LAS RAZONES PARA UNA HUELGA GENERAL

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Mírese como se mire, muchas de las políticas públicas del gobierno del Partido Popular tienen como objetivo disminuir los salarios y reducir la protección social. Tal objetivo se justifica con el argumento de que hay que recuperar la confianza de los “mercados financieros”, temerosos éstos de que el elevado déficit del Estado español imposibilite el pago de los intereses de la deuda pública, creando un grave problema para tal Estado, pues no podrá conseguir dinero prestado de tales mercados para realizar sus funciones. Esta justificación ha adquirido la dimensión de dogma, impuesto por las autoridades que rigen la Eurozona y la Unión Europea. En realidad, tales autoridades ya han nombrado un supervisor que instruya al gobierno español sobre cuándo y cómo alcanzar tales objetivos, convirtiendo a España en un protectorado, con escasa soberanía y capacidad de decisión nacional. Tal argumento requiere para su sostenibilidad que la población crea que tales medidas, que son altamente impopulares, son necesarias para recuperar su bienestar, presentándolas como las únicas posibles. Lo que la ciudadanía debería conocer (y no es fácil que conozca, debido a la escasísima diversidad ideológica existente en los medios de información y persuasión del país) es que cada uno de los supuestos que sostienen tal justificación es erróneo. La evidencia científica ampliamente disponible muestra los siguientes hechos:

- La falta de confianza de los llamados mercados financieros hacia la economía española no se debe, en este momento, al “excesivo déficit” o a la “excesiva deuda pública” (más baja que la de Alemania), sino al escaso crecimiento económico, que empeorará con las medidas de recortes de gasto público (incluyendo gasto público social) y de empleo público, y con la reducción de los salarios. La evidencia de que tales medidas empeorarán la situación económica es abrumadora. Ha pasado en Grecia, está pasando en Portugal, y ocurre también en España.

- Los intereses de la deuda pública están altamente influenciados por el comportamiento del Banco Central Europeo (BCE), el cual es, en realidad, más un lobby de la banca que un banco central. El BCE está ayudando masivamente a la banca europea (incluyendo la banca española) a costa de no ayudar a los Estados. Si el Banco Central Europeo fuera un banco central, España y los otros países periféricos de la Eurozona no tendrían el problema que tienen en poder vender deuda pública, pues tal banco compraría tanta como fuera necesario para bajar sus intereses. Ahora bien, el hecho de que el Banco Central Europeo no intervenga y ayude a los Estados comprando deuda pública directamente, es precisamente para beneficiar a los bancos. La evidencia de que esto es así es también abrumadora.

- En realidad, el elevado desempleo de España no se debe ni a las “supuestas” rigideces del mercado de trabajo ni a la “excesiva” protección social. España fue, en 2011, el país junto con EEUU e Irlanda, donde proporcionalmente se despidieron más trabajadores, tanto fijos como temporales. Y el gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español). La evidencia científica de que los recortes sociales y las reformas del mercado laboral no solo no crearán empleo sino que lo destruirán, es contundente y abrumadora.

La pregunta que el lector se hará es: ¿por qué, entonces, el Partido Popular hace tales políticas? La respuesta es que los intereses que representan –la banca y la gran patronal- sí que se están beneficiando de estas políticas. En realidad, están consiguiendo lo que siempre han deseado. Están utilizando la crisis que ellos crearon (y muy en especial, la banca) para alcanzar lo que siempre quisieron, es decir, bajar los salarios, disminuir la protección social y privatizar el Estado del Bienestar. Y lo están haciendo sin que hubiera un mandato popular. En realidad, habían negado que harían cada una de las medidas que están ahora implementando. Este insulto democrático debe denunciarse en una democracia. Y la manera de responder es con una huelga general. Una última observación. No es casualidad que los países que tienen mayores problemas económicos y financieros en la Eurozona son aquellos países que han estado dominados por periodos más largos de su historia, por las fuerzas conservadoras: Grecia, Portugal y España. En estos países, los Estados han sido influenciados en gran manera por la banca, la gran patronal y las grandes fortunas, que explica la regresividad de sus políticas fiscales y el gran fraude fiscal. Según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español, el 72% de todo el fraude fiscal en España lo realizan estos grupos, cuya influencia sobre el Estado es enorme. Esta situación explica la pobreza del Estado español (tanto central, como autonómico y municipal), su deuda pública y el subdesarrollo de su Estado del Bienestar. Son estas mismas fuerzas financieras y económicas las que ahora están imponiendo tales políticas, con el apoyo de las elites gobernantes de la Eurozona. De ahí que una huelga general es también una continuación de una larga historia para recuperar la democracia y el bienestar de la ciudadanía, denunciando los responsables, dentro y fuera de España, de su escaso desarrollo social.

NI DESALADORAS, NI TRASVASES

 Con la llegada a la Moncloa de Mariano Rajoy en la Comunidad Valenciana se acabó el victimismo de los últimos años del Gobierno de Zapatero, ahora ya nadie del Gobierno Valenciano del PP se manifiesta con lo regante pidiendo agua para todos y ni tan siquiera exigen al presidente del Gobierno el Trasvase del Ebro, que tanto reclamaron al gobierno socialista.  Tan poco cuestionan la llegada del AVE a Alicante y Castellón ni tan siquiera critican la financiación autonómica que según ellos castigaba sobre manera a nuestra Comunidad al no reconocer la población real de la Comunidad Valenciana, en fín paraece que ha sido milagrosa la llegada del Sr. Rajoy a la presidencia del Gobierno y desaparecer  automáticamente el victimismo al que nos tenían acostumbrados el Gobierno de la Generalitat Valenciana

El próximo 18 de junio se cumplirán ocho años de la derogación del trasvase del Ebro. No habrá manifestaciones multitudinarias. Ni dirigentes del PP valenciano que apelen a la II República, que ya planeó la infraestructura. Previsiblemente, la fecha pasará desapercibida en la agenda del jefe del Consell, Alberto Fabra. El vuelco electoral autonómico popular, la victoria de Mariano Rajoy, y la alianza de facto con CiU han modulado el lenguaje de la Generalitat, que ha sustituido el término trasvase por “conexión entre cuencas”, como recoge una respuesta a EL PAÍS de la Consejería de Agricultura. Ocho años después, la guerra del agua ha perdido intensidad, el trasvase resulta incómodo y la alternativa hídrica del Ejecutivo socialista, las desalinizadoras, descansa en dique seco.

En la Comunidad Valenciana, la autonomía con más consumo por hogar de España, hay dos plantas de desalar operativas mientras que las cinco planeadas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a través de Acuamed, la empresa pública de Medio Ambiente, a partir de 2005 están en fase de construcción o pruebas. Ninguna funciona y se desconoce la fecha exacta en la que producirán agua más allá de un impreciso “a lo largo de este año”. La razón principal, los retrasos de los permisos del Consell. La Generalitat tiene autorizaciones pendientes en tres de las cinco plantas que contemplaba el Programa Agua del Ejecutivo socialista. “Las desalinizadoras están acabadas pero no pueden funcionar a causa de las trabas que la Generalitat”, explica el expresidente de la Sociedad Española de Infraestructuras Agrarias del Sur (Seiasa), el socialista Francisco Rodríguez Mulero. El antiguo responsable del Ministerio de Agricultura sostiene que el Consell siguió una hoja de ruta para boicotear las obras. “Los exconsejeros de Medio Ambiente José Ramón García Antón y Juan Cotino sabían que debían poner pegas para que las desalinizadoras no funcionaran”, relata.

La inversión de las factorías paralizadas —sin incluir los gastos de mantenimiento— supera los 450 millones y su capacidad de producción rebasará los 132 hectómetros cúbicos anuales, el equivalente a 132 estadios como el Santiago Bernabeu. La Unión Europea, que subvencionó con hasta 55 millones la factoría de Torrevieja, exige al titular de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que ponga en marcha las obras. El ministro reveló ante el Congreso que las 17 desalinizadoras de España trabajaban al 16,45%.

Los hogares de la Comunidad Valenciana son los que más agua gastan

En las inmediaciones del Saladar y los Arenales de Agua Amarga (Alicante), operan las dos únicas desalinizadoras de la Comunidad. La primera se concibió para abastecer a una población de medio millón de habitantes de Elche, Santa Pola, Alicante y San Vicente del Raspeig, que se dispara en verano, y funciona desde 2003. Fue inaugurada por la exministra de Medio Ambiente popular Elvira Rodríguez, y Francisco Camps, durante el mandato de José María Aznar. Las dos plantas de Alicante, donde el 80% del agua consumida es desalada, forman parte de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Ministerio de Agricultura), que también acoge dos instalaciones en San Pedro del Pinatar (Murcia), ideadas para cubrir 17 municipios alicantinos como Pilar de la Horadada, Rojales, San Fulgencio o Guardamar.

Las fábricas de agua proyectadas por Acuamed en Mutxamel, Sagunto, Torrevieja, Cabanes y Moncofa permanecen paradas, pese a que su construcción comenzó a partir de 2006, el Gobierno desembolsó las inversiones correspondientes y Bruselas repartió con generosidad subvenciones que superaron de media el 20%. Salvo Torrevieja, de carácter mixto, todas se pensaron con vistas al abastecimiento humano y preveían la posibilidad de su ampliación. Pertenecen a un modelo que buscaba la producción estable y generar agua in situ y desterrar el fantasma de las tensiones territoriales, que fue justo lo que no se consiguió. El Ejecutivo socialista prometió como alternativa al trasvase una inyección para Cataluña, Comunidad Valenciana, Almería y Murcia de unos 1.000 hectómetros cúbicos anuales, de los que más de la mitad (600) llegaban del mar. Se aspiraba a inculcar una nueva cultura el agua, que contemplaba el ahorro (la Comunidad Valenciana es líder en fugas de agua), la modernización de regadíos, la reutilización de aguas residuales y el aprovechamiento sostenible de los acuíferos.

La inversión en las desalinizadoras paralizadas representa los 450 millones

Los planes de la ministra Narbona no contaban la llegada de un invitado inesperado, la crisis. Las desalinizadoras de Cabanes y Moncofa encaran desde 2008 el obstáculo del desplome inmobiliario. Los municipios se comprometieron a abonar a Acuamed los costes de explotación y amortización de las plantas, que habían sido concebidas para una avalancha de población que no llegó. La fábrica de agua de Cabanes prometía hasta 42,9 hectómetros cúbicos al año y Moncofa, 19,8.

La caída de los ingresos y el principio de rigidez presupuestaria impuesto por el Gobierno, despertó del sueño y modificó las prioridades de pago. Y ahora los Ayuntamientos afectados se quejan de que no pueden asumir la factura inicial de esa agua que requerían para levantar sus quimeras de crecimiento. “El PAI no se ha desarrollado y de momento no existe necesidad alguna de agua desalada”, admite el Ayuntamiento de Cabanes, que preside el popular Vicente Artola, en referencia a la evaporación del parque temático Mundo Ilusión, que afectaba a 18 millones de metros cuadrados y por los que el municipio se comprometió a pagar a Acuamed 800.000 euros anuales.

Sagunto, Mutxamel, Cabanes, Moncofa y Torrevieja tienen las plantas paralizadas.

En el mismo aprieto se encuentran Oropesa, Benicàssim y Xilxes, que pactaron en marzo un frente común para negociar sus convenios con Acuamed. Moncofa, gobernado por el PSPV, defiende la desalación mientras que Xilxes, que planeaba un campo de golf y 6.500 viviendas, dice que ya no necesita el agua. La asfixia económica y la caída de las previsiones de crecimiento dejan en el aire también las desalinizadoras que no han comenzado a construirse, como la prevista en Dénia. La localidad de La Marina, gobernada por el PP, prefiere comprar agua de la vecina Xàbia, donde ya existe una planta, a levantar una nueva obra cuyo coste rebasaría los 22 millones de euros.

Los próximos meses se revelarán cruciales. Acuamed confía en que el Ministerio revise las actuaciones “caso por caso” pero recuerda que los municipios se comprometieron en los años de bonanza a sufragar a escote las desalinizadoras. El departamento que dirige Miguel Arias Cañete ha declinado responder a EL PAÍS al respecto.

Los ayuntamientos no pueden pagar el coste de mantener las factorías

Los socialistas valencianos, que pagaron con una sangría de votos la impopular defensa de las desalinizadoras, mantienen la vigencia del plan Agua. “Le hemos planteado al Gobierno que ponga en marcha las obras”, explica el senador por Castellón Enric Navarro. Pero admiten que el cargo de las actuaciones llega en época de vacas flacas y con la tijera sobrevolando sobre las arcas locales. “La situación económica actual no permite asumir unos costes tan altos”, explica José María Ángel, alcalde de L’Eliana y responsable de política municipal del PSPV, que apunta que los pagos a Acuamed no atenazan solo a los municipios con desalinizadoras. L’Eliana, con un presupuesto de 15 millones, negocia una rebaja de las cuotas de amortización y explotación de una desnitrificadora instalada para mejorar la calidad de los recursos hídricos y que podría suponer cuando funcione un gasto de 800.000 euros anuales. “No nos negamos a pagar, pero necesitamos una cifra asumible y adaptada a las circunstancias”, dice el regidor.

La evolución del sueño hídrico de José Luis Rodríguez Zapatero —en España sólo se han construido 17 de las 51 desalinizadoras previstas— , las reticencias de los Ayuntamientos en crisis a asumir la factura de Acuamed, y la dependencia de un urbanismo en dique seco suscita una pregunta. ¿Hacía falta tanta agua? “Un empresario me dijo que una cosa son las necesidades reales y otra las del papel, que sirven para renegociar proyectos”, explica el profesor José Luis Sánchez, del Departamento de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante. Sánchez está especializado en el estudio y control de los vertidos de salmuera al mar (agua con una gran proporción de sal) y ha seguido de cerca la evolución de las plantas de Alicante o Murcia. Sostiene que las desalinizadoras generan un impacto que la tecnología puede evitar. Como el resto de técnicos consultados por EL PAÍS, estima que el agua se transmutó en un ariete político, que las administraciones actuaron movidas por la euforia de la construcción, y que los partidos se embarcaron en planes que concebían la política hídrica como ejes de su estrategia para azuzar al adversario. De todo eso ya no queda nada. Salvo las facturas.

Con la guerra amainada, Mariano Rajoy en La Moncloa y el proyecto del trasvase del Ebro en el cajón, el Consell se despoja del lenguaje de la crispación y promete lealtad al Ejecutivo del PP, que no incluyó el trasvase en su programa electoral. “Contamos con un nuevo Gobierno en España, que ya ha demostrado su predisposición para alcanzar un pacto nacional para la gestión del agua y el diseño de un nuevo PHN”, indica la Consejería de Agricultura. Arias Cañete admitió a inicios de marzo que no habrá planificación hídrica hasta dentro de dos años.

Problemas en la mayor fábrica de agua

Transformada en un símbolo de la política hídrica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la desalinizadora de Torrevieja, será “en breve” una de las mayores fábricas de agua de Europa, según Acuamed, que no precisa cuándo empezará a funcionar. La capacidad de la fábrica de agua, 80 hectómetros cúbicos al año, permitirá abastecer a más de 400.000 personas de Murcia y Alicante.

Desde el primer ladrillo, la planta de Torrevieja, que figuraba entre las primeras infraestructuras para sustituir el derogado trasvase del Ebro, fue objeto del vía crucis de zancadillas administrativas del Con-sell. Durante la construcción, una empresa contratada por la Consejería de Infraestructuras bloqueó el acceso al recinto de los camiones de la obra. La penúltima traba, un permiso de toma de agua que se retuvo porque atravesaba un puerto competencia de la Generalitat, se desbloqueó en noviembre, en vísperas de la victoria de Mariano Rajoy.

La instalación se encuentra acabada, el grueso de la obra concluido, a falta de una actuación menor, la toma y vertido de mar. La puesta en marcha de la mega factoría de agua depende ahora de una autorización ambiental, que Acuamed solicitó a la Generalitat en 2009. “No sabemos la fecha exacta en la que entrará en funcionamiento, pero será a lo largo de este año”, dicen desde el organismo que depende del Ministerio de Agricultura. La planta ha costado 300 millones, 55 de ellos en subvenciones de la UE.

El Consell sigue mirando con recelos a Torrevieja. Asegura que su puesta en funcionamiento dispararía un 35% la factura hídrica de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que nutre a una parte de los municipios del sur de Alicante. “El elevado coste hace que el agricultor no pueda asumir su explotación”, sostienen desde la Consejería de Agricultura. El impacto ecológico del vertido de la salmuera es otro de punto de fricción, que critica la Generalitat. “Es cierto que las desalinizadoras tienen un impacto ambiental, pero se puede evitar y existen fórmulas para hacerlo de un modo eficiente. Además, en la zona de vertido de Torrevieja no había praderas de posidonia, que es donde se puede dar el problema”, explica el profesor José Luis Sánchez Lizaso, del Departamento de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante. “Lo del impacto medioambiental es otro rollo más que se han inventado los del PP para retrasar la obra, ya que la depuradora de Pinedo es bastante más agresiva que una desalinizadora”, añade un consultor ambiental que trabaja para Acuamed y pide el anonimato.

El PP entierra la guerra del agua

Abrazado al patriotismo hidrológico, el Consell se fijó como prioridad la reclamación del trasvase del Ebro derogado en 2004. El Gobierno de Francisco Camps alentó —cuando no sufragó directamente— manifestaciones, paellas, fundaciones y campañas de publicidad en Canal 9 para reclamar una infraestructura hídrica que encendía a los ecologistas. El Consell selló una alianza de facto con su homólogo murciano Ramón Luis Valcárcel para cargar contra la ministra Cristina Narbona, que encajaba insultos y salía escoltada como un árbitro tras sus encuentros con agricultores. El Rajoy jefe de la oposición defendía los trasvases en Murcia y Valencia y ejercitaba el malabarismo dialéctico en Aragón y Castilla-La Mancha, en manos de los socialistas. En Cataluña gobernaba un tripartito de izquierdas con presencia independentista. La ecuación resultaba perfecta para el PP, que presumía de un discurso autonómico monocorde.

Ocho años después, el escenario se ha transformado. El azul tiñe el mapa regional. Los conservadores, que borraron el trasvase de su programa electoral nacional, gobiernan en 12 de las 17 autonomías. El PP pilota Aragón y Castilla-La Mancha, donde Dolores de Cospedal, que además es la número dos del partido, plantó cara en diciembre a Valencia y Murcia al recurrir contra el último trasvase del Tajo al Segura del Gobierno. La alianza entre PP y CiU entierra la reivindicación del trasvase. Y para completar el círculo, el nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que depende del Ministerio de Agricultura, es Xavier de Pedro, del Partido Aragonesista (PAR), socio de la popular Luisa Fernanda Rudi. “El trasvase del Ebro no está en estos momentos sobre la mesa”, advirtió recientemente De Pedro.

Ante el nuevo escenario, el Consell modula el tono. Critica las desalinizadoras pero pasa de puntillas sobre el trasvase. “El programa Agua no fue más que una marca acompañada de un listado de obras de las que no se analizó su viabilidad”, dice en un correo la portavoz de la consejería de Agricultura, que sustituye la reivindicación del trasvase —término que no aparece en la respuesta— por la necesidad de considerar la “conexión entre cuencas”. El departamento de Maritina Hernández culpa al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de “ocho años de crispación” en materia hídrica. Los antiguos responsables socialistas, difieren. “Todo respondió a una operación de marketing político, que los trasvases fueron una falacia y que el PP consiguió engañar a los valencianos”, explica el expresidente del Seiasa, Francisco Rodríguez Mulero.

El paro sube a 5,6 millones y marca un nuevo máximo en el arranque de 2012

n        La tasa se eleva al 24,44% y roza el anterior récord, alcanzado en 1994

n        La cifra total de parados se ha incrementado en 729.400 en un año

La recaída en la recesión de la economía española ha provocado un fuerte aumento del paro en el arranque de este 2012. Según los datos de la Encuesta de Población Activa que ha publicado hoy el INE, el total de personas sin trabajo ha subido en 365.900 personas entre enero y marzo, lo que ha dejado el total de desempleados en 5.639.500, un nuevo máximo histórico. Del lado del empleo, en este periodo se han destruido 374.300 puestos de trabajo, con lo que el total de ocupados baja a 17.433.200.

Tanto para el empleo como para el paro, este trimestre es el peor desde el inicio de 2009, periodo en que España atravesaba la peor fase de la Gran Recesión. Además, el persistente deterioro del mercado laboral también ha elevado la tasa de paro al 24,44%, con lo que roza el récord de 1994, cuando llegó al 24,55%.

Además, con vistas al futuro, las previsiones estiman que el deterioro del mercado laboral se prolongue durante algún tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que el impacto de los nuevos ajustes aprobados para reducir el déficit y recortes apenas se han puesto en marcha. Este hecho se hace patente en que el empleo público, que registró su primer descenso en términos interanuales en la EPA del cuarto trimestre de 2011, mantiene prácticamente su caída.

Para el Gobierno, en 2012 se destruirán un total de 630.000 puestos de trabajo a tiempo completo, lo que dejará la tasa de paro en el 24,3%, por el impacto de la recesión en el empleo. No obstante, los servicios de estudios privados auguran que el desempleo seguirá subiendo también en 2013.

Por sexos, el descenso de la ocupación es casi tres veces mayor entre los varones (278.300 menos) que entre las mujeres (96.000 menos). Por el contrario, el aumento del paro afecta prácticamente por igual a varones y mujeres.

En cuanto al impacto de la crisis por ramas de actividad, la ocupación desciende en todos los sectores y sube el paro. En los servicios hay 147.900 desempleados más, en la Agricultura 59.700, en la Industria 49.800 y en la Construcción 29.500. También crece el paro entre las personas que perdieron su empleo hace más de un año (66.200 más) y entre quienes buscan su primer empleo (12.800).