LOS DEPENDIENTES SABRÁN EN SEIS MESES QUE AYUDA LES CORRESPONDE

Las comunidades agilizarán los trámites desde la solicitud a la concesión de la prestación

Las comunidades autónomas han acordado que habrán de pasar máximo seis meses entre que la persona dependiente solicita la ayuda y se le comunica la prestación a la que tiene derecho, con lo que se agilizará el periodo que suele conllevar este trámite administrativo. Ese plazo será de treinta días en el caso de los menores de tres años, de forma que los padres podrán ampliar sus permisos de maternidad o paternidad o los correspondientes subsidios por esta razón si así lo necesitan.
El acuerdo se ha adoptado por unanimidad en el Consejo Territorial de Dependencia celebrado este lunes, si bien los representantes del Ministerio de Sanidad y Política Social y de los diferentes gobiernos autonómicos no han fijado el plazo en el que las ayudas tendrán que ser efectivas.
Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, al término de la reunión del Consejo. Jiménez ha destacado el "gran valor político" de este acuerdo, que tendrán que incorporar las comunidades autónomas a su normativa. Las comunidades tendrán que ir incorporando este aspecto a sus propias leyes en este año.
Gobierno central y comunidades también han aprobado otro acuerdo para que se revise al menos una vez al año el funcionamiento y la eficacia de las ayudas concedidas para cuidar a los ancianos y discapacitados en casa. Se trata de evaluar que el cuidador familiar tiene la salud necesaria para desarrollar esos cuidados, la formación suficiente, que la vivienda tenga las condiciones precisas, que se cumplen periodos de descanso razonables. La ayuda económica para el cuidador familiar es la más extendida de todas. Esta inspección anual deberá ir cumpliéndose en las comunidades a lo largo de 2010.
Por otro lado, se aprobó que se incorporen equipos multidisciplinares (trabajadores sociales, enfermeros, terapeutas) para valorar el grado de dependencia del solicitante. Estos equipos revisarán las valoraciones que se hacen a domicilio y harán controles periódicos para determinar el uso correcto del baremo que se emplea en toda España para determinar el nivel de dependencia de los interesados.

Una ayuda de dependencia tarda en llegar entre 12 y 18 meses

Las diferencias de gestión entre comunidades son demasiado acusadas - Canarias, Madrid, Murcia y Valencia presentan los peores datos de la tabla
Tres años después de ponerse en marcha la Ley de Dependencia, miles de personas, muy necesitadas, aún aguardan la ayuda a la que tienen derecho. El tiempo de espera desde la solicitud hasta que se recibe la prestación va de los 12 a los 18 meses, una media que engordan algunas comunidades con una gestión muy deficiente. Canarias, Madrid, Murcia y Valencia son las regiones que presentan una estadística más pobre. Sin embargo, otras como Andalucía, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco y Navarra avanzan razonablemente el desarrollo de esta ley.
La media nacional no sirve por sí sola para dar una idea de la implantación de la ley, porque las diferencias entre comunidades son muy acusadas. En Canarias, el tiempo de espera desde que un ciudadano solicita su valoración hasta que ésta se hace efectiva puede alcanzar el año o más, mientras que en Castilla y León o en La Rioja, este trámite lo tienen más avanzado.
Después hay que dictaminar la ayuda que corresponde al dependiente y ponerla en marcha. Los retrasos aquí son más desesperantes. El ciudadano ya sabe que tiene derecho a la prestación, pero tarda en llegar. Cantabria es una de las comunidades más ágiles a la hora de atender a estas personas, a pesar de que puede tardar unos 10 meses en conceder la ayuda. En el caso de Canarias y Madrid, entre las peores, esa espera puede alargarse más allá del año, incluso dos. La burocracia, mientras tanto, puede ser agotadora.
Cuando se trata de ayudas económicas, el retraso se compensa porque el pago se hará con efecto retroactivo. Pero si lo que el ciudadano necesita es un servicio (geriátrico, centro de día) nada repara esa dilación. Muchos mueren a la espera del servicio.
El último estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales pone de manifiesto todas estas diferencias. Se aprecia cómo hay comunidades que han aprovechado los tres años de vigencia de la ley para mejorar su gestión mientras que en otras apenas se ha movido nada. "Este análisis demuestra que los abusivos plazos que se venían denunciando para que las personas recibieran atención, entre 12 y 18 meses, no eran sólo fruto de la casuística individual de algún expediente atascado, sino que ha sido la lamentable norma generalizada", asegura Luis Barriga, de la asociación.
En España hay una media de 1,04% de ciudadanos atendidos respecto al total de la población, con los últimos datos oficiales del Gobierno. Pero eso no dice mucho sobre si hay distancias como la que separa a La Rioja, con un 1,76% de personas atendidas respecto a sus habitantes, de Canarias, que apenas da ayudas al 0,29% de sus ciudadanos. O Madrid, que sólo tiene atendido al 0,41% de su población mientras que Andalucía se eleva hasta un 1,74%, el volumen de personas recibiendo ayuda más alto de España.
Con todo, la estadística global presenta una tendencia preocupante: a pesar de que cada vez son más los solicitantes atendidos, la lista de espera de quienes tienen derecho a una prestación y aún no la perciben no ha disminuido. Alrededor de unas 250.000 personas están en esa situación, una cifra que se mantiene invariable desde julio de 2008, según el estudio de la asociación de gerentes de servicios sociales. "Las comunidades que han perfeccionado y engrasado la maquinaria en estos años, que son mayoría, seguro que conseguirán desbloquear el atasco. Lo grave es que otras han frenando el acceso a las valoraciones y a los servicios. Mucho nos tememos que todo 2010 no será suficiente para ponerse a un nivel de atención mínimamente aceptable", lamenta Luis Barriga. "Si comunidades como Madrid, Valencia o Canarias no dan un giro de 180 grados habrá que exigir una intervención contundente por parte de los poderes del Estado, empezando por el Ministerio de Sanidad y Política Social, para que hagan efectivos los derechos de estas personas", añade Barriga.
Los datos que transmiten mensualmente las comunidades al Gobierno para elaborar la estadística oficial siguen preocupando en la asociación de gerentes de servicios sociales porque hay "extrañezas inexplicables". Se refieren al caso de Murcia, por ejemplo, donde, "milagrosamente", el número de personas que entran en el sistema es idéntico al de valoraciones efectuadas y al de personas con derecho. ¿No hay personas que son valoradas y no tienen derecho a ayudas, como ocurre en las demás comunidades? "Queremos creer que al menos son verdad los datos de personas con derecho a una ayuda, porque de eso depende la financiación que reciben del Estado", dice Barriga.
Cada comunidad tiene sus asignaturas pendientes. Andalucía ha de acortar los plazos para valorar a sus ciudadanos y Castilla y León presenta una baja cobertura, a pesar de que tiene una población altamente envejecida. En Extremadura hay un atasco significativo en la valoración y las ayudas concedidas se comunican a los ciudadanos por teléfono, algo que la asociación encargada de este estudio achaca al sistema elegido para la gestión, "que deja de lado a los servicios sociales locales". Pero la mayoría de las comunidades, tres años después, presentan un balance de mejoría progresiva.
Sin embargo, un grupo en el que se incluyen Canarias, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana muestra una estadística tan pobre que "se podrían dar por buenas las acusaciones de boicoteo a la ley que se les hizo cuando arrancó el sistema de la dependencia. Algunos de sus datos son tan vergonzosos que deberían dar lugar a acciones legales", afirma el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. "La ministra
[de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez] no puede felicitar a Murcia, como ha hecho, ni decir que todos los territorios están haciendo un gran esfuerzo, porque eso ha dejado de ser cierto desde hace tiempo: unos hacen los deberes y otros, sencillamente, no", añade Ramírez.
En el año 2010 no se incorporarán nuevos grados de dependencia al sistema lo que supondrá un respiro para la gestión. "Este año será clave para agilizarlo definitivamente", afirma Luis Barriga. Hoy se reúne el consejo territorial en el ministerio para abordar asuntos de dependencia.

RAJOY RECORTARÁ GASTOS SOCIALES SI LLEGA AL GOBIERNO

Como no podía ser de otra forma la derechona españaola de toda la vida que tan bien representa el Partido Popular y su lider Mariano Rajoy, no ve otra forma para salir de la crisis que reducir el deficit público recortando los derechos sociales de los trabajadores. Es decir, la derecha cavernicola de este País como ha ocurrido siempre en la historia de España, se pone al servicio de los más poderosos para que el sacrificio y esfuerzo lo realicemos los más debiles, los trabajadores y trabajadoras que día a día se dejan la piel en esas empresas españolas tan "modélicas" (tanto como el presidente de su organización empresarial Diaz Ferran) con contratos precarios, salarios de miseria y cientos de expedientes de regulación de empleo injustificados.

ESTA ES LA GRAN RECETA QUE NOS PROPONE LA DERECHA ESPAÑOLA PARA SALIR DE UNA CRISIS MUNDIAL.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha desgranado su recetario contra la crisis a lo largo de esta mañana, primero en una entrevista en la Cadena Ser y posteriormente en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP. Dos comparecencias y un único argumentario reiterativo que, por otra parte, se viene escuchando desde ayer: Rajoy recortará gastos sociales si llega al Gobierno porque “no nos podemos permitir el lujo de gastar más de lo que ingresamos”. “Supongo que la reducción del gasto público no le gusta a la gente”, reconoció en la emisora, aunque insistió en que si llegase al Gobierno no dudaría en hacer recortes sociales porque no “puede vivir por encima de las posibilidades de cada uno”.El PP prescribe, por tanto, cuatro parámetros: “controlar el gasto público”, “reestructurar el sistema financiero”, “reformar el mercado laboral” y “reformar el sistema fiscal”.

Mariano Rajoy ya apostó ayer por abaratar los despidos y recortar los gastos sociales, y hoy ha reiterado sus recetas anti-crisis en una entrevista en Hoy por Hoy y posteriormente en una rueda de prensa desde la sede del PP. Ambas comparecencias tuvieron un contenido muy similar. Desde la emisora, el dirigente aseguró que estas dos políticas económicas junto con la reestructuración del sistema financiero deben ser adoptadas “con urgencia”. A su juicio, “el drama de este Gobierno es que no hace nada”, y mantiene una “inacción” esperando “a ver si deja de llover, si se da la recuperación”, algo que no puede ocurrir si no se toman medidas contundentes.

"No queda más remedio" que reducir el gasto público. El líder de la oposición reconoció que “las reducciones de gasto público no le gustan a la gente”, sin embargo, apuntó que sería la primera medida que tomaría si gobernase el país y afirmó que “en este momento no nos podemos permitir el lujo de gastar más de lo que ingresamos”, por lo que “no queda más remedio” que reducir “algunas partidas” para “disminuir el déficit y la deuda pública”. Reestructurar el sistema financiero y reformar el mercado laboralAdemás Rajoy anunció otras dos medidas para mejorar la situación económica: “reestructurar el sistema financiero” para que vuelva a haber “crédito” que genere “inversión”. “En esto vamos muy retrasados, aquí no se está haciendo nada”, lamentó, y advirtió de que “sin crédito no puede haber recuperación”. Además, abogó por una “reforma del mercado laboral” con un nuevo tipo de contratos lo que, según dijo, no tiene por qué suponer un abaratamiento del despido, ya que “hay muchísima gente con indemnizaciones de 8 días a 0 días, estos contratos temporales son los que se hacen ahora, y eso hay que estudiarlo”, argumentó. Posteriormente, en la rueda de prensa el popular volvió a enfatizar en la “dualidad” del sistema de contratación, cuyos resultados tangibles son altas tasas de paro juvenil y de contratos temporales. El popular puso como ejemplo de reforma la impulsada por Aznar en 1997.

LA CORRUPCIÓN AUGURA AL PP UN AÑO DE CALVARIO JUDICIAL

El levantamiento del secreto sobre Bárcenas y de otra parte del sumario en Madrid amenaza otra vez a los conservadores. Francisco Camps, a expensas de los jueces. Jaume Matas, cercado por su palacete.

El año horrible vivido en 2009 por el PP con el estallido de la operación Gürtel y de otros casos de corrupción, como el que ha puesto contra las cuerdas al ex ministro y ex presidente balear Jaume Matas, amenaza con verse superado por el recién iniciado 2010.
El reguero de investigaciones pendientes, la posibilidad de nuevas imputaciones de alcance en la Gürtel y el laberinto en que, por ese mismo caso, permanece atrapado el presidente valenciano, Francisco Camps, auguran un verdadero calvario judicial para los conservadores. Dividido ahora en tres partes, el caso Gürtel puede acabar en el Supremo si surgieran indicios contra nuevos aforados de otras comunidades o de ámbito estatal.
El año ha arrancado con la previsión de nuevos sobresaltos para el partido de Mariano Rajoy. Será en el último tramo de este mes cuando, según fuentes de su entorno, el magistrado Francisco Monterde, que instruye la parte investigada por el Tribunal Supremo, levante, parcial o totalmente, el secreto de lo investigado respecto a los dos aforados nacionales en el caso: el senador Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y que mantiene su acta de senador, y el diputado al Congreso por Segovia Jesús Merino, que igualmente se mantiene en su escaño.
También el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) alzará el secreto respecto a otra parte del sumario que instruye. De momento, el juez del TSJM Antonio Pedreira, encargado de toda la investigación salvo la que concierne al Supremo y al Tribunal Superior de Valencia, ha imputado a un nuevo cargo público del PP: la ex concejal de Obras de Pozuelo, Yolanda Estrada, con lo que el número de imputados asciende ya a 65.
De ellos, 16 son o fueron cargos orgánicos o públicos ligados directamente al PP. El ex eurodiputado Gerardo Galeote, recolocado por Rajoy como asesor de asuntos europeos, se librará, salvo viraje de última hora, porque los delitos que se le atribuían han prescrito.
No ha trascendido si los indicios de que la trama pagó sobornos en Castilla y León se traducirán en imputaciones de representantes públicos del PP en esa comunidad, donde los conservadores ejercen un control absoluto gracias a su demoledora mayoría electoral. Pero los datos sobre presunto pago de comisiones por parte de Teconsa, ya plasmados por Baltasar Garzón en su auto de marzo de 2009, son sólidos. El foco apunta hacia el presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, que ha negado cualquier vínculo con la trama.
Queda igualmente por desvelar si el análisis de la contabilidad de la red y de los documentos hallados en la sede de las empresas de Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag, han abierto nuevos caminos para la investigación.
La gran incógnita: Los millones de Bárcenas y las obras de Cascos
Pero ambas posibilidades, la de que la investigación salte a Castilla y León y que haya nuevos imputados en Madrid, están sobre la mesa. Como lo sigue estando un enigma: el significado de la frase pronunciada por el presunto cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, en la ya célebre grabación sobre sobre los mil millones de pesetas (seis millones de euros) que, supuestamente, había entregado a Bárcenas. "Le llevé 1.000 millones de pesetas por adjudicaciones de la época de Cascos", dice Correa citando por su nombre al ex ministro de Fomento de Aznar y ex secretario general del PP.
La rama valenciana: Camps, atrapado entre el Supremo y el TSJCV
El año arranca con la incógnita de qué nuevos datos saldrán a la luz en un caso que, de momento, ya se ha cobrado la imputación de una docena de cargos del partido. La Gürtel ha convertido además a Camps en rehén de los plazos. Primero, los del Supremo, que debe resolver sobre los recursos de la Fiscalía y el PSOE contra el archivo del caso de los trajes. Y después por los del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV), que igualmente debe decidir si admite a trámite la querella por financiación ilegal del PP, interpuesta también por los socialistas.
Ahora, la Fiscalía ha pedido al juez Pedreira que investigue las cuentas del PP valenciano. El magistrado se muestra reticente a hacerlo, dado que esa investigación podría afectar a aforados valencianos.
Camps logró en agosto que el TSJCV lo exonerase del presunto delito de cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno, en el caso de los trajes. Con el juez amigo Juan Luis de la Rúa al frente de las deliberaciones, el tribunal concluyó que aceptar ropa confeccionada a medida y valorada en 12.783 euros no entrañó delito, pese a que la figura del cohecho impropio castiga la simple recepción del soborno, sin necesidad de que exista contrapartida.
El PSOE valenciano da por seguro que el Supremo obligará a reabrir el caso. Cree que lo presagia la nítida redacción del artículo 426 del Código Penal, el referido al cohecho impropio. En ese punto, el Código establece un castigo de multa de tres a seis meses para "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función".
Los socialistas sostienen que si el Supremo validase la decisión del TSJCV, convertiría en papel mojado el citado artículo. Antes de decidir sobre el fondo del asunto, el Alto Tribunal ha de resolver si cabe aquí la posibilidad del recurso de casación. El abogado de Camps entiende que no.
Respecto a la querella del PSOE por financiación ilegal del PP valenciano, las cosas parecen menos claras. La querella reproduce casi milimétricamente el ya famoso informe policial que en julio despreció el tribunal valenciano.
Los conservadores se aferran a la esperanza de que la querella no se admitirá porque el informe policial ya fue desechado por el tribunal valenciano, que aún preside De la Rúa. Éste sigue a la espera de que el TSJM responda si está investigando las pistas contenidas en el citado dossier de la Brigada de Blanqueo.
Frente a quienes auguran nuevas imputaciones de alcance, en el entorno del juez Pedreira se asegura que no habrá grandes novedades en la parte sobre la que se levantará el secreto a final de mes. La instrucción, apuntan fuentes del tribunal madrileño, no puede eternizarse ni abrir nuevas vías indefinidamente. Y, además, lo relativo a las 24 comisiones rogatorias cursadas por el magistrado para seguir el rastro del dinero sigue aún pendiente de cierre.
Procesalmente, la gran duda estriba en si el caso permanecerá en manos de los tribunales superiores de Madrid y Valencia o si acabará bajo la tutela del Tribunal Supremo. "Si se concretan imputaciones en Castilla y León o si se reabre el caso de los trajes o se admite la querella del PSOE contra Camps, tendrá que pasar al Alto Tribunal", opina una fuente conocedora del caso.
El icono: El año en que Fabra irá al banquillo (o no)
En Valencia, Camps no es el único con problemas. 2010 puede ser el año en que Carlos Fabra, imputado por corrupción desde hace seis años, se siente en el banquillo.
No puede darse por seguro, dada la capacidad de maniobra mostrada por el presidente de la Diputación de Castellón y dirigente histórico del PP valenciano. Pero si finalmente no surgen nuevos tropiezos, Fabra deberá responder ante la justicia por un presunto delito de falsedad documental por el que el fiscal pide dos años de cárcel. Las acusaciones de soborno y tráfico de influencias tendrán que esperar.
La derivada balear: Jaume Matas, el blanqueo y el palacete
La cascada de casos de corrupción en Illes Balears ha bloqueado al Partido Popular, cuyo ex líder y también ex ministro Jaume Matas se ha visto atrapado en el caso Palma Arena.

El ex presidente del Govern deberá comparecer el 23 de marzo y en calidad de imputado ante José Castro, el juez que investiga los incrementos de precio en la construcción del velódromo palmesano, que terminó costando el doble de lo presupuestado. Castro acusa al ex presidente balear de nueve delitos cuyas penas suman hasta 30 años de cárcel. Cohecho (soborno), malversación y blanqueo de capitales figuran en la lista.
En el ojo del huracán desde que un constructor le acusó de haber pagado en dinero negro la reforma de su palacete en el centro de Palma de Mallorca, Matas no ha recibido ningún reproche público de su partido. La compra del palacete, adquirido supuestamente a un precio muy inferior al de su valor de mercado, se encuentra bajo sospecha.

Pero eso no es todo. A comienzos de año trascendió un informe de la Guardia Civil según el cual la promotora que compró, reformó y comercializó los apartamentos del palacete es, en realidad, una sociedad instrumental propiedad de Jaume Matas.
Su escándalo no es el único que zarandea a los conservadores en las islas. Casos como el Scala o el de Andratx, cuyo ex alcalde Eugenio Hidalgo ingresó en prisión el pasado 28 de diciembre, se han encadenado en los últimos años.

El PSOE DE RELLEU CONSIGUE QUE LA CHJ INVIERTA 2,7 MILLONES DE € EN EL PANTANO

La Confederación Hidrográfica del Jucar tiene en licitación la asistencia técnica para la redacción del proyecto de Recuperación ecológica y acondicionamiento paisajístico del embalse de Relleu. La inversión prevista es de 2,7 millones de euros.

En marzo de 2008, a instancias del Grupo Municipal Socialista y la Agrupación Local del PSPV-PSOE de Relleu, Leire Pajín, Agustín Navarro y Herick Campos iniciaron gestiones para que la Confederación Hidrográfica del Jucar acometiera una recuperación del antiguo embalse del Amadorio en Relleu.

La iniciativa fue recogida por la propia Confederación Hidrográfica, que la incluyó dentro de sus prioridades. La CHJ decidió incluir esta actuación en el nuevo convenio entre Generalitat y Gobierno de España para la recuperación de humedales. Así se lo traslado a los representantes del PSPV-PSOE y al propio Alcalde de Relleu.

Toni Fuster, portavoz municipal del PSPV-PSOE, lamentó que el proyecto no cuente con apoyo y financiación de la Generalitat, pues permitiría que fuera más ambicioso. Pero Fuster quiso dejar claro que el Gobierno de España sí ha atendido a las demandas históricas de los vecinos y el embalse de Relleu será un atractivo más del municipio tanto para los propios vecinos, como para los turistas y senderistas.

Fuster agradeció el apoyo que la CHJ dio desde el principio a la idea. Así mismo, agradeció al Alcalde de Relleu (del PP) que se sumara a la iniciativa, en este sentido dijo que “esperamos que el Alcalde apoye las gestiones de la CHJ y que exija al PPCV y a la Generalitat o Diputación que contribuyan al proyecto económicamente para poder complementar la actuación de la CHJ con otras”.

El Diputado Nacional del PSPV-PSOE Herick Campos informé que “el retraso de casi dos años se debe a que la Generalitat no ha cumplido y justificado el convenio anterior, ya que tampoco se ha comprometido a cofinanciar el nuevo convenio, en el que la CHJ quiere aportar 30 millones de euros. Finalmente, la CHJ va a seguir a delante con su intención de invertir cerca de 30 millones de euros en humedales de la Comunitat Valenciana, entre los cuales está el antiguo embalse del Amadorio en Relleu”.