandes líderes no hayan sido condenados, los ciudadanos sabemos que no son de fiar. Pero al parecer lo debe de saber toda España menos los propios valencianos que a pesar del expolio  una gran mayoría siguen votándoles fielmente.

Vimos en el programa Salvados cómo quisieron comprar a las víctimas con puestos de trabajo para que retirasen las denuncias, cómo los visitaba Cotino, con su carita de Opus Dei, dándoles su móvil personal para que le llamasen ante cualquier duda ( el objetivo era que no denunciasen), cómo instruyeron a los que declararon en el juicio. Todos dijeron las mismas frases, las mismas mentiras.
También nos avergonzamos viendo cómo aumentaron el sueldo a los que declararon con más entusiasmo, Cómo desapareció el libro de seguridad. Cómo Cotino se hacía pasar por su hermano para no responder al periodista y finalmente unas vergonzosas imágenes de este impresentable político, irónico, cínico y ruin negándose a contestar a los periodistas entre falsas sonrisas.
Los dirigentes valencianos, todos ellos del Partido Popular quedaron como una auténtica basura. Ahora son los ciudadanos los que tienen que decidir. Ya no pueden decir que no lo vieron.

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