Los trabajadores de los servicios sociales de la consejería que dirige Juan Cotino han iniciado movilizaciones en protesta por el "desmantelamiento" de los recursos sociales y la privatización que ha acometido el Consell en la gestión de la ley de Dependencia. Ayer, un centenar de trabajadores públicos se concentró ante los servicios territoriales de la Consejería de Bienestar Social en Valencia para denunciar la "grave situación" en la que están los servicios sociales, un colectivo que, entre técnicos, auxiliares, ATS, trabajadores sociales, médicos, psicólogos y educadores suma unas 5.000 personas en toda la Comunidad Valenciana.
En primer lugar, se quejan de un perjuicio económico. "Hay una discriminación salarial", explica Toni Femenia, de UGT, "ya que a pesar de trabajar con colectivos vulnerables cobran unos 300 euros de media menos que trabajadores equiparables de otras consejerías". Y el sindicalista lo achaca a que "se trata de categorías feminizadas, se viene arrastrando una situación de discriminación sexual que a estas alturas del siglo XXI hay que erradicar".
Pero las mayores quejas de los trabajadores se centran en una falta de recursos personales que se traduce en una asistencia deficiente a los usuarios. "Las ratios de personal están siempre bajo mínimos, son claramente insuficientes para dar una atención de calidad". Su tesis es que Bienestar Social amplía sus competencias pero no sus estructuras. Y cuando puede, privatiza los servicios pero sin crear nuevos empleos ni aprovechar al personal existente. "Es un desprecio para la experiencia de los profesionales".
Y como paradigma de la privatización ponen la gestión de la ley de Dependencia. El Consell creó el año pasado una empresa, la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa), para tramitar las solicitudes de las personas que optan a las ayudas que estipula la ley. Y prescindió de la amplia red de trabajadores sociales autonómicos y municipales que lleva años haciendo una tarea similar.
Los sindicatos propusieron a la consejería el año pasado implantar 47 unidades en las distintas comarcas (una por cada 100.00 habitantes) compuestas de técnicos, trabajadores sociales, auxiliares, médicos y psicólogos para la implantación y el seguimiento de la ley de Dependencia. Harían falta unos 300 trabajadores, pero, a su juicio, la consejería "paraliza" la ley con apenas 35 empleados en Avapsa.
Para Intersindical Valenciana, el "desmantelamiento de la función pública" mediante empresas privadas, sociedades mercantiles y ONG profesionalizadas "esconde todo tipo de corruptelas, manipulaciones y oscurantismos paganos".
El sindicato CSI-CSIF, por su parte, insistió en que Bienestar Social no cubre las vacantes y sustituciones de personal. Y exigió en su comunicado "la adecuación y ampliación necesaria de las plantillas sobre la base de una revisión de los ratios actualmente establecidos".
Vicent Soler, de CC OO, se quejó de que la consejería está dando "la callada por respuesta" a sus quejas. De hecho, siguen esperando que se celebre la reunión que se les prometió para antes de Fallas. Por eso no descartan llevar a la consejería ante la Fiscalía por un delito contra la salud de los trabajadores por la sobrecarga de trabajo que acometen desde hace años.
En primer lugar, se quejan de un perjuicio económico. "Hay una discriminación salarial", explica Toni Femenia, de UGT, "ya que a pesar de trabajar con colectivos vulnerables cobran unos 300 euros de media menos que trabajadores equiparables de otras consejerías". Y el sindicalista lo achaca a que "se trata de categorías feminizadas, se viene arrastrando una situación de discriminación sexual que a estas alturas del siglo XXI hay que erradicar".
Pero las mayores quejas de los trabajadores se centran en una falta de recursos personales que se traduce en una asistencia deficiente a los usuarios. "Las ratios de personal están siempre bajo mínimos, son claramente insuficientes para dar una atención de calidad". Su tesis es que Bienestar Social amplía sus competencias pero no sus estructuras. Y cuando puede, privatiza los servicios pero sin crear nuevos empleos ni aprovechar al personal existente. "Es un desprecio para la experiencia de los profesionales".
Y como paradigma de la privatización ponen la gestión de la ley de Dependencia. El Consell creó el año pasado una empresa, la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa), para tramitar las solicitudes de las personas que optan a las ayudas que estipula la ley. Y prescindió de la amplia red de trabajadores sociales autonómicos y municipales que lleva años haciendo una tarea similar.
Los sindicatos propusieron a la consejería el año pasado implantar 47 unidades en las distintas comarcas (una por cada 100.00 habitantes) compuestas de técnicos, trabajadores sociales, auxiliares, médicos y psicólogos para la implantación y el seguimiento de la ley de Dependencia. Harían falta unos 300 trabajadores, pero, a su juicio, la consejería "paraliza" la ley con apenas 35 empleados en Avapsa.
Para Intersindical Valenciana, el "desmantelamiento de la función pública" mediante empresas privadas, sociedades mercantiles y ONG profesionalizadas "esconde todo tipo de corruptelas, manipulaciones y oscurantismos paganos".
El sindicato CSI-CSIF, por su parte, insistió en que Bienestar Social no cubre las vacantes y sustituciones de personal. Y exigió en su comunicado "la adecuación y ampliación necesaria de las plantillas sobre la base de una revisión de los ratios actualmente establecidos".
Vicent Soler, de CC OO, se quejó de que la consejería está dando "la callada por respuesta" a sus quejas. De hecho, siguen esperando que se celebre la reunión que se les prometió para antes de Fallas. Por eso no descartan llevar a la consejería ante la Fiscalía por un delito contra la salud de los trabajadores por la sobrecarga de trabajo que acometen desde hace años.
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