Fabra echa la persiana de Canal 9 y Ràdio 9 siete horas después de que el TSJ anulara los despidos de más de 1.000 empleados y obligara a su readmisión - La Generalitat considera inviables los costes de la plantilla mientras los trabajadores achacan el cierre a la mala gestión del PP
Trabajadores de RTVV ocuparon ayer parte de las calles colindantes al Palau de la Generalitat como protesta por el cierre de RTVV |
Apenas
siete horas después de que el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad (TSJ) anulara el ERE que afectaba a más de un millar
de empleados en un auto que obligaba a su
readmisión, el Consell cumplió con la amenaza que el vicepresidente José Císcar
venía repitiendo semana tras semana: anunció el cierre de Ràdio Televisió
Valenciana (RTVV), el ente que daba cobertura a las emisiones de Canal 9 y de
Ràdio 9. Con un frío comunicado colgado en la web institucional de la Generalitat y sin
comparecencia pública ni de Císcar ni tampoco del presidente de la Generalitat , Alberto
Fabra, –lo hará hoy– para explicar una decisión tan drástica, la Generalitat puso punto
y final a 24 años de historia que se iniciaron el 9 d'Octubre de 1989 con un
proyecto que, en principio, debía garantizar un sistema de comunicación público
–objetivo que se quedó luego completamente desvirtuado por las presiones
políticas– y colaborar en la normalización del valenciano. Canal 9 se convierte
en la primera televisión pública autonómica de España que acaba echando la
persiana.
«No
nos podemos permitir una televisión con 1.700 trabajadores. Si el TSJ anula el ERE, habrá que cerrar Canal 9»,
decía una y otra vez el vicepresidente Císcar. Y la advertencia se
cumplió al detalle. Con una deuda de casi 1.200 millones –más que algunas
autonomías– y con una nefasta gestión política que multiplicó por tres la
plantilla desde que el PP llegó al Palau, el Gobierno de Alberto Fabra decidió
hace ahora un año y dos meses aprobar un ERE para despedir a 1.198 empleados
–luego tuvo que salvar a 186 para garantizar las emisiones– en el mayor
expediente aplicado en una empresa pública. Cuatro sindicatos –Intersindical,
UGT, CC OO y CGT– impugnaron la medida. El juicio –después de un conflicto de
competencias con la
Audiencia Nacional – arrancó el pasado 21 de octubre en el
TSJ. Finalmente, la resolución judicial –conocida ayer– confirma de facto la
petición de la Fiscalía
que, durante la vista, ya había solicitado la nulidad de los despidos. La Sala de lo Social del TSJ,
efectivamente, suspende el ERE y reconoce el derecho de los trabajadores a ser
readmitidos. El alto tribunal valenciano justifica el fallo en dos cuestiones.
Primero, apunta, se produjeron «irregularidades importantes» en la tramitación.
Y, en segundo término, se vulneró el principio de igualdad y se conculcaron
derechos constitucionales durante el proceso de selección de los afectados por
el ERE.
Conocida
la sentencia, el Consell puso en marcha la maquinaria para tomar la decisión de
cerrar el ente. No se valoró ni siquiera la alternativa de alargar la agonía
presentando un recurso en casación ante el Tribunal Supremo, una decisión que
hubiera supuesto un desembolso de 40 millones para reubicar a la plantilla y
mantener abierta la herida, como poco, durante un año más. «El Consell ha
querido hacer pública esta decisión con celeridad para no prolongar de manera
innecesaria la intranquilidad que supondría para los trabajadores de RTVV»,
señala la nota del Gobierno de Fabra que ejecuta la clausura.
Mantener
a los 1.700 trabajadores suponía un gasto anual de 72 millones a lo que había
que añadir la factura de funcionamiento. «Un coste que la Generalitat no puede
asumir en estos momentos», apunta el comunicado. El contrato-programa –documento
de gestión de la nueva cadena en el que ya se aludía a la posibilidad del
cierre– cifraba ahora la aportación del Consell, de hecho, en menos de 70
millones por ejercicio. La crítica situación económica de la Generalitat , apuntaron
desde el PP, no permitía asumir la carga de volver a una cadena con el ritmo de
gasto anterior a la ejecución del ERE. Fabra reunió a su «gabinete de crisis» y
durante una convocatoria en la que también participó el vicepresidente José
Císcar se acabó tomando el camino de acabar con RTVV. Los trabajadores
afectados por el ERE, para entonces, ya habían pasado de celebrar a las puertas
de la cadena la resolución judicial a protestar frente al Palau de la Generalitat.El
proceso de cierre arranca cuando se había iniciado la privatización de la
programación y justo cuando ayer mismo se presentaba la nueva temporada de
l'Alqueria Blanca, la «serie estrella» de la emisora pública.
El
Consell acelerará al máximo los plazos: pondrá fin a la actividad por ley
mediante una tramitación parlamentaria «express» en apenas mes y medio con la
intención de ahorrar los 40 millones de los costes de readmisión. A media tarde, el jefe del Consell citó en el Palau
de la Generalitat a la directora general de RTVV, Rosa Vidal, –con la que el PP
ya mantenía importantes diferencias pese a que llevaba pocas semanas en el
cargo– y le trasladó la medida. Vidal se marchó del despacho de
Fabra pasadas las siete y media de la tarde sin hacer declaraciones. Diez
minutos más tarde, Frederic Ferri, uno de los presentadores de informativos, se
hacía eco del comunicado de la
Generalitat en el canal 24 horas de la emisora. «Es una mala noticia
para la sociedad valenciana», aseguró Ferri.
Poco
después, durante el noticiario vespertino de la cadena y en un plató copado
como protesta por la decisión de Fabra, los trabajadores emitían la noticia con
la nota pública de la
Generalitat , ofrecieron la opinión de los grupos de la
oposición y leyeron su propio comunicado en el que cargan contra la gestión del
ente público, se quejan de los casos de corrupción ligados a directivos y piden
responsabilidades políticas. Aunque no citaron ninguna sigla, la cadena
permanece bajo control del PP desde 1995. A buen entendedor...
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