Este artículo muestra la falta de credibilidad de los argumentos que utiliza la Administración Rajoy para llevar a cabo sus políticas públicas regresivas.
La sabiduría convencional del
pensamiento económico neoliberal alcanza su máxima expresión en España en las
políticas económicas del gobierno del Partido Popular, bien reflejadas en los
pronunciamientos de su Presidente Rajoy. Predeciblemente, los medios de mayor
difusión del país proveen las cajas de resonancia para que tales posturas se
promuevan, habiendo alcanzado un nivel de aceptación generalizada, que es
sumamente preocupante, pues cada una de sus posturas tiene en su contra una
enorme cantidad de evidencia que las cuestiona. Veamos tales posturas
expresadas en varias formas y ocasiones y la evidencia que señala su error.
España no puede vivir por encima de lo
que uno tiene, postura de la que se deriva que hay que recortar el gasto
público y bajar los salarios a fin de reducir el consumo. Vayamos por partes.
En cuanto al gasto público, España tiene uno de los gastos públicos por
habitante más bajos de la
Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países
europeos de desarrollo semejante al español. En realidad, dicho gasto está muy
por debajo del que le correspondería por el nivel de desarrollo de riqueza que
tiene. Su gasto público social por habitante es solo el 74% del promedio de la UE-15 , cuando el PIB por
habitante es ya el 94% del promedio de la UE-15. Si fuera el 94% en lugar del 74%, el
Estado español se gastaría 66.000 millones de euros más al año de lo que se
gasta ahora. España los tiene, lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Un
análisis de las políticas fiscales del país muestra la enorme regresividad y
fraude fiscal existente en España.
En cuanto al sector privado, el hecho
de que las familias estén endeudadas no se debe a su derroche, como Rajoy
indica, sino al hecho de que las rentas salariales han ido bajando en España, con
lo cual la población (cuya mayoría deriva sus ingresos de las rentas del
trabajo) ha tenido que ir endeudándose. Es más, contribuyó a este endeudamiento
la bajada del precio del dinero, resultado del euro y de la altamente rentable
inversión de la banca alemana en actividades especulativas, que, en maridaje
con la española, fue responsable de la burbuja inmobiliaria.
El gobierno no puede gastar el dinero
que no tiene, lo cual ignora que el Estado puede tenerlo si hay voluntad
política para tenerlo. El Estado puede recoger dinero de impuestos y tasas, los
cuales en el Estado español, incluyendo el central y las autonomías, lo
recogían en mucha menor cantidad (equivalente al 34% del PIB) que en el
promedio de la UE-15
(el 44% del PIB) en 2009, y ello se debe, en gran parte, como he indicado
antes, a la enorme regresividad de las políticas fiscales del Estado y de sus
CCAA. Así, mientras la mayoría de la ciudadanía que trabaja y está en nómina
paga en impuestos cantidades similares (ligeramente inferiores) a las que pagan
sus homólogos en la UE-15 ,
los súper ricos que derivan sus ingresos de la propiedad de capital pagan
mucho, mucho menos (un 20% nominalmente) de lo que pagan sus homólogos en la UE-15 .
La deuda es una rémora para las
generaciones futuras a las cuales se les pasa la carga de tener que pagar por
esta deuda. Este argumento tergiversa la realidad, pues el gasto público en
inversiones significa que las futuras generaciones podrán gozar de unas
infraestructuras que no tendrían si no existieran dichas estructuras. Si se
invierte, por ejemplo, en educación u otros servicios públicos del Estado del
Bienestar, o en infraestructuras físicas, como transporte, ello mejora la
calidad y bienestar de la sociedad presente y futura. Es más, esta mejora se
está consiguiendo a un coste menor, pues los precios son más bajos ahora que en
el futuro, con lo cual las generaciones futuras ahorrarán dinero en lugar de
derrocharlo. En realidad, el punto clave no es el tamaño de la deuda, sino la
naturaleza de esta deuda. En España el problema mayor de la deuda no es su
tamaño, sino el elevado porcentaje de dicha deuda derivado de tener que pagar
sus intereses hipertróficos y elevados, consecuencia del diseño del sistema
financiero centrado en el Banco Central Europeo (BCE), el cual no es un Banco
Central, como he mostrado en muchos artículos (ver páginas económicas de mi
blog www.vnavarro.org) sino que es un lobby de la banca privada, la cual es
constantemente favorecida a costa de los Estados. El gobierno Rajoy y sus políticas
han favorecido enormemente a la banca, que ha aprovechado el dinero que le ha
transferido el BCE no para ofrecer crédito, sino para comprar deuda pública del
Estado a unos intereses desorbitados. Otras políticas alternativas podrían
haber sido implementadas. Así de claro.
Por Vicenç
Navarro
Catedrático de Ciencias
Políticas y Políticas Públicas
Universidad Pompeu Fabra
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