ZAPATERO GANA EL DEBATE

Rajoy ha vuelto a pintar una España en negro. Un mensaje catastrofista muy alejado de la realidad que viven los españoles.
Rajoy se ha limitado a volver a centrarse en tres únicos temas: modelo de Estado, terrorismo e inmigración.
Ha pasado de puntillas por la economía, la educación, la sanidad, la dependencia, las pensiones etc. Rajoy no tiene políticas sociales, no tiene proyecto ni propuestas.
Pero además Rajoy se ha limitado a centrar su intervención sobre políticas sociales exclusivamente en la inmigración con un mensaje de fondo xenófobo.
Rajoy ha vuelto a utilizar el terrorismo como arma electoral y además ha salido 'revolcado' en esa parte del debate cuando Zapatero le ha echado en cara su deslealtad.
Rajoy ha repetido el mensaje catastrofista también en política territorial volviendo a hacer planear un discurso de enfrentamiento de unos contra otros.
Y para rematar el desastre, Rajoy ha reconocido que no sabe lo que es un bono bus. El 'amigo de los currantes' ha perdido la poca credibilidad que tenía cuando intenta demostrar que se preocupa por la cesta de la compra y por la vida cotidiana de los trabajadores.
Frente a esta estrategia, Zapatero ha mantenido una línea constructiva. Ha planteado propuestas y se ha centrado en los temas que preocupan a la gente como las políticas sociales, el empleo y la economía.
Zapatero ha manejado infinitamente mejor los datos, la gestualidad y los gráficos. De hecho RAjoy se ha equivocado incluso con los gráficos cuando en el último bloque ha sacado por error el gráfico de la construcción por comunidades autónomas en lugar del gráfico del incremento del precio de las viviendas.
Zapatero ha desmentido punto por punto el mensaje catastrofista de Rajoy, tanto en política económica como en política social.
El candidato socialista ha ganado claramente en todos los bloques pero ha goleado al candidato del PP en economía, políticas sociales, politica exterior y seguridad y en retos del futuro
Zapatero ha tenido en varios momentos a Rajoy contra las cuerdas: al hablar de políticas sociales, al reprocharle su deslealtad en la lucha antiterrorista y al hablar del cambio climático
En resumen: un candidato sólido, solvente, claro y positivo frente a un candidato insolvente, catastrofista y que pretende defender a los currantes sin saber siquiera lo que es un bono bus
Por todo ello Zapatero ha salido del debate tranquilo y muy satisfecho.
El error final de Rajoy ha sido acabar el debate como empezó la legislatura, acusando a Zapatero de golpear a las víctimas del terrorismo.

MITIN DE ZAPATERO LLENO HASTA LA BANDERA

Zapatero ha asegurado en un mitín celebrado en la plaza de toros de Valencia que no iba a perdir disculpas "por haber intentado la paz y el final de la violencia porque era mi obligación como presidente del Gobierno de España".
El presidente del Gobierno ha usado después la fórmula "no voy a pedir disculpas" por haber aprobado la ley de de igualdad, la ley de matrimonio homosexual, por el aumento del salario mínimo, por las ayudas para la familia así como una retahíla de los principales proyectos del Gobierno en estos últimos cuatro años.
Zapatero ha dado por seguro que éste mitin de Valencia iba a ser "uno de los más grandes de la campaña". En efecto, el candidato socialista a la reelección ha congregado a más de 20.000 personas, situación que no se producía desde los tiempos en los que gobernaba Felipe González.

TERCER REVES JUDICIAL A CAMPS POR SU INTENTO DE TORPEDEAR LA DESALADORA DE TORREVIEJA

Tercer revés judicial al Consell que preside Francisco Camps, del PP, en su intento de torpedear la construcción de la planta desalinizadora en Torrevieja dentro de su estrategia de defensa a ultranza del derogado trasvase del Ebro. El Consell ha mantenido una oposición beligerante a la planta de Torrevieja desde que arrancaron las obras y no ha dudado en calificar estas instalaciones como "centrales nucleares del mar".
Tercer revés judicial al Consell que preside Francisco Camps, del PP, en su intento de torpedear la construcción de la planta desalinizadora en Torrevieja dentro de su estrategia de defensa a ultranza del derogado trasvase del Ebro. El Consell ha mantenido una oposición beligerante a la planta de Torrevieja desde que arrancaron las obras y no ha dudado en calificar estas instalaciones como "centrales nucleares del mar". La Generalitat, por ejemplo, bloqueó el acceso a las obras con la instalación de un quitamiedos y más recientemente el Ayuntamiento de la localidad anunció el cierre de la oficina de información sobre la planta. Pero todos los intentos han sido en vano. Ahora ha sido la Audiencia Nacional la que ha desestimado la demanda de la Generalitat de paralizar, con carácter cautelar, las obras de la planta, que producirá 80 hectómetros cúbicos de agua al año.
El auto, fechado el 31 de enero y difundido ayer, esgrime el "interés público que se pretende con la construcción de la planta frente" y lo antepone a "los intereses particulares de la Generalitat". En septiembre pasado, el Tribunal Constitucional suspendió, a instancias del Gobierno, el acuerdo del Consell que decretó la paralización de la desaladora por supuesto impacto negativo. El primer revés a las tesis del PP llegó cuando en mayo Bruselas desestimó la denuncia medioambiental presentada por el Consell contra la desaladora.
Adrián Baltanás, director general de Acuamed, que ayer visitó las obras de la planta, concluyó que este auto confirma que "los intentos del PP y de la Generalitat de sabotear las obras han fracasado". El Consell restó importancia a esta decisión, ya que se trata de un auto y no de sentencia, y destacó que solo rechaza la petición de suspensión cautelar de los trabajos.
La Audiencia Nacional no suspende las obras porque la Generalitat, "contrariamente a lo que invoca en su escrito, no acredita los daños y perjuicios que alega". Y los daños de carácter medioambiental que denuncia el Consell "se contradicen" con la Declaración de Impacto Ambiental que, en sentido favorable, se emitió el 13 de marzo de 2006. La Audiencia concluye que "el interés público" que se pretende con esta desaladora, que garantizará los regadíos del trasvase Tajo-Segura, han de prevalecer "respecto de los intereses particulares de la entidad autonómica". Baltanás destacó que la planta "reúne todos los medios de protección necesarios para no producir ningún impacto medioambiental".El delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, dijo que tras este fracaso "la razón se pone del lado de la lógica, que no es otra que resolver un problema de los ciudadanos". Los responsables socialistas instaron al PP a "poner fin" a las "trabas" que desde el inicio han planteado al proyecto de construcción de la desaladora, que deberá acabarse este año.
Sin embargo, el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, destacó que el auto de la Audiencia Nacional "no se pronuncia sobre lo fundamental: el carácter legal o ilegal de la ejecución de las obras". Por eso, instó a los dirigentes socialistas a esperar a la sentencia definitiva. Para Antón es un "despropósito" y una "insensatez" seguir con las obras. La Generalitat ha presentado un recurso de súplica en el que alega que las obras se ejecutan en el área de afección de 500 metros del Parque Natural de las Lagunas de La Mata-Torrevieja. La Generalitat aduce también que la desalinizadora tampoco cuenta con autorización ambiental integrada, permiso de vertidos ni autorización de Puertos y Costas, e incumple la Directiva de Hábitats.
Pero el ministerio asegura que la planta cuenta con la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, otorgada por la Administración ambiental competente, que es el ministerio, y con la financiación de la Comisión Europea, que aporta 55 millones de euros para su construcción. Asimismo, el proyecto tiene el aval de cuatro informes científicos, elaborados por instituciones de prestigio como son las universidades de Alicante, Politécnica de Valencia y Cantabria, así como el CEDEX, que "refutan de forma tajante todas y cada una de las críticas que se han lanzado en torno a la viabilidad ambiental de la desalinizadora que construye Acuamed".

BOICOT DEL PP A LOS JÓVENES VALENCIANOS

LA HIPOCRESIA DEL PARTIDO POPULAR

DEFENDER LA ALEGRÍA

ESTAMOS CON ZAPATERO

Más de 400 personas marchan contra el cierre de la carretera de Sella

Las obras obligan desde hoy a recorrer 16 kilómetros por un puerto de montaña impracticable para vehículos sanitarios y escolares

Más de 400 personas secundaron ayer la marcha convocada por el PSOE de la Marina Baixa y de Sella en protesta por el cierre de la carretera comarcal CV-770, que une Sella con La Vila Joiosa y Benidorm. A partir de hoy, los residentes del municipio tendrán que dar un rodeo de 16 kilómetros y más de media hora de duración, atravesando Relleu y un puerto de montaña de la Sierra de Aitana impracticable para vehículos sanitarios, escolares o de reparto de grandes dimensiones. Hasta ahora, la carretera se cortó hace ya varios meses por las obras, pero los residentes aprovechaban los descansos de los operarios a la hora del almuerzo y a mediodía, o el final de la jornada de trabajo, para pasar hasta el pueblo por el tramo habitual, de apenas cuatro kilómetros y que se recorre en unos minutos. Sin embargo, desde hoy, las obras obligarán a cortar definitivamente el acceso hasta que concluyan y los 650 habitantes de la localidad tendrán que utilizar el desvío a través de la montaña, una carretera estrecha, muy deteriorada y plagada de parches, curvas y baches. La Policía Local de La Vila Joiosa, donde diariamente bajan a estudiar los alumnos de Sella, ya ha emitido un informe alertando de que la carretera no es apta para el transporte escolar, según destacó ayer el secretario comarcal del PSOE, Jaime Llinares. Durante las próximas dos semanas, los estudiantes tendrán que usar taxis con toda probabilidad para llegar hasta sus centros de estudio, según explicó el portavoz socialista de Sella, Lluís Soler, ya que es difícil que un microbús transite con seguridad por el desvío. Las mismas complicaciones se presentan para las urgencias médicas, debido a la estrechez de la carretera alternativa para el acceso de las ambulancias y principalmente al tiempo que tardarían en recorrerla, por lo que algunos vecinos de Sella, enfermos o parturientas, han expresado su voluntad de trasladar su domicilio hasta que finalicen las obras, según Llinares. "Estamos a favor de que se haga la carretera pero no cortando los dos viales o sin trabajar con urgencia, porque fuimos con el alcalde del PP a pedir que se trabajara las 24 horas y la contestación de la Diputación fue que los obreros tienen que dormir", indicó Soler. La manifestación fue secundada por UGT, CC OO, Bloc y Esquerra Republicana así como por cientos de vecinos y autoridades, con representación de todos los municipios de la comarca. Además de esta reivindicación, la marcha pedía la protección de la sierra de Aitana y de la cultura de los pueblos del interior y denunciaba el abandono del medio rural, así como el bloqueo de la Generalitat a las ayudas del gobierno aprobadas por la Ley de Sostenibilidad del Mundo Rural, ya que la única forma de financiación de los municipios pequeños "es vender el territorio a los urbanizadores o vivir de las ayudas institucionales", añadió Soler que cree que "no hacen caso de estos pueblos porque no son rentables políticamente".

"Hay dinero para la fórmula 1, pero no para la Ley de Dependencia"

Los dependientes denuncian ante la Síndic de Greuges la pasividad del Consell

Sufren enfermedades degenerativas desde pequeños, la Ley de Dependencia, aprobada por el Gobierno socialista, les ampara y contempla beneficios para ellos. Sin embargo, desde hace meses esperan que la Generalitat, del PP, evalúe sus casos para poder empezar a recibir ayuda económica y asistencia. La mayoría de ellos son jóvenes y están cansados de esperar. Por eso ayer acudieron al Síndic de Greuges para presentar una queja ante la "pasividad" del Consell en la aplicación de la Ley de Dependencia.

Ulises Sempere, de 19 años, va en silla de ruedas y necesita ayuda permanente. "Para todo necesito a alguien", explica. Jaume Martorell tiene 25 años. Estudiaba Informática en la Universidad de Alicante, pero se lo ha tenido que dejar por su distrofia muscular: "Necesito 600 euros mensuales para pagar a alguien que me ayude". En total, una decena de personas, con un elevado grado de dependencia, hartas de promesas incumplidas, salieron de sus casas con sus sillas de ruedas y rumbo a la sede del Síndic de Greuges en Alicante, para trasladar sus quejas a la titular en funciones, Emilia Caballero. "La ley nos permite contratar a alguien y tener la ayuda necesaria, admite Laura Soler, edil socialista en Alicante. Estos dependientes podían empezar a recibir desde el pasado 1 de enero ayudas económicas y acogerse a los beneficios de la ley, pero en muchos casos "ni tan siquiera han contestado a las peticiones de evaluación", aseguraron. Mercedes Pastor, una de las madres afectadas, acusó a la Generalitat de promover informaciones "falsas" anunciando que "a finales de enero cobrarían". Hace seis meses que estos grandes dependientes presentaron la solicitud de evaluación y concesión de ayudas y no han obtenido respuesta. "Se burlan de nosotros", dijo esta madre, que criticó los fastos del Consell "como la Copa del América o la Fórmula 1, y no hay dinero para nosotros".

Una portavoz de Bienestar Social rechazó estas críticas. "De pasividad nada", dijo y acusó al Gobierno de "no querer firmar un convenio" para aplicar la ley.