La Mancomunidad de la Bonaigua todavía no se ha disuelto legalmente tras acumular una deuda de 850.000 euros de la basura

Cuando la realidad económica apunta en una dirección, la política y la gestión municipal parece que diverge hacia otra. Seis municipios de la montaña de Alicante, que apenas suman 9.000 habitantes, entre los que están Relleu y Sella, han sido incapaces de mantener mancomunado el servicio recogida de basura para ahorrar costes y acordaron provisionalmente hace un año disolver la Mancomunidad de la Bonaigua, que presidía la alcaldesa de Sella, Natalia Hernández, desde agosto de 2011. Pero desde entonces no han continuado los trámites para su liquidación, que  pasan porque se apruebe el proyecto de actuaciones liquidadoras en la Junta de Gobierno de la Mancomunidad, exponerlo un mes al público, someter al pleno de los ayuntamientos su aprobación por mayoría absoluta e informar a la Generalitat de la disolución, liquidación y distribución de su patrimonio para que se publique. 

FCC recogía la basura de los seis municipios que integran esta Mancomunidad: Relleu y Sella, de La Marina Baixa, desde 2006, junto con Aigües, Busot, Tibi y Torre de les Maçanes, que la crearon hace más de 14 años, que además prestaban los servicios sociales de los cuatro pueblos de L’Alacantí y L’Alcoià. Pero los alcaldes de todos ellos, los seis del PP, aprobaron en noviembre de 2012 por unanimidad el acuerdo previo de su disolución por no poder afrontar una deuda de 848.602,02 euros con la empresa encargada de los residuos sólidos urbanos.

Si bien Relleu y Sella eran los municipios que menos debían a la Mancomunidad, 55.964 y 36.308 euros, respectivamente, las deudas de otros como Aigües (304.448 euros), Tibi (273.542), Torremaçanes (231.822) y Busot (212.056) han abocado a la entidad al colapso, aunque el Consell también le debía a esta agrupación de municipios 94.866 euros y la Diputación otros 62.210. Entre la deuda de los Ayuntamientos y el resto de deudores, la Bonaigua sumaba débitos por 1.275.126,54 euros. En algunos casos, como los de Aigües y La Torre, la deuda con la mancomunidad suma más de una tercera parte de su presupuesto anual y en el de los dos municipios de La Marina entre el 5 y el 10%.

Un demoledor informe de la Secretaria-Interventora de la entidad aseguró para justificar la disolución que “el elevado nivel de deuda que mantienen algunos ayuntamientos mancomunados para con la Mancomunidad supone la inviabilidad económica de la entidad supramunicipal”. Y advierte de otro problema al que se enfrenta: el “aumento considerable de gastos por posibles reclamaciones judiciales ante el impago de obligaciones”. Este incumplimiento de obligaciones de los ayuntamientos, según la propuesta de disolución que se aprobó, provocó una grave déficit de tesorería que “acarrea la imposibilidad de seguir atendiendo el pago de los gastos de personal así como, y en especial, el continuo incumplimiento de pago de obligaciones reconocidas frente a terceros”, una situación irremontable por “el elevado nivel de deuda de algunos de los ayuntamientos”.