Inaguración por Camps del Hospital de Denia |
La que en principio aparenta ser una
sentencia sobre una mera cuestión sindical –la anulación de la amortización de
161 plazas de personal interino en el hospital público pero de gestión privada
de Dénia- podría ser un golpe sustancial en el proceso de privatización de la
sanidad valenciana y, caso de ser confirmada por el Tribunal Supremo, afectar
también en un futuro a los procesos en marcha en otras comunidades autónomas,
como la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud
que está llevando a cabo la
Comunidad de Madrid.
Un fallo del Tribunal Superior de
Justicia de la
Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dejado sin efecto la
amortización de 161 plazas de personal interino realizada en 2008 por la Conselleria de Sanidad
cuando la empresa Marina Salud asumió la gestión del departamento de Salud de
Dénia bajo la fórmula del llamado modelo Alzira. La Generalitat despidió a
los interinos y la empresa privada los volvió a contratar en peores condiciones
económicas, perdiendo hasta un 20% de salario, ya que pasaron de tener la
condición de personal estatutario de la Administración a
personal laboral de una empresa privada.
Las repercisiones de la sentencia
La conselleria de Sanidad, contra la
que iba dirigida el recurso presentada por el sindicato nacionalista
Intersindical Salud, ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal
Supremo, al considerar que la provisión de plazas es potestativo de la Administración
autonómica. Si el alto tribunal mantiene el fallo del TSJ valenciano, los 161
trabajadores afectados volverían a ser personal estatutario y, por tanto, sería
de nuevo la
Administración quien debería hacerse cargo de sus salarios.
Intersindical Salud confía en que el
Supremo fallará a su favor, al entender que argumentaron su recurso en base a
sentencias ya realizadas por el alto tribunal. Las repercusiones que un
pronunciamiento favorable puedan tener son relevantes. Para el sindicato
nacionalista, la cuenta del resultado de los centros privatizados dependen en
gran medida del personal sanitario laboral, más fáciles de presionar a la hora
de controlar el gasto sanitario –tratamientos, días de hospitalización, etc-
del que depende el beneficio que pueda obtener la empresa gestora.
La negociación sindical sería
obligatoria
Si la sentencia llega a ser firme, la Generalitat Valenciana
no tendrá tantas facilidades a la hora de privatizar el sector sanitario, al
tener que abrir un proceso negociador con la junta de personal, a diferencia de
ahora en que únicamente se limita a informar de sus decisiones. Por tanto, los
sindicatos participarán en las determinaciones sobre las condiciones laborales
de los interinos, hasta el punto de forzar a que consoliden sus plazas o sus
derechos adquiridos. “Supondrá –se señala desde el sindicato- un antes y un
después en el proceso de privatización de la sanidad pública y un verdadero
correctivo para la conselleria de Sanidad, que se verá obligada a negociar con
los sindicatos todos y cada uno de los expedientes de modificación de plantilla
que se produzcan como consecuencia de procesos de privatización o
externalización”.
El Consell “no descarta” ningún modelo
Es este un fallo que, de ratificarlo el
Tribunal Supremo, tendrá que tener muy en cuenta el nuevo conseller de Sanidad,
Manuel LLombart, quien recientemente afirmaba en las Corts Valencianes que el
Consell no “descarta ningún modelo” para la sanidad pública valenciana, “ni
decimos que se vaya a utilizar ningún modelo de manera contundente”. Llombart,
que comparecía en el Parlamento valenciano para exponer la política que iba a
seguir, apuntó que “hoy por hoy” está estudiando “todas las fórmulas
sanitarias posibles”.
El 25% de población, bajo gestión
privada
El área de salud de la Marina , con el nuevo
hospital de Dénia como referente, es uno de los cinco departamentos sanitarios
del País Valenciano gestionados por empresas privadas. Marina Salud, formada
por la aseguradora DKV y Ribera Salud, gestiona esta área con una población de
unos 200.000 personas a través del llamado modelo Alzira, auspiciado por el
entonces presidente de la
Generalitat , Eduardo Zaplana y convertido posteriormente en
el estandarte de la política privatizadora del PP.
Si el modelo Alzira se ceñía
inicialmente al hospital, de gestión público-privada, posteriormente se
modificó extendiéndose la gestión privada a los centros de salud de toda el
área sanitaria. Al hospital de Alzira le seguirían los de Torrevieja, Dénia,
Manises y Elx-Crevillent, hasta el punto de que el 25% de los valencianos
depende en la actualidad de servicios públicos de salud que gestionan empresas
privadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario