- El ministro de Justicia quiere 'vendérselo' al Colegio de Registradores, al que pertenece Rajoy, por 300 millones de euros.
La
voracidad de Gallardón por privatizar servicios públicos y poner nuevos
impuestos a los ciudadanos no tiene límite. No hay precedentes en la historia
de España que igualen lo que ha hecho el PP con la Justicia y con lo que
pretende hacer con un servicio público como es el Registro Civil. Además el
Gobienro está dispuesto a incumplir las más elementales normas de transparecia
y se dispone a privatizar el registro sin ni siquiera sacar la adjudicaicón a
concurso.
Alberto
Ruiz Gallardón tiene ya un récord: es el primer ministro de Justicia de la Democracia que ha unido
a todos los sectores del mundo del Derecho y la Justicia en su contra.
Jueces, fiscales, abogados, sindicatos y consumidores se oponen rotundamente al
“tasazo” que ha impuesto el ministro y que acaba con el
concepto de justicia para todos, ahora sólo habrá Justicia para quien se la
pueda pagar. Pero la obsesión de Gallardón por crear nuevos impuestos y cobrar
por todo va camino de convertirle en plusmarquista mundial también de las
privatizaciones. Ahora quiere privatizar el
Registro Civil, y se lo quiere dar al Colegio de Registradores de la Propiedad sin que haya
concurso público. Curiosamente
Mariano Rajoy es, de profesión, registrador de la Propiedad.
A pagar, a pagar y a pagar
Gallardón
ya tiene listo el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, que
el Gobierno quiere aprobar en Consejo de Ministros de forma inminente, y
estipula que el registro Civil, el registro de la Propiedad o el registro
Mercantil dejarán de ser servicios públicos y pasarán a ser gestionados por una
entidad privada. Y eso implica que habrá que pagar un nuevo arancel por
solicitar, por ejemplo, un certificado de nacimiento, matrimonio, divorcio,
defunción, nacionalidad etc, etc.
Un negocio más para los registradores de la Propiedad
Los
registradores de la
Propiedad son un colectivo que goza de importantísimos
privilegios porque mantiene el monopolio sobre una serie de actividades en las
que además cobran lo que quieren por poner una firma en un documento oficial. Desde la Unión Europea se ha
urgido a España, y se le obliga en varias directivas, a acabar con los
monopolios abusivos de varios colegios profesionales como condición
imprescindible para liberalizar nuestra economía y hacerla más competitiva.
Nada de eso ha hecho el Gobierno del PP, que presume de ‘liberal‘, y ante el decreto de Gallardón la conclusión es que
quiere darles más poder y más negocio.
La excusa del ahorro
El
anterior Gobierno de Zapatero aprobó una Ley para la digitalización del
Registro Civil, incluida en el programa de modernización de la administración,
con la que se pretendía que los ciudadanos pudieran obtener los certificados a
través de internet y, por tanto, sin desplazarse. El Ministerio de Justicia
calcula que el presupuesto para dicha modernización es de 300 millones de euros
y que debido a la crisis no hay dinero en los Presupuestos. La ‘solución Gallardón’ es
privatizar el registro adjudicándoselo a dedo a los registradores de la
propiedad que pagarían los 300 millones para digitalizar el Registro Civil y
cobrarían a los ciudadanos.
Se quita autoridad a los jueces y se la da a los
registradores
En
cuanto se apruebe, los jueces ya no tendrán competencia alguna y serán
sustitudos por los registradores de la propiedad. El texto de privatización de
los registros obligará a que todos los trámites se hagan primero por la oficina
on line (internet), y ya por ese trámite habrá que pagar, después habrá que
hacerlo otra vez por el documento que se pida.
El lobby de los registradores
Si
Gallardón se atreve, no ya a privatizar los Registros, sino a adjudicarlos a
dedo a los registradores de la propiedad, va a tener que responder a muchas
preguntas sobre la influencia de este colectivo en el PP y en el Gobierno. Mariano Rajoy es registrador de la propiedad con plaza en
Santa Pola (Alicante) -aunque obviamente está en excedencia-, pero además un hermano del presidente del Gobierno,
Enrique Rajoy, también es registrador de la Propiedad. Pero
hay más, dos altos cargos del Ministerio de Justicia, curiosamente el director
y el subdirector general de los Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez y
Javier Vallejo respectivamente, también son registradores de la Propiedad.
La moraleja de todo esto es que en cuanto se privaticen los Registros Civiles, cuando tengamos que solicitar una partida de nacimiento, de defunción, matrimonio etc. etc.. deberemos de hacerlo a través de internet o bien, nos tendremos que desplazar hasta el municipio donde esté ubicado el registro de la propiedad que atienda al municipio donde residamos, en el caso de Relleu sería Villajoyosa y por supuesto tendremos que pagar un arancel por la expedición del certificado que hayamos solicitado (hasta ahora y durante 150 años la expedición de estos documentos ha sido gratuito) En resumen como siempre seremos los ciudadanos los perjudicados con esta nueva medida de privatización de la función pública y serán beneficiados los de siempre.
La
voracidad de Gallardón por privatizar servicios públicos y poner nuevos
impuestos a los ciudadanos no tiene límite. No hay precedentes en la historia
de España que igualen lo que ha hecho el PP con la Justicia y con lo que
pretende hacer con un servicio público como es el Registro Civil. Además el
Gobienro está dispuesto a incumplir las más elementales normas de transparecia
y se dispone a privatizar el registro sin ni siquiera sacar la adjudicaicón a
concurso.
Alberto
Ruiz Gallardón tiene ya un récord: es el primer ministro de Justicia de la Democracia que ha unido
a todos los sectores del mundo del Derecho y la Justicia en su contra.
Jueces, fiscales, abogados, sindicatos y consumidores se oponen rotundamente al
“tasazo” que ha impuesto el ministro y que acaba con el
concepto de justicia para todos, ahora sólo habrá Justicia para quien se la
pueda pagar. Pero la obsesión de Gallardón por crear nuevos impuestos y cobrar
por todo va camino de convertirle en plusmarquista mundial también de las
privatizaciones. Ahora quiere privatizar el
Registro Civil, y se lo quiere dar al Colegio de Registradores de la Propiedad sin que haya
concurso público. Curiosamente
Mariano Rajoy es, de profesión, registrador de la Propiedad.
A pagar, a pagar y a pagar
Gallardón
ya tiene listo el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, que
el Gobierno quiere aprobar en Consejo de Ministros de forma inminente, y
estipula que el registro Civil, el registro de la Propiedad o el registro
Mercantil dejarán de ser servicios públicos y pasarán a ser gestionados por una
entidad privada. Y eso implica que habrá que pagar un nuevo arancel por
solicitar, por ejemplo, un certificado de nacimiento, matrimonio, divorcio,
defunción, nacionalidad etc, etc.
Un negocio más para los registradores de la Propiedad
Los
registradores de la
Propiedad son un colectivo que goza de importantísimos
privilegios porque mantiene el monopolio sobre una serie de actividades en las
que además cobran lo que quieren por poner una firma en un documento oficial. Desde la Unión Europea se ha
urgido a España, y se le obliga en varias directivas, a acabar con los
monopolios abusivos de varios colegios profesionales como condición
imprescindible para liberalizar nuestra economía y hacerla más competitiva.
Nada de eso ha hecho el Gobierno del PP, que presume de ‘liberal‘, y ante el decreto de Gallardón la conclusión es que
quiere darles más poder y más negocio.
La excusa del ahorro
El
anterior Gobierno de Zapatero aprobó una Ley para la digitalización del
Registro Civil, incluida en el programa de modernización de la administración,
con la que se pretendía que los ciudadanos pudieran obtener los certificados a
través de internet y, por tanto, sin desplazarse. El Ministerio de Justicia
calcula que el presupuesto para dicha modernización es de 300 millones de euros
y que debido a la crisis no hay dinero en los Presupuestos. La ‘solución Gallardón’ es
privatizar el registro adjudicándoselo a dedo a los registradores de la
propiedad que pagarían los 300 millones para digitalizar el Registro Civil y
cobrarían a los ciudadanos.
Se quita autoridad a los jueces y se la da a los
registradores
En
cuanto se apruebe, los jueces ya no tendrán competencia alguna y serán
sustitudos por los registradores de la propiedad. El texto de privatización de
los registros obligará a que todos los trámites se hagan primero por la oficina
on line (internet), y ya por ese trámite habrá que pagar, después habrá que
hacerlo otra vez por el documento que se pida.
El lobby de los registradores
Si
Gallardón se atreve, no ya a privatizar los Registros, sino a adjudicarlos a
dedo a los registradores de la propiedad, va a tener que responder a muchas
preguntas sobre la influencia de este colectivo en el PP y en el Gobierno. Mariano Rajoy es registrador de la propiedad con plaza en
Santa Pola (Alicante) -aunque obviamente está en excedencia-, pero además un hermano del presidente del Gobierno,
Enrique Rajoy, también es registrador de la Propiedad. Pero
hay más, dos altos cargos del Ministerio de Justicia, curiosamente el director
y el subdirector general de los Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez y
Javier Vallejo respectivamente, también son registradores de la Propiedad.
La moraleja de todo esto es que en cuanto se privaticen los Registros Civiles, cuando tengamos que solicitar una partida de nacimiento, de defunción, matrimonio etc. etc.. deberemos de hacerlo a través de internet o bien, nos tendremos que desplazar hasta el municipio donde esté ubicado el registro de la propiedad que atienda al municipio donde residamos, en el caso de Relleu sería Villajoyosa y por supuesto tendremos que pagar un arancel por la expedición del certificado que hayamos solicitado (hasta ahora y durante 150 años la expedición de estos documentos ha sido gratuito) En resumen como siempre seremos los ciudadanos los perjudicados con esta nueva medida de privatización de la función pública y serán beneficiados los de siempre.
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