Nueve comunidades destacan por escándalos relacionados con la burbuja inmobiliaria
Más de un 8% de los
municipios de España (676 de un total de 8.116) se vieron involucrados en casos
de corrupción urbanística en el periodo 2006-2010, la época de expansión de la
burbuja inmobiliaria y del urbanismo salvaje. La Comunidad Valenciana ,
con 94 municipios afectados (lo que representa un 17,3%) es una de las cuatro
autonomías que duplican la media del 8,35% estatal, junto a Galicia, Andalucía
y Cantabria. Otras cinco comunidades superan esas cifras y porcentajes. Se
trata de Madrid y Asturias, que triplican la media, de Canarias y Baleares, que
la cuadruplican y de Murcia, que multiplica por siete la media española.
Esta
evaluación del impacto de la corrupción urbanística,
que alcanza a municipios habitados por 26,3 millones de personas (el 56,1% de
la población española) está recogida en un estudio de Luis M. Pérez Darías,
Víctor O. Martín y Ramón Pérez González, de la Universidad de La Laguna , titulado Aproximación
a una geografía de la corrupción urbanística en España, y se basa
en una investigación de más amplio alcance, financiada por el Ministerio de
Educación y Ciencia, sobre las características singulares que, debido a la
burbuja inmobiliaria y la corrupción, ha adquirido la crisis económica en los
países del sur de la eurozona conocidos como PIGS (acrónimo de las iniciales en
inglés de Portugal, Irlanda, Grecia y España). El trabajo fue publicado en el
número 87 de Ería, revista cuatrienal de geografía de la Universidad de Oviedo.
Según los autores del
estudio, la corrupción es solo “la punta del iceberg” de un urbanismo
desmesurado cuyas consecuencias y efectos preocupantes, por ejemplo sobre el
sistema financiero y la actividad económica, todavía están por aclarar. “El
último ciclo económico expansivo de España”, constata el estudio, “basado en el boom inmobiliario y el consumo, finalizó en
2008, haciendo entrar al país en la crisis más importante de su historia
reciente: cifras récord de parados, deflación, decrecimiento del PIB,
endeudamiento público y privado. Un sombrío panorama en el que algunos datos
pueden dar cuenta de la indiscutible relación entre la crisis económica y el
boom inmobiliario de la última década”.
El
más evidente de esos datos es que España, que apenas representa el 10% del PIB
europeo, ha construido desde 2000 el
30% de todas las viviendas en la Unión Europea. La mayoría de esas
nuevas viviendas se han financiado con dinero que procedía del exterior, por lo
que la crisis inmobiliaria española está estrechamente ligada a la crisis
financiera.
“Parece que una gran
parte de la expansión económica, del milagro económico español, se entretejió
con la telaraña de la corrupción política y urbanística”, señala la
investigación. “Parece también que esta ligazón entre la economía, la deuda y
la corrupción ha sido propia de los países de la periferia de la Unión Europea de la
moneda única”. Tras estudiar algunos casos en Portugal, Irlanda y Grecia, el
estudio hace una búsqueda exhaustiva y pormenorizada de la casuística de la
corrupción urbanística en España, algo que elabora a partir de la información
extraída de la prensa, dado que “España no dispone de ninguna estadística
oficial que recoja información de este tipo”.
El resultado constata
que “el problema de la corrupción urbanística municipal presenta una enorme
envergadura en España y existen comunidades autónomas donde está mucho más
acentuado”. Afecta principalmente a “aquellos municipios donde se está
acentuando la economía inmobiliaria, es decir, donde el referente urbano ya era
destacable (urbanos, turísticos y en menor medida mixtos: un 50% de los
casos)”, pero también a municipios que se están incorporando al modelo
económico inmobiliario desde una base tradicional agrícola o industrial. Por lo
que se refiere a los partidos, las tres cuartas partes de los casos se
los reparten el PP (44%) y el PSOE (31,2%), “mientras que el 25% restante
corresponde a partidos autonómicos, nacionalistas y regionalistas y los de
ámbito local, así como IU y gobiernos de coalición”.
Los casos de corrupción
municipal por el partido gobernante coinciden con el partido gobernante en
Andalucía, con el PSOE, y en Murcia, Madrid y la Comunidad Valenciana ,
con el PP. En general, por tipos de irregularidades urbanísticas, el 88% se
relacionan con la planificación y el suelo; es decir “con la propiedad del
suelo y con el instrumento que permite la revalorización del mismo”. ¿Por qué
se ha desarrollado la corrupción urbanística?, se pregunta el estudio. Algunas
de las explicaciones son el interés de “una determinada fracción de las clases
dominantes” por elevar la renta diferencial de la tierra al capitalizarla para
urbanizarla, así como una administración local y unos partidos “predispuestos
al soborno”. Los casos de corrupción evidencian “cómo se recurre de manera
indiscriminada a determinados instrumentos de las leyes y los reglamentos para
facilitar la transformación del suelo rústico en urbanizable”.
“¿Habrá
que volver a estudiar el suelo, la propiedad del suelo urbano y el nuevo
caciquismo como clave explicativa de la situación de atraso y escasa
productividad y competitividad de la economía española, de las altas tasas de
paro, de la desagrarización y desindustrialización y del calado de la actual
crisis que soporta y soportará España, de la misma manera que hubo que estudiar
la agricultura, la propiedad de la tierra y el viejo caciquismo del débil
desarrollo del capitalismo español en la primera mitad del siglo pasado?”, se
preguntan los autores a modo de conclusión.
MAS INFORMACIÓN
Nueve comunidades destacan por escándalos relacionados con la burbuja inmobiliaria
Más de un 8% de los
municipios de España (676 de un total de 8.116) se vieron involucrados en casos
de corrupción urbanística en el periodo 2006-2010, la época de expansión de la
burbuja inmobiliaria y del urbanismo salvaje. La Comunidad Valenciana ,
con 94 municipios afectados (lo que representa un 17,3%) es una de las cuatro
autonomías que duplican la media del 8,35% estatal, junto a Galicia, Andalucía
y Cantabria. Otras cinco comunidades superan esas cifras y porcentajes. Se
trata de Madrid y Asturias, que triplican la media, de Canarias y Baleares, que
la cuadruplican y de Murcia, que multiplica por siete la media española.
Esta
evaluación del impacto de la corrupción urbanística,
que alcanza a municipios habitados por 26,3 millones de personas (el 56,1% de
la población española) está recogida en un estudio de Luis M. Pérez Darías,
Víctor O. Martín y Ramón Pérez González, de la Universidad de La Laguna , titulado Aproximación
a una geografía de la corrupción urbanística en España, y se basa
en una investigación de más amplio alcance, financiada por el Ministerio de
Educación y Ciencia, sobre las características singulares que, debido a la
burbuja inmobiliaria y la corrupción, ha adquirido la crisis económica en los
países del sur de la eurozona conocidos como PIGS (acrónimo de las iniciales en
inglés de Portugal, Irlanda, Grecia y España). El trabajo fue publicado en el
número 87 de Ería, revista cuatrienal de geografía de la Universidad de Oviedo.
Según los autores del
estudio, la corrupción es solo “la punta del iceberg” de un urbanismo
desmesurado cuyas consecuencias y efectos preocupantes, por ejemplo sobre el
sistema financiero y la actividad económica, todavía están por aclarar. “El
último ciclo económico expansivo de España”, constata el estudio, “basado en el boom inmobiliario y el consumo, finalizó en
2008, haciendo entrar al país en la crisis más importante de su historia
reciente: cifras récord de parados, deflación, decrecimiento del PIB,
endeudamiento público y privado. Un sombrío panorama en el que algunos datos
pueden dar cuenta de la indiscutible relación entre la crisis económica y el
boom inmobiliario de la última década”.
El
más evidente de esos datos es que España, que apenas representa el 10% del PIB
europeo, ha construido desde 2000 el
30% de todas las viviendas en la Unión Europea. La mayoría de esas
nuevas viviendas se han financiado con dinero que procedía del exterior, por lo
que la crisis inmobiliaria española está estrechamente ligada a la crisis
financiera.
“Parece que una gran
parte de la expansión económica, del milagro económico español, se entretejió
con la telaraña de la corrupción política y urbanística”, señala la
investigación. “Parece también que esta ligazón entre la economía, la deuda y
la corrupción ha sido propia de los países de la periferia de la Unión Europea de la
moneda única”. Tras estudiar algunos casos en Portugal, Irlanda y Grecia, el
estudio hace una búsqueda exhaustiva y pormenorizada de la casuística de la
corrupción urbanística en España, algo que elabora a partir de la información
extraída de la prensa, dado que “España no dispone de ninguna estadística
oficial que recoja información de este tipo”.
El resultado constata
que “el problema de la corrupción urbanística municipal presenta una enorme
envergadura en España y existen comunidades autónomas donde está mucho más
acentuado”. Afecta principalmente a “aquellos municipios donde se está
acentuando la economía inmobiliaria, es decir, donde el referente urbano ya era
destacable (urbanos, turísticos y en menor medida mixtos: un 50% de los
casos)”, pero también a municipios que se están incorporando al modelo
económico inmobiliario desde una base tradicional agrícola o industrial. Por lo
que se refiere a los partidos, las tres cuartas partes de los casos se
los reparten el PP (44%) y el PSOE (31,2%), “mientras que el 25% restante
corresponde a partidos autonómicos, nacionalistas y regionalistas y los de
ámbito local, así como IU y gobiernos de coalición”.
Los casos de corrupción
municipal por el partido gobernante coinciden con el partido gobernante en
Andalucía, con el PSOE, y en Murcia, Madrid y la Comunidad Valenciana ,
con el PP. En general, por tipos de irregularidades urbanísticas, el 88% se
relacionan con la planificación y el suelo; es decir “con la propiedad del
suelo y con el instrumento que permite la revalorización del mismo”. ¿Por qué
se ha desarrollado la corrupción urbanística?, se pregunta el estudio. Algunas
de las explicaciones son el interés de “una determinada fracción de las clases
dominantes” por elevar la renta diferencial de la tierra al capitalizarla para
urbanizarla, así como una administración local y unos partidos “predispuestos
al soborno”. Los casos de corrupción evidencian “cómo se recurre de manera
indiscriminada a determinados instrumentos de las leyes y los reglamentos para
facilitar la transformación del suelo rústico en urbanizable”.
“¿Habrá
que volver a estudiar el suelo, la propiedad del suelo urbano y el nuevo
caciquismo como clave explicativa de la situación de atraso y escasa
productividad y competitividad de la economía española, de las altas tasas de
paro, de la desagrarización y desindustrialización y del calado de la actual
crisis que soporta y soportará España, de la misma manera que hubo que estudiar
la agricultura, la propiedad de la tierra y el viejo caciquismo del débil
desarrollo del capitalismo español en la primera mitad del siglo pasado?”, se
preguntan los autores a modo de conclusión.
MAS INFORMACIÓN
No hay comentarios:
Publicar un comentario