31 julio 2007

Imputados por favorecer a la mafia rusa en Barcelona implican a altos cargos del PP

Varios funcionarios vinculan a la ex delegada del Gobierno en expedientes que tramitaba su marido

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama que concedió ilegalmente en Barcelona decenas de permisos de residencia y trabajo a extranjeros de la mafia rusa cuenta con testimonios que apuntan a que las irregularidades no correspondían sólo al ex subdelegado del Gobierno en Barcelona Eduard Planells, en libertad con cargos. La Delegación del Gobierno en Cataluña hasta 2004, con Julia García-Valdecasas al frente -ministra de Administraciones Públicas en los últimos meses del Gobierno de Aznar-, forzó la aprobación de expedientes tramitados por su marido, según el testimonio de varios funcionarios.

Gerardo Gónzalez Bilbao es uno de los funcionarios de extranjería de la subdelegación del Gobierno de Barcelona detenidos hace dos semanas junto a su ex jefe, Eduard Planells -que ahora era directivo de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones- y dos presuntos cómplices externos por favorecer expedientes de extranjería del la organización del mafioso ruso Malchas Tetruashvili, desarticulada en 2005 en la Operación Avispa.

González Bilbao quedó libre con cargos tras declarar al juez. Este funcionario, tras filtrarse las pesquisas que le llevarían al juzgado, repartió una nota explosiva a sus compañeros de trabajo donde apuntaba más alto: "Planells no es ningún tonto, y sé que nadie le cogerá en ninguna escucha ni en ninguna actuación en la que fehacientemente se compruebe que ha dado papeles a distintos capos a cambio de dinero. Sé más. A Planells le nombró coordinador de los servicios periféricos la delegada del Gobierno Julia García-Valdecasas. Planells, cuando muchos pedíamos papeles para los encerrados en la iglesia del Pino, hizo una regularización extraordinaria por mandato del Gobierno del PP. En esa regularización se colaron los encerrados en la iglesia y algunos miles más que pasaban por allí. Pero se hizo y fue extraordinaria y la hizo el PP".

González Bilbao también cita en su denuncia los tratos con miembros de la mafia rusa: "Planells conoce y yo también que Tetruashvili era socio de un importante restaurador barcelonés y que a ese grupo lo asesoraban tanto [Antoni Fernández] Teixidó [ex consejero de CiU] como un importante profesional que constantemente sale en todos los medios de comunicación. Planells conoce, y yo también, que a este grupo se le detectaron unas 140 contrataciones ilegales; contrataciones que investigamos administrativamente dos funcionarios de esta casa, y de las que nadie habló. Planells sabe que, semiacabada esa investigación, se indicó a estos funcionarios, uno de ellos yo, que pasaran todos los expedientes al despacho del antiguo subdelegado del Gobierno [David Bonet], para que desde una vía superior se pudieran determinar las responsabilidades de ese citado grupo. Planells sabe, y yo también, que desde ese despacho se dio carpetazo a todo gracias a la notable intervención de un conocidísimo profesional". "Al mentado grupo", añade González-Bilbao, "muchos funcionarios de esta casa lo conocen, muchos saben de estas actuaciones singulares y muchos aún no salen de su asombro por esta tapada al por mayor. Planells sabe muchas cosas. Sabe y calla. Pero no las sabe desde que es subdelegado, las sabe desde que era coordinador por nombramiento del PP y durante ocho años".

Este funcionario no sólo ha reconocido ante el juez como suya esa denuncia escrita sino que ha explicado en sede judicial cuáles eran los máximos capos de la trama de aprobación ilegal de expedientes de extranjería en la Delegación del Gobierno en Cataluña con García-Valdecasas. "A partir de mi declaración van a tener caso. Y con la declaración de otro funcionario, Francisco Caballero, que compareció previamente como testigo. Dijimos que los verdaderos involucrados en esta causa son importantes políticos, importantes despachos de Barcelona, importantes cargos políticos del PP, Julia García-Valdecasas, y el subdelegado en Barcelona David Bonet, importantes asesores de la mafia y de un empresario español que era socio de Tetruashvili, tenían negocios en Las Ramblas".

"En aquellos tiempos, la delegada era Julia García-Valdecasas, y había un abogado que era su marido, Añoveros. Añoveros presentaba expedientes de extranjería. ¿Cómo se llama eso? ¿Tráfico de influencias? Presentaba expedientes generosísimos. Caballero ha declarado en la Audiencia Nacional, porque me lo ha dicho a mí, que había empresarios que presumían de llevar los asuntos de extranjería al despacho de Añoveros porque se arreglaban expedientes incluso con exenciones de visado, que eso es muy difícil, los arreglaba por un millón de pesetas, que es lo que yo dije a su señoría. Nosotros somos conscientes y testigos de que hemos tenido que aprobar o proponer la aprobación directa de expedientes de Añoveros por imposición de la delegada del Gobierno, que por narices se los tenía que aprobar la oficina de extranjería a pesar de que estaban desestimados".

González-Bilbao detalla así sus presuntas presiones:
-¿La orden para forzar expedientes de Añoveros las daba la delegada o Planells?
-"No, las órdenes las daba la delegada".
-¿Le daba órdenes a usted?

- "No, al jefe de la oficina de inmigración, Carlos Planas. Y a Francisco Caballero, jefe de sección del departamento de recursos. A mí, directamente, no. He sido testigo de esos expedientes porque yo soy responsable del departamento de recursos de reposición. En cuatro expedientes consta, además, que era por orden de la delegada. Que coja la policía esos expedientes, y verá las notas que nosotros hemos puesto en esos expedientes. Las notas que puso Carlos Planas. Decían así: "Por orden de la delegada del Gobierno". Después de haber sido desestimados los expedientes se tuvieron que aprobar. Bonet nos hizo parar una investigación de 160 expedientes que creíamos que estaban falsificados. Lo taparon porque el grupo del empresaario español socio de Tetruashvili lo pidió. Lo paralizó Bonet y la policía. No querían que saliera el nombre de Antoni Fernández Teixidó [ex conseller de CiU] y otro asesor, pariente de un alto cargo del PP". Su declaración coincide, en lo esencial, con las de otros interrogados por el juez.

FRANCISCO MERCADO - Madrid - 31/07/2007

28 julio 2007

La Consellería de Sanidad de la Generalitat Valeciana deberá pagar multas por un importe de 125 millones por demoras en el pago a proveedores

La Consejería de Sanidad deberá abonar 124.977.456 euros a diferentes empresas de material quirúrgico, sanitario y farmacéutico por facturas pendientes de pago, correspondientes a suministros realizados a hospitales públicos, así como por los intereses de demora acumulados. Esta suma responde a 98 sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que anulan, por ser contrarias a derecho, las desestimaciones de la Generalitat ante las correspondientes reclamaciones interpuestas por las empresas.

La cantidad más significativa son los 15.573.865 euros que la consejería deberá abonar a la mercantil Bristol Myers-Squibb, por 1.141 facturas de suministros de medicamentos y especialidades farmacéuticas realizadas durante 2003. En abril de 2004, la empresa presentó una reclamación por el impago ante la Administración autonómica sin obtener respuesta expresa, pero ahora el TSJCV anula esta "desestimación tácita" de la consejería y reconoce el derecho de la compañía a cobrar la citada cantidad, más los intereses de demora. En otra resolución diferente, la Sala estima el derecho de esta misma empresa a cobrar otros 14.774.222 euros por el impago de 1.152 facturas de suministros de 2003 y 2004, además de los intereses legales y 11.941 euros por los costes de cobro. Entre las 98 sentencias, también destaca una que impone a la Generalitat el pago de 7.935.876 euros a la empresa Baxter, más los intereses de demora, por el impago de productos sanitarios, implantes y equipos, a lo que añade otros 9.923 euros en concepto de costes de cobro.

Los fallos judiciales recuerdan que la Administración "tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los dos meses siguientes a la fecha de expedición" de las facturas, y en caso de demora, deberá pagar "el interés legal del dinero incrementando en 1,5 puntos la cantidad adeudada". Estas sentencias se suman a otras 31 resoluciones hechas públicas el pasado mes de abril, que reconocían el derecho de 29 empresas del sector a cobrar 24,6 millones de euros por motivos similares.

Esta misma semana, los responsables de sanidad del PSPV exigieron al Consell que haga aflorar los 1.000 millones de euros de facturas en el cajón como primer paso para solucionar los problemas financieros del sistema sanitario valenciano. El secretario de sanidad de la ejecutiva del partido, Miguel Mazón, y el portavoz del área en las Cortes, Ignacio Subías, explicaron que el primer paso que debe dar el Consell para resolver este problema consiste en reconocer la existencia de ese "pecado de origen", en referencia a las citadas facturas en el cajón. Mazón admitió que eso es un problema para el PP, porque admitir ese montante sería "reconocer que la contabilidad de la Generalitat no responde a la realidad", algo que obligaría a los socialistas a pedir responsabilidades políticas a quienes están "lastrando la sanidad".
EL PAÍS - Valencia - 28/07/2007

05 julio 2007

JUAN COTINO CONSELLER DE BIENESTAR SOCIAL REDUCE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A LAS FAMILIAS DE LOS ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS


Los renglones torcidos del Opus Dei

El conseller de Bienestar Social de la Generalitat valenciana, Juan Cotino, ha reducido a nueve meses, de enero a septiembre, las prestaciones económicas que sirven para que los familiares de los enfermos mentales crónicos costeen residencias privadas para atenderlos. Algunas páginas web resaltan la ironía de que un católico fervoroso y miembro numerario del Opus Dei como Cotino pretenda dejar a los enfermos mentales "a la buena de Dios".

La partida presupuestaria de la Comunidad Valenciana para las prestaciones económicas individuales (PEI) a enfermos mentales crónicos, sufragadas con dinero regional y también por el Gobierno Central, ya fueron recortadas por la predecesora de Cotino, la zaplanista Alicia Miguel. Esta anterior responsable de Bienestar Social se vio obligada entonces a aprobar una ayuda adicional al final del año tras recortar el montante de las ayudas. Incertidumbre de las familiasTras el nuevo recorte de Cotino, que ha limitado las ayudas a los nueve primeros meses del año, empresarios de centros de asistencia consultados por el diario Levante esperan que finalmente ocurra igual que con Alicia Miguel y se acabe rectificando. En cualquier caso, estos empresarios denuncian que se genera inquietud entre las familias de los residentes y que quizá los últimos meses del año sí les dejen definitivamente abandonados.

La paradoja de CotinoCotino, miembro numerario del Opus Dei, ya trabajó en la Generalitat presidida por Zaplana y volvió como consejero con Camps tras un breve paso por el Gobierno Central en los años de Aznar. Con Mayor Oreja como ministro de Interior. fue director de la Policía, cargo en el que precedió a Díaz de Mera y donde se ganó los recelos de buena parte del cuerpo. por lo que consideraban un deficiente plan anunciado a bombo y platillo: la Policía de Proximidad. La web Confidencial7D resalta la paradoja de que un numerario del Opus Dei deje a los enfermos mentales “a la buena de Dios”.