Las causas reales de los recortes

Uno de los argumentos que se dan con mayor insistencia para justificar las políticas públicas de recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, es que los Estados se están gastando mucho más de lo que pueden hacerlo. Desde esta postura se argumenta que los gastos en pensiones, en sanidad, en educación, en servicios sociales, en escuelas de infancia y una larga lista de transferencias y políticas públicas del Estado del Bienestar han  alcanzado dimensiones que no son sostenibles para las arcas del Estado, sean éstas del gobierno central o de las Comunidades Autónomas (CCAA). De acuerdo con tal teoría, el gobierno español ha tomado la decisión de recortar nada menos que 39.000 millones de euros en 2013 que van a afectar muy negativamente a los componentes citados del Estado del Bienestar de España y de sus Comunidades Autónomas, incluyendo Catalunya. Los recortes impuestos por el gobierno central a las CCAA -que son las que gestionan la mayoría de los servicios públicos de tal Estado del Bienestar- representan un ataque frontal (y no hay otra manera de describirlo) a estos servicios públicos, que ya están entre los menos financiados de la UE-15, el grupo de países de nivel de desarrollo semejante al español, incluyendo el catalán. El gasto social (predominantemente público) por habitante en España y en Catalunya está entre los más bajos en tal comunidad. La media de la UE-17 (que es la UE-15 más Eslovaquia y Estonia) fue de 8.030 unidades de poder de compra en 2010, mientras que en España fue de 6.284 y en Catalunya de 6.563. Es decir, que tanto España en su conjunto como Catalunya gastan en protección social aproximadamente una quinta parte menos de lo que gastan los países con semejante nivel de desarrollo.

El argumento de que nos hemos estado gastando más de lo que podemos gastarnos carece pues de credibilidad científica. Mientras que el nivel de riqueza de España y Catalunya fue el 91% y el 110% del PIB del promedio de la UE-15 respectivamente, el gasto social por habitante fue sólo del 78% y del 82% del promedio de tal comunidad incluyendo también Estonia y Eslovaquia. Tanto España como Catalunya son lo suficientemente ricas como para gastar muchos más recursos de los que gastan en su Estado del Bienestar. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Los ingresos al Estado y a la Generalitat de Catalunya son más bajos de lo que les correspondería por el nivel de riqueza que tales países tienen. Mírese como se mire, el hecho es que los recortes no pueden justificarse porque nos gastemos demasiado.

La causa de tales recortes hay que buscarla en otro lugar. Y éste es, precisamente, en el enorme poder que las entidades financieras tienen, tanto en Catalunya y en España, como en la Eurozona, donde recae la responsabilidad por tales recortes. Veamos los datos. A la vez que el gobierno español quiere recortar 39.000 millones de euros, el mismo gobierno tiene pensado gastarse 38.589 millones de euros sólo en pagar los intereses de la deuda pública, intereses que han sido artificialmente elevados como resultado del diseño del sistema financiero de la Eurozona. Si el Banco Central Europeo (BCE), y antes el Banco de España, hubieran prestado desde 1989 al Estado español dinero a los mismos intereses a los que el BCE lo ha prestado a la banca privada, la deuda pública española sería hoy un 14% del PIB, en lugar del 90%. El Banco Central Europeo no es un Banco Central sino un enorme lobby de los intereses financieros. De ahí que preste dinero a un 1% a la banca privada y que sea ésta la que con este dinero compre bonos del Estado español a unos intereses del 6% y del 7%. Un negocio redondo y que la población paga a base de recortes y recortes del gasto público, incluyendo el social. Ésta es la razón de que haya tantos recortes. Y todo un tinglado ideológico se ha construido y promovido por los medios de mayor difusión a fin de justificar tal realidad. Así de claro.

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Un Vaticano tenebroso y corrupto obligó a dimitir a Benedicto XVI

Ante las intrigas, corrupciones, impedimentos, soledades, complots, divisiones, ambiciones de poder, y la impotencia para tomar decisiones, el Papa decidió renunciar al Pontificado dejando a la Iglesia en una encrucijada de la que no se sabe si hay salida

No hace muchos días el mismísimo diario oficial de la Iglesia, L´Osservatore Romano, describía al Papa como "un pastor rodeado de lobos". El casi seguro detonante de su "renuncia" (o dimisión forzada) al Papado fue la publicación, hace casi un año (mayo de 2012), de "Su Santidad. Las cartas secretas de Benedicto XVI", del periodista experto en asuntos vaticanos Gianluigi Nuzzi. En este libro se destapaban unos 25 informes vaticanos secretos que el mayordomo del Papa, Paolo Gabriele, que los venía fotocopiando desde el año 2006, habría facilitado al polémico y famoso periodista, aún no se sabe muy bien por qué.

Pero se puede adivinar. Según cuenta el propio Nuzzi, Gabriele le habría confesado que al papa Ratzinger "nadie le informaba de lo que pasa en la Curia"; que "el Santo Padre estaba cansado de lo que veía"; que "Su Santidad se sentía incapaz de afrontar las intrigas vaticanas"; y que "ya no le quedaban fuerzas para echar a los mercaderes del templo"... 

Casi un año después de estas confesiones, que el propio Nuzzi acaba de revelar, Benedicto XVI se convierte en el séptimo Pontífice -o el quinto, según otras fuentes- que "renuncia" al Papado, tras hacerlo San Ponciano (año 235), San Silverio (537), Martin I (1044), Benedicto IX (1045), Celestino V (1294) y Gregorio XII (1415). (Pío VII (1800) firmó su "abdicación" en 1803, pero enseguida se arrepintió y derogó su renuncia, gobernando la Iglesia hasta 1823). La historia de estas dimisiones, así como la historia de los papas, está plagada de turbulencias, intrigas, nepotismos e incluso crímenes.

Sólo entre los siglos IX y XI (del año 882 al 984) unos nueve papas desaparecieron por la fuerza de la Silla de Pedro, envenenados unos, estrangulados o acuchillados otros, y el resto obligados al destierro. Del siglo XIX conocemos alguna de las tretas papales y napoleónicas para controlar el orden civil y el religioso desde el inmenso poder de la Iglesia.

El Vaticano es una institución a la deriva de intrigas palaciegas,  luchas por el poder y corruptelas

A lo largo de las próximas semanas, mientras llega el día de la renuncia efectiva del papa Ratzinger (28 de febrero), y especialmente las semanas anteriores al Cónclave del que saldrá el nombre del nuevo Papa (entre el 15 y el 20 de marzo), podremos conocer y presenciar no pocos de los asuntos internos de un Vaticano en plena encrucijada, de una institucióna la deriva, en la que las intrigas palaciegas, casi medievales, las luchas por el poder, las corruptelas en sus finanzas, la turbulenta vida sexual de algunos de los altos dignatarios de la Iglesia y la división del Colegio Cardenalicio respecto al horizonte hacia donde debe caminar la Iglesia, dejarán estupefactos a una buena mayoría de los fieles cristianos, ajenos a estas turbulencias de aquellos que deciden día tras día su "camino de salvación eterna". De otros escándalos -como la pederastia de una parte del clero y los dineros sucios manejados por los banqueros de Dios- ya están los cristianos (que conforman la séptima parte de la población mundial) bastante enterados...

El pasado jueves, el diario La Repubblica comenzó a publicar una serie de artículos en los que habla del devastador informe que le procuraron al Papa tres cardenales, Julián Herranz, Jozef Tomko y Salvatore De Giorgi, encargados por el propio Ratzinger de investigar la fuga de noticias conocida como Vatileaks. En las 300 páginas del documento, según el diario, quedan perfectamente plasmados todos los males de la Curia. "Todo gira en torno al incumplimiento del sexto y el séptimo mandamientos", asegura uno de los personajes citados en el texto. Es decir, en torno a "no robarás" y "no cometerás actos impuros".

Citas sexuales de religiosos en establecimientos de Roma

Sobre esto último, el periódico habla de una red de intercambio de favores sexuales entre seminaristas, laicos y prelados que se citaban en los lugares más insospechados de Roma (una sauna, un centro de estética, una residencia de estudiantes) poniendo en peligro de manera definitiva la reputación de la Iglesia. Sobre el primero, el "no robarás", los focos apuntan directamente al Instituto para las Obras de la Religión (IOR), conocido como "Banca Vaticana".

La Repubblica recuerda que desde el 1 de enero, el Banco de Italia decidió suspender las operaciones en cajeros en el Vaticano por no respetar las normas internacionales contra el lavado de dinero. Habla de las trabas del secretario de Estado, Tarsicio Bertone, para ampliar la transparencia de la entidad. Como su nombre indica, en el IOR sólo podrían abrir cuentas organismos, asociaciones o instituciones relacionadas con la Iglesia; las sospechas crecen cuando esos entes ponen como testaferros a hombres ligados a la mafia, a la venta de armamento, a políticos corruptos, a terroristas, etc. Hace tiempo que se viene hablando de que el IOR ha ayudado a lavar dinero a este tipo de personajes y según La Repubblica, Bertone habría sido el máximo responsable. Y estas intrigas monetarias habrían empujado a Ratzinger a la decisión definitva: renunciar para dejar paso a un Papa más joven que pueda lidiar con el problema.

Pronto sabremos las causas o motivos reales (además de los que él mismo ya ha desvelado) de la renuncia de Benedicto XVI. De momento contamos con datos muy fiables que ilustran, a quien esté dispuesto a ello, sobre la encrucijada por la que pasa la Iglesia Católica Romana.

Un caballero de la Orden de Malta al frente de las finanzas vaticanas

¿Por qué dimitió no hace mucho tiempo Ettore Gotti Tedeschi de la presidencia del IOR? ¿Por qué Benedicto XVI, que ya tenía decidida su renuncia, tras comprobar que Tedeschi no logró la transparencia en las finanzas vaticanas, nombra poco tiempo después para dirigir los dineros de la Iglesia a un abogado alemán llamado Erns von Freyberg, un "caballero de la Orden de Malta" que se dedica, entre otras cosas, al negocio de la fabricación de buques de guerra?

¿Qué ha podido suceder en el corazón de Joseph Ratzinger para que Bertone, que es el Decano del Colegio Cardenalicio y será quien lleve, como Camarlengo, las riendas del inmediato Cónclave, haya pasado a ser, a juzgar por las declaraciones del mayordomo del Papa, Paolo Gabriele, y del periodista Nuzzi, de "hombre de confianza de Benedicto XVI" a posibleintrigante y muñidor de complots contra el Papa entre los diversos despachos vaticanos?

¿Qué informaciones tiene el alcalde de Milán, Giuliano Pisapia (un "abogado ateo de izquierdas", según Nuzzi), para afirmar que "Benedicto XVI tiene miedo"? Miedo, según el mayordomo Gabriele, "a la gestión de la Curia Vaticana, a los intereses oscuros de los más altos cardenales, a los opositores a las necesarias reformas en la Iglesia, a este pequeño Estado en el que una locura -como la matanza de varios guardias suizos en 1998, gobernando Juan Pablo II- puede quedar impune".

El secretario de Estado, Bertone, urdía complots contra el cardenal Viganó, número dos del gobierno del Vaticano

El Papa Ratzinger dejó caer, al día siguiente de anunciar -en latín- su renuncia, que la Iglesia está "sumida en las rivalidades". Y rezó por ella. Su secretario de Estado, Bertone, no parece tener muy buenas relaciones con el cardenal arzobispo de Milán, simpatizante de Comunión y Liberación y uno de los papables, Angelo Scola, al que hizo cardenal Benedicto XVI. Tampoco parece simpatizar con el número dos del gobierno vaticano, cardenal Carlo María Viganó, que habla mucho con el Papa, al que ha informado sobre posibles casos de corrupción, gastos injustificados e inflados, y cuentas "poco claras", según el periodista Gianluigi Nuzzi, quien revela que Bertone urdió complots contra este cardenal; que Viganó informaba al Papa a este respecto; y que el Papa, hundido por la pena, se iba acto seguido a rezar a su capilla privada...

La soledad papal debe ser tan profunda que uno se explica ahora mejor la confesión que hizo a Nuzzi el cardenal Velasio de Paolis, nombrado por Ratzinger delegado pontificio para investigar a los Legionarios de Cristo tras el escándalo mundial de su fundador, Marcial Maciel: "Se me hace impensable que el Papa mande al cardenal Bertone a su casa".

Vistas, en fin, estas intrigas, corrupciones, impedimentos, soledades, complots, divisiones, ambiciones de poder, y la impotencia para tomar decisiones, en su -es, al menos, imaginable- espantosa soledad, el Papa Benedicto XVI decide renunciar al Pontificado. Él debe saber perfectamente lo que ha hecho. Él, que no es un populista como su antecesor Juan Pablo II, que no es un hombre de pueblo como Juan XXIII, que no es un decidido reformador social y abierto al diálogo con las otras grandes religiones, como Pablo VI, se ha topado a lo largo de casi ocho años con los entresijos del Vaticano... ¡Pero no ha podido con ellos!

Un Vaticano tenebroso, oscuro, y sospechosamente corrupto, que está llevando a la Iglesia a una encrucijada, no se sabe aún muy bien si sin salida. El tiempo y el nuevo Papa lo dirán.

Una sentencia del TSJ torpedea el proceso de privatizacion de la sanidad pública valenciana

El tribunal anula la amortización de personal interino por la cesión de la gestión del hospital de Dènia.

Inaguración por Camps del Hospital de Denia

La que en principio aparenta ser una sentencia sobre una mera cuestión sindical –la anulación de la amortización de 161 plazas de personal interino en el hospital público pero de gestión privada de Dénia- podría ser un golpe sustancial en el proceso de privatización de la sanidad valenciana y, caso de ser confirmada por el Tribunal Supremo, afectar también en un futuro a los procesos en marcha en otras comunidades autónomas, como la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid.

Un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dejado sin efecto la amortización de 161 plazas de personal interino realizada en 2008 por la Conselleria de Sanidad cuando la empresa Marina Salud asumió la gestión del departamento de Salud de Dénia bajo la fórmula del llamado modelo Alzira. La Generalitat despidió a los interinos y la empresa privada los volvió a contratar en peores condiciones económicas, perdiendo hasta un 20% de salario, ya que pasaron de tener la condición de personal estatutario de la Administración a personal laboral de una empresa privada.

Las repercisiones de la sentencia

La conselleria de Sanidad, contra la que iba dirigida el recurso presentada por el sindicato nacionalista Intersindical Salud, ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo, al considerar que la provisión de plazas es potestativo de la Administración autonómica. Si el alto tribunal mantiene el fallo del TSJ valenciano, los 161 trabajadores afectados volverían a ser personal estatutario y, por tanto, sería de nuevo la Administración quien debería hacerse cargo de sus salarios.

Intersindical Salud confía en que el Supremo fallará a su favor, al entender que argumentaron su recurso en base a sentencias ya realizadas por el alto tribunal. Las repercusiones que un pronunciamiento favorable puedan tener son relevantes. Para el sindicato nacionalista, la cuenta del resultado de los centros privatizados dependen en gran medida del personal sanitario laboral, más fáciles de presionar a la hora de controlar el gasto sanitario –tratamientos, días de hospitalización, etc- del que depende el beneficio que pueda obtener la empresa gestora.

La negociación sindical sería obligatoria

Si la sentencia llega a ser firme, la Generalitat Valenciana no tendrá tantas facilidades a la hora de privatizar el sector sanitario, al tener que abrir un proceso negociador con la junta de personal, a diferencia de ahora en que únicamente se limita a informar de sus decisiones. Por tanto, los sindicatos participarán en las determinaciones sobre las condiciones laborales de los interinos, hasta el punto de forzar a que consoliden sus plazas o sus derechos adquiridos. “Supondrá –se señala desde el sindicato- un antes y un después en el proceso de privatización de la sanidad pública y un verdadero correctivo para la conselleria de Sanidad, que se verá obligada a negociar con los sindicatos todos y cada uno de los expedientes de modificación de plantilla que se produzcan como consecuencia de procesos de privatización o externalización”.

El Consell “no descarta” ningún modelo

Es este un fallo que, de ratificarlo el Tribunal Supremo, tendrá que tener muy en cuenta el nuevo conseller de Sanidad, Manuel LLombart, quien recientemente afirmaba en las Corts Valencianes que el Consell no “descarta ningún modelo” para la sanidad pública valenciana, “ni decimos que se vaya a utilizar ningún modelo de manera contundente”. Llombart, que comparecía en el Parlamento valenciano para exponer la política que iba a seguir,  apuntó que “hoy por hoy” está estudiando “todas las fórmulas sanitarias posibles”.

El 25% de población, bajo gestión privada

El área de salud de la Marina, con el nuevo hospital de Dénia como referente, es uno de los cinco departamentos sanitarios del País Valenciano gestionados por empresas privadas. Marina Salud, formada por la aseguradora DKV y Ribera Salud, gestiona esta área con una población de unos 200.000 personas a través del llamado modelo Alzira, auspiciado por el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana y convertido posteriormente en el estandarte de la política privatizadora del PP.

Si el modelo Alzira se ceñía inicialmente al hospital, de gestión público-privada, posteriormente se modificó extendiéndose la gestión privada a los centros de salud de toda el área sanitaria. Al hospital de Alzira le seguirían los de Torrevieja, Dénia, Manises y Elx-Crevillent, hasta el punto de que el 25% de los valencianos depende en la actualidad de servicios públicos de salud que gestionan empresas privadas.

Anteproyecto de Ley Administraciones Locales

AQUÍ OS DEJO EL ANTEPROYECTO DE LEY DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES QUE QUIERE APROBAR EL PP


Anteproyecto de Ley Administraciones Locales

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Los casos de corrupción aplastan el intento del Consell de lavar su imagen

Ciscar rechaza el adelanto de las elecciones y la oposición exige una catarsis

El vicepresidente José Ciscar con el portavoz del PP, Jorge Bellver,

en las Cortes.

La losa de la corrupción aplasta los intentos del Consell de dar un giro a una gestión con la ruina de la Administración autonómica y más de 17 años de desgaste a las espaldas. Las comparecencias de los consejeros del Gabinete remodelado en diciembrepor el presidente Alberto Fabra, que han tardado dos meses en explicar sus propuestas ante las Cortes Valencianas, evidenciaron este miércoles que el Ejecutivo autonómico busca lavar la imagen de su gestión con apelaciones a la transparencia y la participación, pero la oposición no está dispuesta a extender cheques en blanco. Al contrario, los tres grupos de izquierda fueron muy duros con Fabra y con el PP al descalificar su trayectoria, criticar la escasa predisposición a depurar responsabilidades y esgrimir los escándalos que gravitan casi sobre cualquier ángulo de la política del Consell.

Sin embargo, Fabra no estaba presente. Ni él, ni la mayoría de su equipo. Tampoco asistieron al pleno su predecesor, Francisco Camps, ni la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ni la expresidenta de la Cámara, Milagrosa Martínez, a quien el fiscal pide 11 años de cárcel por el caso Gürtel y que se enfrentaba a una moción de reprobación en Novelda, donde es alcaldesa. Sí que lo hizo Rafael Blasco, exconsejero y exportavoz parlamentario, que simboliza hoy, con su imputación en el fraude en las ayudas de cooperación, los problemas judiciales que se acumulan sobre la memoria reciente del poder del PP.

El vicepresidente de la Generalitat, que desde la crisis del Consell de diciembre, también es consejero de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, abrió las intervenciones, con una llamada al diálogo. José Ciscar planteó un nuevo modelo de Administración “más eficiente, más austera y más sostenible” y propuso un enfoque de “la gestión pública por resultados”.

También se comprometió en una defensa de “la reputación corporativa” de la Comunidad Valenciana. Lo que dio pie a que la oposición vapuleara su declaración de intenciones. “El Consell es un equipo de segunda división”, dijo Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, que comparó a Ciscar con un portero que hace paradas para lucirse pero no puede evitar que lo goleen. Nueve goles son, según el parlamentario, los nueve imputados que se sientan en los escaños del PP, pero también lo son casos como Gürtel o Nóos o las sentencias contra las licencias de TDT o contra la prohibición de emisiones de TV-3. “No paran de besarse el escudo pero no sudan la camiseta”, dijo Blanco, que atribuyó la culpa al entrenador, es decir, a Fabra, quien quiere que Ciscar haga a la vez de portero y de jugador de campo (como titular de Agricultura). “Si Fabra dimitiera y convocara elecciones nos ahorraríamos muchos trámites”, añadió.

El grupo socialista dio al vicepresidente trato de consejero de Agricultura

Ciscar había anunciado la intención del Consell de promover una Ley de Sociedad Civil. Pero el portavoz de Compromís, Enric Morera, le espetó: “Intentan aparentar normalidad cuando todo se cae. Tenemos un enfermo en la UVI y nos ofrecen tiritas”. El diputado reclamó la convocatoria de elecciones anticipadas y proclamó: “Si quieren recuperar la marca Comunidad Valenciana echen de la vida pública a toda la gente con sospecha de participar en delitos de corrupción”. Tras recordar que la fiscalía pide 11 años de cárcel a una expresidenta de las Cortes, Morera pidió “una catarsis”. “El suyo es un Gobierno que ya no tiene crédito”, concluyó.

Ciscar respondió: “Elecciones, sí. El 24 de mayo de 2015. Hasta entonces les da tiempo de hacer un proyecto, que no lo tienen”.

El grupo socialista optó por dar al vicepresidente trato de consejero de Agricultura y fue la diputada del área, Vicenta Crespo, quien le interpeló. “Su consejería parece un bazar”, le dijo a Ciscar, a quien calificó de “consejero de todo a cien” y de quien vaticinó que será “el liquidador del campo valenciano”. Crespo recordó que la remodelación del Consell vino propiciada por la dimisión del consejero de Hacienda, José Manuel Vela, al ser imputado por pasarle a Blasco un documento del sumario en el que está implicado. “Usted está más preocupado por los problemas de corrupción o de crisis interna de su partido”, le dijo al vicepresidente, cuando los agricultores necesitan “un consejero capaz de tomar decisiones valientes”.

La comparecencia del consejero de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, fue una repetición del intercambio. Castellano anunció un centro de mediación para reducir litigios y avanzó que el comité de expertos sobre los incendios acabará sus trabajos en abril. La socialista Verònica López le calificó de “consejero con suerte” por haber esquivado hasta ahora las sospechas de las adjudicaciones al constructor Taroncher y a la empresa Over Marketing. Lluís Torró, de Esquerra Unida, dijo que el Consell “está incapacitado para tomar ninguna iniciativa política”, y Josep Maria Pañella, de Compromís, afirmó que “está muerto, amortizado”.

“Estamos convencidos de que Ciudad de la Luz costó más de 265 millones”

La diputada socialista Eva Martínez localiza hasta 102 expedientes de contratación

• Apagón en la Ciudad de la Luz

Entrada a la Ciudad de la Luz

Es un escándalo ahora, en los tiempos que corren, pero ya lo era entonces”, exclamó este martes la diputada socialista Eva Martínez, mientras esgrimía una fotografía del edificio de entrada al complejo de laCiudad de la Luz en Alicante, una construcción cuya función es acoger a los vigilantes de seguridad que controlan el acceso al recinto. Martínez reveló, en una conferencia de prensa en las Cortes Valencianas, que esa “garita de entrada” costó 979.000 euros. Tras “hacer de agente secreto buceando entre diarios oficiales” desde el año 2000, la parlamentaria ha localizado decenas de licitaciones relacionadas con la construcción del complejo cinematográfico promovido por la Generalitat.

“A pesar de que Ciudad de la Luz es un proyecto único, diseñado por un arquitecto americano”, señaló, “hemos encontrado 102 expedientes de contratación”. Según la parlamentaria, esa gran cantidad de contratos obedece al “modelo perfecto de la economía y la política de la corrupción”, en el que se fraccionan las adjudicaciones para “vulnerar los procedimientos de licitación públicos” y dar juego a que diversas empresas accedan a la ejecución del proyecto. Martínez cree que hay más expedientes todavía.

Por eso reclamó al presidente del Consell, Alberto Fabra, que entregue todos los expedientes, “los 102 que conocemos y todos aquellos que no conocemos pero que seguro que constan en Ciudad de la Luz o en la Sociedad Proyectos Temáticos, para así poder averiguar exactamente qué nos ha costado a todos los valencianos ese sueño del anterior presidente”.

Pese a que el año pasado se supo que la Comisión Europea cifraba en 265 millones de euros el coste de los estudios de Ciudad de la Luz, gracias a la resolución que obliga a la Generalitat a “desinvertir” todo lo que destinó al complejo porque su construcción con fondos públicos vulnera la libre competencia con otros estudios europeos de iniciativa privada, la diputada socialista señaló: “Después de esta revisión estamos convencidos de que nos ha costado mucho más”.

POR EL EDIFICIO DE ENTRADA, PARA LOS VIGILANTES, SE PAGÓ UN MILLÓN DE EUROS

Martínez no quiso aventurar una cifra, pero apuntó que hay que conocer, no solo las cantidades licitadas sino las adjudicadas y las que realmente se pagaron al final según las certificaciones de obras, dada la habitual existencia de sobrecostes. También indicó que debe tenerse en cuesta el coste de las expropiaciones, contra las que se han producido resoluciones judiciales. El informe de la Sindicatura de Comptes de 2001, recordó, advertía de que el Instituto Valenciano de la Vivienda pagó 3,6 millones de euros para realojar a los expropiados de la zona de Aguamarga, donde se ubican las instalaciones.

“Ya está bien de despilfarrar el dinero de los valencianos”, dijo la parlamentaria socialista, que desgranó algunos ejemplos de los costes que ha podido averiguar de la Ciudad de la Luz, un complejo con 11.000 metros cuadrados de platós, 15.000 metros cuadrados de talleres y 16 hectáreas de rodaje en exteriores.

A los espacios de rodaje en exteriores se refirió Martínez, que exhibió a los periodisras fotografías de una explanada en la que no había nada e informó de que esa zona y otra similar costaron 7,5 millones de euros. La escuela de cine de Ciudad de la Luz, en cuya construcción hubo seis tipos de contrataciones diferentes, costó cerca de 15 millones de euros, según la diputada socialista, que puntualizó que su partido no tiene nada contra la escuela pero sí “contra esa manera de gobernar y despilfarrar”. Martínez desglosó la cifra: 2,5 millones la cimentación y estructura; 2,9 millones los cerramientos y cubiertas, 1,3 millones el control de accesos; 2,8 millones la fontanería; 1,7 millones la climatización, 1,3 millones los viales de acceso y 2,3 millones la urbanización de la parcela.

LA ESCUELA DE CINE SE FRACCIONÓ EN SEIS CONTRATOS Y COSTÓ 15 MILLONES DE EUROS

Uno de los edificios de oficinas del complejo tuvo un coste de 14 millones de euros, añadió la diputada, que citó a Enrique Ortiz y Sedesa entre las empresas que tuvieron adjudicaciones en el complejo.

La parlamentaria reclamó “total transparencia” en el proceso de venta de la Ciudad de la Luz. La Generalitat debe vender el complejo cinematográfico para cumplir con la exigencia de Bruselas de revertir las inversiones públicas realizadas en los estudios. La posibilidad de vender Ciudad de la Luz está condicionada también por el pleito del Consell con la empresa Aguamarga Gestión de Estudios, SL, que tenía adjudicada la gestión y llevó a los tribunales la rescisión del contrato por parte de la Administración autonómica. Desde entonces, la sociedad que gestionaba el complejo se niega a abandonar las instalaciones, como pide la Generalitat.

El aval del Consell al Valencia ya cuesta 4,8 millones

Fabra recibe la camiseta del  Valencia con su nombre

La Generalitat valenciana ha pagado ya los 4,8 millones de los intereses de 2012 de una deuda de 81 millones de la Fundación del Valencia CF con Bankia. Es la condición impuesta por la entidad bancaria para refinanciar la deuda, a la que debe hacer frente el Gobierno presidido por Alberto Fabra debido al aval de su predecesor en el cargo, Francisco Camps. Este, antes de dejar el Consell en julio de 2011, protegió, a través del Instituto Valenciano de Finanzas, hasta 118 millones de los débitos de algunos clubes valencianos de fútbol: 86 del Valencia, 18 del Hércules y 14 del Elche.

La Generalitat pasa así a ser de forma efectiva la dueña del Valencia,con el 70% de las acciones de la entidad de Mestalla, cuyo presidente,Manuel Llorente, cobra 340.000 euros anuales. Este llevó a cabo una ampliación de capital en 2009 por valor de 92 millones. Los socios solo suscribieron 18; del resto se encargó al Fundación del club con un crédito de 75 que, con los intereses, ha llegado a 86. Este es el dinero que ahora pagarán todos los valencianos. A pesar de que el Consell, ante la falta de fondos públicos, haya tenido que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y poner en marcha numerosos recortes: impagos a las farmacias, a las personas dependientes y a los hospitales de gestión privada, entre otros muchos. Pero Bankia ya ha cobrado sus intereses del 6%.

EL CLUB DEBE 387 MILLONES, ADEMÁS DE LOS 86 QUE ADEUDA A LA ENTIDAD

Sin contar con esos 86 millones de los que se hace cargo la Generalitat, la deuda del Valencia asciende a 387 millones, a pesar de haber vendido a sus mejores jugadores en los últimos años: Villa, Silva, Mata, Pablo, Joaquín, Isco y Jordi Alba. Es la herencia del expresidente Juan Soler, un promotor inmobiliario que disparó el déficit hasta 70 millones por temporada. El club llegó a deber 550 millones.

El vicepresidente del Consell, José Ciscar, ya mostró su contrariedad en una comparecencia por el asunto: “No es de nuestro gusto, pero vamos a hacerle frente”, reconoció cuando la Generalitat pasó a ser la máxima accionista de la entidad al ejecutar la contragarantía para hacer uso de esas acciones “en defensa de los intereses del patrimonio de la Generalitat”.

El vicepresidente dijo que el Consell defendería el valor de las acciones como patrimonio de la Generalitat. Pero al Gobierno valenciano, que ha tenido que desembolsar 4,8 millones el mismo día en que sus impagos han dejado en el aire la atención de 400 niños con autismo, se le abren otros frentes con los 118 millones que debe costear por su filantrópica protección. Además, en el caso del Valencia, del Elche y del Hércules se le plantea un problema jurídico derivado de la Ley de las Sociedades Anónimas Deportivas, que prohíbe que una persona física o jurídica controle el 5% o más de más de una sociedad anónima deportiva que participe en la misma competición profesional o pertenezca a la misma modalidad deportiva.

La forma de gobernar del Sr. Fabra es vergonzoso, inmoral e inhumana, causa mucho dolor y sufrimiento a las personas además de ofender a nuestra inteligencia cuando vemos que no hay  dinero para Educación, Sanidad o Dependencia pero si hay para pagar las deudas del Valencia C.F.

La atención de 400 niños con autismo, en el aire por los impagos de la Generalitat

Proyecto Hombre en Valencia alerta del riesgo de abandonar a mil toxicómanos

• "Los niños con autismo no pueden prescindir de las ayudas"

Centro de atención a niños con trastornos autistas en Valencia.

Ángel tiene seis años. Apenas maneja 20 palabras y se comunica básicamente con dibujos. Pero su madre está encantada. Ángel tiene un trastorno autista y gracias a la terapia que sigue desde los tres años ha podido romper su aislamiento y expresar sus deseos, aunque sea de forma limitada.

El tratamiento lo sufraga la Generalitat valenciana y lo prestan entidades especializadas. Sin embargo, las deudas de la Administración con los centros que tratan a los niños con autismo, que se arrastran desde los últimos meses de 2011, han puesto al límite la capacidad de aguante de los centros, que ayer lanzaron una llamada de auxilio. Diez de estas entidades anunciaron que están asfixiadas por el millón de euros que, en total, les debe el Gobierno valenciano. Los 400 niños que atienden “quedarían en situación de desamparo si se pone en peligro la continuidad de su tratamiento”, advierten. Un extremo que no descartan en absoluto.

Las asociaciones de atención a estos menores señalan que la Administración solo les ha planteado dos salidas. O esperar al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que la Generalitat espera recibir del Gobierno de Mariano Rajoy en marzo —“sin ninguna garantía de que estas deudas estén incluidas en esta partida”, detallan— o pagar a cargo del presupuesto de 2013, “lo que implica que no se podrán pagar los tratamientos que se impartan este año, por lo que en unos meses los centros estarán en una situación similar o peor”. “Sanidad nos ha trasladado que si sigue sin fondos, se plantean incluso retirar este servicio”, añade Fernando García, secretario del Centro de Evaluación, Diagnóstico e Intervención Infantil (Cedin), uno de los centros acreedores.

CADA CHICO NECESITA UNA INTERVENCIÓN AJUSTADA A SU ESTADO

“La principal posibilidad que se maneja de pago está en función de la disponibilidad del FLA”, indicó ayer una portavoz de la Consejería de Sanidad, que admitió las demoras de parte de 2011 y todo el año 2012. En “ningún momento” se ha planteado la posibilidad de eliminar este servicio, añadieron.

La Generalitat asume 20 horas al mes por cada niño desde que se les diagnostica la enfermedad (en torno a los dos años) hasta que cumplen siete. El coste ronda los 700 euros mensuales.

Los padres de los niños afectados tienen el miedo metido en el cuerpo. “Eliminar esta ayuda supondría que solo quien la pudiera sufragar podría evitar lo que sucedía hace años: que los pequeños sean una especie de vegetales que no evolucionan y que pasan la vida encerrados en casa”, relata Concha Peiró, la madre de Ángel. “Es sorprendente el cambio radical de estos niños gracias a la terapia”, explica. Cada vez que Ángel quiere comer algo, acude a un panel que tiene colgado en la nevera y señala lo que quiere comer: el dibujo de un bocadillo, sopa, un yogur, leche… Lo mismo hace cuando quiere ver unos dibujos animados, con un póster que recoge distintos personajes. Según el que apunta, sus padres le ponen un DVD u otro. “Todo esto lo ha aprendido en el centro, que es fundamental no solo para trabajar la comunicación, sino la socialización, son niños que tienden a aislarse, que no entienden las normas...”.

Cada niño necesita una intervención personalizada que se ajuste a las manifestaciones —que son muy diversas— relacionadas con el espectro autista. En general, además de problemas de socialización y comunicación, “suelen tener poca tolerancia a los cambios o comportamientos repetitivos”, explica Emiliano Fabris, terapeuta de la Fundación Mira’m de Valencia, donde acude Ángel a seguir tratamiento. “Aunque el autismo no se cura, los mejores resultados para modificar comportamientos se producen en la intervención temprana, por eso la atención en esta etapa es fundamental”, apunta Fabris.

Los trabajadores de Proyecto Hombre en Valencia también anunciaron ayer que la Generalitat les debe 1,2 millones de euros, “lo que pone en riesgo la atención de cerca de mil personas con adicciones”. La deuda corresponde a todos los compromisos de pago del año pasado y afecta tanto a las comunidades terapéuticas como a centros de día de Valencia, Gandia, Sagunt y Ontinyent.

El motivo es el mismo: la mayúscula falta de liquidez de la Consejería de Sanidad. Aunque la Generalitat ha vuelto a demostrar que hay acreedores y acreedores. Ayer se hizo público que el Gobierno valenciano ha hecho frente a los 4,8 millones de euros correspondientes a los intereses de la deuda que la Fundación del Valencia Club de Fútbol mantiene con Bankia.

Sanidad privada: ¿ahorro o negocio?

El Hospital Universitari de la Ribera en Alzira, fue donde comenzaron las privatizaciones.

 ¿Por qué cambiar un sistema sanitario público por otro cuyos beneficios no se han probado? El anuncio en octubre por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid de la privatización de la gestión sanitaria integral de seis de sus hospitales ha desatado una oleada de protestas y cinco semanas de huelga de los profesionales.

La Administración madrileña ha tratado de acallar la indignación con el argumento de que la gestión sanitaria privada supondría un ahorro de 200 millones de euros al año, cifras de las que desconfían quienes piensan que las empresas concesionarias únicamente buscarán la rentabilidad económica. La falta de estudios independientes que apoyen la afirmación de que la gestión privada es más eficaz sitúa el debate en un terreno puramente ideológico.

Juan Oliva, presidente de la Asociación de la Economía de la Salud, recuerda que la principal conclusión de la reciente experiencia británica, bandera en experimentos de colaboración público-privada, es que este tipo de gerencia privada no es necesariamente mejor que la pública. Tampoco hay datos de lo contrario, pero sí un poderoso argumento: un sistema público de salud garantiza el acceso a la atención sanitaria a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones.

Los vasos comunicantes entre el poder político y económico también arrojan la sospecha de que, tras la decisión de privatizar la sanidad, puede haber intereses espurios. El último ejemplo es el de Unilabs, que el pasado mes de noviembre compró el 55% de la UTE BR Salud, empresa encargada de gestionar los análisis clínicos de seis hospitales madrileños. El exconsejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes, yerno de Carlos Fabra, casado con su hija Andrea, y encargado de privatizar ese servicio en el año 2009, fichó en noviembre como asesor de Unilabs. De ese modo, Güemes se beneficiaba de un negocio que él mismo privatizó. La polémica que suscitó esta noticia, difundida por la Cadena Ser, forzó a Güemes a dimitir de su puesto en la empresa.

Hace tiempo que las señales de alerta han saltado en Madrid. “Cuando las empresas privadas tengan el 50% de la asistencia sanitaria madrileña, serán ellas las que marcarán las reglas y los precios. Ahí se acabará la equidad”, sentencia Paulino Cubero, facultativo de la Plataforma de Centros de Salud.

El origen en España de la colaboración público-privada data de 1999 con el nacimiento del llamado modelo Alzira. Desde entonces, tanto Madrid como el País Valenciano han optado por esta vía de cesión concesionada. Ahora, ocho hospitales públicos dependen de una empresa privada. El número va en aumento y se ampliará este año a comunidades como Castilla-La Mancha.

Otros modelos de gestión

La colaboración público-privada no es la única forma de gestión fuera de la administración directa. En Cataluña es normal encontrar experiencias como la de las Entidades de Base Asociativa. Conocidas como EBAs, se trata de cooperativas creadas por profesionales sanitarios en la frontera de la autogestión, un modelo que se da sobre todo en atención primaria. Los profesionales renuncian a ser funcionarios y deben suscribir un 51% del accionariado de la EBA, pasando a ser socios en lugar de empleados.

Junto a ellas, encontramos otros modelos como las fundaciones privadas o los conciertos y convenios concretos para la prestación de servicios sanitarios por clínicas privadas, de gran implante en Andalucía. De hecho, el Servicio Andaluz de Salud deriva a algunos de los 17 hospitales privados a pacientes y luego les abona la atención prestada.

Entre los proyectos asociados directamente a la iniciativa mercantil hay que distinguir dos modelos: la gestión mixta, donde se concede una obra pública para construir y gestionar un hospital y proveerlo de servicios no sanitarios, y el modelo capitativo donde una UTE (Unión Temporal de Empresas) construye y gestiona el edificio y los servicios sanitarios. En el nuevo modelo madrileño, los hospitales de Vallecas, San Sebastián de los Reyes, Parla, el Hospital de Henares, del Sureste y de Aranjuez, junto a 26 centros de salud, pasarán de gestión mixta a un modelo capitativo.

Hay que recordar que, actualmente, otros tres hospitales, Torrejón, Valdemoro y Móstoles, ya siguen ese modelo en Madrid. Curiosamente, la gran mayoría de ellos son de nivel 1, aquellos que se encargan de patología menor, poco compleja y de corta estancia. Es decir, mayor rentabilidad frente a los del nivel 2, destinados a patologías más complejas y con unos índices de médicos y enfermeros por cama mucho mayores.

Según denuncia la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), los presupuestos de 2013 para uno de los hospitales de referencia de nivel 2, el Gregorio Marañón, reducen el gasto de personal, pero aumentan considerablemente el gasto de material sanitario y medicamentos, especialmente oncológicos. Desde AFEM sospechan que “en el contrato que se presentará para los seis hospitales se excluirá la atención a pacientes oncológicos y otras patologías mayores consumidoras de recursos”. Los pacientes menos “rentables” serán atendidos por hospitales públicos.

Tanto la AFEM como la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) han presentando diferentes propuestas a la Consejería de Sanidad, como crear una central de compras, para ahorrar 600 millones de euros sin recurrir a la privatización. La respuesta del consejero Lasquetty es que estas aportaciones son “insuficientes y no tienen la consistencia necesaria”.

Todo empezó en Alzira

En 1999 el gobierno de Eduardo Zaplana pone en marcha el primer hospital público que tendrá su asistencia sanitaria externalizada a una empresa privada. Nacía el Hospital de la Ribera en la población de Alzira (Valencia), que daría nombre al modelo de concesión administrativa.

La ganadora del concurso por los 10 años siguientes fue la UTE Ribera Salud formada por Adeslas como accionista mayoritario (51%) y con la participación de las grandes cajas de ahorro valencianas, Cam, Bancaixa y Caixa Carlet, con un 15% de participación cada una. El equipo lo completaban las constructoras Lubasa y Dragados, ambas con un 2%. Pasado ese tiempo, el hospital pasaría a titularidad pública.

En el pliego de condiciones se establecía un pago por persona atendida de 34.000 pesetas (204,34 euros) y se estipulaba que se deberían cubrir todos los servicios de asistencia sanitaria excepto “la cirugía cardiaca, la neurocirugía, los politraumatizados, los quemados, a cirugía máxilofacial, la cirugía torácica y la vascular”. Finalmente, el precio final no incluiría el gasto farmacéutico externo, la oxigenoterapia o las prótesis.

Pese a estas condiciones, el modelo no funcionó y el Hospital acumuló pérdidas año tras año, 900.000 euros el primer año, 450.000 euros en 2001 y 2,67 millones en 2002. Esta situación hizo que se rompiese el contrato ese año y que la Generalitat Valenciana tuviese que indemnizar a la UTE con 26,39 millones de euros por “lucro cesante” y 43,9 millones por “adquisición del centro hospitalario”. Un rescate en toda regla que fue cuestionado incluso por el Tribunal de Cuentas valenciano.

Ese mismo año salía a concurso nuevamente la concesión del Hospital de la Ribera, esta vez con nuevas condiciones: los adjudicatarios gestionarían también los centros de Atención Primaria y la cápita en esta ocasión subiría hasta los 379 euros. La licitación, hasta 2018 y con 5 años más de prórroga, se cerro en 72 millones de euros y volvió a ganar la UTE Ribera Salud.

Ahora la concesionaria ya cobra a la administración valenciana 639 euros por habitante. Además, desde el año 2006 Ribera Salud (entonces formada por Bancaixa y la Cam) ha ampliado sus tentáculos por todo el País Valenciano gestionando o compartiendo gerencia con distintas empresas de salud privada los hospitales de Torrevieja, Denia, Elche o Manises (éste último lo vendió el año pasado). 14 años después de la iniciativa de "Eduardo Zaplana", uno de cada cinco valencianos ya está siendo atendido por un hospital de gestión privada.

NUESTRO MAS ROTUNDO RECHAZO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA

Si quieres enterarte del desastre que supone la privatización de la Sanidad pública,  pincha en los enlaces de abajo para informarte. 

http://www.publico.es/espana/446368/los-beneficiarios-de-la-privatizacion-de-la-sanidad-madrilena

http://www.actibva.com/magazine/economia/por-que-fracaso-la-privatizacion-del-modelo-sanitario-britanico

http://www.antena3.com/noticias/mundo/escandalo-sanidad-britanica-destapar-malos-tratos-hospital-stafford_2013020700056.html

http://misaludnoesunnegocio.net/actualidad.php?p=4551&more=1&c=1&tb=1&pb=1

http://www.eldiario.es/miradaalmundo/recortes-sanidad-britanica-matan-pacientes_6_98750130.html