Fabra necesita hacer frente a vencimientos y deuda no incluida en el plan de pago a proveedores
El Gobierno valenciano se niega a precisar la cuantía de la ayuda solicitada y las contrapartidas
Una autonomía asfixiada por la falta de financiación de los mercados desde hace un año
El vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar,
durante una rueda de prensa sobre los recortes y
medidas de austeridad.
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Los ecos de los
discursos en los que Francisco Camps presumía de dirigir una región
envidiada en el mundo
se han apagado en la Comunidad Valenciana. Su sucesor en la presidencia de la
Generalitat, Alberto Fabra, aprobó este viernes en la reunión semanal del
Gobierno la adhesión de la Comunidad Valenciana al Fondo de Liquidez Autonómico
(FLA), una decisión que supone, en la práctica, una petición de rescate al Gobierno en toda regla por parte de una autonomía que tiene
una deuda superior al 20,5% de su PIB y que arrastra desde hace más de un año serios problemas de liquidez para afrontar sus compromisos.
A
cambio de autorizar el acceso a estos fondos, el Ministerio de Hacienda podrá
imponer un plan de ajuste y, si ve riesgos, enviar a los hombres de negro a controlar las finanzasde
la Generalitat, desembolsar por tramos la ayuda solicitada y establecer duras
condiciones presupuestarias y financieras, tal y como ha hecho la Unión Europea
con Grecia, Irlanda y Portugal y, para salvar el sistema bancario, España.
El
anuncio de que la Comunidad Valenciana será la primera autonomía en acogerse al
fondo de rescate del Gobierno —y de que las previsiones de gasto del Estado
crecerán hasta el 9,2% en 2013—, realizado con los mercados finacnieros
abiertos, disparó la prima de riesgo, que cerró este viernes finalmente en 610 puntos.
Tras la alarma desatada en los mercados, el vicepresidente y
portavoz del Consell, José Ciscar, se apresuró a afirmar: “La Comunidad
Valenciana no ha pedido ningún rescate. Se acoge a un mecanismo de financiación
al que acudirán más comunidades autónomas en los próximos días, sin más
ajustes”. Ciscar admitió no obstante que la adhesión al FLA supone la aceptación del “control
financiero y fiscal por parte del Gobierno central”. El vicepresidente
valenciano aseguró que está adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico del
Gobierno no implicará “nuevos ajustes en 2012”, excepto los ya previstos en el
plan de estabilidad para este año. Ciscar no quiso detallar qué cantidad de dinero
solicitarán al fondo.
El
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras la rueda de prensa del Consejo de
Ministros negó que se tratara de una petición de intervención, aunque admitió
que la adhesión de la Comunidad Valenciana al FLA obligará a la Generalitat “a
nuevas condiciones”.
En
privado, fuentes del PP valenciano admitieron que la petición del Consell
supone que el Gobierno tomará el control financiero de la comunidad, que tiene
muy complicado cumplir con el objetivo de déficit del 1,5% del PIB. También
dijeron que la Generalitat podría solicitar una cantidad superior a los 1.600
millones —de un fondo dotado con 18.000 millones— para poder afrontar sus
compromisos.
Abucheos y huevos
contra Fabra
La
tensión generada por el anuncio de la Generalitat también se dejó traslucir en
la calle y en las redes sociales. Tras las multitudinarias manifestaciones del
jueves contra los recortes del Gobierno, por la tarde más de 200 personas
abuchearon y lanzaron algunos huevos contra el presidente valenciano,
Alberto Fabra, en un acto en Guardamar. La noche anterior, su
antecesor, Francisco Camps, fue recibido de igual modo por manifestantes en
Xàbia, donde hablaba de “responsabilidad política”.
En
este ambiente, el PSPV-PSOE y Compromís reclamaron un pleno extraordinario en
las Cortes para que Fabra explique “el rescate y las condiciones que conlleva”.
Esquerra Unida fue más allá y solicitó la dimisión del presidente de la
Generalitat y la convocatoria de elecciones.
La
Comunidad Valenciana, que tiene una deficiente financiación autonómica, ha sido
una de las más castigadas por el cierre de los mercados financieros.
Las
alarmas saltaron por primera vez el pasado mes de diciembre, cuando la
Generalitat tuvo que pedir ayuda al Gobierno de Mariano Rajoy para afrontar el vencimiento de un crédito de 123 millones
de euros del Deustche Bank. La situación, que amenazaba con
reproducirse en otras autonomías, obligó al Ministerio de Hacienda a arbitrar
una línea de crédito con la que cubrir los vencimientos de los préstamos que
las autonomías no podían renovar.
Préstamos y
facturas pendientes
La
Comunidad Valenciana fue de las primeras en acogerse al plan. En enero pidió
1.022 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para afrontar
vencimientos de préstamos y en mayo pidió una ampliación de 1.678 millones tras
ofrecer tipos de interés al 7% para colocar deuda, situada a nivel de bono
basura por las agencias calificadoras.
En
abril, en el plan de pago a los proveedores habilitado por el Gobierno, la
Comunidad Valenciana volvió a exhibir sus problemas de liquidez. Pidió 4.069 millones de euros (el 23,4% de lo solicitado
por todas las autonomías) para
pagar facturas pendientes. A cambio presentó un duro plan de estabilidad que
incluye la privatización de toda la gestión no asistencial de la sanidad y
despidos masivos en el sector público, pero que no ha solucionado sus problemas
de liquidez.
Ahora,
la Generalitat, que confiaba en que hubiese hispanobonos para salir a flote, ha
visto cómo el Gobierno solo ofrecía a las autonomías un mecanismo que, en la
práctica, es un fondo de rescate. Y Fabra, casi sin oxígeno, ha sido el primero
en lanzarse sobre el regulador de aire del Gobierno y colocar a la Comunidad
Valenciana en el disparadero.
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