
El anterior proyecto de PGOU recogía la creación de cinco sectores de suelo urbanizable reclasificado, con usos de todo tipo, una superficie de casi tres millones de metros cuadrados y casi 600.000 metros de edificabilidad, lo que habría supuesto un incremento de la población de unos 20.000 habitantes frente a los 1.400 que, aproximadamente, tiene en la actualidad Relleu. Cuatro de estos cinco sectores estaban alejados del casco urbano, tanto que lindaban con Finestrat o La Vila.
En los cinco casos, el PP expuso entonces junto al PGOU cinco convenios urbanísticos firmados por el alcalde, que es taxista en Alicante, y otros tantos promotores vinculados a los manejos del Partido Popular. Un urbanismo a la carta que sucedió a la compra de suelo por parte de empresas y determinadas personas que abusaron de la información privilegiada que manejaron. Tanto que fincas de la familia política del alcalde, Santiago Cantó, del marido de la primera teniente de alcalde, Elisa Font, o de familiares de ediles de otras poblaciones próximas fueron incluidas como urbanizables.
El gobierno local dijo desconocer este jueves en el pleno la trascendencia del documento que llevaban a aprobación. En realidad se aprobó por unanimidad la “información pública y fase de consultas de la versión preliminar del Plan General de Ordenación Urbana, estudio de paisaje e información de sostenibilidad ambiental”. Los concejales de la oposición, del PSPV, votaron a favor de exponerlo públicamente junto con los del PP, quienes dijeron que habían tenido el documento apenas 48 horas antes de la sesión, aunque los socialistas se quedaron a la espera siquiera de poder examinarlo. Lo podrán hacer, en todo caso, durante sesenta días tras su publicación.
Fuentes consultadas por LA MARINA PLAZA han asegurado que el único sector que permanece del anterior Plan General de 2006 en el nuevo es el de la partida de Cortes, cerca del linde con el término municipal de La Vila Joiosa y, por lo tanto, con vistas al pantano del Amadorio y al mar.

El anterior, que finalmente rechazó el Consell, pretendía desarrollar los sectores reclasificados de forma paralela a la redacción del PGOU y, además, se aprobó sin el informe de suficiencia hídrica del organismo de cuenca, en este caso la CHJ. Y mucho menos se tuvo en cuenta la necesidad de vivienda protegida que tuviera el municipio.
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