- La Generalitat valenciana adeuda 180.000 euros a la empresa que presta el servicio de comedor
Colegio Isla de Tabarca donde se ha suspendido el servicio de comedor
por falta de pago a la empresa por parte de la Generalitat
“Les debe molestar nuestro progreso”, dijo Rita Barberá en diciembre
pasado, cuando la cadena británica BBC2 emitió un reportaje sobre el
mal manejo del dinero público en la Comunidad Valenciana
por el Gobierno del PP, que se ha gastado millones en infraestructuras inservibles,
como la Ciudad
de las Artes y las Ciencias o el aeropuerto de Castellón, mientras la Generalitat está al
borde de la quiebra, sin poder pagar a proveedores tan sensibles como el sector
farmacéutico o las empresas que prestan servicios a la Dependencia o a los
colegios. Precisamente una deuda del Consell de 180.000 euros con una de estas
empresas ha dejado sin comer a 260 niños en una escuela situada en un barrio
deprimido de Alicante.
En sus casas, a veces no
tienen qué comer
Se trata de niños del colegio público Isla de
Tabarca, que cuentan con una beca para comer y que pertenecen a familias en
riesgo de exclusión social, con la mayor parte de sus miembros en paro y con un
bajo nivel de poder adquisitivo.
El
presidente de la Ampa ,
Josué Amador, ha explicado en declaraciones a El Mundo, que “muchos de los niños que acuden
a este centro sólo cuentan con la comida que aquí les damos, en su casa hay
veces que hay algo que poner en la mesa, y otras que no”.
La empresaria denuncia su
asfixia
El colegio está situado en un barrio deprimido,
Virgen del Carmen, al norte de Alicante, y en el que, según puede
comprobarse por las cifras, las administraciones no han puesto mucho empeño:
hace unos meses, un edificio a punto de derrumbe tuvo que ser desalojado
dejando sin techo a unas 157 personas. La tasa de paro se sitúa en el 28% y el
índice de pobreza y exclusión, en el 1,5%. Es la zona de Alicante donde se han
registrado más números de desahucios.
La
gerente de la empresa que presta el servicio de comedor al colegio, María
Pujalte, ha lamentado, en declaraciones a laSexta, perjudicar a “las verdaderas
víctimas”, los niños, pero, según ha denunciado, la Generalitad la lleva a
una situación extrema. “He tenido que reducir plantilla, había 25 trabajadores
y ahora hay 17” .
María
Pujalte ha asegurado que ya no se puede “endeudar más…el siguiente paso sería
el embargo y no lo puedo consentir”. El Gobierno valenciano le debe 180.000
euros.
La Generalitat se
compromete a pagar de 20.000
a 30.000 euros
Tras la entrevista en Al rojo vivo, de la Sexta , a esta empresaria, la Generalitat ha enviado
al programa una nota en la que se ha comprometido a pagar a la empresa familiar
“de 20.000 a
30.000 euros”. A la pregunta de si una vez efectuado el pago, la empresa
reanudaría el servicio al colegio, María Pujalte ha contestado que sí, porque
de esta manera se le da “un respiro”.
La deuda a las farmacias
La Comunidad Valenciana , en quiebra financiera, afectada
por la crisis, pero también por años de derroche en proyectos baldíos durante
los sucesivos mandatos populares,
no puede hacer frente a los compromisos de sus proveedores. Uno de los
colectivos más afectados ha sido el farmacéutico, al que la Generalitat llegó a
deber en noviembre pasado 500 millones de euros. Según datos de los colegios de
farmacéuticos, 200 farmacias están en concurso de acreedores y se han perdido
2.000 puestos de trabajo.
La Dependencia
La Generalitat ha dejado desatendida también a la Dependencia. A
finales del año pasado, el Consorcio de Servicios Sociales de L’Horta Nord que
cuenta con cinco centros que atienden a los discapacitados de 22 municipios
valencianos denunció que el Consell le debía 760.000 euros correspondientes a
2012.
En
enero de 2013, empresarios de Aerte, la patronal del sector de la Dependencia en la Comunidad Valenciana ,
entregó 200 cartas a la
Consejería de Bienestar Social para reclamar la deuda de 60
millones de euros que mantiene con el sector. Aerte atiende a unas 20.000
personas dependientes que precisan de ayuda diaria para todas sus funciones.
La situación de los colegios
La situación de los colegios en la comunidad no ha
sido mejor. La Plataforma
de Defensa de la
Enseñanza Pública , que integran sindicatos de profesores,
asociaciones de padres y otros colectivos educativos, denunció este invierno
que muchos centros no contaban con calefacción porque la Generalitat no había
pagado los servicios básicos de los colegios. Escola Valenciana desveló que
alrededor de “un centenar” de centros se vieron obligados a recurrir a los
fondos de las asociaciones de padres.
Los macroproyectos de la Generalitat
La Generalitat ha permitido situaciones como estas, mientras ha
permitido proyectos tan faraónicos como fallidos. Por citar sólo unos pocos
ejemplos, el aeropuerto de Castellón, en el que no ha despegado nunca un solo
avión y por cuyo mantenimiento paga 35 millones de euros al año, sin contar los
111 millones que costó su construcción o los 300.000 euros de la escultura de
bronce inspirada en el impulsor de esta infraestructura, el expresidente de
Castellón, Carlos Fabra.
En
esa lista se incluye la Ciudad de las Artes y las
Ciencias, que con un presupuesto inicial de 331 millones de euros ha
terminado costando cerca de 1.300 millones de euros o los estudios
cinematográficos de la Ciudad
de la Luz de
Alicante que costaron 274 millones y que ahora se pretende vender por 80
millones de euros.
El dinero al fútbol
La situación de las arcas valencianas es desesperada,
pero en febrero pasado, el Gobierno de Alberto Fabra pagó cerca de 5 millones de euros
de intereses de la deuda de 81 millones de la Fundación del Valencia
CF con Bankia. También en febrero, pero de 2012, la Generalitat pagó a la
vieja CAM un préstamo desatendido por la Fundación del Elche C.F de 9 millones de euros. La Generalitat era
avalista, a través del Instituto Valenciano de Finanzas. En enero de ese mismo
año, desembolsó 18,8 millones de euros, como avalista ante la CAM de un crédito a la Fundación del Hércules.
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