Más de dos mil personas llegadas desde toda la provincia desafiaron las temperaturas gélidas que ayer se registraban en Alicante con el doble objetivo de celebrar el tercer aniversario de la aprobación de la Ley de Dependencia y denunciar su incumplimiento en la Comunidad. Por una vez, los organizadores y la Policía Local coincidieron en la cifra de participantes en la marcha, que tuvo sus réplicas en las celebradas por la mañana en las ciudades de Castellón y Valencia. Bajo el lema "Aplicación de la Ley de Dependencia ya! Es tu derecho, exígelo", los manifestantes partieron de la estación de Renfe y recorrieron la avenida de Maisonnave y el paseo de Gadea, hasta llegar a la Casa de las Brujas, donde tiene su sede la delegación del Consell. Su intención era recordar a las 13.000 personas que han fallecido sin llegar nunca a percibir las prestaciones previstas y, sobre todo, a las "decenas de miles que aún siguen esperándolas", según explicó, Miguel Martorell, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alicante. En este sentido, Martorell señaló la especial situación de "más de un millar de grandes dependientes -personas que necesitan atención personal las 24 horas del día- que aún o perciben ningún tipo de ayuda" a pesar de que la norma establecía que debían ser los primeros, en el año 2007, en ser atendidos. Entre ellos está su propio hijo, de 27 años, que sufre una distrofia muscular que le impide incluso alimentarse por sí mismo y "ni siquiera tiene todavía el Plan Individualizado de Atención"."Es inmoral que la Generalitat se aproveche de las personas que no pueden valerse para hacer oposición al Gobierno central", señaló el portavoz de la Plataforma. "Los Reyes Magos podrían traerle a los políticos un poco de alma y corazón", deseaba a su lado Paqui Agulló, responsable de la asociación de Sax. La plana mayor del PSOE se sumó a la manifestación, con el portavoz del grupo municipal socialista de Alicante, Roque Moreno, y la secretaria provincial, Ana Barceló, encabezando la delegación. "Más que para exigir nada estamos aquí para demostrar el cabreo generalizado que nos provoca esta injusticia, que clama al cielo", denunciaba Barceló. También estaban presentes representantes de Esquerra Unida, la secretaria general de CC OO en l'Alacantí, Consuelo Navarro; el máximo responsable de UGT en la comarca, Óscar Llopis; miembros de la Asociación Síndrome de Marfan, de Cocemfe, del Cermi y de otras muchas organizaciones de discapacitados y sociales de toda la provincia. Los protestantes lucieron camisetas y pancartas de color naranja, el color que han elegido para simbolizar la lucha por los derechos de los dependientes. Se pudo ver carteles exigiendo el fin del "boicot" de la Generalitat a la ley y también reclamando la modificación del reglamento autonómico que establece que el silencio administrativo se entiende como la denegación de las ayudas. También hubo críticas para Avapsa, la empresa que ha creado la Generalitat para la gestión de los expedientes.Such reclama al Gobierno central más dineroLa consellera de Bienestar Social, Angélica Such, respondió a las protestas exigiendo al Gobierno central que cumpla con la financiación a las comunidades autónomas del 50% que establece la Ley de Dependencia. En una nota, la consellera señaló que "la aportación del Estado en la financiación de recursos y prestaciones es insuficiente e inadecuada". Así, según explicó, "durante este año hemos destinado al sistema de la dependencia 185 millones de euros frente a los 74 millones que ha aportado el Estado" en el mismo periodo. 
20 diciembre 2009
MILES DE ALICANTINOS EXIGEN A CAMPS QUE CUMPLA LA LEY DE DEPENDENCIA APROBADA POR EL GOBIERNO DE JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO EL AÑO 2006
Más de dos mil personas llegadas desde toda la provincia desafiaron las temperaturas gélidas que ayer se registraban en Alicante con el doble objetivo de celebrar el tercer aniversario de la aprobación de la Ley de Dependencia y denunciar su incumplimiento en la Comunidad. Por una vez, los organizadores y la Policía Local coincidieron en la cifra de participantes en la marcha, que tuvo sus réplicas en las celebradas por la mañana en las ciudades de Castellón y Valencia. Bajo el lema "Aplicación de la Ley de Dependencia ya! Es tu derecho, exígelo", los manifestantes partieron de la estación de Renfe y recorrieron la avenida de Maisonnave y el paseo de Gadea, hasta llegar a la Casa de las Brujas, donde tiene su sede la delegación del Consell. Su intención era recordar a las 13.000 personas que han fallecido sin llegar nunca a percibir las prestaciones previstas y, sobre todo, a las "decenas de miles que aún siguen esperándolas", según explicó, Miguel Martorell, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alicante. En este sentido, Martorell señaló la especial situación de "más de un millar de grandes dependientes -personas que necesitan atención personal las 24 horas del día- que aún o perciben ningún tipo de ayuda" a pesar de que la norma establecía que debían ser los primeros, en el año 2007, en ser atendidos. Entre ellos está su propio hijo, de 27 años, que sufre una distrofia muscular que le impide incluso alimentarse por sí mismo y "ni siquiera tiene todavía el Plan Individualizado de Atención"."Es inmoral que la Generalitat se aproveche de las personas que no pueden valerse para hacer oposición al Gobierno central", señaló el portavoz de la Plataforma. "Los Reyes Magos podrían traerle a los políticos un poco de alma y corazón", deseaba a su lado Paqui Agulló, responsable de la asociación de Sax. La plana mayor del PSOE se sumó a la manifestación, con el portavoz del grupo municipal socialista de Alicante, Roque Moreno, y la secretaria provincial, Ana Barceló, encabezando la delegación. "Más que para exigir nada estamos aquí para demostrar el cabreo generalizado que nos provoca esta injusticia, que clama al cielo", denunciaba Barceló. También estaban presentes representantes de Esquerra Unida, la secretaria general de CC OO en l'Alacantí, Consuelo Navarro; el máximo responsable de UGT en la comarca, Óscar Llopis; miembros de la Asociación Síndrome de Marfan, de Cocemfe, del Cermi y de otras muchas organizaciones de discapacitados y sociales de toda la provincia. Los protestantes lucieron camisetas y pancartas de color naranja, el color que han elegido para simbolizar la lucha por los derechos de los dependientes. Se pudo ver carteles exigiendo el fin del "boicot" de la Generalitat a la ley y también reclamando la modificación del reglamento autonómico que establece que el silencio administrativo se entiende como la denegación de las ayudas. También hubo críticas para Avapsa, la empresa que ha creado la Generalitat para la gestión de los expedientes.Such reclama al Gobierno central más dineroLa consellera de Bienestar Social, Angélica Such, respondió a las protestas exigiendo al Gobierno central que cumpla con la financiación a las comunidades autónomas del 50% que establece la Ley de Dependencia. En una nota, la consellera señaló que "la aportación del Estado en la financiación de recursos y prestaciones es insuficiente e inadecuada". Así, según explicó, "durante este año hemos destinado al sistema de la dependencia 185 millones de euros frente a los 74 millones que ha aportado el Estado" en el mismo periodo. 
CAMPS MANTIENE EN BARRACONES A 30.000 ALUMNOS
"Hay niños que han estudiado en barracones hasta el instituto". Gemma Piqué, portavoz de la Plataforma en Defensa de lEnsenyament Públic, una de las organizaciones más críticas con la política educativa del Consell valenciano, describe con este ejemplo la principal denuncia del colectivo: 30.000 alumnos valencianos se ven obligados cada día a estudiar en construcciones prefabricadas ante la falta colegios.
Las cifras oficiales del propio ejecutivo de Francisco Camps, que habla de 1.208 de estas instalaciones provisionales en la región, le dan la razón.
El colegio Max Aub, en la capital valenciana, sintetiza en pocos metros cuadrados esta realidad: barracones, deficiencias de mantenimiento y falta de instalaciones. Uno de los patios es de tierra, y en cada recreo una nube de polvo enturbia la ropa, las aulas y la salud de los escolares. Los problemas respiratorios y de piel son numerosos.
Con cinco años, Jesús toma a diario varias dosis de cuatro medicamentos distintos para el asma. "El médico le ha recomendado que no vaya al colegio", asegura su madre.
La AMPA del Max Aub está recopilando este tipo de casos para elaborar un informe médico y presentarlo en la Conselleria de Educació. El patio carece de desagüe. Cuando llueve, se inunda varios centímetros y, luego, se convierte en un barrizal. En 2007, comenzaron a exigir su remodelación y hace pocos días les llegó la respuesta de la Conselleria: "No insistan, no hay presupuesto".
Ana Noguera, portavoz de Educación del Grupo Socialista en el Parlamento autonómico, lo corrobora: "No tienen ni un duro. Por eso, Font de Mora desdeñó los portátiles del programa ministerial Escuela 2.0, porque no puede poner su 50%". El conseller aseguró el pasado lunes que las pantallas de estos ordenadores, de 10 pulgadas, "producen miopía". Para ello, se valió de un informe de la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo que numerosos profesionales censuraron por su falta de rigor.
Arma arrojadiza
"Es la última extravagancia de un conseller que utiliza Educació como arma arrojadiza y juega con jóvenes y niños sin ningún pudor", afirma Noguera. El escándalo más sonado de Font de Mora fue su empecinamiento en que Educación para la Ciudadanía se impartiera en inglés, una orden que fue prohibida por los tribunales valencianos.
Noguera denuncia que la Conselleria, a través de la empresa pública Ciegsa, arrastra un endeudamiento de 2.400 millones de euros, que supone uno de los mayores agujeros de las cuentas del Ejecutivo de Camps. Fuentes de Ciegsa consultadas redujeron la deuda a la mitad, aunque reconocieron que es "demasiado alta". La causa, según estas fuentes, es el "frenético ritmo" de construcción de colegios, "casi 500 en una década".
El PSPV recela de estos datos y asegura que Educació nunca les ha permitido acceder a las cuentas de una empresa a la que, según Noguera, cada año le llueven críticas de la Sindicatura de Comtes (el tribunal de cuentas de la comunidad) por su opacidad.
Una reciente se refiere a la falta de justificación de una partida de 800.000 euros para un programa informático. Noguera lamenta que Educació delegue en Ciegsa hasta el punto de que ésta funcione "como si fuera la Conselleria: construye escuelas, compra libros, ordenadores, las bombillas de los laboratorios... y fabrica barracones, claro".
Las cifras oficiales del propio ejecutivo de Francisco Camps, que habla de 1.208 de estas instalaciones provisionales en la región, le dan la razón.
El colegio Max Aub, en la capital valenciana, sintetiza en pocos metros cuadrados esta realidad: barracones, deficiencias de mantenimiento y falta de instalaciones. Uno de los patios es de tierra, y en cada recreo una nube de polvo enturbia la ropa, las aulas y la salud de los escolares. Los problemas respiratorios y de piel son numerosos.
Con cinco años, Jesús toma a diario varias dosis de cuatro medicamentos distintos para el asma. "El médico le ha recomendado que no vaya al colegio", asegura su madre.
La AMPA del Max Aub está recopilando este tipo de casos para elaborar un informe médico y presentarlo en la Conselleria de Educació. El patio carece de desagüe. Cuando llueve, se inunda varios centímetros y, luego, se convierte en un barrizal. En 2007, comenzaron a exigir su remodelación y hace pocos días les llegó la respuesta de la Conselleria: "No insistan, no hay presupuesto".
Ana Noguera, portavoz de Educación del Grupo Socialista en el Parlamento autonómico, lo corrobora: "No tienen ni un duro. Por eso, Font de Mora desdeñó los portátiles del programa ministerial Escuela 2.0, porque no puede poner su 50%". El conseller aseguró el pasado lunes que las pantallas de estos ordenadores, de 10 pulgadas, "producen miopía". Para ello, se valió de un informe de la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo que numerosos profesionales censuraron por su falta de rigor.
Arma arrojadiza
"Es la última extravagancia de un conseller que utiliza Educació como arma arrojadiza y juega con jóvenes y niños sin ningún pudor", afirma Noguera. El escándalo más sonado de Font de Mora fue su empecinamiento en que Educación para la Ciudadanía se impartiera en inglés, una orden que fue prohibida por los tribunales valencianos.
Noguera denuncia que la Conselleria, a través de la empresa pública Ciegsa, arrastra un endeudamiento de 2.400 millones de euros, que supone uno de los mayores agujeros de las cuentas del Ejecutivo de Camps. Fuentes de Ciegsa consultadas redujeron la deuda a la mitad, aunque reconocieron que es "demasiado alta". La causa, según estas fuentes, es el "frenético ritmo" de construcción de colegios, "casi 500 en una década".
El PSPV recela de estos datos y asegura que Educació nunca les ha permitido acceder a las cuentas de una empresa a la que, según Noguera, cada año le llueven críticas de la Sindicatura de Comtes (el tribunal de cuentas de la comunidad) por su opacidad.
Una reciente se refiere a la falta de justificación de una partida de 800.000 euros para un programa informático. Noguera lamenta que Educació delegue en Ciegsa hasta el punto de que ésta funcione "como si fuera la Conselleria: construye escuelas, compra libros, ordenadores, las bombillas de los laboratorios... y fabrica barracones, claro".
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